La Emergencia Nacional en materia de Adicciones

Artículo 1º-. Declárase la “Emergencia Nacional en Materia de Adicciones”, para todo el territorio de la República Argentina, con el objeto de atender al abordaje integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática.

Artículo 2º-. A los efectos de la aplicación de la presente ley, la declaración de emergencia tendrá una duración de 2 (dos) años, contados a partir de su entrada en vigencia, pudiendo ser ésta prorrogada por el Poder Ejecutivo por igual término, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado.

Artículo 3°-. Facúltase a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación a dictar las normas complementarias que resulten pertinentes para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 4° -. Instrúyese a la Secretaría de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros a llevar a cabo todas las negociaciones destinadas a lograr financiamiento externo que permita adoptar en forma inmediata las medidas necesarias para afrontar la emergencia en materia de adicciones. Tal financiamiento será destinado al abordaje integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención y tratamiento.

Artículo 5°-. Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros para que, en función de la emergencia declarada, efectúe las adecuaciones y/o reasignaciones presupuestarias que resulten pertinentes para atender los gastos que demande la implementación de las acciones a adoptar.

Artículo 6°-. Invítase a las provincias, en el marco de su competencia, a adherir a la presente Ley.

Artículo 7°-. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Artículo 8ª-. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Hoy el mundo entero se enfrenta a uno de los mayores problemas que se haya registrado en la historia de la humanidad. No únicamente por el aumento de las toxicomanías —cientos de millones de niños y niñas, hombres y mujeres consumidores— sino también porque el entorno del adicto (principalmente la familia) se ve sometido a sacrificios enormes, generando situaciones de angustia y desasosiego, como así también por el esfuerzo físico y moral que implica la fase de rehabilitación y posterior reinserción. Constituye además una carga muy dura para la sociedad.

Queda claro que la Argentina no solo no escapa a esta situación, sino que nos encontramos desde años atrás en un estado de emergencia: es por ello que el Poder Ejecutivo decretó la Emergencia Nacional en Materia de Adicciones hasta el 31 de Diciembre de 2018 (Decreto 1249/2016 publicado en el B.O. el 07 de Diciembre de 2016) a efectos de reforzar el abordaje integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática.

Las políticas locales de la década pasada no solo no han logrado enfrentar eficazmente el problema, sino que el mismo se ha agravado, resultando preocupante el incremento del consumo de sustancias psicoactivas en la población adolescente. Ello nos indica que debemos aprender de lo que No se hizo, cambiando el enfoque actual, recuperando el rol activo del Estado y corrigiendo visiones individuales o simplistas.

La droga irrumpe horizontal y verticalmente en toda la sociedad, en las grandes ciudades y en los pueblos más pequeños, en las familias con muchos recursos y en las más humildes. La problemática de las adicciones abarca y traspasa múltiples factores: neurobiológicos, psicológicos, familiares, escolares, comunitarios y prospectivos. En consecuencia, las soluciones deben ser también multidisciplinarias e integrales. Se debe legislar con una mirada abarcativa, reconociendo que la intersectorialidad, como la sensibilización de la comunidad, implican articulación.

Se habla de tres etapas de evolución en un país donde ya se instaló el cáncer social del narcotráfico. La primera fase es la “predatoria”, que la Argentina atravesó durante los años 80 y los 90. Se caracteriza por la penetración de las redes del narcotráfico y su afianzamiento territorial, mediante la lucha violenta por el monopolio de la distribución y la producción en una zona. Se busca, además, captar actores del Estado para asegurar impunidad, como policías, jueces y política.

La segunda fase es la “parasitaria”, en la cual la Argentina se adentró en los últimos años. Se consolidan las bandas locales en los lugares donde hay ausencia del Estado. Ocupan el rol de “benefactores mafiosos”: con su legitimación social se hacen indispensables para entregar dádivas y crear dependencias.

La tercera fase es la “simbiótica”, en la cual se confunde el poder narco con el poder del Estado: son uno… como quizás lo podamos ver hoy en Venezuela. Y es la que hemos logrado evitar, buscando ahora desandar la fase dos.

Se ha divulgado de modo confuso que la distinción entre drogas blandas y duras —inclusive algunos gustan denominar “inocuas” a las primeras, a las que también se las describe como “recreativas”— es un primer paso para separar lo que debe realizarse en cuanto a las restricciones o controles gubernamentales.

Todo parece reducirse a un esquema erróneamente simplificado en el cual la droga es evaluada por comparación con otras sustancias aceptadas socialmente. En el caso de los cannabinoides, tal vez, nos encontremos frente al paradigma de esta situación. Inclusive algunos autores sostenían que el uso de la marihuana resultaba menos dañino que la aspirina (Ells, 1992). Hoy sabemos científicamente que no es así y las organizaciones internacionales que estudian seriamente el problema como la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) alertan, por ejemplo, sobre el uso dañino de la marihuana. Esta Organización de las Naciones Unidas, en su Informe Mundial sobre drogas 2011, expresa con toda claridad que cada vez más hay evidencias que indican que la intensa exposición al uso de cannabis incrementa el riesgo de desórdenes psicóticos.

Frente al cannabis, los adolescentes parecen estar en doble desventaja: son más vulnerables al uso de ella y los efectos sobre las medidas cognitivas son más pronunciadas que en la edad adulta (Arsenault y otros, 2004; Ehrenreich y otros, 1999; Pope y otros, 2003). La adolescencia es un período crítico para el desarrollo neuronal y existen pocos estudios encarados en esta etapa crítica (Mathias y otros, 2010).

El deterioro de las funciones conductuales durante el manejo de vehículos, las consecuencias durante el embarazo, su relación con la esquizofrenia y los brotes psicóticos y muchos otros efectos han sido claramente estudiados y documentados.

Durante décadas se hizo hincapié sobre la oferta de drogas, optando por posiciones prohibitivas o permisivas. Es decir, el trabajo se enfocó en las sustancias y no en las personas, en el por qué de la demanda.

Hemos logrado crear conciencia antitabaco y ciudades libres de humo, porqué ahora ser más permisivos con otras sustancias adictivas?

En nuestro país, las dos primeras sustancias que generan adicción y vuelven “dependientes” a los argentinos, son de circulación legal, con gran tolerancia social, naturalizando su consumo: el alcohol y el tabaco. La OMS considera al alcohol como la droga más destructiva del sujeto, sus relaciones y el tejido social. La Fundación Favaloro calcula en tres millones y medio los argentinos dependientes del alcohol.

La ecuación es brutal y directamente proporcional: “a mayor sensación de permisibilidad, mayor consumo”.

Por ello es indispensable que la Sociedad toda reaccione y tome conciencia. Una Sociedad ausente es tan peligrosa como un Estado Ausente. Por ello debemos encarar la problemática de las adicciones, con un gran sentido de fraternidad y responsabilidad: a la noción de daño individual es necesario sumarle la de daño colectivo o social.

Comprendiendo esta problemática es que podremos comenzar a trabajar sobre la demanda, con los adictos, sus familias, y con la sociedad en su conjunto. El Plan debe tener un enfoque multidisciplinario e interministerial, incluyendo a los Ministerios de Salud, Justicia y Derechos Humanos, Cultura, Educación, Desarrollo Social, Seguridad, Relaciones Exteriores y Culto, así como también a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción, y a todos aquellos organismos que por sus competencias, misiones y funciones estén relacionados con la materia.

Las políticas públicas deben orientarse, sin lugar a dudas, a desalentar el consumo de drogas. Por eso es de la mayor importancia contar con una política de Estado que promueva la educación, la prevención y la salud. Es urgente dar pasos hacia soluciones integrales.

Conclusiones

“Un joven pobre que se droga no se está divirtiendo, no hace fiesta ni se dedica a un uso recreativo: huye hacia adelante para llegar más rápido al día de su muerte (…) En la Argentina, lo que quizás es recreativo para un joven de clase media o alta se torna fatal en los ambientes pobres y marginales. Es necesario comprender que la vulnerabilidad social aumenta cuando no hay oportunidades de inclusión real; y que, a mayor vulnerabilidad, la brecha entre el consumo recreativo y el consumo problemático se acorta dramáticamente. El joven pobre no tiene de dónde asirse, porque vive la fragilidad en lo escolar, en lo laboral y lo sanitario; en consecuencia, un simple consumo de porro tiende a arraigarse más rápido y con mayor fuerza.” (Fragmento tomado de la nota de opinión del sacerdote José María “Pepe” Di Paola, publicada en el diario La Nación el lunes 28 de mayo de 2012 bajo el título “La cuestión no es despenalizar”.)

La politización y polarización de esta discusión sólo ideologiza un problema que requiere soluciones concretas.

Necesitamos un Estado presente y activo que garantice la salud física y psicológica de toda la población. Por todo lo expuesto es que resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo argentino cuente con las herramientas que considere necesarias para desarrollar una acción Integral de Prevención, Asistencia y Reinserción de personas con problemas de adicción, razón por la cual solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.