Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos de solicitarle que en forma urgente adopte, entre otras, las siguientes medidas de emergencia educativa para abordar el crecimiento de la deserción escolar en distintos niveles y modalidades del sistema educativo:

1) Implementar una Canasta Escolar de Emergencia Educativa que incluya precios cuidados a bajos costos de útiles, libros, calzados, vestimentas, y de otros productos esenciales para el acceso, la permanencia y la terminalidad educativa;

2) Implementar un Programa Federal de Boletos Estudiantiles de fortalecimiento y apoyo económico a los programas provinciales y municipales de boletos gratuitos y con descuentos destinados a estudiantes de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, incluyendo a trabajadoras y trabajadores de la educación de zonas geográficas desfavorables y en situación de vulnerabilidad social;

3) Aumentar y actualizar el presupuesto, a la par del aumento de la inflación, del Programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”, a cargo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación;

4) Ampliar la cobertura y aumentar y actualizar, a la par del aumento de la inflación, el Presupuesto del “Programa PROGESAR” y de otras Becas Educativas a cargo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación;

5) Aumentar y actualizar el presupuesto, a la par del aumento de la inflación, del Programa de “Políticas socioeducativas”, a cargo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación;

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución es complementario del proyecto de Ley de declaración de la emergencia pública en educación por el término de 3 (tres) años, registrado bajo el número de expediente 7797-D-2018.

Asimismo, el presente proyecto tiene el objeto de solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que implemente en forma urgente 5 medidas de Emergencia Educativa para abordar el crecimiento de la deserción escolar en distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

El crecimiento de la indigencia, de la pobreza, de la desocupación y de la inflación están poniendo en riesgo el derecho constitucional a la educación, que constituye un derecho humano estratégico para cortar con la reproducción intergeneracional de la pobreza, para reducir las desigualdades sociales y para promover la movilidad social ascendente.

En la Argentina se está viviendo un nuevo fenómeno social de pobreza con hambre y con deserción escolar, y por eso el Estado debe actuar en forma estratégica, masiva e integral, contribuyendo a garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes estén en las Escuelas.

El presente pedido de resolución también se fundamenta en las observaciones de diversos organismos internacionales, como el Comité de los Derechos del Niño, que supervisa la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La mencionada Convención y el mencionado Pacto, son de jerarquía constitucional según el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

El Comité de los Derechos del Niño, en sus Observaciones sobre la Argentina (1/06/2018), ha señalado con relación a la educación en la Argentina que: “insta al Estado parte a fomentar un diálogo nacional sobre las características básicas y estructurales del sistema educativo y a proteger los recursos destinados a la educación y la formación de los niños en todas las provincias”, y que “adopte medidas para combatir la elevada tasa de deserción escolar, especialmente en la enseñanza secundaria, teniendo en cuenta los obstáculos para acceder a la educación debidos a las desigualdades socioeconómicas”.

Asimismo, con relación a la situación de la educación en nuestro País, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus Observaciones sobre la Argentina (12/10/2018), señala que “está preocupado por los posibles recortes en el gasto social para la educación en el marco de las medidas de ajuste estructurales”. Y recomienda a la Argentina: “aumentar el gasto social para la educación”.

La situación de deserción escolar se ve reflejada, entre otros, en el reciente informe “Juventudes desiguales: oportunidades de integración social”, elaborado por el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Pontificia Universidad Católica Argentina, con el apoyo de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud, se señala que “1 de cada 10 (11,1%) jóvenes en la Argentina urbana no completó más que la educación primaria y casi 3 de cada 10 (29%) no concluyeron la escuela secundaria. En otras palabras, 4 de cada 10 jóvenes de 18 a 29 años no terminaron los estudios secundarios –los que, cabe anotar, son actualmente obligatorios”.

El mencionado informe señala que “entre los que residen en villas o asentamientos, el 20% sólo completó la primaria y el 43,5% completó la primaria, pero no la secundaria (…) en espacios urbanos vulnerables más de 6 de cada 10 jóvenes no terminaron la escuela media”.

El aumento de los precios del calzado, la vestimenta, los útiles y los libros escolares y del transporte son condicionantes económicos por los cuales muchas familias ya no pueden enviar a sus hijas y a sus hijos a la Escuela. Es por ello se deben adoptar políticas públicas de emergencia educativa para implementar una Canasta Escolar de Emergencia Educativa, para ampliar la cobertura de Boletos Estudiantes gratuitos y con descuentos y para ampliar el presupuesto de programas esenciales de faciliten el acceso, la permanencia y la terminalidad educativa.

En este contexto, se observa con preocupación los profundos ajustes presupuestarios en programas esenciales y estratégicos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación destinados a abordar y a reducir la creciente deserción escolar.

El presupuesto del Programa de “Fortalecimiento de Jardines de Infantes”, que constituye una política pública estratégica para reducir la pobreza y para promover el desarrollo humano integral desde la primera infancia, ha sufrido un gravísimo ajuste presupuestario, pasando de $6.063.283.628 asignados en el año 2018, a solo $2.528.908.717 asignados en el año 2019.

El presupuesto del Programa PROGRESAR, que otorga Becas Educativas, ha pasado de $9.894.085.000 a $10.089.905.571, aumentado solo un 8% cuando la inflación del año 2018 fue cercana al 50%, y se estima un porcentaje similar, o aún mayor en el presente año.

El presupuesto del Programa “Políticas socioeducativas”, ha pasado de $4.721.245.643 asignados en el año 2018, a solo $2.045.170.440 asignados para el año 2019.

La evaluación presupuestaria refleja que, ante el nuevo fenómeno social del aumento de la pobreza con aumento de la deserción escolar, la gestión del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, ha aceptado graves ajustes presupuestarios en programas esenciales para garantizar el derecho humano a la educación.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Resolución.