Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de que, a través del Ministerio de Educación, informe respecto “Plan Nacional Tres Mil Jardines”, respondiendo qué licitaciones se hicieron; qué adjudicaciones hubo, a qué empresas, cuantas aulas se construyeron y en qué lugares.

Señor presidente:

El pasado 27/6, la presidenta de la asociación civil Bajo la Lupa, Margarita Stolbizer, presentó una denuncia penal para que se investigue la presunta administración fraudulenta del gobierno nacional, por fondos en la construcción de aulas. La dirigente señaló que, de las cinco licitaciones que se hicieron, cuatro las ganaron las mismas dos empresas por un total de cerca de 1400 millones de pesos y remarcó que no terminaron ninguna de las obras comprometidas. Es decir: se pagó pero las aulas no están.

En el debate presidencial de 2015, Macri se comprometió a construir “los tres mil jardines de infantes que faltan”. Cuando llegó al Gobierno, lanzó el Plan Nacional Tres Mil Jardines. No obstante, los decretos que firmó Macri en 2016 se referían primero a 200 jardines y luego, con una ampliación, a 500 jardines. No obstante, rápidamente el plan cambió su objetivo a diez mil aulas que se iban a añadir en jardines ya existentes. Los decretos no se cambiaron por otra norma. Una investigación del sitio Chequeado indicaba que a fines de 2017 el Gobierno llevaba ejecutado el 30 por ciento del presupuesto del área. La denuncia de Stolbizer especifica cómo se utilizó ese dinero.

La líder del GEN detalla en su presentación que hizo un pedido de informes al Ministerio de Educación, donde pidió que le especifiquen qué adjudicaciones había, a qué empresas, cuantas aulas se construyeron y en qué lugares. Recibió una respuesta parcial, con detalles de las cinco licitaciones internacionales que hicieron en 2016 y 2017. Curiosamente, cuatro de ellas las ganó una unión transitoria de empresas (UTE) de dos firmas argentinas: Escarabajal Ingeniería SRL y Bahía Blanca Viviendas SRL. La primera es de Santa Cruz y la segunda de Chubut. Según detalla la dirigente en la presentación, las dos adeudan nueve meses de aportes previsionales y de seguridad social a sus empleados.

En la denuncia, Stolbizer detalla cómo se excedieron en el tiempo de ejecución de las 91 obras que tenían adjudicadas. En Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires tenían que hacer 23 obras: empezaron 19 y no concluyeron ninguna. En Chubut, Neuquén y Río Negro les adjudicaron otras 43 obras, de las que iniciaron 38 y no completaron nada. Para Tierra del Fuego y Santa Cruz, iniciaron otras nueve obras, ninguna terminada. En una última tanda, que iba de La Pampa a la provincia de Buenos Aires, iniciaron otras nueve obras que no están terminadas. El plazo era de seis meses y ya llevan el triple de tiempo. Por las cuatro licitaciones, esas dos empresas tienen adjudicado un total de 1400 millones de pesos.

Las únicas obras terminadas fueron las de la quinta licitación.

“A más de dos años de comenzado el Plan de Tres Mil Jardines y a un año y medio de haberse comenzado las obras de acuerdo con los hechos relatados sólo se terminaron catorce obras”, remarca Stolbizer en su denuncia por presunta administración fraudulenta de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en la que fue patrocinada por la abogada Silvina Martínez. Para el programa en 2016 se gastaron 425 millones de pesos, en 2017 una cifra cercana a los 1800 millones (aunque no estaban los datos finales) y en 2018 tenían previsto gastar otros 935 millones. “El dinero no está en el Tesoro Nacional y en los jardines, tampoco”, sostuvo Stolbizer.

La dirigente remarcó que el Ministerio de Educación le negó el acceso a una serie de datos centrales sobre las aulas: “Estado de las obras, empresas constructoras, fondos invertidos son algunos de los grandes misterios que rodean al programa”, remarcó. “Tampoco las certificaciones de obras, pagos realizados, adelantos financieros, constatación de niveles de ejecución, ni se enviaron los respectivos contratos”, detalló sobre la reticencia del Gobierno a dar datos fehacientes. No pudo saber tampoco si se aplicó algún tipo de sanciones a las empresas incumplidoras. “Nuestro relevamiento en las provincias de Neuquén, Santa Fe y Buenos Aires demuestra el estado de paralización de las obras, y un manifiesto incumplimiento de los plazos establecidos en los carteles que se exhiben y que en cada caso eran de cinco meses”, indicó en la denuncia, a la que adjuntó fotos de ese relevamiento, que muestra un panorama general de obras paralizadas que deberían haber estado terminadas hace un año. Al no recibir la información del Gobierno, ahora Stolbizer planteará que sea el Poder Judicial el que se la solicite al Ministerio de Educación.

Por lo expuesto se solicita se trate y apruebe este proyecto.