Expresar su más enérgico rechazo y repudio a las arbitrarias e inconstitucionales medidas anunciadas por la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quién en conferencia de prensa del día 15 de marzo del corriente, en el marco de la discusión paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, expresó que “aplicará un descuento salarial a los docentes que hubiesen participado en la huelga y que otorgará un pago de $1000, por única vez, en concepto de gratificación no remunerativa para aquellos docentes que hayan concurrido a dictar clases los días de paro”.

Declarar que las manifestaciones de la Gobernadora implican un inaceptable ataque a la libertad sindical y al derecho de huelga tutelado por nuestra Carta Magna, pretendiendo enfrentar a trabajadores contra trabajadores mediante un arbitrario método de premios y castigos que violenta los más elementales principios de libertad sindical, negociación colectiva, intangibilidad de los salarios y derecho alimentario de los trabajadores involucrados.

Declarar su rechazo a toda práctica antisindical que apunte a castigar y amedrentar a los trabajadores que ejercen una participación activa en defensa de sus derechos, y procure atomizar las luchas gremiales y la organización de los trabajadores.

Exteriorizar su solidaridad con los trabajadores en sus legítimos reclamos.

Y, ante la responsabilidad internacional en que incurriría el Estado Nacional por los graves incumplimientos que se originan en las medidas anunciadas, se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre las medidas necesarias para impedir la efectivización de las medidas promovidas por la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.-

Señor presidente:

En el marco de la discusión paritaria docente que se lleva adelante en la Provincia de Buenos Aires, la Gobernadora María Eugenia Vidal, anunció públicamente que “aplicará un descuento salarial a los docentes que hubiesen participado en la huelga y que otorgará un pago de $1000, por única vez, en concepto de gratificación no remunerativa para aquellos docentes que hayan concurrido a dictar clases los días de paro”.

Los dichos de la mandataria son de una profunda gravedad, toda vez que importan un inaceptable ataque a la libertad sindical y al derecho de huelga tutelado por nuestra Carta Magna y los Pactos Internacionales suscriptos por el Estado Nacional.

La decisión anunciada por la Gobernadora no es aislada, sino que forma parte de un conjunto de medidas -tales como los anuncios referidos a la creación de un registro de voluntarios para cumplir las tareas de los trabajadores de la educación que hubiesen adherido a la huelga, la confección de listados de huelguistas, como así también la evaluación de sanciones a las organizaciones gremiales que hubiesen llevado a cabo legítimas medidas de acción sindical- que son fiel expresión de una posición antisindical que excede el conflicto docente en sí mismo y atenta contra el movimiento sindical en su conjunto.

Ello, violenta los artículos 14º “bis” y 75º inc. 22. de la Constitución Nacional; y a través del mismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 23, a; el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, art. 22; Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, artículos 6º, 7º y 8, 1.d; la Carta de la OEA, art. 45; la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 26º, y su Protocolo Adicional (artículo 8º); y los Convenios de la Organización Internacional del trabajo 87, 98, 151 y 154.-

El Estado Nacional está obligado a garantizar los derechos humanos de todos sus habitantes. Por ello, frente a estos gravísimos incumplimientos, debe impedir que se efectivicen, se arraiguen y se reproduzcan estas prácticas.

La suerte de los reclamos colectivos que se llevan adelante necesitan de protección, porque su desactivación trae como consecuencia directa una multiplicidad de pérdidas de derechos encadenadas. De allí la importancia que el Estado garantice los derechos colectivos.

El accionar de los trabajadores organizados con el fin de proteger sus derechos, no puede verse limitado por actos del Estado que importarían una clara violación a los derechos humanos tutelados. El Estado debe dejar en claro sus límites y el compromiso que tiene en todos sus estratos, frente al respeto irrestricto de los derechos fundamentales.

Por eso esta Cámara de Diputados debe rechazar todo acto que implique vulnerar la libertad sindical, el derecho de huelga, de negociación colectiva, y la intangibilidad de los salarios.

Frente a lo preocupante del escenario descripto, consideramos trascendente que la Cámara de Diputados de la Nación pronuncie su más enérgico repudio a las medidas anunciadas, y requiera al Estado nacional (obligado internacionalmente) que arbitre las medidas necesarias que impidan la concreción de actos que generarían el incumplimiento de obligaciones internacionales para nuestro país.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos al resto de los legisladores acompañen esta iniciativa.-