Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y/o el organismo que corresponda, proceda a dictar el acto administrativo correspondiente que deje sin efecto la Resolución Nº 35280 dictada el 11-08-2010 por el Superintendente de Seguros de la Nación.

Señor presidente:

La Superintendencia de Seguros de la Nación, dictó la resolución Nº 35280 de fecha 11-08-2010, por la cual se pretende incluir a la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado de la Provincia de Santa Fe, en el régimen de la ley N° 20091 de Entidades de Seguros, seguidamente y en el mismo acto administrativo conmina a la entidad a cesar sus actividades hasta tanto resulte adecuada su realidad jurídica a la normativa citada, y para el caso que ello no suceda, considerará a los integrantes del Directorio incursos en el delito de desobediencia, en los términos del Art. 239 del Código Penal.

Esta decisión ha generado una fuerte conmoción entre sus directivos y sus más de 140.000 afiliados. Debemos tener en cuenta que su creación data del año 1938 (ley provincial 2614) y a través de sucesivas decisiones legislativas provinciales sin interrupción y hasta la actualidad, la Provincia de Santa Fe tiene organizado, dentro de su sistema propio de derecho público provincial, constitucional, administrativo y de seguridad social, integrativo de las relaciones de empleo público y jubilaciones provinciales, el régimen que administra la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado (ley actual 9816, modificada por varias leyes posteriores). Podrá observarse que esta Institución de la Seguridad Social santafesina funciona desde hace más de setenta años, brindando ininterrumpidamente servicios a millones de santafesinos.

Los beneficios que administra están relacionados directamente con las prestaciones de la Seguridad Social cubriendo contingencias como fallecimiento, invalidez, vejez, enfermedades terminales, etc., nada más alejado de los seguros comerciales.

La Caja no constituye una organización de capital, sino que se conforma por los aportes que los afiliados realizan mensualmente, sin que exista una finalidad lucrativa, sino por el contrario, se basa en un sistema solidario, cuya base está en la asociación de personas que comparten los mismos objetivos, y cuyo fin principal es atender las necesidades del hombre.

Por la misma ley que ha sido creada la Caja, la Provincia de Santa Fe se constituye en agente de retención de las cuotas de cada mes, que deduce directamente de los sueldos y haberes jubilatorios de los afiliados. No existe riesgo ni lucro ni reparto de comisiones, ni es necesario la integración de un capital mínimo, ni reaseguro alguno, ya que la seguridad de la institución viene dada por la presunción, confirmada por la realidad, de solvencia y subsistencia del Estado Provincial y sus relaciones de empleo público y jubilatorias.

Tal como ha sostenido la apoderada de la Caja del Seguro Mutual, la Dra. María Mónica Genesio, "esto es un ataque al federalismo y un avasallamiento de las leyes, con la conversión de nuestro sistema en algo unitario, cuando en realidad tenemos legislación provincial que era previa a la conformación de la Superintendencia del Seguro Mutual".

La ley N° 9816 que crea el organismo Seguro Mutual de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, en su artículo 1° claramente establece que: "La Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado es una entidad de derecho público, no estatal, a la que por esta ley se le acuerda personería jurídica, que administra el régimen del seguro mutual aplicable en caso de fallecimiento o incapacidad del asegurado y demás beneficios de acuerdo con lo normado en la presente ley, como asimismo los que por ley se instituyan en lo sucesivo, destinados a atender las necesidades económicas y sociales de los afiliados y conforme con los principios del derecho de la seguridad social y del mutualismo."

Asimismo, los beneficios que esta ley provincial les acuerda a sus afiliados, son de los más variados y están establecidos en su art. 11, el que sostiene que: "Los beneficios que acuerda esta ley son: 1) Seguro por fallecimiento; 2) Subsidio por incapacidad; 3) Anticipo por carecer de familiares directos; 4) Anticipo por edad avanzada o por jubilación; 5) Anticipo para enfermedades terminales; 6) Servicios de préstamos personales a los afiliados, en la medida que lo permitan las disponibilidades económicas de la Caja." Todos ellos basados en los principios de solidaridad y mutualismo, lo que no es menor, si se tiene en cuenta que con la resolución dictada se pretende hacer cesar la actividad propia de esta entidad, generando un menoscabo en los derechos adquiridos por quienes vienen aportando hace ya muchos años.

Cuando referenciamos a este Instituto de Seguridad social, poniendo especial énfasis en su sentido solidario, lo hacemos a sabiendas de que a lo largo de estas siete décadas de vida ha desarrollado un sistema en el cual los supuestos asegurados son también aseguradores de sí mismos, no existen en la relación que une a beneficiarios con el organismo ninguna de las características de los contratos de seguros; entendemos que desde el desconocimiento de su funcionamiento se ha dictado la resolución que hoy se cuestiona y a la que solicitamos se deje sin efecto.

Por otra parte y poniendo especial énfasis en el tema de las autonomías provinciales, es que destacamos que Constitución Provincial, en concordancia con el art. 14 bis de la Constitución Nacional, establece en el último párrafo de su art. 21 que "...El Estado instituye un sistema de seguridad social, que tiene carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley propende al establecimiento del seguro social obligatorio; jubilaciones y pensiones móviles; defensa del bien de familia y compensación económica familiar, así como al de todo otro medio tendiente a igual finalidad." Asimismo, el art. 55 incisos 21 y 23 del mismo cuerpo legal sostienen que: "Corresponde a la Legislatura... dictar leyes sobre previsión social" y "dictar leyes sobre organización de la Administración Pública y el estatuto de los funcionarios y empleados públicos."

No podemos avalar lo que configura en sí mismo, una cuestión de gravedad institucional, y un acto claramente arbitrario y contrario al sistema federal que ha adoptado nuestra Constitución Nacional. Resulta imperante, solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que mediante el organismo que corresponda, deje sin efecto la resolución dictada, evitando de esta manera actos que claramente vulneran derechos de quienes hace años vienen aportando desde su salario, jubilación o pensión y a partir de la instrumentación de la medida cuestionada perderían derechos respecto a los beneficios que ellos o sus derecho-habientes podrían percibir en el futuro.

Es por los motivos expuestos que solicito a este Honorable Cuerpo la aprobación del presente proyecto de resolución.