Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del organismo que corresponda, informe a ésta Cámara Legislativa:

1. Si tiene conocimiento de la posible existencia de personal civil y/o militar extranjero que actualmente revista algún tipo de servicio o se encuentre asignado a algún tipo de misión o tarea de índole castrense en alguna instalación, emplazamiento, base militar o afín perteneciente a las Fuerzas Armadas y/o Fuerzas de Seguridad de la Nación. En caso afirmativo, sírvase de remitir toda la información pertinente y detallada, así como los instrumentos que legitiman y permiten, si así fuere, la presencia de dicho personal en territorio nacional, exceptuándose a los alumnos extranjeros que se encuentren realizando cursos y capacitaciones en virtud de programas de intercambio en instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

2. Si tiene conocimiento de la posible existencia actual o pasada de alguna instalación, emplazamiento, base militar o afín en territorio nacional operada por personal civil y/o militar extranjero, sita en territorio nacional. En caso afirmativo, sírvase de remitir toda la información pertinente con el mayor detalle.

3. Toda otra información que sea conducente y relativa a los requerimientos efectuados.

Señor presidente:

Ante el desarrollo de la situación político-militar regional, en la cual surgen de manera preocupante informaciones, indicios, versiones y trascendidos que mencionan insistentemente la presencia de actores extranacionales en varios Estados de Sudamérica, creemos necesario conocer algunas cuestiones relativas en el ámbito nacional.

Dichos actores -principalmente militares, personal civil rentado para tareas de seguridad y consultores técnicos especializados- recorren diversos países de le región y ocupan, con acuerdo de varios gobiernos locales, instalaciones militares que son operadas por ellos mismos o por sus pares anfitriones, en el marco de una política de "cooperación en seguridad" mediante emplazamientos militares del tipo CLS ("Cooperative Security Locations") Su misión primordial es dar apoyo técnico y activo a los gobiernos que les permiten actuar, en materia de seguridad interna y combate contra el narcotráfico, el terrorismo, el narcoterrorismo, el crimen organizado, etc. Al mismo tiempo, ese personal extranjero está en posibilidad absoluta y franca de realizar tareas propias de inteligencia y cuenta con capacidades para despliegues militares propios o asistencia local a despliegues mayores, en caso de ser ordenados por sus Estados, para diversas acciones de influencia, injerencia, intervención y/o control sobre objetivos estratégicos en los Estados anfitriones o en su periferia. Entre esos objetivos se destaca la supervisión de los procesos políticos regionales que divergen fuertemente con los intereses angloamericanos, y con la cercanía de inmensas fuentes de recursos naturales, principalmente hidrocarburíferos, minerales y alimenticios.

La presencia de efectivos militares y civiles con las características mencionadas -sobre todo ciudadanos estadounidenses- se trata de un hecho comprobado en varios países de le región: Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Haití, Paraguay, Perú, Honduras, Cuba, El Salvador, Aruba y hasta hace poco Ecuador; cuyo gobierno soberano no renovó a al gobierno estadounidense el uso de la importante base militar de Manta (al occidente costero), debiendo ser trasladadas sus funciones por Washington a emplazamientos en el Perú.

Desde el año 2000 y como parte de la estrategia neoconservadora de la administración de Bush hijo -incrementada exponencialmente luego del 11-S- que impulsa la doctrina del "Nuevo Siglo Americano" ("Project for a New American Century" o PNAC), el Pentágono diseñó un nuevo esquema de control militar subregional, a través de las bases militares estadounidenses o locales, pero utilizadas por sus efectivos. Ubicadas a lo largo y ancho de todo el continente, su fin es monitorear a América Latina y, específicamente, a Sudamérica y países del Caribe que se alejan de la hegemonía americana. El Pentágono diseñó ese esquema a través de los llamados "puntos avanzados de operación" ("Forward Operation Locations" o FOL) Estos puntos fueron generados como centros de "Movilidad estratégica" y "usos de fuerza decisiva" para intervenciones veloces y fulminantes, con bases y tropas aerotransportadas de despliegue rápido. Se trata de emplazamientos que contienen capacidades para recibir tropas, aviones de gran porte y transporte, y son operadas por el país anfitrión que contrae la obligación con Washington de permitir el libre acceso a sus efectivos. El gobierno de Estados Unidos mismo reconoce que "sin estas FOLs, los Estados Unidos serían incapaces de llevar efectivamente a cabo nuestras misiones detección y monitoreo, que caerían cerca de un 50 por ciento." Existen al menos diecisiete instalaciones de este tipo en la región.

Analistas señalan que "Las bases militares en América Latina y el Caribe son una red interrelacionada que apoya los objetivos de Estados Unidos para un acceso seguro a mercados, control del flujo de narcóticos y obtención de recursos naturales, especialmente petróleo (...) A pesar de que Estados Unidos ha cerrado instalaciones en Panamá y Puerto Rico, ha abierto un conjunto de pequeñas bases a través de toda la región, incluyendo varias de apoyo a las operaciones en Colombia. (...) La operación de las bases y su mantenimiento están siendo cada vez más contratadas con compañías privadas."Huelga decir que, como mínimo, la presencia incluso "consensuada" o pactada entre el hegemón estadounidense y sus socios regionales en su propio territorio, es de por sí una merma en la soberanía de los Estados regionales comprometidos. Pero también es un factor de tensión e inestabilidad para aquellos que no coinciden con esta política de cooperación en materia de seguridad. De hecho, Estados como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Brasil (que se ha referido al caso de las bases colombianas utilizadas por efectivos estadounidenses y a la reactivación de la IV Flota de la US Navy en el Atlántico Sur) consideran como una amenaza la presencia de estos actores extraregionales hacia el equilibrio y la paz de Sud y Centroamérica.

Ello es lo que motiva el presente pedido de informes, ya que es fundamental para el resguardo de la soberanía nacional poder conocer la situación en nuestro país, ante un tema tan delicado que puede comprometer la misma. Porque de acuerdo a cierta información y trascendidos surgidos en el ámbito académico internacional y en el seno de las Fuerzas Armadas argentinas -incluyendo a oficiales de alta graduación-, existen indicios que señalarían la existencia de una base o instalación de tipo militar en una ubicación no revelada en territorio nacional y operada por personal perteneciente al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

Una de las fuentes que menciona el alarmante hecho es el "Atlas estratégico. Geopolítica de las relaciones de fuerza en el mundo." de los autores franceses Gerard Chaliand y Jean Pierre Rageau; ambos académicos y especialistas en geopolítica, geoestrategia y procesos político-militares en América Latina, África y Asia. En la página 226 de dicha obra se cita el emplazamiento como "Base de reconocimiento, comunicaciones y de navegación. Puesto de radar." Por supuesto, se menciona al país pero no al lugar exacto de ubicación. Algunos antiguos efectivos militares argentinos, en algún momento, mencionaron ambigua y genéricamente a "la Patagonia", cuya vastedad y geografía resulta propicia para semejante posibilidad.

Dicha base estaría funcionando desde el año 1978, acorde a esas fuentes castrenses, y su objetivo inicial estaría vinculado con el marco regional de la entonces vigente Guerra Fría entre el bloque soviético y occidental-capitalista, y la violenta política represiva en el Cono Sur, como una "localización" de ese conflicto. Debemos tener presente que, lamentablemente, nuestro país participó bajo la dictadura procesista con oficiales e instructores propios para apoyar la represivón en Centroamérica mientras que, por ejemplo, los "Contras" nicaragüenses se instruían en Argentina, y los represores argentinos a su vez se entrenaban en Panamá, que albergaba en ese entonces a la nefasta "United States Army School of the Americas" (USARSA) o "Escuela de las Américas." En este escenario, no resultaría descabellada la posibilidad mencionada y sostenida por los académicos foráneos y los militares argentinos, sobre lo cual requerimos información del Poder Ejecutivo Nacional.

Según las versiones de los efectivos argentinos, la base se encontraba activa -sin poder conocerse algún otro detalle- en la década pasada, durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem. No sorprende que su política exterior y de defensa se alineara con las principales doctrinas surgidas de Washington, en un nuevo escenario signado por el fin de la Guerra Fría y el ingreso a un período unipolar del sistema internacional bajo la hegemonía estadounidense y sus principales aliados, como el Reino Unido.

Por supuesto, este tipo de información es imposible de ser comprobada por las vías normales y cotidianas (prensa, medios digitales, etc.) y es apenas "rozada" por los ámbitos técnicos y específicamente militares. De allí surge la necesidad de contar con información fehaciente que hace a la seguridad e interés nacional y a la protección de la soberanía e integridad territorial de un país cuyo territorio se encuentra, en una gran parte que incluye importantísimos sectores del Atlántico Sur y sus principales islas, ocupado militarmente por una potencia extrarregional -el Reino Unido-, lo cual también constituye un desafío al equilibrio de fuerzas y la paz de la región.

Por todo lo considerado, y en atención a la magnitud de lo planteado, solicito a mis pares legisladores/as el acompañamiento del presente proyecto.