Art. 1º) Modificase el artículo 46 de la Ley 17.418 el que quedará redactado de la siguiente manera: "El tomador o derechohabiente en su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los treinta días de conocerlo. El asegurados no podrá alegar el retardo o la omisión si interviene en el mismo plazo en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro o del daño."

Art. 2°) Modificase el artículo 58 de la Ley 17.418 el que quedará redactado de la siguiente manera: "Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de tres años computado desde que la correspondiente obligación es exigible.".

Art. 3°) De forma.

Señor presidente:

La Ley 17418 fue sancionada el 30/08/1967, promulgada en la misma fecha, publicada en el Boletín Oficial el 06/09 del mismo año, entrando definitivamente en vigencia el 0/07/1968, o sea que hasta la actualidad han pasado más de 46 años; la misma regula el contrato de seguros y produjo un cambio normativo fundamental, al influjo de la doctrina que venía sosteniendo la necesidad de poner al día el marco legal contenido en el Código de Comercio que, hasta entonces regulaba en gran parte letra muerta.

Excepto algunos principios esenciales, el derecho de seguros estaba en los textos de los contratos predispuestos por los aseguradores y no en el código, sin perder de vista que las facultades del predisponente, registraban en numerosos casos, excesos que desnaturalizaban la función social y económica de la institución.

Su sanción debe inscribirse en los lineamientos de un movimiento similar que era dable advertir en la Europa Continental de ese entonces.

Dicha normativa, virtuosa en su momento, ha quedado totalmente a contra pelo de las modernas tendencias doctrinarias del derecho comparado, los plazos de denuncia del siniestro como de la prescripción de la acción son estrangulantes, el legislador mediante la sanción de leyes como la Ley de Defensa al Consumidor (24.240) ha sorteado algunos de estos plazos exiguos, y que van en contra del débil jurídico.

A esto se agrega que la Republica Argentina ha incorporado en el art. 75 inc 22 de la Carta Magna Fundamental una serie de tratados de derechos humanos que obligan a facilitar el acceso a la jurisdicción, siendo los arts. mencionados ut supra contrarios ha dicho compromiso.

Incluso es preocupante como en recientes fallos de la CSJN se ha dejado de lado la interpretación expresamente resaltada por las leyes que son orden público y han hecho primar la ley especial de seguros para resolver algunas controversias.

Lo anteriormente desarrollado me impulsa a la presentación de este proyecto en la búsqueda del consenso y apoyo de mis pares para que se me permita su sanción.-