Pedido de informe sobre la Casa Educativa Terapéutica de Granadero Baigorria

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que a través del funcionario correspondiente, tenga a bien informar a esta Honorable Cámara de Diputados respecto de las siguientes cuestiones vinculadas a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar):

1- ¿Cuáles son las políticas existentes a la fecha respecto a la prevención y tratamiento de consumo problemático de sustancias de uso legal e ilegal?, ¿Cuáles son los programas?, ¿Cuáles son los recursos destinados al funcionamiento de esos programas?. Desagregar por provincias y municipios.

2- ¿Cuáles son actualmente las obras llevadas a cabo en los programas de prevención y tratamiento, y el monto que se destina a cada una?. Aclarar el estado de cada obra. Desagregar por provincias y municipios.

3- Conforme a la paralización de la CET (Casa Educativa Terapéutica) ubicada en la Ciudad de Granadero Baigorria -única en funcionamiento en la provincia de Santa Fe-, explicar el motivo de la detención.

4- ¿Cuál es la actual situación de los convenios marcos celebrados con las Universidades para solventar a los miembros especializados que se encargan de las tareas de asistencia, contención y tratamiento terapéutico de los jóvenes y sus familias en la CET de la Ciudad de Granadero Baigorria?. La discontinuidad de estos contratos imposibilita continuar con el tratamiento de los jóvenes que se atienden diariamente en dicho centro.

5- Aclarar si se va a dar continuidad, o no, a las fuentes de trabajo.

6- ¿Cómo se implementará a partir del año en curso la contratación de personal de las distintas Casas Educativas Terapéuticas, para brindar contención, atención y fomento de la inclusión de los distintos individuos que buscan ayuda en dichos centros?.

Señor presidente:

Observamos con preocupación la situación de incertidumbre que atraviesan los trabajadores de las distintas casas terapéuticas, entre ellas la que funciona en la Ciudad de Granadero Baigorria en la provincia de Santa Fe. La CET en dicha ciudad funciona desde el 24 de septiembre de 2014 tratando problemas de adicciones, siendo pionera en la provincia en implementar el programa “Recuperar Inclusión”. Desde su apertura, la CET ha recibido más de 200 situaciones, atravesadas por el consumo y la vulnerabilidad social. Las acciones de inclusión realizadas han tenido efecto terapéutico y educativo, no sólo en los jóvenes sino también en sus familias y vínculos. Sin olvidar que se ha generado la inserción laboral y educativa de muchos de los concurrentes.

Hasta este momento, la Casa funcionó con recursos sustentados por: Sedronar (únicamente el cargo directivo), Municipio (Programa de Médicos Comunitarios: insumos, alimentos, transporte, etc.), y el Convenio UNLAM – MINPLAN para solventar los sueldos del personal. Frente a la finalización y la discontinuidad del convenio UNLAM – MINPLAN, con cese el 31 de diciembre pasado, la situación del dispositivo es la falta de continuidad laboral de 21 miembros del equipo con la consiguiente imposibilidad de garantizar asistencia, contención y tratamiento terapéutico de los jóvenes y sus familias, produciendo una completa vulneración de los derechos de las personas y su expulsión del campo social.

Dada esta situación, durante el mes de enero la CET trabajó con guardias mínimas. En el mes de febrero desde la Sedronar informaron que el nuevo Ministerio de Comunicación, por medio de un convenio establecido con la USAM, abonaría tres meses más al personal. El mes de febrero fue abonado desde el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. A la fecha, no hay una respuesta desde el organismo sobre cómo será cubierto el mes de marzo (que ha sido trabajado). Esta situación es preocupante ya que la Casa cuenta con cerca de 25 chicos que diariamente reciben tratamiento, y a los los cuales no se les puede dar certeza de la continuidad de su tratamiento.

La tarea comunitaria que realiza la CET en la Ciudad de Granaderos Baigorria, especialmente con jóvenes que atraviesan problemáticas de consumo, en directa relación con el narcotráfico y generalmente ubicados en los barrios más vulnerables de la ciudad, hace que sea indispensable darles a los trabajadores certeza sobre sus fuentes de trabajo.

La discontinuidad de los contratos y no permanencia de los profesionales de dichos centros, se ve seriamente perjudicado por las políticas implementadas.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto de Resolución.