Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de solicitarle que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 99 de la Constitución Nacional y en cumplimiento del artículo 20º de la Ley Nº 26.045, proceda a la reglamentación de la misma con el fin de implementar una adecuada política de Estado sobre el Registro Nacional de Precursores Químicos.

Señor presidente:

En los últimos meses una serie de acontecimientos que involucra la presencia del tráfico ilícito de estupefacientes en nuestro país, ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de la Argentina en materia de lucha y control del narcotráfico.

La falta de un decreto reglamentario, como se dispone en el artículo 20º de la Ley Nº 26.045, para proveer la estructura y el funcionamiento del Registro Nacional de Percusores Químicos, afirma una vez más la incapacidad por parte del Gobierno Nacional en la definición de una política eficiente y eficaz de control de los precursores químicos. Asimismo, las reiteradas acusaciones hechas públicamente entre los mismos funcionarios del Gobierno, dejan ver la carencia de acciones concretas de coordinación y colaboración entre los mismos organismos involucrados en la fiscalización de todas las acciones relacionadas con "sustancias o productos químicos autorizados y que por sus características o componentes puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes". (Ley 26.045, art. 3º).

La impunidad con que hoy en el país actúan los carteles del narcotráfico internacional es aun más relevadora cuando advertimos que las empresas que actualmente son investigadas por la justicia en el contrabando de efedrina, son las mismas que contribuyeron con sus aportes económicos la fórmula presidencial Fernández de Kirchner-Cobos, en la última campaña electoral.

El Gobierno no sólo es irresponsable a la hora de poner en vigencia la reglamentación adecuada para hacer efectivas sus facultades, sino que es además incapaz de garantizar la seguridad de las fronteras y se convierte en cómplice con las amenazas que atentan contra la salud pública del país.

Visto la Resolución Conjuntas Nº 932, 2529 y 851/ 2008 y la Disposición Nº 4712 de A.N.M.A.T y respetando los considerandos de cada una de estas herramientas legales, resulta evidente que existe conciencia desde el Gobierno Nacional sobre el incremento que ha tenido la importación a nuestro país de sustancias como la Efedrina y la Pseudoefedrina, destinadas no sólo a la producción lícita de medicamentos, sino también al uso ilícito para elaboración de sustancias prohibidas. Sin embargo, el reconocimiento del problema no se hizo operativo en la solución del mismo. Por el contrario, el Gobierno no está cumpliendo con la obligación que tiene para con la sociedad, no respondiendo en su función de controlar el desvío de los precursores químicos a la producción de drogas ilícitas.

El Gobierno nacional que no cumple con su objetivo de prevención y protección de la salud de la población; es el mismo que impúdicamente ha sido beneficiado durante la campaña electoral con aportes de empresas vinculadas luego al narcotráfico. Hechos como éstos no hacen más que degradar las instituciones republicanas y democráticas de nuestro país.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.