Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del organismo correspondiente, sirva informar a esta Honorable Cámara de manera precisa y detallada sobre los siguientes puntos referidos a la situación presupuestaria del sistema universitario argentino:

1. Señale cuáles son las previsiones en materia de partidas presupuestarias destinadas al sistema universitario argentino para el año 2020, indicando de manera desagregada los montos correspondientes a gastos de personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencias (Incisos del 1 al 5 respectivamente).

2. Señale cuáles son las pautas de actualización presupuestaria tomadas respecto a la variación de precios prevista para el presente período fiscal.

3. Señale cuál es el mecanismo de distribución y asignación previsto para cada universidad.

4. Señale las pautas utilizadas para tomar en cuenta la propuesta de formulación presupuestaria del sistema universitario nacional para el ejercicio fiscal 2020, elevado a la SPU en agosto de 2019 por medio de acuerdo plenario N° 1089/19 del CIN.

5. Señale el estado de ejecución del presupuesto universitario nacional del período 2019 desagregando en gastos de personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencias (Incisos del 1 al 5 respectivamente).

6. Señale el estado de situación respecto al cumplimiento de los acuerdos paritarios 2019 y el inicio de la negociación salarial 2020. En particular explique la situación respecto al pago de la cláusula gatillo correspondiente al último acuerdo salarial desarrollado y la posible incorporación de sumas fijas en la paritaria 2020.

7. Señale si existen precisiones respecto a la modificación de la pauta de movilidad de las jubilaciones previstas para docentes universitarios, preuniversitarios e investigadores en virtud de lo previsto en el Art.56 de la Ley 27.541 de Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública.

La Universidades Nacionales son herramientas fundamentales para la construcción del progreso en nuestro país. De acuerdo al mandato constitucional, gracias a las luchas de la comunidad estudiantil y demás sectores sociales involucrados, estas instituciones se constituyen en columna vertebral del sistema educativo con un status jurídico profundamente arraigado en el ideal democrático. Así es que con la Reforma de 1994 el Art.75 Inc.19 de nuestra carta magna estableció como una de las atribuciones del Congreso de la Nación la de la sanción de leyes que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.

La autonomía universitaria, como principio constitucional se consolida desde un fundamento político, administrativo, académico, social y económico. La sanción de leyes que aseguren el financiamiento del sistema de educación superior, es la base sobre la cual descansa la libertad en el desarrollo del conocimiento científico universitario. La más importante de esas leyes es la Ley de Presupuestos de gastos y recursos de la administración nacional, que fija los criterios generales y particulares de financiación de las universidades, de acuerdo a sus necesidades y prioridades antes debatidas y consensuadas en el organismo institucional más importante en materia de concertación de políticas de educación superior: el Consejo Interuniversitario Nacional.

Durante la última gestión de la Secretaría de Políticas Universitarias, con las diferencias y complejidades que implica, la discusión presupuestaria universitaria se desarrolló por medio de un intercambio de pareceres, la elevación conjunta de propuestas y la necesidad del desarrollo de consensos a los fines de acercar las pretensiones del CIN, las asociaciones gremiales docentes, no docentes, de graduados y estudiantes y la propuesta del Poder Ejecutivo en Ley de Presupuesto. Los esfuerzos para achicar las brechas fueron constantes, hasta el punto que en el 2018 el presupuesto universitario presentado fue el equivalente al 96% de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional.

Las dificultades económicas que atravesó nuestro país en los últimos dos años fueron muchas, a pesar de ello el intercambio dialógico nunca se suspendió. A mediados de septiembre del año pasado el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley de Presupuesto para este año, con el ánimo de impulsar su tratamiento después de las elecciones presidenciales de octubre. La iniciativa preveía partidas para el sector universitario en una cifra global de 195 mil millones de pesos.

El Consejo Interuniversitario Nacional a través de la resolución 1089/2012 9 de agosto del mismo año elevó a las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación su propuesta de presupuesto universitario para el período 2020. En su propuesta para la planilla anexa del Artículo 12° de la ley de presupuesto en primera medida se prevé un monto de $ 214.487.371.725 para ser distribuidos entre cada una de las Universidades Nacionales en razón de política salarial actualizada, estimaciones de cláusula gatillo para el primer trimestre de 2020, para el incremento de otros gastos en relación con la incidencia política salarial del 2020, para la función Salud y para la función de Ciencia y Tecnología. A esto se sumaba un monto de $7.876.933.244 destinado al Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos, al SIIJCIN, a la corrección de asimetrías, al sistema de medios de comunicación audiovisual, a la reparación histórica de Luján, a programas de desarrollo de extensión y a universidades de reciente creación. Asimismo, el Artículo 3 del acuerdo plenario también proponía la incorporación de una suma de $26.195.515.017 para recomposición histórica otros gastos, el programa de conectividad en universidades para el FUNDAR y para los programas de infraestructura Universitaria. El último punto del acuerdo plenario fue la solicitud de un incremento en un 50% de la cantidad de becas universitarias y un aumento en el monto de ellas resultante de aplicar la variación del índice de precios de marzo de 2018 a diciembre de 2019 el incremento aplicado de un 40%.

En aquel momento, las autoridades el CIN manifestaron que la cifra que había presentado el Gobierno resultaba insuficiente. En el mismo mes en que se elevó la propuesta a la SPU, el CIN por acuerdo plenario 1090/19 se solicitó una partida de refuerzo el presupuesto los $4.000.000.000 a los efectos de dar respuesta a las variaciones inflacionarias del 2019 en función todos los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Ante lo cual, las vías para acercar las brechas quedaron abiertas y sujetas a la discusión presupuestaria que debía iniciarse en esta Cámara. Sin embargo, el cambio en la conducción del Poder Ejecutivo modificó el método de discusión y la reconducción presupuestaria limitó las posibilidades de alcanzar consensos. Si el proyecto de presupuesto 2020 elevado en agosto resultaba insuficiente para el Consejo Interuniversitario, el mantenimiento de las mismas cifras del año anterior sin certeza de actualización resulta amenazante para el cumplimiento de los fines del sistema.

Las grandes dificultades en materia de planificación presupuestaria que surgen a causa de la falta de precisiones respecto a cómo abordará el Gobierno Nacional el financiamiento universitario son causas justificantes para la presentación del siguiente proyecto. La reconducción deja dudas en varios frentes en donde hasta el momento se desconoce la posición oficial. La necesidad de prever criterios de actualización inflacionaria, los trascendidos en materia de actualización salarial, la posibilidad de incumplimiento de los acuerdos alcanzados el año pasado respecto a la cláusula gatillo del primer trimestre, la posibilidad de cambios en materia de movilidad salarial a raíz de la ley de emergencia económica, la falta de llegada de los fondos comprometidos para el último tramo del año de 2019 y la situación financiera respecto al desarrollo de obras comprometidas son elementos trascendentes que pueden paralizar el funcionamiento del sistema.

La preocupación se canaliza desde diferentes frentes, las centrales gremiales y estudiantiles ya han manifestado su preocupación, tal es el caso de CONADU histórica que se declaró el estado de alerta y movilización que exige el pleno cumplimiento del acuerdo salarial 2019: pago en tiempo y forma de la cláusula gatillo y el llamado a la paritaria 2020. La Federación Universitaria Argentina también expresó su preocupación ante la falta de precisiones en el financiamiento de la educación superior y específicamente respecto al congelamiento de los montos de becas.

La educación es una de las principales herramientas para el progreso de los pueblos libres y punta de lanza de la movilidad social. En el discurso inaugural de apertura de sesiones el Presidente de la Nación manifestó textualmente que "Nuestras Universidades son centrales en la democratización del acceso al conocimiento. La gratuidad y el acceso irrestricto son los puntos de partida". Sin embargo, para garantizar la democratización de las universidades, asegurar su gratuidad y el acceso irrestricto, es fundamental respetar la autonomía de las mismas y eso no sólo se logra con discursos sino con los recursos necesarios afrontar las grandes responsabilidades que dichas instituciones cargan sobre sus hombros. Es por los argumentos precedentemente expuestos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.

Señor presidente: