Artículo 1º.- Deróganse los artículos 749 y 755 del Código Aduanero en los que se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional, atribuciones que le son propias y exclusivas al Congreso de la Nación por mandato constitucional.

Artículo 2º.- Derógase la Resolución M.E. nº 125/08 por ser violatoria de la Constitución Nacional y de los principios de legalidad, igualdad y no confiscatoriedad de los tributos.

Artículo 3º.- De forma.

Señor presidente:

Las denominadas "retenciones" a los bienes exportables, son en realidad, lo que la Constitución Nacional llama derechos de importación y exportación.

Son los impuestos indirectos externos, cuya creación es atribución exclusiva del Gobierno Federal y, por ello, prohibida a las provincias.

Se establecen según un porcentaje sobre el valor de cada mercadería siguiendo un complejo sistema de determinación.

Los derechos y los valores o "valuaciones" sobre los que se calculan aquellas y deben ser uniformes en todo el territorio nacional.

Los efectos negativos derivados de una devaluación importante en términos redistributivos como la ocurrida a principios de este siglo, en el caso de países tradicionalmente exportadores de alimentos como el nuestro, pueden ser compensadas en sus efectos negativos con retenciones a las ventas al exterior aunque de un modo razonable y transitorio. Es en esos términos que ese instrumento de política económica no se constituya en un impuesto.

No puede ser permanente porque ello plantearía graves asimetrías en el funcionamiento del sistema económico pues las señales que reciben los productores de bienes exportables llevarían a la ineficiencia. Producirían a un dólar neto de retenciones y comprarían insumos al valor dólar de mercado mas los aranceles e impuestos.

El problema que plantean hoy las retenciones es que han dejado de ser un mecanismo compensador de una devaluación para convertirse en un impuesto discrecional, arbitrario e inconstitucional, pues viola los principios de legalidad - que significa que toda contribución que afecta la libertad patrimonial de una persona debe ser establecida por el Congreso de la Nación (artículo 19 de Constitución Nacional) -, de igualdad -que en materia fiscal debe ser igual para todos los iguales en iguales circunstancias- y de no confiscatoriedad como condicionante de la causa constitucional del tributo.

En efecto. El artículo 75, inc. 1º de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso Nacional legislar en materia aduanera. La delegación de facultades que el Congreso hizo al Poder Ejecutivo en otras épocas, permitió que éste, a través del Código Aduanero, determine el alcance y nivel de los derechos de exportación. Y ello es violatorio de la Constitución Nacional.

En el Congreso radica exclusivamente la potestad de fijar tributos (artículo 52), y, como Cámara iniciadora, a la de Diputados integrada por los representantes del pueblo.

El abuso de medidas como la imposición de retenciones confiscatorias (mayores al 33% establecidas por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), es el resultado de la delegación efectuada, convirtiéndose en una práctica perversa y viciosa que deteriora el sistema republicano de gobierno.

El dialogo que hoy propone el sector agropecuario, de no haberse producido aquella desgraciada delegación legislativa, hoy podría verse concretado en el seno de las Comisiones del Congreso Nacional, con la garantía institucional que ello implica.

Debatir a la luz del día transparentaría el procedimiento y el destino final de los fondos recaudados de esa manera.

Es por ello que exhorto a mis colegas legisladores a adherir a este proyecto, despojándose de preconceptos ideológicos y con la grandeza que requiere este momento tan ingrato de la vida de nuestro país.