-Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle deje sin efecto la Resolución Nº 50/2007 de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la cual tanto Mendoza, como San Juan y San Luís, no son consideradas aduanas especializadas.

-Invitar a la próxima reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto al Sr. Director de Aduanas de la Nación a los efectos de que explique las causas que motivaron la sanción de la Resolución 50/2007 en virtud de la cual se perjudica con manifiesta evidencia los intereses de la Provincia de Mendoza y paralelamente se produce un beneficio a Aduanas radicadas en otras provincias argentinas "y a sus operadores", produciendo un daño irreparable a la imagen internacional de Mendoza en cuanto al intercambio comercial con países vecinos.

-Para el supuesto de no poder explicar técnicamente y bajos los principios de la sana lógica las motivaciones de la Resolución referida, se solicita al Sr. Ministro de Economía de la Nación, responsable máximo de la administración de las Aduanas del país, haga cesar en su cargo al Sr. Director General de Aduanas de la Nación y se inicien en forma inmediata las acciones civiles y penales en su contra que conduzcan a la reparación del daño ocasionado.

Señor presidente:

El viernes 25 de agosto, se publicó en el Boletín Oficial la resolución 50/2007 de la Dirección General de Aduanas, mediante la cual y desde el lunes próximo, Mendoza, San Juan y San Luis no estarán en condiciones de documentar ninguna mercadería establecida en dicha resolución.

Según esta normativa, las aduanas de Cuyo, no son consideradas como especializadas, y por ende, no pueden despachar mercaderías como hasta ahora lo venían realizando. A raíz de esto, se deberá remitir todas las mercaderías a aquellas aduanas si incluidas en la resolución.

Esto se debe, a que desde la Dirección General de Aduanas manifiestan que la mayor parte de las aduanas de la Argentina, no cumplen con los elementos técnicos necesarios (personal especializado) para realizar la verificación de un sin número de mercaderías procedentes de todo el mundo.

Dentro de las mercaderías contenidas se puede detallar: Artículos de Plástico, Manufacturas de cuero, Telas y tejidos, Productos cerámicos, Manufacturas de vidrio, Herramientas, Manufacturas de hierro, Artículos eléctricos del hogar, Computadoras y sus partes, Motocicletas, Bicicletas, Relojería, Aparatos de alumbrado, Juguetes y Manufacturas diversas.

Industrias mendocinas como la vitivinícola y metalmecánica, y en general la industria agrícola, conforman el grupo de actividades más afectadas por cuanto importan buena parte de los insumos que emplean. Por su parte, los operadores cuantifican sus pérdidas potenciales en casi un tercio de las transacciones que concretan cada mes.

A modo de ejemplo, se puede citar que para las mercaderías que arriben desde Chile, será necesario transportar las mismas hasta Buenos Aires o Córdoba y luego una vez liberadas, regresar a Mendoza. Es algo que carece totalmente de sentido, criterio y lógica.

Será difícil de hacer entender a las empresas chilenas, que la relación económica de sus productos puestos en la Argentina, habrá variado considerablemente, por culpa de la ineficacia de la Aduana Argentina.

Esta normativa genera grandes trabas tanto a la política nacional, como a las relaciones comerciales con nuestro país vecino, las cuales con la firma del Acuerdo nº 35, se fueron consolidando e incrementado.

Hay que aclarar que esto no terminará en una simple presentación de recursos de amparo por cada empresa afectada, sino que además serán reclamados los daños y perjuicios producidos por las demoras y traslados innecesarios de las mercaderías. Máxime teniéndose en cuenta que la norma se aplicó sin haberse publicado oficialmente y también sin contar con un periodo de adecuación para aquellas mercadería que se encontraban en la aduana o en viaje a la misma.

En definitiva, los problemas de la aduana por el personal no idóneo para realizar correctamente sus funciones, son trasladadas a las empresas exportadoras e importadoras, a través de los mayores costos que esto representa, y en definitiva a los consumidores.

En lugar de capacitar al personal o desplazar a media docena de verificadores, para el caso de que los regionales no estén capacitados, (criterio que no compartimos), parece más lógico desplazar a miles de toneladas de mercaderías de todo tipo. El organismo debe estar al servicio de las empresas, pero en este caso, como en muchos otros, esto no ocurre.

No es concebible dentro de lo racional, que en lugar de adecuar las aduanas al comercio exterior actual, las empresas deban adecuar su logística al ineficaz y burocrático organismo de control.

No obstante, creemos que los fundamentos no se encuentran solamente en una cuestión de capacitación del personal, sino que entendemos existen fundamentos ocultos que perjudican claramente a la Provincia de Mendoza, y que paralelamente hay quienes se benefician de manera inexplicable con esta medida.

Entendemos que esta situación no puede quedar solamente en la revisión de la medida, sino que debe haber responsabilidades por parte de quienes la impulsaron, y que en el supuesto de no ser satisfactorias las explicaciones al porque de su implementación, es imprescindible la aplicación de severas sanciones. No puede estar en juego el prestigio del comercio internacional, ni la imagen de una Provincia, por la irresponsabilidad manifiesta de un funcionario de menor rango, y más aún, si las motivaciones reales responden a intereses no lícitos.

Por estos fundamentos y los que se darán en su oportunidad, es que se solicita se dé sanción favorable al presente Proyecto.