Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informe a esta Honorable Cámara de Diputados sobre la eventual participación de fuerzas militares en la lucha contra diversas formas de criminalidad.

En numerosas ocasiones e instancias, que son detalladamente documentadas en los Fundamentos del presente Proyecto de Resolución, tanto el Sr. Presidente y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, como el Sr. Ministro de Defensa han hecho declaraciones donde explícitamente muestran interés o inquietud por problemáticas del ámbito de la seguridad pública como el narcotráfico o el terrorismo, como temas a ser abordados desde el ámbito de la Defensa Nacional y mediante el empeño de fuerzas militares.

En tal sentido se solicita facilitar la información que a continuación se detalla.

1.- ¿Piensa el Gobierno Nacional involucrar elementos de combate e inteligencia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico?

2.- ¿Piensa el Gobierno Nacional involucrar elementos de combate e inteligencia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo?

3.- ¿Piensa el Gobierno Nacional involucrar elementos de combate e inteligencia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra otras problemáticas de seguridad?

4.- ¿Está en los planes del Gobierno Nacional promover una modificación de las leyes de Defensa (Ley N°23554), de Seguridad Interior (Ley N°24059), de Inteligencia (Ley N°25520 y su modificatoria Ley N°27126)? Si la respuesta fuera afirmativa sírvase brindar los lineamientos que guiarán dichas modificaciones.

5.- ¿Está en los planes del Poder Ejecutivo Nacional modificar el Decreto Reglamentario de la Ley N°23554 (Dto. N°727/2006)? Si la respuesta fuera afirmativa sírvase brindar los lineamientos que guiarán dicha modificación.

6.- De ser negativas las respuestas de los puntos anteriores, sírvase informar a qué responden las numerosas manifestaciones ilustradas en los Fundamentos de este Proyecto de Resolución.

7.- Cualquier otra información que sirva al presente.

Señor presidente:

En los aproximadamente poco más de siete meses de gobierno de la administración Macri, se advierten una serie de señales inquietantes en relación a los pilares que fundan el ordenamiento institucional del sector Defensa y que fueron constituidos a partir de un amplio consenso pluripartidario desde la restauración democrática de 1983. Preocupan particularmente algunas iniciativas que sugieren una degradación en el principio de control civil y conducción política de las fuerzas militares; la disolución de la separación jurídica, funcional y jurisdiccional entre Defensa Nacional y Seguridad Interior; y la desarticulación de capacidades tecnológicas y productivas en este sector.

No han sido pocas ni menores las señales que ha enviado el actual gobierno en tan poco tiempo de gestión y es por ello a continuación las reseñamos brevemente:

1) A mediados de abril, el Ministerio de Defensa informó, mediante gacetilla de prensa y videos, sobre la visita de la Subsecretaria de Control de Armas y Seguridad Internacional del Departamento de Estado de los EE.UU., Rose Gottemoeller. Tras dicho encuentro, el Ministro de Defensa, Julio Martínez, hizo declaraciones contrarias al ordenamiento jurídico argentino en lo relativo a las áreas de responsabilidad, competencia y jurisdicción del Ministerio de Defensa y del Instrumento Militar de la Nación. Entre otras cosas, el Sr. Ministro afirmó: "avanzamos en una serie de temas que incluye la participación en misiones de paz, la cuestión antártica y la lucha contra el narcotráfico".

2) A fines de mayo el Poder Ejecutivo emitió el Decreto N°721/2016 que delega responsabilidades de la conducción civil y política de la Defensa en los mandos militares de las Fuerzas Armadas, marcando así un retroceso respecto a la recuperación de facultades de gobierno que estableciera, en los albores de nuestra democracia, el Presidente Raúl Alfonsín a través de los decretos N°101/1985 y 436/1984. En efecto, lo que ha hecho el Decreto N°721/2016 fue precisamente derogar los citados decretos emitidos por el entonces Presidente Alfonsín.

3) En su informe ante la Honorable Cámara de Senadores, Sra. Ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, afirmó que “La Argentina se ha transformado en el tercer país exportador de coca en el mundo sin producir coca” y que "la droga que sale de la Argentina, que va esencialmente a Europa a través de África occidental, es una fuente de financiamiento a los grupos extremistas como Boko Haram y AQIM." Análogamente, un reciente informe del Poder Ejecutivo titulado “El estado del Estado” (http://www.casarosada.gob.ar/elestadodelestado/) afirma exactamente lo mismo: “según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la Argentina es el tercer país

proveedor mundial de cocaína” Respecto a dichas afirmaciones, en efecto, hay sendos cuadros en el World Drug Report 2013 y 2015 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) que ubican a la República Argentina como uno de los países “frecuentemente más mencionado" en “tránsito” de cocaína. Sin embargo hay una serie de cuestiones por lo menos llamativas respecto a los cuadros en los cuales el Poder Ejecutivo basa tales afirmaciones. En primer lugar el título: mide "menciones" y no cargamentos o kilos. Una cuestión metodológicamente cuestionable si lo que pretende medirse es el volumen comerciado de una mercancía. En segundo lugar ubica a México en la posición 12 (doce) de la tabla de países "mencionados" como exportadores de cocaína, siendo éste el principal país de tránsito hacia los EEUU (a su vez principal mercado mundial de cocaína). Finalmente, las notas metodológicas del cuadro que consigna dicha apreciación del informe 2013, dicen claramente "la información presentada en este cuadro tiene que ser tomada con precaución". En tanto las notas del informe 2015 rezan: “hay que notar que algunos de los principales países consumidores no han reportado datos”. En efecto, los principales mercados consumidores – Estados Unidos por ejemplo – no han mencionado el origen de los cargamentos en un cuadro donde precisamente se miden “menciones”.

4) En el mismo sentido, el Presidente Mauricio Macri, sugirió que las Fuerzas Armadas podrían involucrarse en la lucha contra el terrorismo. El 30 de mayo de 2016, con motivo del día del Ejército afirmó: “Necesitamos que las Fuerzas Armadas se adapten a las demandas y requerimientos del siglo XXI, primero ayudándonos a nuestra política exterior, participando en misiones de paz; lo segundo, debido al cambio climático el pueblo argentino necesita de sus Fuerzas Armadas ahí, listas para reaccionar rápido y asistir; como también necesitamos que trabajemos juntos contra las amenazas del terrorismo”.

5) En enero de 2016 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto N°228 que declara la “emergencia en seguridad”. Dicho decreto sugiere la generalización de reglas de empañamiento – usadas en decretos secretos ad hoc en cumbres presidenciales – para que pilotos de la Fuerza Aérea Argentina puedan derriban aeronaves sospechosas de estar transportando mercadería ilícita, habilitando así una ejecución sin juicio previo.

6) Recientes acuerdos suscriptos por la Argentina con los Estados Unidos en materia de defensa y seguridad hacen referencia al establecimiento de Centros de Fusión de Inteligencia en nuestro país. De acuerdo a la Casa Blanca: “El FBI también ayudará a establecer una red nacional de Centros de Fusión de Inteligencia para detectar e interrumpir el terrorismo y el crimen organizado”. Debe recordarse que los Centros de Fusión de Inteligencia fueron creados en los EEUU luego de los ataques de septiembre de 2001 bajo la órbita del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia. Funcionan como “puntos focales” de recepción, análisis,

recopilación e intercambio de información de inteligencia a nivel federal. Intervienen, entre otros organismos, la CIA, el FBI, el Departamento de Justicia y las FFAA. En 2012 una comisión bipartidaria del Senado estadounidense publicó un informe sobre la inutilidad, dispendio y riesgo para las libertades civiles de estos Centros.

7) el 7 de julio El Ministerio de Defensa informó, mediante gacetilla de prensa, la visita del comandante en jefe de la Fuerza Terrestre de la Federación de Rusia, coronel general Oleg Salyukov. Dicho Ministerio comunicó que se “dialogó sobre la necesidad de incorporar nuevo equipamiento para las Fuerzas Armadas e intercambiar conocimientos en temas relacionados con la lucha contra el terrorismo y la ciberdefensa” (http://www.mindef.gov.ar/plantillaNoticia.php?notId=222). Declaración que resulta contraria al ordenamiento jurídico argentino en lo relativo a las áreas de responsabilidad, competencia y jurisdicción del Ministerio de Defensa y del Instrumento Militar de la Nación.

8) El día 29 de junio la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Defensa divulgó a través del informe de prensa Nº 195/16 que la Escuela de Defensa Nacional (EDENA) había organizado una actividad “sobre defensa y seguridad” (http://www.mindef.gov.ar/plantillaNoticia.php?notId=215). Según el Ministerio de Defensa, el seminario US National Security Landscape and Intelligence Community estuvo dirigido a estudiantes argentinos y extranjeros que se forman en la EDENA y fue dictado por el profesor Daniel Murphy, oficial de la Armada de los Estados Unidos, con vasta experiencia en el área de inteligencia de esa fuerza. Murphy, por otra parte, es profesor part-time de “Seguridad Interior” de la Northeastern University, en donde dicta, entre otros, el curso “Amenazas no convencionales a la Seguridad Interior” (ver CV en: https://www.linkedin.com/in/dtmurphy). En este marco, cabe destacar las palabras del director de la EDENA, Julio Spota, quien informó que el objetivo del seminario fue "fomentar el intercambio de conocimientos y la capacidad para el análisis en cuestiones vinculadas con las políticas de defensa y de seguridad nacional, mediante un enfoque de gestión basado en la administración pública y las relaciones internacionales". A este respecto es dable destacar que uno de los principales objetivos que procuró la sanción de las leyes de Defensa (1988) y Seguridad Interior (1992), fue el de superar y desarticular esquemas doctrinarios totalizadores de los conceptos de Defensa y Seguridad como los que pudieron apreciarse bajo la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). Preocupa entonces que desde una dependencia oficial del Ministerio de Defensa vuelva a hablarse – precisamente – de “Defensa y Seguridad Nacional”.

9) El 21 de julio el diario Página 12 informó sobre un efímero Twitter del Ministerio de Seguridad de la Nación (fue rápidamente borrado) donde se “informó que funcionarios de

esa cartera habían compartido una reunión con colegas del Ministerio de Defensa y miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas con el objetivo de un ´trabajo coordinado para más seguridad´”( http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-304825-2016-07-21.html).

Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.