PROGRAMA DE CONCIENTIZACION “ARGENTINA Y VOS: POR UN PAÍS SIN ADICCIONES”.

Artículo 1.- Creación.

Instrúyase al Poder Ejecutivo Nacional, en un plazo no mayor a 90 días de conformidad con el Decreto N° 1249/2016 a llevar a cabo el programa “Argentina y vos: por un país sin adicciones”.

Artículo 2.- Objetivo.

El programa “Argentina y vos: por un país sin adicciones” consistirá en una fuerte campaña audiovisual, sonora y gráfica con el fin de extender y difundir información sobre los efectos negativos del consumo de drogas para que la población y los adolescentes en particular tomen conciencia y fomenten actitudes, hábitos y valores que estén en contra del uso de drogas, instalando a su vez, el tema en la sociedad con una igual intensidad que tienen los avisos durante las campañas electorales.

Artículo 3.- Componentes.

La política publicitaria tendrá como piso mínimo, dos componentes:

A) Campaña audiovisual y sonora:

La misma tendrá un tiempo de duración de tres semanas y se distribuirá entre los canales con mayor audiencia, las radios más importantes del país, y las plataformas multimedia más utilizadas por los adolescentes. Durante este período de tiempo, las piezas audiovisuales se emitirán en los distintos canales, radios y plataformas multimedia en la franja horaria de mayor audiencia (08 hs -12 hs, 15 hs - 19 hs, 21 hs - 23 hs.) distribuidas en treinta y cinco minutos diarios de publicidad de forma fragmenta. El Programa “Argentina y vos: por un país sin adicciones” poseerá una frecuencia e intensidad que no podrá ser menor a lo establecido por los artículos 43 quarter y 43 septies en la Ley N° 26.571.

B) Campaña gráfica:

La campaña estará orientada, en primer lugar, a la instalación pública de cartelería en los principales accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sistema de transporte público y los aeropuertos de las ciudades más importantes del país (Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Ciudad de Santa Fe, Paraná, , Resistencia, Corrientes, San Miguel de Tucumán, Formosa, San Fernando del Valle de Catamarca, Rawson, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, Posadas, Viedma, San Juan, San Luis, Mendoza, Rio Gallegos y Ushuaia). En segundo término, la campaña gráfica comprenderá publicaciones en redes sociales de uso masivo. Respecto al tiempo de permanencia de la campaña, la misma tendrá una extensión de cuatro meses.

Artículo 4.- Reglamentación:

La presente Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional en un plazo no mayor a 90 días a partir de la fecha de promulgación.

Artículo 5: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La Política Pública propuesta en el presente proyecto construye sus cimientos sobre la base de los siguientes pilares: producir una campaña informativa de alta frecuencia en los medios de comunicación audiovisuales de alcance masivo, redes sociales y vía pública, la cual deberá ser solventada por el Estado. El fin de dicha campaña será suministrar la información, comprobada científicamente, a los efectos de lograr la toma de conciencia por parte de la población argentina acerca de los peligros para la salud pública que implica el abuso en el consumo de drogas ilícitas.

El diseño y la implementación de la política pública tienen como base la definición de que la vía más eficaz para reducir el consumo de drogas ilícitas por parte de la población, es la debida concientización sobre sus efectos nocivos mediante la utilización prudente de los medios de comunicación masivos. En otras palabras, nuestra propuesta supone que el Estado abandone una actitud de tolerancia pasiva ante esta situación, adopte un papel más protagónico e instruya acerca de un tema tan sensible para la salud y el bienestar de la población.

Teniendo como antecedente el “Caso Arriola”, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que la tenencia de estupefacientes para el consumo personal estaba exenta de la autoridad de los magistrados basándose en la protección de la intimidad y la vida privada que consagra el artículo 19 de la Constitución Nacional, y por lo tanto no podía ser penalizada, creemos que es deber del Estado y de sus respectivas autoridades que cada individuo cuente con la información necesaria para que pueda tomar la mejor decisión de manera voluntaria, haciendo uso de su libertad, intención y discernimiento.

De acuerdo al último informe de la Dirección de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo del año 2012 “Europa y América Latina: la lucha contra la droga y el narcotráfico” se resalta que en la región ya no se puede distinguir de manera clara entre aquellos países consumidores de droga y de tránsito, sino que hoy son tanto consumidores como productores y exportadores.

El Estado debe tener un papel fundamental en advertir de una forma eficiente las consecuencias producidas por el consumo de las diferentes sustancias prohibidas en nuestro país (cocaína, marihuana, paco, drogas sintéticas, etcétera). Las personas que hacen un uso excesivo de drogas manifiestan síntomas como ansiedad basal, excitación, ideas delirantes o de persecución, convulsiones, pérdida de peso, aceleración del ritmo cardiaco, deterior cognitivo y social que genera mayor adicciones y que muchas veces deriva en la muerte de la persona.

Por otra parte, el narcotráfico debe ser visto como una problemática diferente al consumo de drogas ilícitas, ya que se trata de un flagelo que afecta a toda la sociedad y que manipula especialmente a los jóvenes y a quienes se encuentran excluidos de toda oportunidad de crecimiento y desarrollo tanto personal como profesional. Además, el narcotráfico y sus respectivas organizaciones criminales constituyen un problema que afecta al Estado en sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sea por su incapacidad de respuesta o por la corrupción que genera en ellos.

El tráfico de drogas es una cuestión que no se limita solamente al territorio nacional, sino que se ha convertido en un verdadero actor transnacional. La denominada “Guerra Contra el Narcotráfico” se construyó teniendo como paradigma la idea de que sin oferta, es decir, sin producción, distribución y comercialización de drogas, no habría demanda y por lo tanto, no habría consumidores ni adictos. Del mismo modo, se creyó que el Estado tenía la capacidad de eliminar por completo la oferta de drogas. Sin embargo, luego de 35 años de “Guerra Contra las Drogas” en la cual Estados Unidos y sus aliados jugaron un papel central al considerar esta problemática como una cuestión de seguridad nacional en la cual se gastaron más de veinte mil millones de dólares, podemos decir que el balance es desalentador. Tales políticas no solo aumentaron la violencia y el crimen organizado en la región sino que no lograron disminuir el consumo y la producción de cocaína y marihuana, a lo que se le debe sumar que desde el punto de vista institucional, la corrupción aumento considerablemente en los tres poderes del Estado.

En nuestro país, en los últimos 40 años, las experiencias en la materia oscilaron entre políticas penales y de prohibición sin distinguir de manera clara entre consumidores y narcotraficantes. Por otra parte, en la última campaña electoral, algunos candidatos proponían medidas aisladas como la de profundizar el uso de las fuerzas armadas para penetrar en los barrios vulnerables, una mayor radarización o la ley de derribo de aviones. Tomando el ejemplo de México, que durante la presidencia de Felipe Calderón lanzó a las fuerzas armadas en una guerra contra los carteles de la droga, sus políticas lejos estuvieron de aportar soluciones. Las violaciones a los derechos humanos, el aumento de la violencia, de los carteles y una gran brecha con la sociedad civil fueron algunos de los resultados.

Luego de 30 años de resultados negativos tanto a nivel regional como nacional, llego el momento de abandonar la mirada represiva, para lo cual es central separar como sujetos diferentes al consumidor del narcotraficante.

El primer objetivo y con el cual se debe comenzar es con una política eficaz de prevención para, posteriormente, hacer hincapié en y dirigir los esfuerzos en tener una Política de Salud Pública que se haga cargo de recuperar al consumidor y reducir los daños producidos por la droga por medio de un tratamiento. Estos dos objetivos deben ser trabajados como un mismo y único sistema que debe cumplirse de manera escalonada, es decir, una vez cumplido el primero de ellos se pasa al siguiente.

La propuesta planteada en el presente proyecto se centra en el primer objetivo, en la prevención, como etapa fundamental para que funcione esta política pública integral.

El país se encuentra actualmente en una situación muy delicada en referencia a este flagelo. Es por ello, que el actual Presidente de la Nación, el Ingeniero Mauricio Macri, decretó en Diciembre del año anterior la “Emergencia en materia de adicciones” la cual se extenderá hasta Diciembre de 2018. Los motivos que llevaron al gobierno a impulsar dicha medida fue, según fuentes oficiales, el creciente avance del narcotráfico y del consumo de drogas. Entre otras cosas, el decreto instruye a la Secretaria de Políticas Integrales Sobre Drogas (en adelante SEDRONAR) a que "elabore, ponga en vigencia e implemente acciones destinadas a hacer frente a la emergencia".

Las estadísticas mostradas por el último informe de la SEDRONAR no hicieron más que confirmar lo delicado de la situación. De acuerdo al estudio, en los últimos siete años (2010-2017) se duplicó el consumo de drogas ilegales, en especial la marihuana y la cocaína. El cannabis es, por lejos, la sustancia más usada en Argentina: el número de encuestados que admitió haberla fumado al menos una vez en el último mes pasó de 2,3% a 5,4% entre 2010 y 2017. Entre los adolescentes de 12 a 17 años, la suba fue del 1,3% a 2,7%. Del mismo modo creció el número de personas que la creen una droga inocua, pasando de un 11,4% a un 21,3%. A esto se le suma que 18 de cada 100 personas que admitieron consumir marihuana de forma recreacional han manifestado signos de dependencia.

La cocaína también mostró un fuerte crecimiento aunque en una medida menor en comparación con el cannabis, pasando de un 0,8% en 2010 a un 1,5% en 2017. El paco por el contrario no ha mostrado avances en cuanto a su consumo pero sigue siendo llamativa su prevalencia en los sectores más vulnerables de la sociedad. De todas las drogas, tanto legales como ilegales, la más consumida sigue siendo el alcohol, donde la Argentina se encuentra en el primer puesto en la región en cuanto al consumo per cápita de dicha droga legal.

Por último, los jóvenes de 18 a 24 años constituyen el rango etario con mayor propensión a consumir drogas (30%) y el 10% de ellos aseguró que "probaría" una sustancia ilegal si tuviese la oportunidad de hacerlo. Argentina ya no es solamente un país de tránsito, sino que también se ha convertido en un país de consumo que atraviesa todas las clases sociales, pero que afectamente primordialmente a las más vulnerables.

Debido a que el consumo de drogas se inicia con una frecuencia cada vez mayor en las edades tempranas sin tener pleno conocimiento de su nocividad, resulta adecuado, teniendo en cuenta la experiencia internacional, que las políticas de concientización comiencen en la adolescencia. Asimismo, advertir sobre tales efectos tiene una mayor aceptación en este grupo etario más que en los consumidores jóvenes o adultos.

La propuesta, basada en este primer objetivo de adelantarnos a daños futuros, tiene a su vez dos grandes ejes: por un lado, regularizar y extender la información sobre los efectos negativos del consumo de drogas en el seno de la escuela; y por el otro, una fuerte campaña audiovisual, sonora y gráfica en consonancia con dichos contenidos curriculares. En particular es sobre este segundo eje que extenderemos nuestra propuesta. El primer eje, es realizar junto con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y de las provincias, un agregado en la currícula escolar para que desde primer año en los secundarios se dicten diferentes talleres y materias en donde se alerte sobre los daños producidos por el abuso tanto de las drogas ilegales como las legales (alcohol, tabaco y otras).

El segundo objetivo, y sobre el cual se centraliza la propuesta de este proyecto, es que desde el Estado haya durante un tiempo determinado una campaña de comunicación (audiovisual, sonora y de vía pública) alertando sobre los daños producidos por el abuso de drogas. Esta campaña debe tener la misma intensidad de rotación que tienen los avisos durante las campañas electorales, convocando para su desarrollo a los mejores publicistas del país.

El objetivo perseguido con esta campaña es instalar el tema en la sociedad y provocar un shock de información para que la población y los adolescentes en particular tomen conciencia y fomenten un conjunto de actitudes, hábitos y valores que estén en contra del uso de drogas. Creemos que el Estado Argentino posee las herramientas necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar esta política pública. La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) como organismo encargado de la coordinación de las políticas de prevención del consumo de drogas, cuenta en su estructura con las capacidades técnicas y profesionales para asumir desafíos de esta índole, entablar las medidas necesarias para formalizar las campañas publicitarias y dar curso a esta necesidad que nos concierne a todos como sociedad.

En la actualidad, existen instrumentos reconocidos por la normativa vigente que reducirían drásticamente los costos de esta política pública.

El artículo 76 de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en lo referido a los “Avisos oficiales y de interés público”, establece que la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (hoy en día reemplazada por la ENACOM) podrá disponer la emisión de mensajes de interés público. Los titulares de licencias de radiofusión deberán emitir sin cargo estos mensajes según la frecuencia horaria determinada y conforme a la reglamentación. Los mensajes declarados de interés público no podrán tener una duración mayor a los ciento veinte (120) segundos y no se computarán en el tiempo de emisión de publicidad determinado en el artículo 82 de la mencionada normativa.

De esta forma, los espacios necesarios para la difusión del material en medios masivos de comunicación serían gratuitos para el Estado Argentino en virtud de las facultades que posee el ENACOM. Estos espacios deberán ser cedidos de manera obligatoria, teniendo como sustento el poder de imperium del Estado tal cual lo establece la ley, y que por lo tanto, no dependerá de su consentimiento para que esta pueda ser emitida.

Si bien es probable que el impacto social y en la opinión pública que pueda generar la campaña informativa en esta materia sea alto, debido a lo poco usual e inesperado, el nivel de complejidad y extensión de la medida no es elevado. Por otra parte, es competencia del Poder Ejecutivo velar por la salud pública de la población y garantizar el derecho al acceso a la información relevante y de interés público.

La presente propuesta busca realizar un aporte a la solución de uno de los problemas más graves que aqueja no solamentea nuestro país, sino a todo el continente como lo es el narcotráfico y el consumo excesivo de estupefacientes.

Es fundamental realizar un cambio de paradigma y concentrar todos los esfuerzos en la disminución de la demanda, pero no a través de “una guerra contra el narcotráfico” sino con una política integral que abarque la prevención, la salud del consumidor y una discusión seria y prudente sobre la distribución legal de estupefacientes.

Si se logra concientizar a la población de que el consumo de drogas afecta a la salud del individuo, su entorno familiar y su propio desarrollo, se logrará la reducción del consumo y, eventualmente, la disminución de la oferta.

Asimismo, esperamos que esta política en particular constituya la punta de lanza para acudir hacia una meta más ambiciosa que el ya exigente cambio de paradigma señalado: el cambio cultural. Contribuir a que crezca en la cultura y los valores argentinos una concepción contraria al abuso de las drogas en la que no se pondere a figuras populares que hagan apología de lo que en verdad significa una calamidad física, psíquica y social, como es el consumo excesivo de estupefacientes en el seno de una sociedad, que pretenda ser sana, desarrollada y equilibrada.

Por estos motivos es que solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto de ley.