La preocupante e imperiosa necesidad que el Poder Ejecutivo de la Nación a través del organismo que corresponda, intervenga de la manera más eficaz y rápida posible, con el fin de proporcionar los recursos necesarios para el debido funcionamiento de los Centros Provinciales de Atención en Adicciones (C.P.A.) de toda la provincia de Buenos Aires, evitando de esta manera el consecuente e irreversible riesgo de cierre de los mismos.

Señor presidente:

Una sociopatía compleja como las adicciones requiere respuestas complejas.

La experiencia de la Provincia en el tratamiento integral de la enfermedad llevó al desarrollo de una estructura de abordaje particular y específica como es la Red de Centros Provinciales de Atención en Adicciones (CPA) que se consolidó como una respuesta cercana al usuario, abierta a la comunidad, pública y gratuita.

La Asociación de Antidrogas de la República Argentina y las entidades que nuclean a los trabajadores del sector transmiten a la sociedad en su conjunto su preocupación frente a la destrucción sistemática de los Centros Provinciales de Asistencia, poniendo de manifiesto las falencias del estado en esta materia.

La drogadicción es uno de los peores flagelos que atraviesa la Argentina y a la que hay que darle batalla con la mayor cantidad de herramientas posibles. Los CPA son una respuesta para ello pero también para todo tipo de adicciones brindando asesoramiento y tratamiento para el adicto y su entorno familiar.

La mayoría de los CPA que se encuentran en el territorio bonaerense son locales o casas alquilados a particulares; en algunos distritos existen convenios con la municipalidad para mantener los gastos de luz e insumos. En reiteradas entrevistas el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli ha sostenido que se "debe dar una dura batalla con el tema de las drogas, que envenenan a nuestros jóvenes", pero la realidad es bien distinta.

La falta de pago de alquileres, el poco mantenimiento de los inmuebles donde funcionan los CPA, la falta de personal en áreas críticas, el incumplimiento en el pago de salarios, la escases de insumos necesarios para el funcionamiento de las comunidades terapéuticas públicas, las deudas con las farmacias por los medicamentos requeridos para los tratamientos, son algunos de los problemas que ponen en riesgo a dicho sistema.

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