OBJETO

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto convocar por parte del Estado Nacional a un Congreso Nacional Pedagógico cuyos integrantes sean todos los actores, organizaciones e instituciones representativos del Sistema Nacional Educativo y de otros sistemas educativos extranjeros en calidad de invitados.

OBJETIVOS

Artículo 2. Se tendrán como objetivos del III Congreso Nacional Pedagógico los siguientes ítems:

a. Establecer un plan de 5 años para el cumplimiento de los principales postulados de la Ley de Educación Nacional que no se hayan logrado cumplimentar, como así también aquellos referidos a las metas de la Ley de Financiamiento Educativo vigentes.

b. Investigar, analizar y proponer un acompañamiento de los avances tecnológicos que pudieran estar orientados a la utilidad y maximización de los propósitos educativos de enseñanza y aprendizajes.

c. Considerar de manera privilegiada el rol activo de las Provincias que componen la República Argentina, en la organización, bases y propuestas que pudieran surgir en dicho Congreso.

d. Contemplar nuevos vínculos y/o capacidades para la producción, nuevos diseños industriales y tecnológicos, incorporando a las fuerzas sindicales, empresarias y científicos del sector productivo, como un modo de potenciar la integración del mundo del trabajo, de la Producción, de la Industria y de las Ciencias, con la educación.

Artículo 3. Nómbrese en el marco de la Ley de Educación Nacional al Consejo Nacional de la Calidad de la Educación y el ámbito del Ministerio de Educación y Deportes y a través del Consejo Federal de Educación, como el órgano consultivo y ejecutivo en la organización de los contenidos del evento y que puedan tener injerencia en llevar a cabo un acuerdo de partes con mayor amplitud de participación que sea posible y en la producción de un documento final relevante y acorde a las necesidades que se hayan pronunciado durante el Congreso Nacional Pedagógico.

Artículo 4. La Comisión de Educación de la H.C.D y la del H.C.S. sesionará en las distintas regiones del país, provincias representantes del sector NOA; NEA; NUEVO CUYO, CENTRO Y BUENOS AIRES Y PATAGONIA, a los efectos de regionalizar el debate educativo en el III Congreso Nacional Pedagógico.

Artículo 5. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de 180 días desde su promulgación

Artículo 6. El Poder Ejecutivo proveerá los recursos necesarios para el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 7. Comuníquese al Poder Ejecutivo

Señor presidente:

Hoy como hace ya mucho tiempo en nuestro país no se puede hacer política educativa sin que todos los sectores y actores estén dentro de la esfera del diálogo, los acuerdos y la discusión o debates necesarios en todos los ámbitos correspondientes a la temática educativa. Se reconoce a la política educativa y en éste proyecto en particular, en tanto que práctica política cultural, comprometiendo al Estado y a todos los actores sociales de la sociedad civil implicados en el hecho educativo, sin ninguna otra restricción.

Tampoco puede gestionarse un Sistema Educativo sin un proyecto claro y un horizonte compartido. Difícil tarea si además nos encontramos en un momento histórico donde las escuelas deben preparar a los estudiantes para el trabajo que aún no sabemos cuál va a ser, creando ideas y soluciones para productos y problemas que aún no han sido identificados, utilizando tecnologías que aún no han sido inventadas.

Nos preguntamos si no es en esta coyuntura actual, de incertidumbres profundas respecto del rumbo político que el mundo enfrenta y la Argentina también, si no deberían clarificarse o reorientar las políticas públicas educativas. Esto exige que la dirigencia política encarare con el mismo espíritu que sus antecesores a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional. Sería altamente beneficioso hacer un esfuerzo todos los argentinos en pensar políticas de Estado a largo plazo y no en políticas de gobierno que no sepan trascender a su tiempo. Tampoco se trata de tirar lo hecho y rehacer todo. Es inexorable recuperar la historia para mirar y proyectar la educación hacia el futuro.

Existen dos viejos debates en educación. Uno es la orientación filosófica que debe tener la enseñanza, y el otro, a lo largo de nuestra historia, fue y es, el papel del Estado Nacional en la provisión de educación. Estos dos temas atravesaron al I y II Congreso Pedagógico Nacional de 1882 y 1988

El primer Congreso Pedagógico del año 1882, sirvió como antecedente de la Ley de Educación Común 1420 promulgada en 1884 cuyo ámbito de aplicación fue Capital Federal y Territorios Nacionales. Ese Congreso Pedagógico nos dejó las bases fundantes de la educación argentina dando paso a la construcción de ciudadanía en nuestro país. Las conclusiones del Congreso Pedagógico con carácter internacional, señalaron la importancia de la enseñanza gratuita y obligatoria en las escuelas comunes En ese evento pudieron advertirse claramente dos posiciones antagónicas, las de los católicos y los liberales

Una marca central en la raíz de la escuela pública argentina fue la de democratizar. Desde los orígenes del sistema educativo moderno la educación debía igualar aquellos alumnos de hogares con bajos niveles económicos, para que tuvieran lo mismos capitales culturales, educativos y simbólicos de aquellos que sí alcanzaban niveles de mayor ingreso o status social. En una palabra, la educación era un elemento vital para lograr que la distancia entre pobres y ricos no fuera tal, al menos en la educación. El mismo uniforme y la misma copa de leche y pan. Como dijera el Presidente Alfonsín al inaugurar el II Congreso Pedagógico al referirse al I Congreso: …“emanó una política que habría de dar a la Argentina el sistema educativo más avanzado de Latinoamérica. La instrucción pública multitudinaria, generosa, igualadora y oportuna fue el resultado de aquellos impulsos progresistas democráticos…Respetables y fundadas objeciones se realizan contra ese amplio e influyente modelo educativo de nuestra historia…” aunque haya habido o hay polémicas válidas y pendientes por hacer.

El segundo Congreso, en 1988 tiene lugar un siglo después, convocado con la apertura a la democracia del año 1983. Por un lado resulta un elemento esperanzador el retorno a la vida democrática, pero se encuentra a un Estado desbastado después de la dictadura que dejó marcas represivas muy fuertes en todo el sistema educativo nacional.

La idea de un sector corporativo consideraba ya en el 83’ que la educación debía responder a las demandas del mercado. Sin embargo, en aquella oportunidad era el Presidente Raúl Alfonsín quien reivindicaba el rol del Estado y el valor de las instituciones de la República. Lamentablemente, ese proceso iniciado en el II Congreso culmina con la Ley Federal de Educación a principios de los años noventa, terminando con la descentralización del Sistema Educativo que había empezado la dictadura y el Estado central se desliga definitivamente de los establecimientos provinciales.

Es interesante destacar los contrastes de época en los Ministros de Educación en el momento de uno y otro Congreso Pedagógico. A finales del siglo XIX el general Roca era presidente y su ministro de instrucción pública era el Dr. Manuel Pizarro, quien debe renunciar, pero el mentor más lúcido fue Domingo F. Sarmiento quien era el Director General de Escuelas. Como corolario de ese primer congreso, se vota la Ley 1420, cuyo Ministro de Roca, fue José Eduardo Wilde, siendo médico, periodista, político, diplomático y escritor argentino, uno de los exponentes de la llamada Generación del 80. Mitre desde La Nación y Sarmiento desde El Nacional, defienden el denominado plan laico, cuestión conflictiva con la iglesia que continuó en el II Congreso Pedagógico.

En el Siglo XX, el segundo Congreso Pedagógico, se encontraba en el cargo de Ministro de Educación a Carlos Alconada Aramburú, abogado y político de la UCR. Ministro de 3 dictaduras militares, antiperonista acérrimo, ambos marcan una diferencia importante junto a Llerena Amadeo que era la voz autorizada para hablar del congreso pedagógico más eficaz por esos años de incipiente democracia. Finalmente, el Ministro Sábato, hijo del escritor, llevó adelante ese segundo congreso con muchos tropiezos en la participación de todos los actores representativos.

En esa oportunidad el Congreso Nacional no pudo defender lo conseguido un siglo atrás en ésta idea fuerte de democratizar a la ciudadanía y sus instituciones. Ya con la Ley bonaerense de 1875 establecía un avance significativo en el proceso de democratización institucional, representación que se anticipaba al proceso de modernización y sus intenciones de construir una identidad nacional.

Consideramos que es fundamental poner en perspectiva histórica ambos aspectos hoy, en un mundo atravesado por tecnologías múltiples como dato innegable de la realidad, que emergen e impactan en todas las estructuras de producción capitalista, incluida la educativa. Ha sido tan vertiginoso el cambio tecnológico que los sistemas educativos quedaron demorados respecto de la inversión del Estado en el provecho significativo que ofrece la tecnología, especialmente en la distribución y adquisición de saberes y conocimientos.

El uso de la tecnología define otros territorios, otros tiempos, otro orden simbólico, (basado en las redes), otra pertenencia identitaria, otra secuencialidad y presencialidad. Se producen, entonces, profundas transformaciones en las sociedades, las instituciones, los sujetos y con ello, los procesos de enseñanza y aprendizaje, que inevitablemente nos interpelan el lugar que le otorgamos al conocimiento en la sociedad, el rol docente y la función de la escuela, atravesados todos por la novedad tecnológica.

Finalmente fue el mercado el que supo cómo imponer ese cambio inicial y el Estado no se anticipó a ese espacio decisorio de lo aprovechable, creativo y útil de incorporar al Sistema Educativo. Aunque hace años hay una expansión de la conectividad y un uso en las escuelas, también hay marcadas brechas entre instituciones con limitado acceso o escasa utilización pedagógica o en el uso de la reorganización de los saberes.

Plantear un III Congreso Pedagógico Nacional por iniciativa del Congreso Nacional a través de sus legisladores, implica riesgos y desafíos, como también atender el contexto (Nacional, Regional e internacional) y sus complejidades.

Hay un aspecto que no puede dejar de mencionarse por la envergadura del poder que lo sustenta y el peso histórico que para la educación representa, al tener en cuenta el objetivo que tiene el mercado a través de corporaciones para conducir “reformas” educativas. Es un muy buen negocio hoy vender en Estados Unidos exámenes estandarizados para docentes, alumnos y escuelas. También lo es la evaluación, para “medir” (poner un precio a cada uno de los procesos pedagógicos) tanto como la aceptación social capitalista lo muestra, frente a la cesión del Estado en la conducción de los avances tecnológicos para la educación. Donde las “reformas” implican dejar en manos de las empresas de informática la incorporación de un nuevo dispositivo tecnológico para ser usado como instrumento pedagógico en las aulas.

Podríamos agregar el rubro salarial docente que significa más del 80% del presupuesto educativo nacional. ¿Cuál política pública educativa estamos pensando en el poder legislativo a casi 1 (un) mes de no haber comenzado las clases por incumplir el Estado Nacional con el Art. 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075), donde se establece acordar entre el Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación un convenio marco con las entidades gremiales docentes con representación nacional, las pautas generales referidas a las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente?. Esta gestión de gobierno ha generado paros de clases masivos históricos como la Carpa Blanca de los noventa o la Marcha Blanca del año 1988, en sus respectivos momentos, en casi todas las escuelas de las provincias.

¿Por cuál escuela pública nos estamos orientando mejor de lo que hasta ahora hemos sabido construir? Si la lógica es la del mercado, hay que bajar costos, si el rubro es salarial, habrá menos docentes. Pero la sociedad no ha inventado nada mejor que un docente frente al curso de alumnos. La educación con sus instituciones sigue siendo un vínculo social, el conocimiento que allí se produce también es parte de ese vínculo. Sólo allí, en esas instituciones llamadas escuelas, hemos pensado como sociedad pedirle que se hagan cargo de la infancia y la adolescencia para que se produzca el conocimiento escolar, que luego será la base para enfrentar el mundo laboral y adulto. Por el momento no nos hemos planteado una sustitución del docente por algún instrumento de la robótica o vía Skype. Sí, es perfecta la idea para una política de Estado que incorpora al mundo mercantil también a sus instituciones educativas, como ya se están viendo críticamente en algunos países desarrollados o en vías de desarrollo.

Queremos hacer nuestro aporte genuino, sobre bases sólidas, para configurar un sistema educativo acorde con los cambios que se van construyendo en la esfera social, y puedan acompañar políticas públicas que contengan a todos y todas, con aprendizajes culturalmente significativos y relevantes para ese mundo futuro que ya hoy está entre nosotros.

Por tal motivo, solicito a mis pares acompañen esta iniciativa de ley que hoy concretamos lo que ayer habíamos expresado con decisión, a los efectos de encarar un debate profundo que hoy nuestro sistema educativo reclama.