Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos que resulten competentes, informe a esta Honorable Cámara acerca los siguientes puntos:

1) A cuánto ascienden los subsidios otorgados por la SE.DRO.NAR a las comunidades terapéuticos destinados para los tratamientos de personas con bajos recursos, tanto sea en comunidades terapéuticas como para tratamientos ambulatorios-centros de día de jornada completa o de media jornada-, durante los últimos 4 años.

2) En relación al punto anterior, detalle los recursos económicos distribuidos, discriminando por jurisdicción, cantidad de personas atendidas y establecimientos asistenciales afectados.

3) Especifique el monto que perciben en la actualidad los beneficiarios de la prestación económica.

4) Explique los motivos por los cuales se encuentran demorados a la fecha los pagos correspondientes a estos beneficios económicos.

5) Cuáles son las evaluaciones respecto al Programa Auditoria previsto en la Resolución 885/2001 de la SE.DRO.NAR, por la cual se establece un monitoreo de la aplicación de los subsidios asistenciales otorgados.

6) Cualquier otra información que sirva al presente.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Cámara un pedido de informes respecto a la preocupante situación en la que vive gran parte de nuestra población en relación a la problemática de las drogas y la actuación de un Estado que a través de las políticas de asistencia a las adicciones no brinda respuestas adecuadas que se correspondan con la realidad.

En nuestro país, según datos suministrado por el Secretario de Estado Dr. Ramón Granero, "los totales de las personas con problemas de adicciones subsidiadas por la SE.DRO.NAR, son los siguientes: en el año 2002 son 795, en el año 2003 son 1.057, en el año 2004 son 1028, en el año 2005 son 759 y en el año 2006 son 1027."

Lo llamativo de estas cifras es la escasa cantidad de personas asistidas por dicha Secretaria encargada en la prevención y asistencias de las adicciones en todo el país. De ello se desprende que la atención misma represente una muestra mínima de un problemática mucho más vasta, compleja y generalizada en todas las provincias del territorio argentino. En el caso concreto de la Provincia a la cual represento, Santa Fe, recibimos una denuncia de una fundación encargada de asistir a personas adictas y en conflicto con la ley penal, sobre la falta de subsidios entregados desde el Estado Nacional.

Asimismo, en la actualidad estamos siendo participes de un debate profundo y un cambio de paradigma respecto a cuál debería ser el modelo adecuado para brindar asistencia a las adicciones. Tras el reciente e histórico fallo "Arriola" de la Suprema Corte de Justica de la Nación, según el cual se declara la inconstitucionalidad de la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, quedó en evidencia el fracaso rotundo de las políticas aplicadas durante los últimos 20 años.

Si bien estamos convencidos que sobre el fracaso de estas políticas se hace necesario replantear y proponer nuevas estrategias de intervención al uso problemático de las drogas, también advertimos que las diferencias surgidas en este proceso de transición política en materia de adicciones repercute directamente en el tratamiento de las adicciones en pos de garantizar la protección de la vida y la salud de las personas.

En este sentido, tenemos conocimiento de que desde fines del año pasado los establecimientos terapéuticos han dejado de percibir desde el Gobierno Nacional los recursos económicos necesarios destinados al tratamiento de los adictos. Sumado a ello estamos en presencia de insignificantes partidas presupuestadas a este fin. Para el año actualmente vigente, el presupuesto para la SE.DRO.NAR es de 48.500.000 pesos. Casi la mitad se va en sueldos y gasto de desenvolvimiento institucional de la propia Secretaria y el resto se supone que se debe destinar para prevenir las adicciones, ya sea de sustancias legales e ilegales, y además combatir al narcotráfico.

Por otro lado, nos encontramos con nuevas estructuras creadas, con símiles objetivos, funciones, competencias y materias a los organismos ya existentes, como es el caso concreto de la creación Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas, en materia de Prevención y Control del Trafico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, y la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Lo cierto es que mas allá de poder coincidir o discrepar total o parcialmente con la política llevada adelante a través de la Secretaria de drogas, la actual situación nos sumerge en un estado de confusión respecto de si realmente existe una política integral desde el Poder Ejecutivo.

Paradójicamente, mientras la realidad nos demuestra que la demanda de la población supera la capacidad instalada para los tratamientos terapéuticos y además esa demanda a la asistencia a los adictos no es satisfecha ni por el Estado ni por las comunidades terapéuticas; la existencia de divergencias, opiniones y acciones distintas en política de drogas en definitiva no contribuyen en nada a revertir la situación de los sectores más vulnerables que padecen las consecuencias adversas de la drogadicción

Frente al grave problema socio- sanitario en el que ha degenerado el problema de la drogodependencia durante las últimas décadas, principalmente por la estrecha relación existente entre las adicciones y los elevados costos en términos de vidas, conflictos laborales y familiares, el aumento de los índices delictuales, el narcotráfico, entre otras realidades, es que el Estado no puede quedar ajeno en su rol y responsabilidades, debiendo superar las diferencias planteadas, para la implementación de una política pública integral, a fin de afrontar la realidad que nos plantea el problema de las adiciones en la Republica Argentina.

Por las razones expuestas solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de resolución.