Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento para que por intermedio del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y demás organismos competentes en la materia informen a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación diversos aspectos relacionados a los recortes presupuestarios que ponen en riesgo la continuidad de los Centros Regionales de Educación Superior y el Centro Universitario San Francisco, de acuerdo a los siguientes puntos:

1) Presupuesto destinado por el Poder Ejecutivo Nacional al Centro Universitario San Francisco desde el 10/12/2015 a la fecha del presente pedido de informe.

2) Presupuesto que se destinará el Poder Ejecutivo Nacional al Centro Universitario San Francisco a partir de la fecha del presente.

3) Presupuesto destinado por el Poder Ejecutivo Nacional a los Centros Regionales de Educación Superior desde el 10/12/2015 a la fecha del presente pedido de informe.

4) Presupuesto que se destinará el Poder Ejecutivo Nacional a los Centros Regionales de Educación Superior a partir de la fecha del presente.

5) Motivos que determinaron el recorte o eliminación de las partidas presupuestarias de los Centros Regionales de Educación Superior y del Centro Universitario San Francisco desde el 10/12/2015 a la fecha del presente pedido de informe, teniendo en cuenta que éstas medidas derivarían en su cierre en el mediano plazo.

6) Partidas a las que se destinó o destinará el presupuesto recortado o eliminado a los Centros Regionales de Educación Superior y del Centro Universitario San Francisco desde el 10/12/2015 a la fecha del presente pedido de informe.

Señor presidente:

Este Proyecto de Resolución está motivado por la reciente notificación por parte de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) a los centros de educación superior de San Francisco, Deán Funes y Villa Dolores, conocidos como Centros Regionales de Educación Superior (C.R.E.S.) y Centro Universitario San Francisco (C.U.S.F.), estableciendo que no enviarán los fondos para iniciar las nuevas ofertas educativas en los mencionados establecimientos.

Esta decisión resulta un ataque a los derechos de la comunidad estudiantil y académica de Córdoba y a la sociedad cordobesa en su conjunto, al restringir el acceso a una educación superior gratuita, laica y de calidad; comprometiendo e hipotecando así el futuro de miles de estudiantes que diariamente concurren y concurrirán a dichos centros de estudios con el objetivo de formarse y capacitarse apostando a un mejor porvenir personal y familiar, como así también de toda la Argentina. Se trata de establecimientos ubicados estratégicamente que permiten un acceso realmente federal a la educación superior y de sectores en situación de vulnerabilidad que no pueden comenzar o continuar su proceso de formación académica en la capital provincial o cualquier otra ciudad que cuente con una oferta académica de esas características; más aún en el contexto de fuerte inestabilidad e imprevisibilidad económica que afronta nuestro país.

Los miles de estudiantes, actuales y futuros, verán restringido su derecho a la educación sin motivo alguno y sin ningún tipo de auditoría previa que justifique tamaña decisión. Estos centros, además del compromiso y la oportunidad que generan en cada estudiante, son parte de una verdadera cadena productiva que crea un sin número de puestos de trabajo tendientes a satisfacer las necesidades de los estudiantes. Es por es que la eliminación del aporte del Estado Nacional sobre estos centros provocará un daño inconmensurable e irreparable, también en la economía de estas ciudades.

No hay motivos racionales que justifiquen la decisión tomada; estas casas de altos estudios ni siquiera pasaron por un proceso de evaluación en el desempeño de sus funciones. La decisión de suprimir el apoyo económico para hacer frente adecuadamente a las responsabilidades institucionales de estos centros provocará la paralización y vaciamiento de tales entidades educativas y una retracción de la economía de estas ciudades. Se trata de una verdadera restricción para miles de ciudadanos cordobeses al derecho constitucional a le educación.

Quienes vivimos en las ciudades y comunas del interior de la Provincia de Córdoba sabemos de la importancia de estos centros, que generan posibilidades de formación y capacitación en pos de una superación personal y colectiva, igualando la oportunidad de oportunidades en el mercado laboral para todos los ciudadanos, no importa dónde vivan o a qué clase social pertenezcan, llegando allí donde ningún otro centro de educación superior estatal llega, para asistir a aquellos sectores que históricamente han sido invisibilizados, discriminados y excluidos en la planificación gubernamental.

El objetivo esgrimido por el Gobierno Nacional de alcanzar la “pobreza cero” depende en buena parte de la formación de los jóvenes para la obtención de empleos de calidad. La desaparición de los centros educativos de nivel universitario en el interior genera una dependencia no sólo de la formación centralizada en los grandes centros urbanos a los que no todos tienen acceso, sino que además restringe las posibilidades objetivas de inserción laboral. Como consecuencia, los jóvenes del interior quedan a merced de lo que pueda ofrecerles el mercado de trabajo informal y/o de baja calificación y remuneración. Consecuentemente, los ingresos y las posibilidades de progreso se ven disminuidas, limitando las probabilidades de ascenso social, y reproduciendo la situación de pobreza en muchas familias que no logran acceder a la educación superior.

Por otro lado, el recorte y la consiguiente desaparición de estos centros universitarios generan una situación de privilegio para los centros educativos privados, pues terminan siendo la única oferta accesible geográficamente, pero con la restricción económica que implica deber pagar para hacer efectivo el derecho constitucional a la educación, excluyendo de esta manera a miles de jóvenes de familias de clase media, trabajadoras y humildes. De esta manera, se privilegia la educación privada por sobre la pública, se reproducen esquemas de exclusión educativa y el mercado termina imponiendo sus reglas de oferta y demanda sobre el valor de la educación superior que debe ser la gratuita, laica y universal.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente Proyecto de Resolución.