Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos correspondientes, informe sobre las siguientes cuestiones:

1 - Teniendo en cuenta la creación del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial a través del decreto 1407/2004, informe qué medidas ha implementado hasta la fecha el Poder Ejecutivo Nacional a fin de controlar el espacio aéreo de jurisdicción nacional.

2 - Indique si el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina ha elaborado y elevado al Ministerio de Defensa, como signa el artículo 2º del citado decreto, la totalidad de especificaciones técnicas operativas que debe contener el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial 2004 y si el mismo ha sido aprobado por la cartera de referencia. En caso afirmativo se solicita se sirva remitir copia de dicho informe a esta Honorable Cámara.

3 - Especifique cuáles son los medios que componen la totalidad del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Detállese cuál es la cantidad de radares en funcionamiento y si se ha avanzado en la adquisición de nuevos radares a través de licitaciones internacionales a fin de cubrir el total de 96 censores que prevé el citado decreto.

4 - En relación a los radares existentes y que actualmente se encuentran en funcionamiento en nuestro país, informe en cada caso sobre el tipo, ubicación territorial, alcance y cobertura que posee.

5 - En consonancia con el punto 3, detalle el cronograma de los llamados a licitaciones internacionales identificando en cada caso a los países licenciatarios y cuáles fueron los resultados legales, técnicos-operativos y económicos-financieros.

6- Informe si se avanzó en la implementación del concepto operativo del sistema respetando los lineamientos contemplados en el Anexo I del decreto 1407/2004.

Señor presidente:

Traigo a consideración de esta Honorable Cámara una preocupación que con anterioridad abordé en otro pedido de informes de mi autoria bajo el número de expediente 1050-D-2008 y que se relaciona con la carencia de un sistema adecuado de radarización en las fronteras argentinas, circunstancia que pone en evidencia la falta de una política concreta por parte del Gobierno nacional para combatir el narcotráfico en nuestro país.

Dicha preocupación ha tomado nuevamente relevancia pública y mediática, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación instó al Poder Ejecutivo -mediante una nota dirigida al Ministerio de Justicia a cargo del Dr. Julio Alak- a la instalación de radares en el norte argentino para detectar la presencia de vuelos aéreos ilegales que trafican drogas desde los países limítrofes.

Como bien signaron los principales medios de comunicación del país, el máximo tribunal de justicia intervino en el asunto tras los reclamos realizados por el Juzgado Federal Nº 1 de Salta, que exigió a los poderes públicos la disposición de radares en la provincia salteña para controlar las operaciones del narcotráfico en territorio argentino a través de vuelos clandestinos.

Cabe destacar que situaciones de este tipo han sido denunciadas en distintas provincias. En el caso concreto de la provincia a quién represento, una jueza federal aseguró a medios periodísticos que en Santa Fe "llueve marihuana" (1) . Se trata de la jueza Laura Inés Cosidoy, integrante del Tribunal Oral Federal Penal de Rosario.

Asimismo, la decisión en el mes de agosto por parte de la Ministra de Defensa de trasladar el radar de Posadas a la ciudad santafesina de Reconquista para realizar ejercicios militares, pone en evidencia la falta de medios que el actual gobierno destina para ejercer el control sobre el uso del espacio aéreo, quedando de esta manera más expuestos y vulnerables al accionar de los grupos que sustentan el mercado ilegal de las drogas.

La realidad es que la Argentina, por su gran expansión territorial sumando al escaso y casi nulo control estatal, bajos recursos presupuestarios e inadecuados y obsoletos equipos técnicos, se ha convertido en un lugar propicio para la circulación de los vuelos ilegales del narcotráfico. Si esta situación no se revierte a partir de acciones concretas por parte del Gobierno nacional, los vuelos irregulares y los casos de incautación de drogas seguirán siendo noticias y nuestras tierras adaptadas a pistas clandestinas.

El tráfico de estupefacientes es uno de los flagelos más acuciantes en nuestro país. La omisión por parte del PEN de acciones tendientes a combatir esta realidad -por ejemplo la falta de reglamentación después de 4 años del Registro Nacional de Precursores Químicos-; la implementación de medidas que favorecen el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico; sumado a hechos de esta naturaleza ponen en crisis la confianza de la ciudadanía respecto del correcto funcionamiento de las instituciones del Estado en relación a una problemática de enorme impacto social.

Por las razones expuestas solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de resolución.