Expresar preocupación por la paralización de las obras del Centro de Asistencia y Prevención de Adictos en el Barrio de La Costanera Norte, que afecta al desarrollo integral y el acceso a la salud de centenares de familias y viola los pactos preexistentes en torno al cuidado la salud mental vigentes en todo el territorio nacional.

Señor presidente:

La situación que atraviesan los centros de Salud Mental en algunos lugares del país es realmente crítica. En el artículo 41 de la ley 26657 queda debidamente establecido que el Estado Nacional debe arbitrar los medios necesarios para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos consagrados a las personas con padecimiento mental.

En 1990, la Declaración de Caracas promovida por la Organización Panamericana de la Salud, estableció el siguiente paramétro para el tratamiento de las adicciones:

Art 3- Que los recursos, cuidados y tratamiento provistos deben:

a) salvaguardar los derechos humanos y civiles

b) estar basado en criterios racionales y adecuados

c) pretender la permanencia del enfermo en su medio comunitario.

Art 4- Que las legislaciones de los países deben ajustarse de manera que:

a) aseguren el respeto de los derechos humanos y civiles de los enfermos mentales

b) promuevan la organización de servicios comunitarios de salud mental que garanticen su cumplimiento.

Esta normativa continental a la que se ajusta la Ley vigente, obliga a los diferentes niveles del Estado a cumplir con los requistos básicos de la reestructuración propuesta para el tratamiento y la prevención de esta problemática global.

La última convención de Naciones Unidas referida a la problemática de las Drogas (UNGASS), realizada en abril de 2016 , explicitó la necesidad de elaborar estrategias tendientes a introducir la Legislación de Derechos Humanos como pilar de las políticas públicas en la materia.

La difícil situación social que atraviesan los sectores más vulnerables se agudiza ante la ausencia de una estrategia de protección social adecuada.

“El consumo de sustancias psicoactivas ha crecido exponencialmente en nuestro país en los últimos años. La oferta se segmenta de acuerdo con el perfil de los consumidores por poder adquisitivo y capital cultural. La problemática más importante que genera son las adicciones, que en los sectores más humildes agudizan sus efectos por la falta de atención.

El derivado de pasta base más importante es el paco. El consumo de esta sustancia creció, entre 2001 y 2011, más de un 120% en estudiantes secundarios. El porcentual debe ser medido sobre el criterio de su preexistencia, ya que, a diferencia del éxtasis (una sustancia sintética popularizada en los últimos años), la pasta base ha aumentado sus niveles históricos de consumo. Otro de los elementos más alarmantes es la edad en que se inicia el consumo. La tendencia indica cada vez más casos que disminuyen el consumo inicial a los 10 años. Los últimos estudios del Observatorio Argentino de Drogas señalan que el 1,6% de la población escolar de la Argentina alguna vez consumió paco (2015). Estos datos impactan aún más cuando se verifica que nuestro país tiene serias deficiencias en materia asistencial. El último censo nacional de centros de tratamiento data del año 2008. Constata que sólo el 27,3% de los centros

tienen la opción de realizar tratamientos de tipo residencial, de los cuales más del 60% son de carácter privado.” .

“La provincia que presenta la situación más complicada es Tucumán. Las Madres del Pañuelo Negro (familiares de víctimas del paco) vienen denunciando que mueren entre 10 y 15 chicos por mes en los barrios más carenciados por problemáticas de adicciones.

El desastre humanitario en La Costanera, un barrio carenciado de esa provincia del noroeste argentino (NOA), se puede medir a partir de una angustia social de la que poco se habla, los suicidios. Las cifras son escalofriantes: según la encuesta del Ministerio de Salud del año 2015, el 13,3% de los jóvenes de entre 13 y 15 años intentó suicidarse. Las mujeres son las que más piensan en quitarse la vida. El 22% tuvo una ideación de suicidio y el 19% de ellas intentó hacerlo” .

En abril de 2016 desde este mismo Despacho se presentó un pedido de informes para que se especifique el uso de los fondos y generamos el compromiso de las autoridades competentes de terminarlo antes del comienzo del corriente. Mantuvimos reuniones con el titular del SEDRONAR, Roberto Moro y con la Ministra Carolina Stanley para avanzar en este sentido. Lo mismo hicimos con la Gobernación de la Provincia de Tucumán debido a que el Cepla tiene incumbencia Provincial pero los fondos de la obra son nacionales. La deuda con la constructora Bocanera y Mrikin (SRL) es de casi 4 millones de pesos que se han incrementado por el ajuste inflacionario. Sin embargo, y pese a los infructuosos intentos por llegar a un acuerdo de partes la situación continúa paralizada.

Teniendo en cuenta las situaciones antes descriptas y el entramado legal que rige sobre esta problemática es que observamos una incongruencia entre la norma y su ejecución. La situación social urge y no puede esperar.

Por los expuesto.

Pido el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar este proyecto.