Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de los organismos que correspondan, informe a esta Honorable Cámara, lo siguiente:

1- Si existen programas y/o partidas del Poder Ejecutivo Nacional, a través de los cuales se destinen fondos a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigidos a la prevención, asistencia y rehabilitación en materia de adicciones;

2- En caso de existir, indique cuáles son los montos destinados, y mediante qué

mecanismos se asignan y distribuyen los mismos;

3- Informe si se transfieren fondos en conceptos de becas, subsidios u otros, destinados a la prevención, asistencia o rehabilitación de las adicciones; discriminando montos por jurisdicción, entidades públicas, y organizaciones no estatales en cualquiera de sus formas;

4- Indique si se realizan auditorías previas o posteriores al otorgamiento de los subsidios a instituciones del sector no estatal;

5- Específicamente en la Provincia de Santa Fe, detalle las entidades no estatales beneficiarias, así como los montos y condiciones de los subsidios u otros beneficios.

Señor presidente:

Consideramos que el acceso a distintas alternativas de prevención y tratamiento para abordar la problemática de las adicciones es un derecho que el Estado debe garantizar, en consonancia con lo que surgiera en el último Foro Internacional de ONG ´s en Viena, que proclama la prevención en el uso de drogas como cuestión de salud pública, y también como protección de los derechos humanos.

En nuestro país, y en el mismo sentido, venimos atravesando un nutrido marco de debates sobre la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, sobre la reforma de la ley de estupefacientes, y sobre la inminente necesidad de que este escenario al que hoy asistimos se materialice en políticas públicas concretas; mediante un plan integral que trascienda al marco de una gestión y que se sostenga en elementos indispensables que incluyan la prevención, la asistencia y la reducción de daños.

Hasta ahora, sigue siendo el Estado Nacional a través de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), organismo que se define como "responsable de coordinar las políticas nacionales de lucha contra las drogas y las adicciones", a quien compete entonces el diseño de dichas estrategias y acciones preventivas, asistenciales y de control de narcotráfico.

Para que este cuerpo legislativo realice un adecuado ejercicio de su misión, que aporte a la construcción de una política de drogas a largo plazo que mejore a las actuales, es obligación que conozca en detalle entonces, la información necesaria que muestre el rol y la lógica del Estado en el abordaje de esta problemática.

Dentro de dicha información consideramos preciso conocer cómo se distribuyen los recursos de todo tipo (económicos, técnicos, profesionales, etc.) para asegurar el acceso de los usuarios al sistema de salud, y específicamente el acceso a asistencia y rehabilitación, en el ámbito de todo el territorio nacional.

Esto incluye, entre otros datos, conocer la discriminación del reparto de los recursos del presupuesto nacional entre las provincias; y también cuántos recursos van hacia el sector de entidades y/o instituciones no estatales, y cuántos al sector público.

Por las razones expuestas, resaltando la importancia de contar con información indispensable que nos posibilite avanzar en un proceso de reforma en políticas de drogas, es que solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.