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PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DEL NARCOTRAFICO
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 206
Secretario Administrativo SR. CABRERA RUBEN
Jefe SR. ABREGO HUGO IVAN
Martes 12.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752241 Internos 2241
cpadiccionesycnarcotrafico@hcdn.gob.ar
PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 0372-D-2016
Sumario: COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE EL CRECIMIENTO DEL NARCOTRAFICO Y LOS CASOS DE ENCUBRIMIENTO DE DELITOS LLEVADOS A CABO POR PARTE DE AUTORIDADES POLITICAS Y JUDICIALES: CREACION
Fecha: 04/03/2016
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 4
1°) Creación: Créase en el ámbito de
la H. Cámara de Diputados de la Nación una Comisión Especial que tendrá por
objeto la investigación sobre el crecimiento del narcotráfico y los casos de
encubrimiento de ese delito llevado a cabo por parte de autoridades políticas y
judiciales.
2º) Conformación: La Comisión estará
conformada por 15 miembros designados por la Cámara de Diputados a instancia
de los Bloques Legislativos, respetando la proporcionalidad política. En ningún caso
un mismo partido o bloque podrá proponer más de 5 diputados, propiciando así la
pluralidad de voces y la representación de las minorías.
3°) Autoridades de la Comisión: La
Comisión elegirá a su presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos,
y dictará su propio reglamento interno para cumplir los objetivos fijados en la
presente ley, el que será aprobado por el voto afirmativo de las dos terceras partes
de los miembros de la Comisión.
4°) Quórum y mayorías: El quórum
para sesionar será el establecido en el artículo 108 del Reglamento de la Cámara
de Diputados de la Nación. La Comisión tomará las decisiones por simple mayoría
de sus miembros, salvo aquellas para las que la presente ley establezca
expresamente una mayoría calificada.
5°) Sede: La Comisión investigadora
tendrá su sede en el Congreso de la Nación. Sin embargo, si fuese necesario podrá
actuar y constituirse en cualquier lugar de la República Argentina y realizar
encuentros o reuniones fuera del país.
6°) Facultades y Atribuciones: A los
efectos de poder desarrollar su tarea de investigación, la Comisión tendrá las
siguientes facultades y atribuciones:
a) Recibir denuncias, escritas u
orales, y material probatorio sobre los hechos que son objeto de la
investigación;
b) Requerir y recibir declaraciones
testimoniales. Asimismo, también podrá efectuar careos cuando lo considere
necesario;
c) Realizar inspecciones oculares,
debiendo dejarse constancia de sus resultados;
d) Ordenar la realización de pericias
técnicas;
e) Solicitar al juez que por turno
corresponda el auxilio de la fuerza pública en los casos de citación a testigos
renuentes a declarar;
f) Solicitar informes escritos u orales,
y el envío de documentación sobre los hechos que sean objeto de investigación a
los demás poderes del Estado, a cualquier miembro de la administración pública
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipal, o de entes
centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquicos, y a toda persona de
existencia física o ideal que posea información relevante vinculada a la
investigación. La Comisión podrá establecer un plazo perentorio para la
contestación de los informes.
g) Solicitar la colaboración y
asesoramiento de personas, instituciones, comunidades y organismos especialistas
en la materia objeto de investigación, como así también la colaboración de
organismos internacionales especializados y de otros países que pudieran prestar
colaboración vinculada con el objeto de esta comisión;
h) Denunciar ante la justicia cualquier
intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios
relacionados con el curso de la investigación;
i) Conocer el estado de las causas
judiciales y/o administrativas relacionadas con los hechos investigados, y requerir
la remisión de expedientes judiciales y/o administrativos o, en su defecto, copia
certificada de aquellos. En el caso que los instrumentos o documentación remitida
correspondieran a un expediente judicial en secreto de sumario, se tomarán los
recaudos necesarios para garantizarlo;
j) Requerir al juez competente el
allanamiento de lugares y domicilios con la finalidad de incautar documentación u
otra clase de prueba vinculada a la investigación;
k) Requerir al juez competente la
intervención de comunicaciones telefónicas, digitales o de cualquier tipo o el
secuestro y/o retención de documentación que pudiera tener relevancia para la
investigación.
7º) Documentación: A toda la
documentación recibida por la Comisión se le otorgará el tratamiento acorde a sus
características. Se considerará documentación, además de los escritos producidos
o recibidos por la Comisión, a todo impreso, fotografía, película cinematográfica o
de video, discos, cintas o grabaciones digitales, grabaciones o discos fonográficos
y, en definitiva, todo derivado del empleo de un medio físico de grabación.
8º) Informe: La Comisión deberá
elevar un informe final a la Cámara de Diputados detallando los hechos
investigados y los resultados obtenidos dentro de los trescientos sesenta y cinco
(365) días corridos contados a partir de su constitución. Sin embargo, la comisión
podrá emitir informes parciales sobre los avances de las investigaciones. El plazo
de duración de la Comisión investigadora podrá prorrogarse por el plazo de ciento
veinte días (120) días corridos.
El informe final precisará las
responsabilidades que pudieran emerger de la investigación procediendo, en caso
de advertirse la posible comisión de delitos penales, de acuerdo a lo establecido en
el siguiente artículo. Asimismo deberá sugerir las modificaciones al marco
normativo que estime conveniente como consecuencia de la investigación llevada a
cabo.
El informe será dado a publicidad por
los medios que la Comisión estime pertinente.
Sin perjuicio de lo establecido
precedentemente, la Comisión procederá a informar a ambas Cámaras en el
transcurso de su desempeño sobre todo aspecto que considere necesario.
9º) Denuncia: Si como consecuencia
de la investigación, o en el transcurso de la misma, se advirtiera la comisión de
actos que pudieran considerarse delitos penales, la comisión deberá formular la
denuncia ante la justicia, aportando los elementos de prueba recopilados.
10º) Movilidad, Infraestructura y
Personal: La Comisión contará con la movilidad, infraestructura y el personal
administrativo y técnico que fuera necesario para el efectivo cumplimiento de su
objeto.
11º) Gastos: Los gastos que ocasione
el cumplimiento de la presente comisión serán computados del presupuesto
correspondiente a la H. Cámara de Diputados de la Nación.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Objeto.
El presente proyecto tiene por objeto
la creación de una Comisión Especial Investigadora sobre el crecimiento del
narcotráfico, la falta de controles migratorios y los pedidos de asilo político en
nuestro país relacionados al crecimiento del narcotráfico. Asimismo, también tiene
por objeto investigar los casos de encubrimiento del narcotráfico llevados a cabo
por parte de autoridades políticas y/o judiciales.
El fundamento de esta comisión
radica enorme avance del narcotráfico registrado en los últimos años, y en la
vinculación con tal flagelo de funcionarios públicos pertenecientes a los tres
poderes del Estado, como así también en la sospechosa falta de controles
migratorios y su posible incidencia en la instalación de carteles de droga y
narcotraficantes extranjeros en Argentina.
En los últimos tiempos hemos tomado
conocimiento de que miembros del poder político y funcionarios del Poder Judicial
y del Ministerio Público han encubierto casos de narcotráfico o sido directamente
miembros de organizaciones criminales que comenten este delito. Por ello,
teniendo en cuenta la gravedad de la situación, consideramos pertinente que el
Congreso Nacional se avoque a la investigación de dichos hechos -a los que
seguidamente haremos referencia.
Al mismo tiempo se ha detectado una
estrecha vinculación entre narcotráfico, lavado de dinero -que como es de público
conocimiento en los últimos años ha crecido estrepitosamente- y la falta de
control -o complicidad- de los organismos encargados de llevar a cabo las
políticas migratorias y los pedidos de asilo político.
Hoy en día Argentina es un país en el
que se han instalado narcotraficantes corridos de otros países de la región o que a
consecuencia de la falta de controles en el país se instalan aquí para realizar sus
"negocios" con la droga. Producto de tal flagelo ha aumentado la violencia,
particularmente por luchas internas entre los distintos carteles que se han
instalado y asentado en nuestro territorio. Asimismo, los crímenes producidos
como consecuencia de enfrentamientos entre distintas bandas de narcotraficantes
han invadido nuestro país. Hoy no cabe duda que carteles de droga extranjeros se
han instalado en la Argentina. A modo de ejemplo, cabe recordar el triple crimen
de General Rodríguez, el crimen del Unicenter, el crimen de un ciudadano
colombiano ocurrido en los bosques de Palermo en Buenos Aires en 2014, la
detención del narco Mi Sangre, como otros crímenes que han trascendido
públicamente, y tantos otros de los que no se tienen noticias.
Por ello, cabe entonces que nos
formulemos el siguiente interrogante: ¿Por qué hemos llegado a esta situación?
¿Cómo es posible que en tan poco tiempo la Argentina haya sido invadida por el
narcotráfico y el crimen organizado?
A nuestro juicio, hay una estrecha
vinculación entre el crecimiento del narcotráfico y la complicidad, cuanto menos a
través del encubrimiento, por parte de miembros de los tres poderes del Estado.
Resulta evidente que sin dicha complicidad el narcotráfico y el crimen organizado
nunca podrían haber avanzado tan rápidamente en la Argentina.
Importantes investigaciones
judiciales, como la de los casos "Luis XV", "Fondo Blanco", "Carbón Blanco",
"SEDRONAR", "hermanos Zacarías", la explosión de narcotraficantes radicados en
Nordelta, Tigre, o las novedades judiciales en el caso "Unicenter" o "Triple
Crímen", por citar solo algunos ejemplos, tienen que poner en alerta al Congreso
Nacional y hacer el aporte necesario que como poder del Estado nos
corresponde.
Además, el notorio crecimiento del
narcotráfico denota que se han dado irregularidades en el control de Migraciones y
pueden haberse dado también en el trámite de algunos asilos políticos que nada
tienen que ver con el objetivo de esa respetable figura jurídica internacional. Es
evidente que se dio una conducta, al menos negligente, por parte de aquellas
personas y autoridades encargadas de esas funciones del Estado. Para luchar
contra el narcotráfico es imprescindible controlar rigurosamente las fronteras de un
país para, de este modo, evitar el tráfico de sustancias y el ingreso o la circulación
de personas que en sus países están siendo investigadas por narcotráfico y lavado
de activos.
Cabe destacar que el organismo
encargado de aplicar la ley de migraciones N° 25.871 es la Dirección Nacional de
Migraciones, que depende del Ministerio del Interior. En efecto, tiene como
finalidad registrar los ingresos y egresos de personas al país, ejercer el poder de
policía migratorio y decidir sobre la admisión de personas al territorio
nacional.
Sin embargo, las políticas llevadas a
cabo por dicho organismo han fracasado. De hecho, el ex director de Migraciones,
Martín Arias Duval, admitió que en el norte "hay vulnerabilidad"(1). De este modo,
confirmó la ausencia de control que impera en las fronteras, principalmente, en las
provincias del norte.
En conclusión, en esta oportunidad
venimos a proponer la creación de una comisión a los efectos de investigar, en
primer lugar, los casos de encubrimiento del narcotráfico llevados a cabo por parte
de autoridades políticas y/o judiciales, por ejemplo el de la actuación de la
Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional para los Refugiados y las
fuerzas federales de seguridad encargadas del control de migraciones y la custodia
de todas las fronteras en el país. Ello así, pues, a nuestro entender dichos
organismos tienen una cuota importante de responsabilidad en el crecimiento del
narcotráfico toda vez que de ellas depende el control del ingreso de ciudadanos
que puedan estar siendo investigados en otros países por estos delitos.
Crecimiento del narcotráfico.
Históricamente la Argentina fue un
país de tránsito de estupefacientes. Sin embargo, en los últimos años se ha
convertido no solo en un país de consumo -según el Informe Mundial de Drogas
de las Naciones Unidas Argentina es el país con mayor consumo de cocaína en
América del Sur y, además, el segundo consumidor en el continente, detrás de
Estados Unidos (2)- sino también de elaboración.
Sin embargo, dicha situación fue
negada por el anterior gobierno argentino que, en general, se resistía a reconocer
que éramos un país de producción. Ello así, pues si bien el ex Ministro de Defensa
de la Nación, Agustín Rossi, había admitido que "la Argentina era un país de
tránsito, y ahora es un país de consumo, y lo más grave que también es de
elaboración", a las pocas horas el ex Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio
Berni, negó dicha realidad al expresar que "Argentina no es un país de producción
de drogas" (3). En el mismo sentido se manifestó el ex Jefe de Gabinete de
Ministros, Jorge Capitanich (4).
Lo cierto es que en la Argentina ha
habido un creciente avance del narcotráfico a punto tal que carteles o
narcotraficantes de Colombia y México se han instalado en nuestro. Dicha situación
se vio favorecida por las relaciones promiscuas entre funcionarios políticos
municipales, provinciales y nacionales con organizaciones narcos, como así
también por funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad y hasta agentes de
inteligencia que fueron o son socios del crimen organizado. El escaso e ineficiente
control de las fronteras, la falta de radarización y el no control de migraciones
fueron una muestra más de las complicidades políticas en la materia.
Cabe recordar que en el año 2009 la
Cámara Federal de Salta, presidida por el doctor Jorge Villada, habían reclamado la
intervención de la Corte y el Consejo de la Magistratura para hacer llegar los
pedidos al Poder Ejecutivo para que se adopten los medios necesarios con el fin de
que nuestra frontera norte cuente con radares que permitan identificar los vuelos
de aeronaves que presumiblemente transportan droga desde la República de
Bolivia.
En ese mismo sentido, el ex juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fayt, -en respaldo de lo expresado
por la Cámara Federal de Salta- afirmó lo siguiente: "Se necesita que no siga
lloviendo la droga; es importante para la provincia y el país" (5).
Asimismo, el Presidente de la Corte,
Ricardo Lorenzetti, expresó en el discurso de apertura del año judicial 2014 que "el
narcotráfico está haciendo mucho daño y está afectando el Estado de Derecho".
Además, señaló que "la agenda contra el narcotráfico debe ser prioritaria" y que
hay que ponerse "de acuerdo" sobre cómo enfrentar este tema (6). Al año
siguiente creó una Comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico pero a los
pocos días uno sus integrantes, el Juez Federal de Orán, fue procesado y detenido
por sus vínculos con narcotraficantes.
El no reconocimiento del problema y
las complicidades impidieron un abordaje real contra el crimen organizado. Por
ejemplo, el ex Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, negaba el
problema y lo reducía continuamente al ser consultado sobre el estado de las
fronteras. En Noviembre de 2013 declaró que la lucha contra el narcotráfico "no se
agota en las fronteras ni en los radares". Pero sus declaraciones se daban contra lo
que trascendía públicamente. Que los radares del programa Escudo Norte -por
citar un ejemplo- no funcionan las veinticuatro horas del día, haciendo el control
del espacio aéreo insuficiente y fácilmente vulnerable y que por los lóbulos de los
radares 3D, siempre superpuestos, se generan huecos por donde los aviones
ilegales pueden contrabandear estupefacientes sin mayores dificultades.
Asimismo, al ser consultado sobre si
las fronteras argentinas se encontraban bien cuidadas, no dudó en responder "por
supuesto". Esas declaraciones demostraban, al menos, un desconocimiento total
de la situación de extrema gravedad que aún afronta nuestro país en relación al
narcotráfico y su consecuente escalada de violencia. El cambio de gobierno por
uno que reconocer el problema y quiere enfrentarlo es una oportunidad para que
el Congreso de la Nación se preste a colaborar.
Es importante destacar los hechos de
violencia y las muertes acontecieron en nuestro país como consecuencia del
narcotráfico y de la lucha entre distintos carteles. Mueren narcotraficantes en sus
peleas por parte del negocio y del territorio y mueren cada vez más víctimas
inocentes que nada tienen que ver con tal conflicto.
Algunos ejemplos dan cuenta de la
realidad del problema. En ese sentido, cabe recordar el crimen del señor Carlos
Gutiérrez, un ciudadano colombiano que fue asesinado en marzo del año 2014
mientras circulaba en bicicleta por la ciclo vía de los bosques de Palermo en la
Ciudad de Buenos Aires. Dicho episodio del que no se duda fue un crimen narco a
plena luz del día, delante de mucha gente donde fueron directamente a matar,
igual modus operandi que el de otros hechos ocurridos en el país (7).
Lamentablemente, los crímenes
narcos son moneda corriente en los últimos tiempos. En el año 2013 se produjo un
tiroteo que terminó con la muerte de cinco personas, tres de las víctimas eran de
nacionalidad paraguaya y dos de ellos tenían causas por infracción a la ley de
drogas, sin embargo, habían sido absueltos (8).
Anteriormente, en abril del 2013, en
el barrio de Colegiales de la ciudad de Buenos Aires un ciudadano de nacionalidad
colombiana, Jorge Guzmán Ospina, de 37 años de edad, que había entrado en la
Argentina por última vez el 2 de marzo de ese año, fue asesinado de un tiro en la
espalda y su cuerpo apareció dentro de una bolsa (9).
En abril del 2012 Héctor Jairo
Saldarriaga Perdomo, alias "Mojarra" o "Guajiro", fue ejecutado cuando caminaba
por Marcelo T. Alvear y Talcahuano. Había ingresado en la Argentina con una
identidad falsa. Cabe destacar que Saldarriaga Perdomo tuvo un pasado en las
FARC colombianas y un acercamiento al cártel de las drogas que encabezaba
Daniel "el loco" Barrera (10).
En febrero de 2009, en San Fernando,
Juan Sebastián Galvis Ramírez fue asesinado de diez tiros. Galvis Ramírez había
llegado a la Argentina el mismo día en que se produjo el doble crimen de
Unicenter (11).
En julio de 2008, en Martínez, Héctor
Duque Ceballos y Jorge Quintero Gartner, dos ciudadanos colombianos, fueron
acribillados cuando llegaban al shopping Unicenter. Un tercer ciudadano
colombiano, Julián Jiménez Jaramillo, logró salvarse y después terminó acusado
por el fiscal Luis Angelini como el "entregador". El representante del Ministerio
Público también vinculó con el doble crimen a Gustavo Juliá, un empresario
argentino que fue condenado a 13 años de prisión en España al ser encontrado
culpable del tráfico de una tonelada de cocaína que fue descubierta oculta en un
avión que aterrizó en el aeropuerto de Barcelona (12).
Otra muestra del avance del
narcotráfico en la Argentina es la detención, en el año 2012 en Pilar, de Henry de
Jesús López Londoño (alias "Mi sangre"), un narco colombiano que se había
afincado con su familia en nuestro país. Si bien su mujer y sus hijos residían en el
barrio privado Nordelta, él cambiaba de domicilio para evitar ser detectado. Cabe
recordar que Henry López -que desde la captura de su ex jefe y socio, Daniel
Rendón, alias Don Mario- había llegado a liderar la organización paramilitar y narco
Los Urabeños, grupo que posee en la actualidad un ejército conformado por
alrededor de 1.900 hombres armados, acusados de haber cometido masacres en
poblaciones del interior colombiano y controlar gran parte de la producción de
cocaína en la frontera de dicho país con Panamá, en el litoral caribeño (13).
Por otra parte, sin perjuicio de la
responsabilidad de ex funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones, existen
otras responsabilidades que demuestran la complicidad de autoridades políticas y/o
judiciales -en particular, del Poder Ejecutivo- con el narcotráfico, el crimen
organizado y el lavado de dinero. A continuación haremos referencia a dichos
casos a los efectos de que el Congreso de la Nación pueda efectuar una adecuada
investigación al respecto.
Casos emblemáticos en los que hubo
complicidades de autoridades políticas y judiciales
a. El caso "Fondo Blanco"
Según se desprende de distintas
fuentes de información, durante el año 2013 el entonces intendente de Tigre
habría alertado a personas que estaban siendo investigadas judicialmente por los
delitos de narcotráfico y lavado de activos sobre medidas judiciales que podrían
tomarse en una causa penal y habría enviado a un fiscal a averiguar sobre estos
hechos para evitar así sus consecuencias, en una posible maniobra de
encubrimiento. Ese fiscal sería el Fiscal General de San Isidro, a quien por otro
lado se lo investiga en la justicia federal de esa jurisdicción donde fue indagado
por encubrimiento del delito de narcotráfico (14).
El libro "NARCOLANDIA, POR QUÉ
ARGENTINA SE CONVIRTIÓ EN EL PARAÍSO DE LOS TRAFICANTES
COLOMBIANOS" de los periodistas Virginia Messi y Juan Manuel Bordón da cuenta
del Operativo Fondo Blanco, que ocurrió en octubre de 2013 y giró en gran parte
sobre las actividades de lavado de dinero del narcotráfico. Puntualmente en torno
de una iglesia evangélica de El Talar, partido de Tigre, a la que iban diariamente la
inmensa mayoría de los implicados. Durante los allanamientos del 28 de octubre
de 2013, la Policía secuestró una carta que el pastor colombiano David Andrés
Acevedo Muñoz, le habría enviado a uno de sus superiores en Colombia contándole
su versión de los hechos con los que estaba relacionado (15).
En ese documento de Word
encontrado en la computadora de su casa, Acevedo Muñoz cuenta que en algún
momento del año 2013, lo contactó un conocido arquitecto de Nordelta llamado
Walter. El hombre le avisó "que había recibido un llamado muy importante" y que
se tenía "que reunir con él urgentemente".
En ese encuentro, según la carta, el
arquitecto le contó al pastor que "lo había llamado el alcalde de Tigre (para)
decirle que hay un expediente judicial y una orden de allanamiento" por
narcotráfico y lavado de dinero contra el colombiano Jesús Antonio Yépez Gaviria,
supuesto empresario de la construcción radicado en Nordelta y parroquiano del
templo.
Según el relato del pastor, el
arquitecto le comentó que había un fiscal argentino muy prestigioso intentando
averiguar en qué se basaba el expediente judicial.
Del libro referido se desprende que el
texto secuestrado también decía que el alcalde de Tigre, había mandado a decir
que los allanamientos eran inminentes y que el motivo detrás de todo eso era la
disputa electoral con la Presidenta.
El diario Clarín en fecha 1/11/2013
publicó una nota de la periodista Virginia Messi, sobre los colombianos detenidos
días antes en el operativo antidrogas "Fondo Blanco" como integrantes de la banda
de "El Doctor" que no sólo tenían en común unas cuantas sociedades y su lujosa
vida en countries de la Zona Norte y en el barrio Nordelta de Tigre. También
compartían la misma fe: uno de sus principales lugares de reunión era la Iglesia de
Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, puntualmente la sede que este
ciudadano Colombiano tiene en la calle Paul Groussac, en la localidad bonaerense
de Talar, partido de Tigre.
"Allí fueron más de una vez de
incógnito los investigadores de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la
Policía Federal, a cargo del comisario inspector Néstor Roncaglia. De hecho el
responsable del templo, el pastor David Andrés Acevedo Muñoz (30), fue uno de
los apresados en el operativo.
Según las escuchas de la causa -a
cargo del juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santamarina-, Acevedo
Muñoz daba más que consejos espirituales a sus amigos. "Era una especie de
consultor financiero. Lo llamaban para todo: desde cambiar dólares en una cueva
hasta preguntarle cómo conformar las sociedades", explicó a Clarín una fuente de
la investigación.
El tema de las sociedades que los
detenidos fueron fundando en el país -sobre todo a partir de 2008 y 2009- es
central en el expediente. La razón: una parte de la causa se centra en el decomiso
de 114 kilos de cocaína encontrados el lunes en una camioneta con doble fondo
que estaba "durmiendo" en un garage subterráneo de Paraguay y Cerrito, bajo la 9
de julio; pero otra parte, la más pesada, se enfoca en el lavado de dinero
supuestamente proveniente del narcotráfico.
Como publicó Clarín, John Eduard
Martínez Grajales (37, alias "El Doctor"), su hermano Fabián Andrés (33), y el
matrimonio integrado por Jesús Antonio Yepez Gaviria (47) y Claudia Natalia Arias
Celis (38) figuran como miembros de varias sociedades creadas para los más
diversos fines. Un ejemplo: Fabián Andrés Martínez Grajales aparece como
integrante de la sociedad anónima Football Group Internacional, dedicada a la
transferencia de futbolistas. En esa sociedad también aparece su hermano menor,
Reymond Antony (29), que no quedó involucrado en la causa "Fondo Blanco" pero
es investigado porque su auto (un Volkswagen Bora) era usado por un narco
detenido en septiembre en San Martín con 170 kilos de cocaína y 200 entradas
para el partido River-Boca." (16)
Esta información surge con claridad
de la lectura del auto de procesamiento del 4 de diciembre de 2013 en causa FLP
51010801/2012, caratulada: "SANCHEZ GÁLVEZ, Andrés Mauricio y otros S/ Inf.
Ley 23.737" del registro de la Secretaría Nº 1 del Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora.
En esa resolución en la que respecto
al Sr. David Andrés ACEVEDO MUÑOZ (17), se dispone su citación a prestar
declaración indagatoria, se puede leer el texto completo de la carta que habría
enviado a su superior en la Colombia.
El Sr. Walter referido en el
procesamiento sería Walter Mosca, arquitecto y empresario, que como publica el
diario Perfil hizo un hotel en Nordelta y ahora lo investigan por narcolavado y sus
oficinas fueron allanadas a pedido del juez Alberto Santamarina, a cargo de la
causa referida.(18)
Notas periodísticas dieron cuenta de
la inauguración de dicho hotel de la que participaron Walter Mosca y Sergio Massa
(19). En una nota periodística del 20 de abril de 2014 se dice que "desde que sus
oficinas de Nordelta fueron allanadas en el marco de una causa por lavado de
dinero, el arquitecto Walter Jorge Mosca (47) dejó de ir al café del Hotel
Intercontinental del barrio cerrado de Tigre. Ese día, el 7 de abril pasado, los
empleados del hotel se sorprendieron al ver a los agentes de la Policía Bonaerense
llegar a uno de los departamentos del encargado de dirigir la obra del complejo
hotelero, inaugurado en julio de 2011.
En esa oportunidad, Mosca cortó la
cinta junto al diputado Sergio Massa y al empresario Eduardo Costantini. Al
escenario también subieron Federico Scarabino, por entonces vicepresidente de la
Cámara de Senadores bonaerense; Eduardo Camaño, ministro de Gobierno de la
Provincia; Alvaro Diago, presidente del Intercontinental, y Marcelo Macagno, socio
de Invest S.A. Uno de los gerentes del Intercontinental, que pidió preservar su
identidad, indicó a PERFIL que el edificio allanado está localizado dentro del
complejo hotelero, pero que se trata de "condominios con dueños particulares y
que el hotel ya no tiene relación con el arquitecto". Sin embargo, Pablo Mosca,
hermano de Walter, es el titular del spa del alojamiento del cinco estrellas.".
La estrecha relación entre el poder
político y funcionarios judiciales.
Por otro lado es conocida y llamativa
la estrecha relación entre el actual Diputado Nacional Sergio Massa y el Fiscal
General de San Isidro Julio Novo. Tal es así que Sergio Massa ha defendido
públicamente al Fiscal al decir que "Es el fiscal general, tiene vínculo con los
municipios y hace bien su trabajo...", según consigna la agencia de noticias Télam
sobre la investigación publicada por el diario Pagina 12 sobre las denuncias que
pesan sobre Novo, asiduo partícipe de los actos de campaña del Frente Renovador
durante el año 2013 (20).
La nota de la agencia oficial da cuenta
de las declaraciones públicas de Sergio Massa en una conferencia de prensa
desarrollada durante la campaña electoral del año 2013 en una actividad en la que
presentó su plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires.
Al ser referirse a la existencia de un
pedido de juicio político contra el fiscal general, remarcó que Novo "fue al jury de
enjuiciamiento y salió absuelto", y agregó: el "derecho establece que no se puede
juzgar dos veces a una persona por lo mismo (21)". La defensa al fiscal Novo -
quien ya por ese entonces se encontraba investigado por el posible encubrimiento
de una red de narcotraficantes- genera demasiadas sospechosas si se relacionan
estas declaraciones con lo que surge de la causa "Fondo Blanco" y con el auge del
narcotráfico y el lavado de dinero en la intendencia que gobernó desde el 10 de
diciembre de 2007 Sergio Massa.
Por otro lado, finalmente, el 11 de
enero de 2015, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado decidió imputar al Fiscal
Julio Novo por encubrir una red internacional de narcotráfico. La imputación se
realizó en el marco de una causa que vincula los asesinatos de narcos colombianos
en Unicenter y San Fernando, y el envío de casi una tonelada de cocaína a España
(22).
Cabe destacar por esos mismos
delitos fueron indagados entre octubre y noviembre 2015 el fiscal general Julio
Novo y algunos miembros de su equipo, los fiscales adjuntos de Novo, Rodrigo
Fernando Caro y Eduardo Marcelo Vaiani, y las secretarias de la fiscalía Mariana
Busse y Melisa Fernanda Rey.
Por otra parte, en la resolución del 30
de diciembre de 2014 que dispuso los allanamientos a las tres sedes de la fiscalía
general bonaerense de San Isidro, la jueza afirmó: "Se debe saber que el fiscal
general Novo es superior jerárquico de la cuñada de Gustavo Adolfo Juliá, la fiscal
María Inés Domínguez -quien además fue socia y apoderada de la empresa que
luego terminó operando bajo la razón social Federal Aviation SA-; que tiene amigos
con grados de parentesco con los cónyuges Gustavo Adolfo Juliá y Amelia del
Carmen Domínguez; que es superior jerárquico también de Mariana Busse, pareja
del abogado defensor de Gustavo Adolfo Juliá, el abogado Carlos Alberto Broitman;
y que registra con la mayoría de los nombrados fluidos contactos
telefónicos".
b. El caso "Unicenter" y la causa
"Novo y otros s/encubrimiento".
Es conocido que en el marco de la
causa que investigó el doble asesinato de los ciudadanos colombianos ocurrido el
24 de julio de 2008, en el centro comercial Unicenter Shopping de la localidad de
Martínez, se abrió la investigación penal preparatoria (IPP Nro. 14-03-023594)
caratulada Quinteros Gartner, Jorge Alexander y otro Vtmas de Doble Homicidio
Calificado", a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Distrito Martínez del
Dpto. Judicial de San Isidro, del Dr. Diego Matías Grau.
Asimismo, mediante una modalidad
similar, el 23 de febrero de 2009 se produce el homicidio de otro ciudadano
colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez, en la ciudad de San Fernando,
asignada a la UFI a cargo del Dr. Luis Manuel Angelini (IPP Nro. 14-05-01346-09).
Para la que con fecha 9 de marzo de 2009, el Dr. Novo designó al Dr. Diego Matías
Grau, para que actúe junto al Fiscal interviniente.
En ese tiempo fue por demás
llamativo que a pesar de la gravedad de los hechos que dichas causas
involucraron, considerando la evidente vinculación de dichos homicidios con el
narcotráfico, la Fiscalía General, a cargo del Dr. Julio Alberto Novo, no sólo no
brindó el apoyo mínimo necesario para el éxito de pesquisas de esa complejidad,
ni impulsó los actos procesales de su competencia, sino que los fiscales a cargo de
la investigación, sufrieron innumerables situaciones de abuso de poder y
obstrucción de su labor, por parte de sus superior jerárquico. Hechos que a la
fecha finalmente se investigan en la justicia federal, y que más allá del grave
perjuicio que configuraron para la administración de la Justicia, el caso mostró con
claridad la conducta de encubrimiento por parte del propio funcionario titular de la
Fiscalía General. Lo que podría ser un modus operandi del fiscal y de otros
funcionarios políticos y judiciales, dedicados a lucrar con el encubrimiento que
pueden ofrecer en causas penales donde se investigue narcotráfico o lavado de
activos.
Es oportuno recordar que estos
hechos dieron origen a que la Coalición Cívica ARI, impulsara un pedido de
destitución contra el Fiscal Novo en la provincia de Buenos Aires y que el fiscal Dr.
Luis Manuel Angelini denunciara penalmente al Fiscal General.
En esa causa se mencionan otros
hechos respecto de las estrechas vinculaciones entre el Sr. Aníbal Domingo
Fernández y el Fiscal Novo, particularmente respecto del hecho de que uno de los
fiscales que investigaba el crimen del Unicenter habría recibido por equivocación
una llamada de parte de Aníbal Fernández en la que le decían que lo de Novo
estaba todo arreglado (refiriéndose al jury de enjuiciamiento). Cabe recordar que
Aníbal Fernández se desempeñó al frente del Ministerio del Interior desde el 27 de
mayo de 2003 al 10 de diciembre de 2007 y frente al Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos hasta el 8 de julio de 2009, teniendo bajo su
órbita las fuerzas federales de seguridad (Prefectura Naval Argentina, Policía
Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria).
Fuerzas claves en la luchas contra el narcotráfico. Habiendo sido señalado en
causas judiciales respecto de Aníbal Fernández conductas que podrían configurar
encubrimiento de casos de narcotráfico, al menos en su carácter de Jefe de las
fuerzas federales de seguridad. (Ver causa N° 17.512 (N° B-11896) caratulada
"Abboud Gabriel Yusef y otros s/ Delito de acción pública...", en trámite por ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, Secretaría 2 de la
Ciudad de Buenos Aires).
Como se hiciera referencia en el
punto anterior, en la causa N° 3468/12, caratulada "Novo y otros s/encubrimiento"
que tramita en la justicia federal de San Isidro no solo están acreditados hechos de
encubrimiento de narcotráfico por parte de funcionarios del Ministerio Publico de la
provincia de Buenos Aires, funcionarios que ya fueron indagados por esos delitos.
Los hechos acreditados en la causa no comprometen solo a fiscales del
departamento judicial de San Isidro, sino que también hechos involucran a la
Procuradora General de la Provincia María del Carmen Falbo.
Que una comisión investigadora
parlamentaria, indague desde el ámbito nacional el entramado que rodea estas
causas puede echar luz y lograr la justicia y la verdad que el caso amerita. La
justicia sola no puede porque la promiscuidad entre la política, en este caso
bonaerense, y el Poder Judicial son óbice para desterrar la impunidad.
En este sentido viene a colación
señalar lo normado por el artículo 11 de la ley 13.274 que establece que "La
Procuración General de la Suprema Corte de Justicia podrá celebrar con los
Municipios donde se radicarán las sedes de los Ayudantes Fiscales, Convenios que
contemplen el aporte de los mismos, en la provisión de espacios físicos, recursos
humanos y materiales necesarios para el establecimiento y funcionamiento de las
oficinas respectivas."
En consecuencia, para crear estas
fiscalías descentralizadas en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, el
dinero ha sido aportado por los Intendentes de cada uno de los municipios. A ello
debe sumarse las distintas resoluciones emanadas en el ejercicio de la
superintendencia del Ministerio Público (creación de las Fiscalías de delitos
complejos) que ha generado un engranaje que facilitó en cabeza de determinados
intendentes la suma del poder público, corruptelas de toda índole e impunidad.
Cada intendente municipal cuenta con
un grupo de fiscales que dependen económicamente del aporte municipal. Esto
con el tiempo generó además de dependencia económica, dependencia funcional,
pues rápidamente quien administra los dineros para el funcionamiento de las
fiscalías se convierte en su conductor.
No es casualidad que desde la
existencia de las fiscalías descentralizadas cualquier delito vinculado con
funcionarios públicos hayan dejado de ser relevantes para los fiscales, para decirlo
con absoluta claridad, no existe desde el inicio de este esquema investigaciones
vinculadas con el manejo de los dineros públicos con el sistema de contrataciones
de obra pública, etc., que haya tenido éxito, o que se haya ventilado en un juicio
oral y público.
Todo ello, sumado a los alrededor de
cien llamados, acreditados en el marco de la causa Novo que existieron entre el
fiscal Novo, Malena Galmarini y el senador bonaerense Sebastián Galmarini,
sumado a defensa pública que realizara sobre Novo el ex intendente de Tigre y
actual diputado de la nación Sergio Massa.
Tampoco puede soslayarse que el
integrante del tribunal de enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios
Bonaerenses Mauricio D´Alessandro, votó en contra de avanzar con el jury de Julio
Novo en septiembre de 2015 en consonancia con los intereses de algunos sectores
políticos y en total desmedro de la búsqueda de la verdad y el combate del crimen
organizado y sus complicidades en distintas aéreas del Estado.
Este caso es un paradigma
bonaerense de cómo parte de la justicia y la política en la provincia de Buenos
Aires tiene lazos con el narcotráfico. Sin ánimo de dejar de bregar porque la
causas judiciales que lo investigan lleguen a la verdad, una comisión parlamentaria
investigadora marcará una inflexión pública en la lucha contra el narcotráfico.
c. El caso del "triple crimen de
General Rodríguez" y el tráfico y desvío de efedrina.
Del expediente que investiga el triple
crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina surge la vinculación
entre este crimen narco, punteros políticos del partido de Quilmes de la provincia
de Buenos Aires, el financiamiento de la campaña electoral del Frente para la
Victoria del año 2007 y en especial vinculaciones con Aníbal Domingo Fernández,
ex Ministro del Interior, ex Ministro de Justicia, ex Senador Nacional y ex Jefe de
Gabinete de la Nación. Dicha situación motivó entre otras acciones la presentación
de dos juicios políticos, dos denuncias penales y varias presentaciones judiciales en
su contra.
En efecto, en el año 2008 se presentó
una denuncia penal por lavado de dinero en la campaña electoral del Frente para
la Victoria y en el año 2010 también dirigentes del partido político Coalición Cívica
presentaron un pedido de juicio político ante la Cámara Diputados de la Nación
contra Aníbal Fernández -quien por entonces ocupaba el cargo de Jefe de
Gabinete de Ministros de la Nación- por mal desempeño en el ejercicio de sus
funciones y delitos en el ejercicio de la función pública.
Allí fundaron la necesidad de que la
Cámara de Diputados investigue el accionar del mencionado funcionario respecto
de acciones y/u omisiones en el ejercicio de su función en relación con la
SEDRONAR y el funcionamiento y contralor del RENAR; así como también que se
profundice en el análisis de sus vinculaciones respecto de los imputados en el triple
crimen de General Rodríguez.
Estos hechos estaban íntimamente
ligados con la causa que investigaba el desvió y el tráfico de efedrina desde el año
2008 en el juzgado a cargo de la Dra. María Servini de Cubría en el expediente
caratulado "Abboud Gabriel Yusef y otros s/ Delito de acción pública..." al que se
acumuló la causa por el Triple Crimen de General Rodríguez cuando la misma paso
a la jurisdicción federal.
Esa trascendente causa de
narcotráfico evidencia no sólo una ineludible responsabilidad política de Aníbal
Fernández, sino la existencia de responsabilidad penal por parte de algunos
funcionarios de las administraciones nacionales que gobernaron la Argentina entre
los años 2003 a 2015.
En ese orden de ideas, parece
fundamental que se investigue el periodo en el que el crecimiento del tráfico y el
desvío de efedrina tuvieron un crecimiento exponencial.
En esas épocas el gobierno argentino
incumplió con preocupante animosidad, la normativa vigente que lo obligaba a
coordinar políticas públicas y elevar informes sobre procedimientos de secuestros
de estupefacientes, precursores químicos y detenidos por la ley 23.737; lo que
daría cuenta de su voluntad de no contribuir a la lucha contra el narcotráfico. Aquí
observamos, entonces, no solo una responsabilidad política sino también una
responsabilidad penal por el incumplimiento de lo contemplado en el ordenamiento
jurídico que, al haber sido funcionario público, delimitaba estrictamente su
actuación.
Por otro lado hay que investigar a los
funcionarios que estuvieron vinculados a personas investigadas, procesadas y
condenadas por el desvío ilegal de precursores químicos.
La fuga de los primeros tres
condenados por el Triple ocurrida en diciembre de 2015 a días de asumir las
nuevas administraciones de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional
merecen un abordaje especial que desentrañe los vínculos narcos de las fuerza
policial bonaerense, del servicio penitenciario y del poder judicial de esa provincia.
d. Otros casos recientes de
funcionarios judiciales o políticos.
Según ha sido reflejado por diversos
medios de comunicación, Pedro Ramón Bareiro, funcionario público y candidato a
concejal por el Frente para la Victoria, fue encontrado por la Policía Federal
Argentina con 50 kg de cocaína, tras volcar con una camioneta Toyota Hilux en
Monte Lindo, Formosa (23).
A través de un comunicado, el
Ministerio de Seguridad de la Nación informó que cuando la Policía Federal se
dirigía a Clorinda, para realizar un operativo en la ciudad formoseña, a la altura de
Monte Lindo, encontró una camioneta volcada al costado del camino.
Los oficiales se detuvieron a socorrer
a los tres individuos que se encontraban dentro de la camioneta, y durante el
operativo, encontraron 50 kg de cocaína camuflada en la caja del vehículo.
La camioneta se encuentraba
registrada a nombre de la Dirección de Compras y Suministros del Ministerio de
Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa. Tras reconocer que era funcionario
público de la Provincia, Barerio quedó bajo disposición de la Justicia junto a su
mujer, Cecilia Cáceres y su hijo, Fabio Bareiro.
Por otro lado Mauricio Esteban
Gerónimo fue electo en diciembre como concejal de la localidad salteña de
Salvador Mazza y, posteriormente, ordenaron su captura tras una serie de 14
allanamientos y un operativo en el que Gendarmería secuestró 267 kilos de
cocaína. Sin embargo, dos meses después permanece prófugo luego de que -
reiteramos- la Justicia ordenara su captura por pertenecer presuntamente a una
organización narco. (24)
El mencionado funcionario está
acusado de involucrarse en una causa en la que Gendarmería incautó 267 kilos y
medio de cocaína, y que ya tiene otros cuatro detenidos. Se trata de una
investigación llevada adelante por el Juzgado Federal N°1 de Salta y que incluyó
una serie de 14 allanamientos en las ciudades salteñas de El Carril, Güemes,
Salvador Mazza, Aguaray, El Quebrachal; y en la provincia de Santa Fe, en la
ciudad de Venado Tuerto. El cargamento de la droga estaba oculto en un vehículo
que circulaba por la Ruta Nacional N°16, a la altura de Monte Quemado, Santiago
del Estero.
El caso del juez Raúl Reynoso,
Magistrado Federal a cargo de la jurisdicción de Orán, es otro paradigma del
estado de situación. El juez fue procesado en diciembre de 20015 por la justicia
por haber beneficiado a narcotraficantes. En efecto, fue considerado como
responsable "prima facie" de los delitos de asociación ilícita, prevaricato y
concusión y, en tal sentido, se le trabó un embargo por 15 millones de pesos y
hasta se le declaró la prisión preventiva. (25)
Además, hubo otros procesados junto
a él: abogados oranenses como René Gómez y empleados de su juzgado. Sin
embargo, solo el juez de Orán recibió el pedido de prisión preventiva por ser
considerado el jefe de la banda.
En suma, en más de doce causas que
pasaron por su firma y su juzgado, Reynoso está sospechado de haber ayudado a
narcotraficantes con sobreseimientos y exenciones de prisión a cambio de dádivas
como dinero en efectivo o propiedades.
4. Irregularidades y falta de control
en la política migratoria.
Tal como se ha expresado, la
conexión entre la ausencia de una política migratoria seria y el avance del
narcotráfico en nuestro país es a todas luces clara y preocupante.
En este sentido, el ex Secretario de
Seguridad Sergio Berni declaró el 18 de Julio de 2013 que "en Tigre están los
mayores narcotraficantes del mundo (...) No es un dato menor: en Nordelta
atrapamos a la mayor cantidad de narcotraficantes; los más requeridos en el
mundo" (26). Ante tal confesión, solo cabe destacar que no sería posible que los
mayores narcotraficantes del mundo se asienten en Tigre si, entre otras cosas, la
Dirección Nacional de Migraciones realizara su trabajo adecuadamente. Si
contáramos con una política migratoria lo suficientemente especializada y seria, el
ingreso de carteles de origen extranjero sería cuanto menos mucho más difícil de
lo que es hoy en día.
Más aún, si los narcotraficantes "más
requeridos en el mundo" -tal como lo expresó el ex Secretario de Seguridad-
eligen nuestro país para poder seguir desarrollando su actividad ilegal y mafiosa es
porque evidentemente pueden entrar en nuestro territorio nacional violando
fácilmente los controles y las disposiciones vigentes a los que debieran ser
sometidos por la Dirección Nacional de Migraciones.
Por otra parte, tanto como para evitar
el contrabando de drogas como para poder tener una política migratoria seria -
que dé respuesta a aquellos inmigrantes que quieren habitar nuestro país pero que
también evite que ciudadanos extranjeros con prontuarios en sus países de origen
ingresen al nuestro país en busca de impunidad- es necesaria la colaboración con
las naciones de la región. Este vínculo de colaboración fue casi inexistente y
conspiró contra la seguridad interna de nuestro país y contra la lucha de
problemáticas como el crimen organizado, el lavado de dinero y el narcotráfico. La
colaboración internacional en un tema de importancia mundial y esencial en
materia de narcotráfico. Es por ello que la política migratoria -dentro del marco
de cooperación internacional- reviste de consideración siempre que es uno de los
puntos conexos en el combate a este flagelo.
Asimismo, es preocupante la
negligencia e imprudencia con la que la Comisión Nacional para los Refugiados -
que operó bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones- ha funcionado
en los últimos años; y debe investigarse si ortorgó el estatus de refugiados a
familiares de reconocidos y buscados jefes de bandas narcotraficantes como es el
caso del colombiano Henry de Jesús López Londoño. Esto obedece a que se reveló
que el jefe narco Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre"-quien fuera
arrestado el pasado 30 de 0ctubre de 2012- había conseguido que nuestro país
les otorgara asilo político a su mujer y su hijo en el año 2008 bajo el estatus de
refugiados (27). En dicha oportunidad, incluso "Mi Sangre" había solicitado el asilo
político, que le fuera posteriormente denegado. Posteriormente por causa de un
viaje que realizaran a Colombia en el año 2009, tanto su esposa como su hijo
perdieron esa condición.
5. Conclusión
En virtud de lo expuesto
precedentemente podemos afirmar que en nuestro país ha habido un crecimiento
exponencial del narcotráfico y del crimen organizado. En efecto, la Argentina ha
pasado de ser un país de tránsito a ser un país de consumo y de producción y con
combate frontal de distintos grupos narcos que disputan poder, negocio y
territorios. Como consecuencia de tal flagelo ha aumentado la violencia,
particularmente, por luchas internas entre los distintos carteles que se han
instalado en la Argentina.
Ahora bien, ¿Por qué hemos llegado a
esta situación? Indudablemente, por alguna razón, la Argentina se ha convertido
en un país elegido por el narcotráfico para instalarse. Dicha situación obedece, a
nuestro juicio, principalmente por la complicidad de ciertos funcionarios políticos y
judiciales.
En consecuencia, resulta esencial la
creación de una Comisión Investigadora que tenga por finalidad estudiar y analizar
los encubrimientos y la responsabilidades directas que pudiera tener cualquier
funcionario público con el narcotráfico, que indague a los fines de determinar y de
conocer la verdad de este flagelo, de ayudar a combatirlo y de proponer las líneas
de investigación y las herramientas necesarias para su combate. Evitar el
crecimiento de narcotráfico debe ser una prioridad de todos los poderes del Estado
de la que esta Cámara de Diputados también debe hacerse eco.
Por las razones expuestas se solicita
la aprobación de este proyecto de resolución.
El director de Migraciones admitió que
en el norte "hay vulnerabilidad", Publicado en El Liberal el 17 de noviembre de
2013. Disponible en: http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=114224
"Argentina es el país con mayor
consumo de cocaína en América del Sur" Publicado en La Nación el 29 de febrero
de 2012, http://www.lanacion.com.ar/1452562-argentina-es-el-pais-con-mayor-
consumo-de-cocaina-en-america-del-sur
Sergio Berni desmintió a Agustín
Rossi: "Argentina no es un país de producción de drogas", publicado en La Nación
el 17 de febrero de 2014,lhttp://www.lanacion.com.ar/1664854-sergio-berni-
desmintio-a-agustin-rossi-argentina-no-es-un-pais-de-produccion-de-drogas
"Argentina no es un país productor de
drogas", publicado en Ámbito Financiero el 18 de Febrero de 2014,
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=729108
Fayt pidió que "no siga lloviendo
droga" en el norte del país, publicado en Ámbito Financiero el 23 de Septiembre de
2009, http://ambito.com/noticia.asp?id=483711
"Ricardo Lorenzetti encabezó el acto
de apertura del año judicial", publicado en el Centro de Información Judicial el 6
de marzo de 2014, http://www.cij.gov.ar/nota-13009-Ricardo-Lorenzetti- encabez-
-el-acto-de-apertura-del-a-o-judicial.html
"Crimen con el sello narco de un
colombiano en Palermo", publicado en el diario Clarín el 4 de marzo de 2014,
http://www.clarin.com/policiales/Crimen-sello-narco-colombiano-
Palermo_0_1095490444.html
"En la villa 1-11-14, Masacre en el
pool: cinco muertos por un tiroteo en el Bajo Flores" publicado en Infojus el 15 de
Octubre de 2013, http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/masacre-en-el-
pool-cinco- muertos-por-un-tiroteo-en-el-bajo-flores-1878.html
"Otro crimen con el sello de sicarios:
asesinan a un colombiano en Palermo" publicado en La Nación el 4 de marzo de
2014, http://www.lanacion.com.ar/1669133-otro-crimen-con-el-sello-de- sicarios-
asesinan-a-un-colombiano-en-palermo
"Narco: un colombiano irá a juicio oral
acusado de homicidio", publicado en Infojus el 25 de marzo de 2014,
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/narco-un-colombiano-ira-a-juicio-
oral-acusado-de-homicidio-3560.html
"Otro crimen con el sello de sicarios:
asesinan a un colombiano en Palermo" publicado en La Nación el 4 de marzo de
2014, http://www.lanacion.com.ar/1669133-otro-crimen-con-el-sello-de- sicarios-
asesinan-a-un-colombiano-en-palermo
Op. Cit.
Cómo vivía 'Mi Sangre' en su refugio
en Argentina, publicado en Infobae el 31 de octubre 2012,
http://www.infobae.com/2012/10/31/1060640-como-vivia-mi-sangre-su-refugio-
argentina
" Indagarán al fiscal general de San
Isidro por encubrimiento", publicado en el diario La Nación el 18 de septiembre de
2015. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1828969-indagaran-al-fiscal-
general-de-san-isidro-por-encubrimiento
"NARCOLANDIA, POR QUÉ
ARGENTINA SE CONVIRTIÓ EN EL PARAÍSO DE LOS TRAFICANTES
COLOMBIANOS", Virginia MESSI y Juan Manuel BORDÓN, pág. 259/260,
SUDAMERICANA 2014.-
"Narcos en countries: veían a un
pastor y se reunían en una iglesia.", publicado en el diario Clarín el 1° de
Noviembre de 2013. Disponible en http://www.clarin.com/policiales/Narcos-
countries-pastor-reunian-iglesia_0_1021697951.html
"D.N.I. Nº 94.187.671, sin
sobrenombres ni apodos, de 30 años de edad, de estado civil casado, de
ocupación pastor de Iglesia, de nacionalidad colombiana, nacido en Medellín,
Colombia, el día 01 de agosto de 1.983, con domicilio real en calle Dean Funes Nº
2.543 de Benavídez, partido de Tigre, hijo de William de Jesús ACEVEDO MUÑOZ
(v) e Irma del Socorro MUÑOZ CARMONA (v)",
"Hizo un hotel en Nordelta y ahora lo
investigan por narcolavado" publicado en el diario Perfil el 20 de abril de 2014,
disponible en http://www.perfil.com/policia/Hizo-un-hotel-en-Nordelta-y-ahora-lo-
investigan-por-narcolavado-20140420-0057.html
Op. Cit.
"Massa defendió al fiscal Novo,
acusado de obstruir el avance de causas vinculadas al narcotráfico", publicado el
28 de julio de 2013 por la agencia Télam, disponible en
http://www.telam.com.ar/notas/201307/26673-massa-defendio-al-fiscal-novo-
acusado-de-obstruir-el-avance-de-causas-vinculadas-al-narcotrafico.html
Op. Cit.
"La puerta giratoria" publicado en
Página 12 el 11 de enero de 2015 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-
263670-2015-01-11.html
"Encontraron a un funcionario
formoseño con 50 kg de cocaína" publicado en La Nación el día 20 de febrero de
2016. Link: http://www.lanacion.com.ar/1873006-encontraron-a-un-funcionario-
formoseno-con-50-kg-de-cocaina
"Un concejal de Salta se fugó tras ser
acusado de narco" publicado en Infobae.com el día 16 de febrero de 2016. Link:
http://www.infobae.com/2016/02/16/1790304-un-concejal-salta-se-fugo-ser-
acusado-narco
"Narcotráfico: procesaron al juez
federal de Orán, Raúl Reynoso, por ser jefe de una asociación ilícita, concusión y
prevaricato" publicado en el Centro de Información Judicial el día 30 de noviembre
de 2015. Link: http://www.cij.gov.ar/nota-19185-Narcotr-fico--procesaron-al-juez-
federal-de-Or-n--Ra-l-Reynoso--por-ser-jefe-de-una-asociaci-n-il-cita--concusi-n-y-
prevaricato.html
Berni denunció que en Tigre están
"los mayores narcos", publicado en Cadena3.com el 18 de julio de 2013.
http://www.cadena3.com/contenido/2013/07/17/116293.asp?titulo=Berni-
denuncio-que-en-Tigre-estan-los-mayores-narcos
"Familia de 'Mi sangre' obtuvo asilo
político en Argentina en 2008", publicado en el País de Colombia el 2 de noviembre
de 2012, http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/familia- narco-mi-
sangre-obtuvo-asilo-politico-argentina-2008
"La familia del narco "Mi sangre" tuvo
asilo político en el país en 2008", publicado en La Voz de Córdoba el 2 de
noviembre de 2012, http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/familia-narco-mi-
sangre-tuvo-asilo-politico-pais-2008
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CARRIO, ELISA MARIA AVELINA | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA |
| MARTINEZ VILLADA, LEONOR MARIA | CORDOBA | COALICION CIVICA |
| SANCHEZ, FERNANDO | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA |
| TERADA, ALICIA | CHACO | COALICION CIVICA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO (Primera Competencia) |
| PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DEL NARCOTRAFICO |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |