Proyecto
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional
que, a través del organismo que corresponda, informe a ésta Cámara
Legislativa:
1. Si tiene conocimiento de la
posible existencia de personal civil y/o militar extranjero que actualmente revista
algún tipo de servicio o se encuentre asignado a algún tipo de misión o tarea de
índole castrense en alguna instalación, emplazamiento, base militar o afín
perteneciente a las Fuerzas Armadas y/o Fuerzas de Seguridad de la Nación. En
caso afirmativo, sírvase de remitir toda la información pertinente y detallada, así
como los instrumentos que legitiman y permiten, si así fuere, la presencia de
dicho personal en territorio nacional, exceptuándose a los alumnos extranjeros
que se encuentren realizando cursos y capacitaciones en virtud de programas de
intercambio en instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
2. Si tiene conocimiento de la
posible existencia actual o pasada de alguna instalación, emplazamiento, base
militar o afín en territorio nacional operada por personal civil y/o militar
extranjero, sita en territorio nacional. En caso afirmativo, sírvase de remitir toda
la información pertinente con el mayor detalle.
3. Toda otra información que
sea conducente y relativa a los requerimientos efectuados.
FUNDAMENTOS
Proyecto
Señor presidente:
Ante el desarrollo de la situación
político-militar regional, en la cual surgen de manera preocupante informaciones,
indicios, versiones y trascendidos que mencionan insistentemente la presencia
de actores extranacionales en varios Estados de Sudamérica, creemos necesario
conocer algunas cuestiones relativas en el ámbito nacional.
Dichos actores -principalmente
militares, personal civil rentado para tareas de seguridad y consultores técnicos
especializados- recorren diversos países de le región y ocupan, con acuerdo de
varios gobiernos locales, instalaciones militares que son operadas por ellos
mismos o por sus pares anfitriones, en el marco de una política de "cooperación
en seguridad" mediante emplazamientos militares del tipo CLS ("Cooperative
Security Locations") Su misión primordial es dar apoyo técnico y activo a los
gobiernos que les permiten actuar, en materia de seguridad interna y combate
contra el narcotráfico, el terrorismo, el narcoterrorismo, el crimen organizado,
etc. Al mismo tiempo, ese personal extranjero está en posibilidad absoluta y
franca de realizar tareas propias de inteligencia y cuenta con capacidades para
despliegues militares propios o asistencia local a despliegues mayores, en caso
de ser ordenados por sus Estados, para diversas acciones de influencia,
injerencia, intervención y/o control sobre objetivos estratégicos en los Estados
anfitriones o en su periferia. Entre esos objetivos se destaca la supervisión de los
procesos políticos regionales que divergen fuertemente con los intereses
angloamericanos, y con la cercanía de inmensas fuentes de recursos naturales,
principalmente hidrocarburíferos, minerales y alimenticios.
La presencia de efectivos militares y
civiles con las características mencionadas -sobre todo ciudadanos
estadounidenses- se trata de un hecho comprobado en varios países de le
región: Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Haití, Paraguay, Perú, Honduras,
Cuba, El Salvador, Aruba y hasta hace poco Ecuador; cuyo gobierno soberano no
renovó a al gobierno estadounidense el uso de la importante base militar de
Manta (al occidente costero), debiendo ser trasladadas sus funciones por
Washington a emplazamientos en el Perú.
Desde el año 2000 y como parte de
la estrategia neoconservadora de la administración de Bush hijo -incrementada
exponencialmente luego del 11-S- que impulsa la doctrina del "Nuevo Siglo
Americano" ("Project for a New American Century" o PNAC), el Pentágono
diseñó un nuevo esquema de control militar subregional, a través de las bases
militares estadounidenses o locales, pero utilizadas por sus efectivos. Ubicadas a
lo largo y ancho de todo el continente, su fin es monitorear a América Latina y,
específicamente, a Sudamérica y países del Caribe que se alejan de la
hegemonía americana. El Pentágono diseñó ese esquema a través de los
llamados "puntos avanzados de operación" ("Forward Operation Locations" o
FOL) Estos puntos fueron generados como centros de "Movilidad estratégica" y
"usos de fuerza decisiva" para intervenciones veloces y fulminantes, con bases y
tropas aerotransportadas de despliegue rápido. Se trata de emplazamientos que
contienen capacidades para recibir tropas, aviones de gran porte y transporte, y
son operadas por el país anfitrión que contrae la obligación con Washington de
permitir el libre acceso a sus efectivos. El gobierno de Estados Unidos mismo
reconoce que "sin estas FOLs, los Estados Unidos serían incapaces de llevar
efectivamente a cabo nuestras misiones detección y monitoreo, que caerían
cerca de un 50 por ciento." Existen al menos diecisiete instalaciones de este tipo
en la región.
Analistas señalan que "Las bases
militares en América Latina y el Caribe son una red interrelacionada que apoya
los objetivos de Estados Unidos para un acceso seguro a mercados, control del
flujo de narcóticos y obtención de recursos naturales, especialmente petróleo
(...) A pesar de que Estados Unidos ha cerrado instalaciones en Panamá y Puerto
Rico, ha abierto un conjunto de pequeñas bases a través de toda la región,
incluyendo varias de apoyo a las operaciones en Colombia. (...) La operación de
las bases y su mantenimiento están siendo cada vez más contratadas con
compañías privadas."Huelga decir que, como mínimo, la presencia incluso
"consensuada" o pactada entre el hegemón estadounidense y sus socios
regionales en su propio territorio, es de por sí una merma en la soberanía de los
Estados regionales comprometidos. Pero también es un factor de tensión e
inestabilidad para aquellos que no coinciden con esta política de cooperación en
materia de seguridad. De hecho, Estados como Venezuela, Ecuador, Bolivia,
Cuba, Nicaragua y Brasil (que se ha referido al caso de las bases colombianas
utilizadas por efectivos estadounidenses y a la reactivación de la IV Flota de la
US Navy en el Atlántico Sur) consideran como una amenaza la presencia de
estos actores extraregionales hacia el equilibrio y la paz de Sud y Centroamérica.
Ello es lo que motiva el presente
pedido de informes, ya que es fundamental para el resguardo de la soberanía
nacional poder conocer la situación en nuestro país, ante un tema tan delicado
que puede comprometer la misma. Porque de acuerdo a cierta información y
trascendidos surgidos en el ámbito académico internacional y en el seno de las
Fuerzas Armadas argentinas -incluyendo a oficiales de alta graduación-, existen
indicios que señalarían la existencia de una base o instalación de tipo militar en
una ubicación no revelada en territorio nacional y operada por personal
perteneciente al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Una de las fuentes que menciona el
alarmante hecho es el "Atlas estratégico. Geopolítica de las relaciones de fuerza
en el mundo." de los autores franceses Gerard Chaliand y Jean Pierre Rageau;
ambos académicos y especialistas en geopolítica, geoestrategia y procesos
político-militares en América Latina, África y Asia. En la página 226 de dicha obra
se cita el emplazamiento como "Base de reconocimiento, comunicaciones y de
navegación. Puesto de radar." Por supuesto, se menciona al país pero no al
lugar exacto de ubicación. Algunos antiguos efectivos militares argentinos, en
algún momento, mencionaron ambigua y genéricamente a "la Patagonia", cuya
vastedad y geografía resulta propicia para semejante posibilidad.
Dicha base estaría funcionando
desde el año 1978, acorde a esas fuentes castrenses, y su objetivo inicial estaría
vinculado con el marco regional de la entonces vigente Guerra Fría entre el
bloque soviético y occidental-capitalista, y la violenta política represiva en el
Cono Sur, como una "localización" de ese conflicto. Debemos tener presente
que, lamentablemente, nuestro país participó bajo la dictadura procesista con
oficiales e instructores propios para apoyar la represivón en Centroamérica
mientras que, por ejemplo, los "Contras" nicaragüenses se instruían en
Argentina, y los represores argentinos a su vez se entrenaban en Panamá, que
albergaba en ese entonces a la nefasta "United States Army School of the
Americas" (USARSA) o "Escuela de las Américas." En este escenario, no
resultaría descabellada la posibilidad mencionada y sostenida por los académicos
foráneos y los militares argentinos, sobre lo cual requerimos información del
Poder Ejecutivo Nacional.
Según las versiones de los efectivos
argentinos, la base se encontraba activa -sin poder conocerse algún otro
detalle- en la década pasada, durante el gobierno del ex presidente Carlos
Menem. No sorprende que su política exterior y de defensa se alineara con las
principales doctrinas surgidas de Washington, en un nuevo escenario signado
por el fin de la Guerra Fría y el ingreso a un período unipolar del sistema
internacional bajo la hegemonía estadounidense y sus principales aliados, como
el Reino Unido.
Por supuesto, este tipo de
información es imposible de ser comprobada por las vías normales y cotidianas
(prensa, medios digitales, etc.) y es apenas "rozada" por los ámbitos técnicos y
específicamente militares. De allí surge la necesidad de contar con información
fehaciente que hace a la seguridad e interés nacional y a la protección de la
soberanía e integridad territorial de un país cuyo territorio se encuentra, en una
gran parte que incluye importantísimos sectores del Atlántico Sur y sus
principales islas, ocupado militarmente por una potencia extrarregional -el Reino
Unido-, lo cual también constituye un desafío al equilibrio de fuerzas y la paz de
la región.
Por todo lo considerado, y en
atención a la magnitud de lo planteado, solicito a mis pares legisladores/as el
acompañamiento del presente proyecto.
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