Expresar su extrema preocupación ante el recorte de funciones de la SEDRONAR, organismo que por ley debe regir las políticas en materia de adicciones y lucha contra el narcotráfico.

Señor presidente:

Nuevamente me veo en la necesidad de presentar un pedido de informes sobre las políticas de salud, asistencia a las adicciones, lucha contra el narcotráfico y específicamente el papel que el Poder Ejecutivo Nacional asigna a la SEDRONAR en ésta materia, organismo que por ley debe intervenir en ésta temática.

En un momento como el actual, en el que hay un importante debate público sobre la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas, el Gobierno limita cada vez más la acción de la Sedronar , la oficina de acción específica en ese campo.

Finalmente, en junio pasado se reglamentó la ley de salud mental, que había sido aprobada en el Congreso en 2010. Ese decreto de la presidenta Cristina Kirchner deja a la Sedronar fuera de las tareas de prevención y atención de las adicciones, actividades que serán responsabilidad del Ministerio de Salud, a cargo de Juan Manzur.

Es más, en el decreto 603/2013 se establece la creación, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, de una comisión interministerial en políticas de salud y de adicciones para trazar un plan general de trabajo. En esa comisión se integran profesionales de los ministerios de Salud, Desarrollo Social y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en lo que representa el final de una puja dentro del gobierno nacional saldada con el triunfo político de aquellos que apuntaban a quitar espacio a la Sedronar, formada en los años 90.

La Sedronar quedó sin secretario a cargo desde marzo pasado, cuando el ex canciller Rafael Bielsa renunció para pasar a la actividad privada. Desde entonces, la firma autorizada en ese organismo, indispensable para sostener su funcionamiento administrativo, es la de Julio Postiglioni, subsecretario del área de Precursores Químicos y ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Postiglioni sostiene el trabajo de la Sedronar y busca fortalecer la presencia de la oficina antidroga con acuerdos provinciales, como el que firmó la semana pasada con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, para capacitar a la policía provincial en la lucha contra el narcotráfico. De todas maneras, el nuevo marco legal y el apoyo de la Casa Rosada a la conformación de una nueva estructura de atención y prevención de adicciones determinan el avance de la línea interna oficial que busca la anulación de ese organismo.

La ley de salud mental y su nueva reglamentación indican que la autoridad de aplicación de políticas contra las adicciones debe ser una dirección del Ministerio de Salud.

Este año, la Sedronar tiene asignado un presupuesto de 102 millones de pesos, y la verificación de asignación de partidas en el Ministerio de Economía permite visualizar que hasta el momento tiene comprometidos 67 millones de pesos, en su mayor parte destinados al pago de salarios.

En la transferencia de partidas para entidades privadas, esto es, el pago de las becas de atención a personas en recuperación, se utilizaron hasta el momento 14 millones de pesos, una cifra que es inferior al gasto que realizó Presidencia en seis meses para fomentar espectáculos públicos.

La Sedronar es una secretaría que depende directamente de la Presidencia, posición que es toda una definición política sobre la importancia que se le asigna al tema. Sin embargo, en la práctica, otra dependencia del mismo rango, la Secretaría General, usó este año 14 millones de pesos en cinco contrataciones de alquileres de luces, sonido y video para diversos shows. Más allá de la ubicación en el organigrama estatal de la prevención del uso de drogas, queda a la vista que la asignación de recursos tiene visiones diferentes.

Incluso en la integración del equipo técnico de revisión administrativa de la nueva política sobre adicciones no figura lugar para la Sedronar. La reglamentación aprobada por Cristina Kirchner define que ese grupo de trabajo será integrado por representantes del Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio Público de la Defensa y un representante de la asociación de usuarios del sistema de salud, uno de las asociaciones profesionales y uno de las ONG "abocadas a la defensa de los derechos humanos".

La reasignación de funciones para la Sedronar tampoco encuentra apoyo real en las partidas para que sostenga su trabajo de capacitación federal, ya que de los 15 millones de pesos asignados en el presupuesto para ese fin hasta ahora se comprometieron solamente algo más de cuatro millones de pesos. Mientras tanto, en la Jefatura de Gabinete ya arman lo que será el reemplazo de la Sedronar.

Por todas estas razones, invito a los señores diputados a acompañar el presente proyecto.