Convocar a la Sra. Ministra de Seguridad, Dra. Nilda Garré, al seno de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de esta Cámara de Diputados de la Nación, con el objetivo de que informe:

a. Acerca de los planes y acciones de inteligencia, prevención y conjuración de delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.

b. Sobre las medidas de coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales; y de las nacionales con las provinciales.

c. Qué tipos y cuántos escáneres hay para el control de las rutas nacionales en condiciones de operatividad, indicando los sitios en que se encuentran alojados, y cómo se lleva a cabo la coordinación con las provincias.

d. Sobre el avance en el plan de radarización nacional, y detección y control de pistas de aterrizaje clandestinas.

e. Sobre los controles a laboratorios que elaboran drogas sintéticas.

g. Si existe y cómo se lleva a cabo en su caso, la coordinación con otras áreas del Estado como ser la Unidad de Información Financiera (UIF).

f. Si se desarrolla alguna articulación con países del Mercosur y limítrofes en inteligencia y operatividad en la lucha contra el narcotráfico.

Señor presidente:

Las últimas declaraciones de la Señora Ministra de Seguridad Dra. Nilda Garré al hacer alusión a una zona liberada para el narcotráfico de la Provincia de Santa Fe, son de una inusitada gravedad. En primer lugar, la Dra. Garré es la Ministra de un área de Seguridad Nacional que tiene a su cargo las tareas de planificación, prevención y lucha contra el narcotráfico, como delito federal.

La República Argentina cuenta con un extenso territorio, y el escaso hasta ahora control estatal, la ha transformado en un lugar de privilegio para la circulación y el tráfico de drogas.

La Provincia de Santa Fe tiene más de 2000 km de rutas nacionales, entre las que se encuentran por ejemplo, la RN 34, que llega hasta la frontera con Bolivia, y la RN 11, que alcanza la frontera con Paraguay. Asimismo, posee más de 350 km de vías navegables, con el río Paraná que recorre la provincia en casi en toda su extensión, para bajar al Río de la Plata, y extensas llanuras que posibilitan los aterrizajes clandestinos.

La instalación de bandas narcos de diversas nacionalidades que eligen a nuestras ciudades y fundamentalmente las más grandes como destino final de los cargamentos, y en especial de distribución y consumo, se expanden a través del poder corruptor de sus recursos.

Tal cual lo planteara el gobernador Antonio Bonfatti a propósito de este tema, el control de las fronteras, del espacio aéreo, de los puertos y de las rutas nacionales, no corresponde a las provincias.

En segundo lugar, este incremento en la circulación está determinado en un mayor consumo, tal cual lo expresan todas las estadísticas de los últimos años. Por ello resulta imprescindible abordar una estrategia nacional coordinada con todas las provincias Argentinas.

El propio Gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, ha manifestado en forma reiterada esta necesidad de coordinación, y en particular en su mensaje inaugural ante la Asamblea Legislativa el 1ro de mayo de 2012, "ha convocado a todos los sectores, poder judicial provincial y federal, fuerzas de seguridad, gobiernos locales, y a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, a trabajar para aunar esfuerzos por la seguridad y contra todas las formas de violencia... poniendo a disposición los recursos técnicos, humanos y económicos que sean necesarios".

Este tema lamentablemente no está en la agenda pública nacional, está claramente en la agenda de la ciudadanía que sufre las consecuencias del accionar delictivo.

La República Argentina necesita la suma de voluntades, y la suma de voluntades debe estar fundamentalmente dada por el esfuerzo mancomunado de los tres poderes del Estado.

El Poder Ejecutivo Nacional poniendo a consideración a través del Ministerio de Seguridad y con el SEDRONAR, las políticas que va a desarrollar la Nación y a la cual tendrán que adherir, con sus características, los Estados Provinciales.

El Poder Legislativo Nacional, tendrá que llevar a la práctica mediante la sanción de un cuerpo de leyes racionales y en consonancia con los objetivos planteados por el Poder Ejecutivo, un cuerpo de normas basadas en el Acuerdo de Seguridad Democrática, que fuera ratificado por todos los bloques políticos y por diferentes organizaciones no gubernamentales involucradas en la seguridad ciudadana y en el tema social.

El Poder Judicial de la Nación, deberá asumir las modificaciones necesarias en pos de una moderna, eficaz y transparente administración de justicia, promoviendo la actualización del sistema procesal penal vigente, con el consiguiente desarrollo y optimización de su estructura a estos fines.

Asimismo, la magnitud de este flagelo amerita a nuestro entender, la creación desde la Procuración General de la Nación, de una unidad especial con un alto grado de equipamiento y profesionalización, es decir de un cuerpo de fiscales que en el seno del Ministerio Público Fiscal, se avoque de manera específica a la problemática del tráfico de estupefacientes.

El parlamento nacional no dicta políticas pero puede colaborar, si hay decisión política, en el debate serio y responsable que nos debemos los argentinos, frente al tema de la inseguridad y particularmente el incremento del narcotráfico.

La problemática de la droga se expande a lo largo y lo ancho de nuestro país de manera disímil y compleja. Convencidos de un Estado Federal, creemos que una política pública a la altura de los tiempos contra el narcotráfico, debería incluir la confluencia de todos los niveles del Estado, desde el Poder Ejecutivo Nacional, pasando por los Gobiernos Provinciales, y los Municipios y Comunas, independientemente de su extracción política, para que junto con la participación de las instituciones intermedias, se impulse la celebración de un Acuerdo Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico, en el cual se establezcan esfuerzos, metas y compromisos básicos comunes, con miras a que nuestro país pueda disminuir al mínimo los efectos corruptores y degradantes del consumo de drogas, sobre todo en nuestra juventud.

En esta dirección es que solicitamos la presencia de la Sra. Ministra de Seguridad, a los efectos de tener toda la información relacionada junto con los planes existentes, para coordinar acciones nacionales contra el narcotráfico.