Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio del Interior o de las reparticiones públicas nacionales que corresponda, informe lo siguiente:

1) Cuales son las pautas básicas de colaboración y/o coordinación entre las autoridades nacionales y las provinciales de la provincia de Santa Fe destinadas a combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en la provincia de Santa Fe, con especial referencia a la ciudad de Rosario.

2) Si se han dispuesto tareas de investigación o seguimiento de los ilícitos señalados.

3) Si fueron recibidos requerimientos y/o denuncias y/o pedidos de investigación y/o persecución de estos delitos por parte de las autoridades provinciales de Santa Fe, a través de su Ministerio de Gobierno, subsecretaría de Seguridad Pública u otro organismo provincial competente, o de la Justicia Federal de la provincia de Santa Fe.

4) Cuáles son los antecedentes existentes en relación a la investigación y persecución de los delitos vinculados al tráfico ilegal de estupefacientes en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, en especial lo relativo a la evolución del índice de criminalidad en los últimos 10 años con relación al tráfico de estupefacientes desagregando las causas por tenencia de drogas para consumo personal y las correspondientes por el tráfico y comercialización de estupefacientes. Asimismo informe líneas de investigación desarrolladas, resultados obtenidos, estado actual de la situación y objetivos a alcanzar.

5) Cuáles son las estadísticas disponibles que reflejen el accionar de la policía federal y la incidencia relativa de eficacia de esa actuación teniendo en cuenta la actividad delictual detectada o presuntamente existente y los resultados obtenidos.

6) Si la policía federal cuenta con la asistencia técnica y los recursos humanos indispensables para una correcta y competente actuación en esta área en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Déficit detectados en esta materia y plan previsto para su superación.

7) Si se han dispuesto medidas a los fines de investigar el encubrimiento y/o complicidad de la policía provincial, y organismos de seguridad en la comisión de orden a estos delitos denunciados por magistrados federales.

8) Si la policía provincial puede tener iniciativa en la investigación y persecución de los delitos mencionados.

Señor presidente:

Las denuncias formuladas recientemente por la Jueza Federal de Cámara del Tribunal Oral Nº 1, Dra. Laura Inés Cosidoy, en relación al consumo, comercialización y/o tráfico de estupefacientes en la ciudad de Rosario; que tomaran estado público a través de los medios periódicos locales de comunicación, alcanzando rápidamente trascendencia nacional, por su gravedad, merecen ser atendidas por las autoridades públicas.

Concretamente las denuncias expresan:

Que en Rosario "sigue existiendo un alto nivel de tráfico de drogas que no se condice con la gente que llega a ser juzgada, ni en cantidad ni en calidad." Coligiendo a esto que en su opinión, "tiene que haber complicidad policial, tienen que haber arreglos, protecciones. No hay otra explicación" (1)

Que "cada vez es mayor el movimiento de droga, en cuanto a consumo y a tráfico. No se puede vender la cantidad de droga que se vende aquí si no hay complicidad policial. Por algunas situaciones que vimos plasmadas en juicios, se advierte que hay complicidad policial en cuanto a proteger a determinados personajes. Y más grave aún, para mí, es que hay personal policial implicado en el tráfico de droga." (2)

Que en los expedientes que "llegan para juzgar siempre aparecen grandes cantidades de droga y un solo transportista, o mucha gente que, entre todos, no llegan a sumar medio kilo de droga. Entiendo que esas personas también tienen que ser juzgadas, pero me pregunto por qué no son juzgadas las personas que proveen, aquellos a los que va dirigida semejante cantidad de droga que, "casualmente", es la que se intercepta en el medio del viaje." (3)

Refiere a "la comercialización desembozada en boliches bailables, en lugares en los que se reúne gente joven, en los minimercados a los que van antes del baile. Esto, evidentemente, responde a una impunidad que se paga con un precio." (4)

Que en relación a la cantidad de causas que juzgan con imputados detenidos con pequeñas cantidades de droga, ven "en el expediente que de repente aparecen personas que inicialmente habían sido investigadas, que "mágicamente" se detiene un vehículo que lleva 450 kilos de marihuana, y nos ha pasado en algún caso que, en realidad, llevaba 750. Si, como hemos podido comprobar, no se hacen controles de ruta de rutina, entonces esperaban ese vehículo porque alguien les dijo que iba a pasar. Así que también se sabía de dónde venía y hacia donde iba ese vehículo." Y se pregunta "¿Por qué no están los dos extremos?" Concluyendo "si se tiene el dato y no se lo procesa es porque se cobró un precio para eso" (5)

Afirma que "lo que dice es algo que sabe todo el mundo. No pueden decir que mi denuncia no tiene fundamento, todo el mundo lo ve a diario, en su barrio, por lo que les cuentan sus hijos. Vemos la influencia que esto tiene en delitos que se agravan en violencia y que evidentemente son cometidos por personas que están "puestas" (drogadas)" (6)

La magistrada puso de manifiesto que "tanto el ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe como la Jefa de Policía han recibido cientos de oficios de la Justicia Federal poniéndolos en conocimiento del trabajo irregular de los policías en procedimientos contra el tráfico de drogas y de todos aquellos casos que se mandaron investigar por la supuesta complicidad y encubrimiento de esos hechos, pero jamás recibimos una respuesta." (7)

Asimismo expresó que "no alcanzarían los papeles de Rosario si tengo que nombrar los lugares, los kioscos, las plazas, los minimarkets donde se venden drogas y la gente lo denuncia" agregando que "esos lugares pagan cuotas semanales o mensuales para poder comerciar drogas libremente y por eso no llegan todos a juicios" (8)

Además del contenido concreto de estas expresiones, que no debemos dejar de considerar y que en síntesis se refieren a la comercialización y el tráfico de estupefacientes, a la supuesta complicidad policial con estos delitos y a la falta de respuesta del Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe y de la Jefa de Policía a los cientos de oficios de la Justicia Federal poniéndolos en conocimiento del trabajo irregular de los policías en procedimientos contra el tráfico de drogas; tampoco podemos dejar de hacerlo si tenemos en cuenta que estas denuncias provienen de un magistrado de la Nación.

Párrafo aparte merece considerar la actitud valiente de la Magistrada, que a despecho de su seguridad personal, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, ha demostrado ser consecuente con la responsabilidad que su condición requiere.

Hecha esta importante consideración, resultan relevantes también en orden a las denuncias detalladas, las expresiones que sobre el particular hiciera públicas el Sr. Gobernador de la Provincia Ing. Jorge Obeid en el sentido de que "la Policía santafesina es auxiliar de lo que hace la Federal en la lucha contra el narcotráfico", algo que -según el mandatario- "limita muchas veces el accionar de la fuerza"...que se encuentra "muy preocupado por las barreras que se ponen al accionar policial en la lucha contra la comercialización de drogas"...y que "a veces cuesta entenderlo. Para actuar se necesitan instrucciones concretas que debe llevarlas adelante la justicia federal" (9)

Los hechos denunciados por la jueza Dra. Cosidoy vulneran derechos fundamentales amparados por la Constitución Nacional, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de la salud, a la garantía de funcionamiento de los poderes y autoridades constituidos y en particular, derechos amparados por la Constitución de la provincia de Santa Fe, como la tutela de la salud, la niñez, la juventud, el derecho a la protección que deben brindar las instituciones y el derecho al bienestar general.

Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente Proyecto.