Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, conforme el artículo 71 de la Constitución Nacional, para que disponga la concurrencia del Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Sr. Aníbal Fernández, a esta Honorable Cámara a fin de que brinde explicaciones sobre la política nacional en pos de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Señor presidente:

En primer lugar quisiéramos destacar que el instrumento que nos brinda el artículo 71 de nuestra Constitución Nacional en virtud del cual se puede requerir explicaciones a un Ministro del Poder Ejecutivo Nacional debe ser utilizado en casos de extrema importancia y gravedad, siendo éste un mecanismo que no debería utilizarse para cuestiones menores a fin de no banalizar su función.

En virtud de ello es que en nuestra calidad de Diputados de la Nación y como miembros de esta Honorable Cámara manifestamos gran preocupación por la falta de una planificación coherente para combatir lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, representando uno de los problemas centrales del Gobierno Nacional para asegurar los estándares mínimos de salud pública y seguridad ciudadana.

Cabe resaltar que el presente pedido de interpelación tiene como antecedente inmediato el proyecto Expte. Nº 4750-D-08 que presentamos en el mes de septiembre del año pasado, el cuál iba en el mismo sentido pero lamentablemente fue rechazada la moción para que sea tratado sobre tablas por la Cámara en su pleno en la sesión del 3 de septiembre de 2008.

Sin embargo, desde este momento a la fecha hemos visto como diversos actores públicos han manifestado gran preocupación debido al avance del narcotráfico en nuestro país al punto de llegarse hablar de la existencia de un estado de "pre-cartelización", con experiencias similares a las vividas por países como Colombia o México.

Esta circunstancia ha sido advertida por un grupo de 80 jueces y magistrados nacionales, provinciales y federales que mediante un comunicado sostuvieron que la oferta y la demanda de drogas "registra niveles si precedentes" en el país y que al perseguir a los consumidores "se ha distraídos la atención en contra de los espacios de corrupción política y policial" denunciando incluso que las bandas de narcotraficantes "en muchos casos recibieron protección política, administrativa y judicial" y que "lo mismo puede decirse de una ausencia total del Estado en la regulación efectiva del mercado de medicamentos, en general, y del de psicotrópicos, en particular".

En este sentido destacan que "se ha podido verificar, que la política vigente en materia de drogas no solamente no ha disminuido su tráfico ni consumo sino que por el contrario ambos siguen en alza", viéndose un "desplazamiento de políticas sociales de asistencia, prevención y atención de la marginalidad que ha generado una gran cantidad de muertos como producto de la ilegalidad y aumento de la delincuencia como consecuencia de la necesidad de adquirir drogas, agravándose la corrupción en las agencias estatales, no solamente en el control policial sino en todos los estamentos."

Es dable destacar que con el triple crimen de General Rodríguez y sus vinculaciones con el desvío de precursores químicos como la efedrina y la pseudoefedrina se confirma lo que se venía denunciando en diversos informes realizados por organismos internacionales especializados en estos temas, en los cuales se establecía que nuestro país muestra una ausencia de políticas públicas eficaces en esta materia.

En tal sentido, en el último informe elaborado en 2007 por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) correspondiente a la evaluación efectuada dentro del denominado "Mecanismo de Evaluación Multilateral" (MEM) para el bienio 2005- 2006 se "...reconoce el esfuerzo realizado por Argentina por mantener un mecanismo de control de sustancias químicas, pero observa con preocupación que la entidad nacional que ejerce el control no cuenta aún con una reglamentación adecuada que le permita cumplir eficazmente sus responsabilidades. Tampoco cuenta con estadísticas que integren las incautaciones de sustancias químicas a nivel nacional, así como sobre la cantidad de sustancias desechadas".

Durante la visita de las autoridades del Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) a la reunión conjunta de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, el Subdirector del organismo resaltó la ausencia de un decreto que reglamente la Ley Nº 26.045 que creó el Registro de Precursores Químicos, siendo la misma esencial para que la ley "sea operativa, dadas las particularidades el comercio -de precursores- en la Argentina". Cabe resaltar que dicha ley fue promulgada el 6 de julio de 2005, y habiendo pasado más de tres años, la misma se encuentra sin ser reglamentada por el correspondiente decreto de la Presidencia e la Nación.

Según informaciones periodísticas, el Gobierno Nacional en aquél momento manejó la posibilidad de prohibir la importación de estos precursores demostrando, en el mejor de los casos, impotencia a la hora de regular este tipo de cuestiones, debiendo imponer una prohibición que altera la producción nacional de medicamentos, en vez de hacer una constante y conciente evaluación de las herramientas que tienen a su alcance y del ejercicio de las competencias otorgadas por la legislación a éste y otros funcionarios el Poder Ejecutivo Nacional.

Otra reacción en igual sentido, ha sido lo anunciado por la Presidenta de la Nación respecto del traspaso del control de precursores químicos a la órbita del Instituto Nacional e Tecnología Industrial (INTI), sin hacer mayores evaluaciones sobre las motivaciones para adoptar dicha resolución. Han pasado varios meses y hasta el momento no se han visto los resultados de éste cambio.

El Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Embajador Earl Anthony Wayne manifestó su preocupación por el "rápido crecimiento del comercio ilegal de efedrina y otros precursores químicos".

Según datos oficiales, en los últimos 3 años prácticamente se ha triplicado la importación y exportación de efedrina y pseudoefedrina por parte de la República Argentina. Tan sólo en el último año ingresaron 52,4 toneladas, aunque se reconoce que tan sólo 10 son utilizados por la industria farmacéutica, de lo cuál se infiere que gran parte del excedente es destinado como precursor químico para la producción de drogas sintéticas. La cantidad de efedrina que importa la Argentina la convierte en el tercer importador mundial, muy por delante de países como EEUU o Brasil.

Por otro lado, se evidencia una clara inconsistencia institucional, en donde los distintos organismos de la Administración Pública Nacional no encuentran demarcadas sus competencias lo que provoca que sus funcionarios se libren de toda responsabilidad por los incumplimientos de lo ordenado en la leyes vigente, realizando acusaciones cruzadas en cuanto a la inoperancia en el accionar de otros organismos.

Son graves las afirmaciones realizadas por el Ministro de Justicia Aníbal Fernández expresó en un reportaje publicado por el Diario Clarín el 22 de Agosto de 2008, en el que manifestó que la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) "no sabe nada de drogas". Incluso dijo que "Sedronar tiene el registro desde hace tres años de sustancias químicas de corte, como la efedrina. ¿Cuántas causas se originaron en ese tiempo por denuncias suyas? Cero. Quiere decir que no hay ningún control. Nuestra preocupación es mayúscula, porque si la Argentina es elegida para la preparación de drogas como se vio en lo de Maschwitz... La efedrina para nosotros es un tema muy preocupante, porque es uno de los posibles nichos a explotar por los narcos, por un montón de razones. Entre otras, porque no hay controles acabados de las sustancias".

¿Como puede entenderse que un Ministro de la Nación que se desempeña en su cargo hace más de cinco años manifieste que no existe ningún control sin tomar cartas en el asunto? Al menos amerita una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por otro lado, en la visita realizada al Senado de la Nación, el Secretario del SEDRONAR Dr. José Ramón Granero denunció que "desde 2005 Fernández impide a los jefes de las fuerzas de seguridad concurrir a las reuniones de trabajo para coordinar las tareas de lucha contra el narcotráfico" y aseguró que el organismo a su cargo realizó "más de 20 denuncias penales por infracciones a la ley de estupefacientes en materia de precursores químicos. Que no haya sentencias condenatorias no significa que no haya denuncias penales".

En el mismo sentido vale la controversia entre lo expresado por la Ministra de Salud Graciela Ocaña en alusión al control de las empresas farmacéuticas habilitadas para la importación de algunos precursores químicos como la efedrina y la inacción y dudosa relación de estas empresas vinculadas al narcotráfico con el ex Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli.

En el comunicado mencionado anteriormente, altos representantes de nuestro Poder Judicial sostuvieron que "con un eficaz despliegue del derecho administrativo y sus sanciones puede llegar a regularse todo lo concerniente al mercado de medicamentos, el ejercicio de las profesiones sanitarias, la prevención de que los centros de tratamiento de adictos no desplieguen técnicas violatorias de derechos humanos fundamentales, la prevención de la desviación del comercio de precursores y sustancias químicas para la elaboración de drogas y el control del lavado de activos provenientes de actividades criminales, quedando al derecho penal sólo los comportamientos intolerables para la pacífica convivencia social."

A esta altura es evidente que el legítimo debate sobre la despenalización del consumo de drogas, en vez de constituir un aspecto importante a analizar de la problemática, resulta en un eficaz distractivo de lo que el Gobierno Nacional no puede o no quiere hacer respecto de la lucha contra el narcotráfico.

Esta circunstancia en la que los organismos responsables de paliar estos problemas muestran una gran incapacidad en su accionar trae como resultado la instalación de carteles internacionales de la droga con profundo arraigo en la Argentina con el correspondiente e inevitable aumento de los niveles de criminalidad y violencia que ejercen sobre la sociedad.

Es de extrema gravedad que tema esté en todas las conversaciones en las calles y presentes en todos los medios de comunicación, y que esta Honorable Cámara lo siga ignorando.