ARTÍCULO 1º.- Redúcense en un 80% (Ochenta por Ciento) los derechos de exportación a los productos de origen agropecuario hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación dicte una ley regulatoria en la materia.

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el artículo 754 del Código Aduanero, Ley 22.415, por el siguiente: "Artículo 754: Los derechos de exportación sólo pueden ser establecidos por ley del Congreso de la Nación."

ARTÍCULO 3º.- Deróganse los artículos 755, 756 y 764 del Código Aduanero, Ley 22.415.

ARTÍCULO 4º.- De forma.

Señor presidente:

Según un informe elaborado por Néstor Roulet, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el cóctel conformado por la sequía, mayores costos y la incertidumbre por la política oficial llevaron a que este año se sembraran 1,16 millones de hectáreas de trigo menos que en 2007, lo que, con 4,48 millones de hectáreas, constituye una de las superficies más bajas de las últimas tres décadas.

Sumado a ello, fuentes privadas calculan que se cosecharán 4 millones de toneladas menos que en el 2007, cuando se alcanzó a 16 millones de toneladas, lo cuál significa que en esta campaña van a ingresar a Argentina, casi 1.000 millones de dólares menos, englobando tanto lo que el Estado recaudará de menos por las retenciones a la exportación como lo que resignarán otros eslabones comerciales, como los proveedores de agroquímicos, semillas y fertilizantes, los prestadores de siembra y cosecha, los transportistas y hasta los productores, que también verán mermados sus ingresos.

Si consideramos, además, que entre el año pasado y el actual la tonelada de trigo cayó más de 100 dólares, los números sobre la pérdida en el cultivo podrían ser todavía más pesimistas.

Con respecto a la soja, CRA presentó un trabajo que indica que con el actual régimen de retenciones, los precios actuales de la oleaginosa, la estructura de costos vigente y un rinde promedio de 26,7 quintales por hectárea -rendimiento promedio del país de los últimos cinco años de acuerdo con la Secretaría de Agricultura-, el productor no logra cubrir los gastos de producción. El informe, elaborado por el secretario de la entidad, Javier Jayo Ordoqui, tomó como parámetro de medida el modelo de siembra directa de la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) y los valores promedio de arrendamiento.

Queda claro entonces que, con este nivel de precios, estas retenciones hacen inviable el negocio agrícola. Y para corroborar esto, sólo hace falta recorrer el interior de nuestro país y hablar con su gente: se pararon las fábricas de maquinaria agrícola, la construcción, el comercio y las PyMES.

En el caso de los frigoríficos, ya se suspendieron compras y se están negociando a la baja los contratos existentes. Como ejemplo cabe citar a Rusia, que compra carne para industrializar a un valor de 3600 dólares, que frenó las compras; los europeos, que compran cortes de primera calidad (lomo, cuadril y bife angosto), negociaron bajas de entre 20 y 25 por ciento, y en el caso de los cortes de calidad, dentro de la cuota Hilton, los precios cayeron de 21.000 a 13.000 dólares la tonelada en lo que va del año.

Y todo esto demuestra que, más allá de la retórica oficial sobre la solidez de la economía, ya se produce y se exporta menos, hay trabajadores que pierden sus empleos en las economías regionales y pueblos y ciudades de nuestro país absolutamente parados.

Por ello entendemos que resulta necesario llevar adelante un "shock productivo" que reactive el comercio de granos y la producción agrícola, ganadera y lechera, inyectando liquidez y reactivando el aparato productivo del interior de nuestro país. A ello apunta el Artículo 1º del presente proyecto de Ley.

Los Artículos 2º y 3º del proyecto reproducen parcialmente el Expediente 2718-D-2008 en lo referente a la derogación de la delegación legislativa del Código Aduanero, según la cual el Ejecutivo puede imponer derechos de exportación a los productores nacionales.

Tradicionalmente, la imposición de derechos de exportación tenían un rol meramente regulador del comercio, pero el nivel de las alícuotas aplicadas desde el 2002 a la fecha, los convirtió en uno de los tributos más importantes que solventan a la Nación.

Pero no es únicamente una discusión acerca del nivel de la alícuota, sino que es absolutamente necesario entender definitivamente que nuestra Constitución Nacional establece taxativamente que no es el Poder Ejecutivo Nacional quien impone gravámenes de ninguna naturaleza, y mucho menos a través de una simple resolución administrativa. Este tipo de prácticas atenta directamente contra el principio de división de poderes, representando un claro avance del Poder Ejecutivo sobre funciones que corresponden al Poder Legislativo.

El avasallamiento institucional protagonizado por el Ejecutivo a través de la utilización abusiva de superpoderes y decretos de necesidad de urgencia, atenta claramente contra el principio básico de legalidad según el cuál ningún tributo puede ser impuesto sin ley - nullum tributum sine lege-, principio rector en materia tributaria, derivado del Art. 17 de la Constitución Nacional, que dispone que sólo el Congreso impone las contribuciones con las que se sostienen los gastos del la Nación.

El daño realizado al tejido productivo del interior de nuestro país por la fatídica Resolución 125/2008 y el conflicto con el sector agropecuario generado a partir de la misma, ya es irreversible. Sin embargo, el Gobierno parece no haber tomado nota de dicho impacto y siguió insistiendo con la manipulación cada vez más irracional e ineficaz de la ONCCA sobre los mercados de carne, leche y trigo.

Controles para comerciar que terminan trabando el comercio exterior, animosidad en el contralor, reglamentaciones ridículas y absoluta discrecionalidad en el reparto de los registros de operaciones de exportación (ROE), han provocado una situación crítica, no sólo para los exportadores, sino también a los pequeños productores, porque obliga a la venta de los productos en el mercado interno a precios ridículamente bajos.

Si bien el presente proyecto de ley no va a erradicar la discrecionalidad, el favoritismo ni la ineficiencia de gestión en el manejo de los recursos por parte del actual Gobierno, entendemos que resulta de fundamental importancia acotar esos márgenes de distorsión productiva, comercial e institucional a partir de la recuperación de las competencias que son propias de este Congreso y la inyección de una dosis de confianza y previsibilidad en los diferentes actores integrantes de la cadena agroindustrial.

Estamos convencidos de estar realizando una aporte importante para ponerle freno a la degradación institucional, y con ello, seguramente estaremos favoreciendo la recuperación de la producción agropecuaria, motor y nervio de la economía del interior de nuestro país y la Nación toda.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.