Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que por medio del Ministro de Educación y Deportes de la Nación Lic. Esteban Bullrich, brinde de forma pormenorizada información sobre:

1) la creación de una línea telefónica gratuita para la atención de situaciones de violencia en las escuelas, bajo la coordinación del Ministerio de Educación y Deportes de la Na-ción, y con participación de todas las jurisdicciones, tal cual manda el artículo 2 de la Resolución CFE Nº 226/14. ¿Desde cuándo existe esta línea? ¿cuántas llamadas recibe por día? ¿está en funcionamiento la misma?

2) Cuantas jurisdicciones designaron un equipo destinado a la atención conjunta, inter-vención y/o derivación de las situaciones que se informen a través de la línea creada, tal cual manda el artículo 3 de la Resolución CFE Nº 226/14.

3) Informe en relación al equipo de atención y derivación, y la construcción de un proto-colo de procedimientos para la recepción y derivación de llamadas desde la línea na-cional a las jurisdicciones, tal cual manda el artículo 4 de la Resolución CFE Nº 226/14. Solicitamos nos envíe copia de dicho protocolo. ¿Cuántos se imprimieron? ¿Cómo se distribuyeron por jurisdicción?

4) Informe sobre las tareas de investigación, recopilación y difusión de experiencias que promuevan la convivencia y la resolución pacífica de conflictos en las escuelas, llevadas a cabo por al Ministro de Educación y Deportes de la Nación, de conformidad con el ar-tículo 9° de la Ley Nº 26.892, y con el artículo 7 de la Resolución CFE Nº 226/14. Solici-tamos nos envíe copia de dicho informe de tareas.

5) Informe sobre el acompañamiento y asistencia técnica a las jurisdicciones para el cum-plimiento de las previsiones emanadas de dicha resolución, realizado por el Ministro de Educación y Deportes de la Nación, tal cual manda el artículo 8 de la Resolución CFE Nº 226/14. ¿Desde qué fecha se puso en práctica dicha tarea?, ¿a cargo de quienes es-tuvo, y qué los funcionarios/as que han intervenido?, ¿hay resultados parciales de las misma?, ¿cuál ha sido la metodología implementada para llevarla a cabo?

6) Informe si las jurisdicciones garantizaron la construcción de los acuerdos escolares de convivencia en el Nivel Secundario, tal cual manda el artículo 9 de la Resolución CFE Nº 226/14. ¿Cuántas lo hicieron?, ¿existe compromiso escrito para llevarla a cabo?, ¿se es-tá ejecutando actualmente en la práctica educativa cotidiana? , ¿en qué jurisdicciones?

7) ¿Qué normativa federal respecto de la dependencia, organización y modos de inter-vención de los Equipos de Apoyo y Orientación Escolares, aprobó el Consejo Federal de Educación, tal cual manda el artículo 11 de la Resolución CFE Nº 226/14? Solicitamos nos envíe copia de dicha normativa.

8) ¿Se ha creado el Consejo Asesor para la Convivencia Escolar Democrática, tal cual man-da el artículo 11 de la Resolución CFE Nº 226/14? De ser afirmativo, dicho Consejo ¿re-dactó el informe bianual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10° de la Ley Nº 26.892, tal cual manda el artículo 12, inciso a), de la Resolución CFE Nº 226/14? ¿Asesoró a las jurisdicciones para la constitución, formación permanente y evaluación del funcionamiento de los equipos jurisdiccionales responsables del cumplimiento de la Ley Nº 26.892, tal cual manda el artículo 12, inciso b), de la Resolución?¿ Esto cómo se ha hecho? ¿Cómo asistió y asesoró en relación a la elaboración de pautas comunes y ejecución de políticas públicas para la construcción de una convivencia democrática en las escuelas; tal cual manda el artículo 12, inciso c), de la Resolución? ¿Qué campañas de sensibilización e información en los medios de comunicación masiva promovió, tal cual manda el artículo 12, inciso d), de la Resolución?

Señor presidente:

Con fecha 01 de octubre del año 2013 fue promulgada la Ley 26.892 “LEY PARA LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y EL ABORDAJE DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATI-VAS”, la cual fue reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 03 de julio del 2014.

La ley 26.892 busca erradicar la conflictividad social en las instituciones educativas y promover la convivencia democrática y libre de violencia y pretende abarcar los casos de acoso u hostigamiento en las instituciones educativas, comúnmente conocidas como “bullying”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos -tratado internacional con jerarquía constitucional en virtud del art. 75, inc. 22 CN- es ilustrativa al establecer que la educación tiene por objeto “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos huma-nos y a las libertades fundamentales (…)” (artículo 26). El mismo espíritu plantea el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño -también con jerarquía constitucional-.

Sin embargo, mientras la ley 26.206 estipula que los niños tienen derecho a ser protegidos de cual-quier agresión física, psicológica o moral (artículo 126, inc. d), desde la promulgación de la ley hasta la fecha, los casos de conflictividad social dentro de las instituciones educativas o bien de acoso escolar y otras formas de violencia no han cesado, sino por el contrario han ido en aumento, cuan-to menos eso nos llega de diversos medios de comunicación u organismos internacionales.

Puesto que, si bien el art. 9 inc. a) de la mencionada ley establece que el Ministerio de Educación tendrá a su cargo “Realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre las múltiples facetas que adquiere la problemática de la conflictividad en las instituciones educativas a fin de generar y difundir información oficial, pública y confiable sobre las dimensiones y caracterizaciones de los fenómenos con especial énfasis en los aspectos pedagógicos”, lo cierto es que carecemos de esta-dísticas oficiales al respecto.

Según la UNESCO (ONU) 4 de cada 10 estudiantes secundarios admite haber sufrido acoso escolar, el estudio hecho por la ONU arroja, además, éstos resultados en la Argentina:

• El 66% de los alumnos tiene conocimiento de situaciones constantes de humillación, hostigamien-to o ridiculización.

• El 18% reconoce sufrir burla de manera habitual por alguna característica física.

• El 16,4% comentarios desagradables en público (con mayores proporciones en escuelas priva-das).

• El 9,5 tratados de manera cruel (con mayor nivel en escuelas privadas).

• El 5% haber sido obligados a hacer algo contra su voluntad

• El 3,1% declara haber sido tocados o tratados de tocar de manera sexual en contra de su volun-tad de manera habitual o más de una vez.

• El 70,8% de los alumnos sostiene tener conocimiento de la ocurrencia de peleas con golpes entre alumnos en la escuela.

• El 0,1% de los alumnos afirma tener conocimiento o ha escuchado que alguien haya llevado algún arma de fuego a la escuela.

• Un 36,4% asegura tener conocimiento o haber escuchado que alguien haya llevado algún arma blanca a la escuela.

Que la efectividad de una norma no depende exclusivamente del texto de la misma, sino que es necesaria su reglamentación, implementación, dotación del presupuesto necesario y seguimiento de su cumplimiento.

Habiendo tomado conocimiento que existen preceptos de la norma mencionada que no están siendo cumplidos conforme lo manda la legislación vigente, es por ello y atento a las alarmantes cifras de esta problemática, es que solicito a mis colegas que me acompañen con la firma del pre-sente pedido de informes.