Su apoyo y solidaridad con la lucha de los docentes universitarios en defensa de su salario, que reclaman un 20% de aumento por el desfasaje de 2018 y un 30% más cláusula gatillo para 2019.

Su repudio a la incorporación de sumas fijas y las “revisiones” unilaterales del 5% y 4% con las que el Ministerio de Educación desconoce la inflación del 50% e impone cifras en negro que destruyen las jubilaciones, las obras sociales y los adicionales de la antigüedad, zona desfavorable y título.

Los docentes universitarios que están peleando por la recomposición salarial representan una causa popular en defensa de la educación pública, contra el ajuste presupuestario que impulsan los gobiernos nacional y provinciales de la mano del FMI, y que forma parte de una política de mercantilización educativa y degradación de la formación académica de los trabajadores y la juventud.

Señor presidente:

La docencia universitaria que viene de protagonizar una verdadera rebelión el año pasado en defensa de la educación y la universidad pública, vuelve nuevamente a una lucha decisiva en defensa de su salario. El próximo 6 y 7 de marzo serán parte del paro que se realizará en todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el universitario, y que continuará con el paro internacional de mujeres el 8 de marzo, que pondrán en pie las y los trabajadores en todo el país.

La situación salarial y laboral de los docentes universitarios se ha agravado de manera brutal en el último período. Hoy un auxiliar de primera dedicación semi-exclusiva con hasta 5 años de antigüedad cobra a enero de 2019 $16.740,74 como salario bruto incluyendo la “garantía salarial”. De bolsillo cobrará $13.392,38 con el sueldo de este mes. Ese monto es igual a la línea de indigencia que publica el gobierno de Rodríguez Larreta para la Ciudad de Buenos Aires. Para percibir el valor de la media canasta familiar, el mismo cargo debería percibir $38.363,29 como sueldo bruto a enero de 2019. Por el contrario, lo que tenemos es un desfasaje que alcanza al 129,16 %. Este desfasaje es el más grande desde agosto de 2015 cuando alcanzó el 100,51% como resultado de las actas techo y a 16 meses.

Como denuncian los dirigentes de la Conadu Histórica, esta dramática situación es el resultado del acta de la infamia firmada con el gobierno por las direcciones de CONADU, FEDUN, FAGDUT, CTERA y UDA a espaldas de lo votado por la mayoría de los docentes y en medio del plan de lucha de mayor contundencia desde 2005 y la mayor movilización universitaria de toda la historia, el 31 de agosto de 2018.

Es absolutamente repudiable y gravosa la incorporación de sumas fijas y las “revisiones” unilaterales del 5% y 4% con las que el Ministerio de Educación desconoce la inflación del 50% e imponen cifras en negro que destruyen, las jubilaciones, las obras sociales y los adicionales de la antigüedad, zona desfavorable y título.

Es evidente que el pacto colonial implementado por Macri y el FMI, con la complicidad de los rectores, busca condenar a los trabajadores de la educación a la indigencia, que en el caso de la educación superior incluye a 190.000 docentes universitarios y preuniversitarios en todo el país.

La defensa de la universidad pública es una causa que involucra no sólo a los docentes, sino también a los estudiantes y no docentes, que sufren a diario las consecuencias del derrumbe edilicio, la falta de presupuesto y la degradación de la formación académica a través de los recortes de los planes de estudio que buscan pasar contenidos a posgrados pagos. Lo mismo sucede en los distintos niveles educativos. En materia de planes de estudio, las reformas de las últimas décadas en la escuela secundaria han sido verdaderamente ilustrativas. Con esta política -que vienen aplicando hace décadas los distintos gobiernos en sintonía con los planes del Banco Mundial- no sólo buscan favorecer el negocio de la privatización educativa, sino devaluar la formación educativa de los futuros trabajadores para adaptarlos a un mercado laboral cada más precarizado.

Los docentes universitarios salen nuevamente a la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores y la defensa de educación pública y gratuita. El triunfo de su lucha será un fuerte punto de apoyo para la lucha del conjunto de los trabajadores que deben irrumpir en la escena nacional contra el plan de guerra anti-obrero de Macri y los gobernadores, y para que la crisis la paguen los capitalistas.

Por todo lo expuesto, solicito a los Señores Diputados de la Nación que acompañen el presente Proyecto de declaración.