Solicitar al Poder Ejecutivo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informe sobre la implementación del “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROG.R.ES.AR.), creado mediante el Decreto 84/2014.

Específicamente se solicita conocer:

1) Motivos por los cuales no se ha efectuado el pago de las becas durante los meses de mayo y junio del corriente año.

2) El medio de notificación mediante el cual se puso en conocimiento del beneficiario la suspensión del pago.

3) Detalle de las altas y bajas mensuales del programa durante el año 2017 y 2016 según provincia y municipio; especificando motivos por los cuales se han dispuesto las bajas.

4) Cantidad de titulares de la beca PROGRESAR durante los años 2015, 2016 y 2017 según provincia, municipio y nivel educativo.

5) Presupuesto asignado al programa durante el ejercicio 2017, ejecutado a la fecha.

6) Si se prevé un aumento del monto de la beca.

Señor presidente:

Una vez más estamos ante la presencia de una decisión del Gobierno Nacional que avanza en el recorte de derechos de los sectores más vulnerados.

Pocos días después de la inconstitucional quita de pensiones por discapacidad, frente a la cual la Ministra de Desarrollo Social de la Nación aún no ha dado explicaciones, el Gobierno Nacional decide recortar becas del “Programa de respaldo a estudiantes argentinos” (PROGRESAR), dirigido a jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años de grupos sociales vulnerables que quieran finalizar la escolaridad obligatoria, así como iniciar o facilitar la continuidad de una educación superior y realizar experiencias de formación y/o prácticas calificantes en ambientes de trabajo.

Los requisitos para acceder al Progresar son aprobar como mínimo dos materias al año y cumplir requisitos socioeconómicos que demuestren la necesidad de la ayuda. Asimismo el plan prevé por norma una instancia anual de certificación de regularidad educativa para el nivel superior y dos instancias semestrales de certificación para los niveles obligatorios.

En los últimos días trascendieron denuncias de beneficiarios que repentinamente dejaron de percibir la beca durante los meses de mayo y junio.

Por esta razón, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) anunció en una rueda de prensa que exigirá al Ministerio de Educación "la restitución de los planes Progresar".

La beca es una de las políticas públicas vigentes para garantizar el derecho a estudiar que tiene cada alumno y es una herramienta poderosa a la hora de permitir que ellos crezcan y puedan insertarse laboralmente, socialmente, tener una nueva oportunidad.

Para no perder la costumbre, funcionarios del Ejecutivo Nacional explicaron que se trató de un error que ya fue corregido.

El error, según la ANSES, recae en las instituciones educativas que no enviaron la información que acredita la asistencia de los estudiantes a los establecimientos.

En ese sentido, y a través de un comunicado, el organismo señaló que "en estos días, el Ministerio de Educación y Deportes ha vuelto a requerir a las jurisdicciones e instituciones de nivel superior (terciarios y universitarios) que verifiquen el cumplimiento de los requisitos y datos académicos de los alumnos identificados como no- informados, a fin de remitir la información a la ANSES y habilitar los pagos pendientes de esta prestación. Si hubiera casos particulares no alcanzados por esta rectificación, la ANSES, que dirige Emilio Basavilbaso, habilitará la vía de reclamo individual. Se estima que en los primeros días de julio estos casos recuperarán el cobro, incluyendo el retroactivo de mayo".

Sin embargo las universidades afirman haber enviado toda la información en tiempo y forma.

Frentes a estas declaraciones contradictorias aún no queda claro el motivo por el cual no se ha efectuado el pago de las becas.

Cabe destacar que el presupuesto del programa Progresar disminuyó su partida en más de un 30 por ciento los fondos destinados al programa entre el año 2016 y 2017; y que la beca no aumenta desde 2015: se mantiene en 900 pesos por mes.

La situación es alarmante en tanto afecta directamente el acceso a un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado.

Más allá de la cuestión formal del cumplimiento del requisito, no existe, de parte del Gobierno, una evaluación de las consecuencias de este ajuste para los chicos que gracias a esa beca pueden asistir a las instituciones.

La ANSES habla de la “habilitación de los pagos pendientes de la prestación”, desconociendo completamente el concepto de derechos adquiridos.

Los alumnos no son receptores de una mera trasferencia de recursos, sino sujetos de derecho de una herramienta genuina para armar su proyecto de vida.