Dirigirse al Poder Ejecutivo, a los efectos de solicitarle a través del Ministerio Educación y Deportes de la Nación, informe sobre diversas cuestiones relacionadas con la implementación de la Ley 26.892 de Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas. A saber:

1) El funcionamiento y difusión de la línea telefónica “0800 Convivencia Escolar”.

2) Las tareas de investigación y la recopilación de experiencias indicadas en el artículo 9º de la Ley 26.892.

3) La presentación, publicación y difusión de los informes bienales indicados en el artículo 10 de la Ley 26.892.

Señor presidente:

La Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 establece que la educación y el conocimiento son un bien público, y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Entre los fines y objetivos de la LEN están los referidos a brindar una formación integral, comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos y respeto a los derechos humanos.

La norma reconoce también el respeto por las diferencias entre las personas sin admitir discriminaciones de ningún tipo y garantiza en el ámbito educativo los derechos de los niños y adolescentes estatuidos por la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Teniendo en cuenta a la LEN como ley marco y en consideración del abordaje integral que requiere un modelo de educación de calidad e inclusivo, en octubre de 2013 se aprobó la Ley 26.892 de Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas. La normativa significó un avance en el reconocimiento y la regulación de problemáticas en crecimiento en las instituciones educativas, tales como los altos niveles de violencia, el acoso escolar y la ausencia de comunicación y articulación entre directivos, docentes, estudiantes, padres o tutores.

No obstante desde su sanción poco se conoce sobre los efectos y la efectiva implementación de la normativa, principalmente en lo que refiere a las tareas previstas de investigación, recopilación y difusión de información.

Para intervenir sobre la conflictividad social en el ámbito educativo es necesario contar con información oficial, precisa y actualizada. La dispersión de fuentes de información y específicamente de un diagnóstico certero sobre la problemática, se traduce en esfuerzos públicos fragmentados y respuestas aisladas.

Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en la presentación del presente pedido de informes.