Régimen de sanciones para garantizar el cumplimiento de la Ley 26.396, Prevención y control de los trastornos alimentarios.

Artículo 1º: Se sustituye el texto del artículo 21º de la Ley 26.396 por el siguiente:

"Artículo 21: El Ministerio de Salud es competente para sancionar los incumplimientos de la presente ley de acuerdo con el siguiente esquema, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudiesen corresponder. La reincidencia en la misma falta autorizará la duplicación de los topes de las multas.

a) Ante el incumplimiento del artículo 9 por parte de los sujetos obligados podrá aplicarse una multa que irá desde el 10 (diez) al 80% (ochenta) del salario mínimo, vital y móvil. A este efecto, se tendrá en cuenta el último monto fijado por el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, o el órgano que lo remplace, a la fecha de la infracción.

b) Ante el incumplimiento del artículo 12, el Ministerio aplicará una multa de hasta el triple del valor del espacio publicitario utilizado. Además, podrá ordenar la publicación de la infracción en medios de comunicación a costa del anunciante y/o del medio de comunicación responsables.

c) La falta, inexactitud o falsedad de la respuesta al requerimiento del artículo 13 será sancionada con una multa de hasta el 5% (cinco) de la facturación de la empresa del año anterior. En caso de falsedad dolosa se elevará el tope hasta el 10% (diez).

d) El incumplimiento del artículo 14 por parte de los anunciantes o los medios masivos de comunicación será sancionado con una multa de hasta 5 (cinco) veces el valor del espacio publicitario utilizado.

e) Las infracciones a los artículos 15 y 16 serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en las leyes que regulan la actividad de cada uno de los sujetos enumerados.

f) La negativa descripta en el artículo 17 será sancionada con una multa de hasta el 5% (cinco) de la facturación del infractor del año anterior.

g) Ante el incumplimiento de la obligación descripta en el primer párrafo del artículo 19, se aplicará una multa que podrá ir de 4 (cuatro) a 12 (doce) salarios mínimos, vitales y móviles. A este efecto, se tendrá en cuenta el último monto fijado por el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, o el órgano que lo remplace, a la fecha de la infracción., "

Artículo 2°: De forma.

Señor presidente:

Este proyecto propone instaurar un régimen de sanciones para garantizar el cumplimiento de la Ley 26.396, de Prevención y control de los trastornos alimentarios. En ocasión de la promulgación de la citada Ley 26.396 (decreto 1395/2008), el Poder Ejecutivo Nacional hizo uso de las facultades conferidas por el artículo 80 de la Constitución Nacional y observó cuatro artículos del texto sancionado por este Congreso. Dicho decreto de promulgación parcial recibió un dictamen favorable unánime en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (1).

En particular, el Poder Ejecutivo vetó el artículo 21 del proyecto, que disponía: "Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las disposiciones de carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la presente ley, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y la reiteración de la misma." En los considerandos del decreto, el PEN es contundente en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo, citando al administrativista Miguel Marienhoff, dictámenes de la Procuración del Tesoro y el fallo "Mouviel" de la Corte Suprema para fundar la improcedencia constitucional de tipificar conductas punibles mediante actos de la Administración.

Si bien el veto parcial de la Presidencia tiene fundamentos incuestionables, trae como consecuencia que la Ley de Trastornos Alimenticios haya quedado desprovista del sistema sancionatorio, por lo que corresponde que ahora, este Congreso, subsane su error sancionando un régimen de sanciones compatible con los principios constitucionales que rigen la materia.

Según las modernas concepciones del derecho administrativo sancionador, las sanciones administrativas deben cumplir con las garantías y principios del derecho penal, aunque con los matices propios del derecho administrativo (2).

Así, particularmente la norma debe cumplir con el principio de legalidad tanto en su vertiente formal como en cuanto a cumplir con el requisito de tipicidad de la conducta sancionada y de la sanción impuesta. La aplicación del principio de legalidad a las sanciones administrativas es clara en nuestro sistema. Análogamente al artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el principio de legalidad en los siguientes términos: "Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable". La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que este principio se aplica tanto a las sanciones penales como a las administrativas: "es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. (...) En suma, en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio del poder punitivo" (3) .

El citado fallo "Mouviel" formula este principio en los siguientes términos: "la 'ley anterior' de la garantía constitucional citada y del principio 'nullum crimen, nulla paena sine lege', exige indisolublemente la doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar, sin perjuicio de que el legislador deje a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de un mínimo y máximo".

"La especificidad de la conducta a tipificar viene de una doble exigencia: del principio general de libertad, sobre el que se organiza todo el Estado de Derecho, que impone que las conductas sancionables sean excepción a esa libertad y, por tanto, exactamente delimitadas, sin ninguna indeterminación (y delimitadas, además, por la representación democrática del pueblo a través de las leyes) y, en segundo término, a la correlativa exigencia de la seguridad jurídica, que no se cumpliría si la descripción de lo sancionable no permitiese un grado de certeza suficiente para que los ciudadanos puedan predecir las consecuencias de sus actos" (4) .

A diferencia de la delegación vetada, nuestro proyecto identifica con suficiente precisión las conductas sancionadas y las sanciones pasibles de ser aplicables. Las conductas formuladas no se encuentran descriptas en forma de tipo penal sino remitiendo al incumplimiento de deberes legales determinados, lo que no representa un obstáculo para el cumplimiento de los requisitos constitucionales del derecho sancionatorio. Así, por ejemplo, se ha observado que "la exigencia de certeza o tipicidad exhaustiva de la norma sancionatoria no resulta disminuida por el hecho de que el legislador utilice conceptos jurídicos indeterminados en la definición de la conducta sancionable, siempre y cuando la concreción de tales conceptos sea razonablemente factible por referirse a conceptos lógicos, técnicos o de experiencia, que permitan prever con suficiente seguridad la naturaleza y características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada" (5) .

Un antecedente de este proyecto fue el que presentara en 2011 (Expediente 3754-D-2011). En este caso se propone una modificación en relación con las sanciones correspondientes al incumplimiento de los artículos 9 y 19 de la Ley 26.396. En el primer lugar, se caso, se reformó la cifra de la multa y se la expresó en un módulo fácilmente actualizable tal como el salario mínimo, vital y móvil. En segundo lugar, además de modificar el monto de las multas, se desagregaron los incisos correspondientes a las sanciones aplicables a estos estas infracciones, conforme a la distinta entidad que revisten.

Por estos motivos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

(1) OD 1004/2008

(2) Balbín, Carlos. Curso de derecho administrativo. La Ley. Buenos Aires. 2008. T. 1. Pág. 812 y ss.

(3) Caso "Baena Ricardo y otros Vs. Panamá". Sentencia de 2 de febrero de 2001. Parágrafos 106 y 107.

(4) Eduardo García de Enterría y Tomás- Ramón Fernández. Curso de derecho administrativo. La Ley. 1ª edición argentina. Buenos Aires. 2006. P. 177.

(5) Daniel E. Maljar. El derecho administrativo sancionador. Ad-Hoc. Buenos Aires. 2004. Pág. 217