Expresar repudio y preocupación por el Decreto Presidencial Nº 721/2016 que modifica el histórico Decreto Nº 436/1984 firmado por el ex Presidente Raúl Alfonsín modificando las facultades delegadas al Ministro de Defensa por el Presidente de la Nación al otorgarle a las Fuerzas Armadas mayor autonomía y potestades respecto al poder civil.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto expresar nuestra preocupación y enérgico repudio a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto Nº 721/2016, publicado el 31 de Mayo en el Boletín Oficial.

Bajo los argumentos de “establecer procedimientos ágiles que permitan atender las cuestiones relacionadas con la gestión del personal de las Fuerzas Armadas” y “dejar atrás enfrentamientos y divisiones” por parte del Poder Ejecutivo, sostenemos que este Decreto significa un claro retroceso en el control civil sobre las Fuerzas Armadas al otorgarle mayor autonomía y potestades para decidir sobre designaciones, ascensos, traslados y premios.

Con la publicación del Decreto Nº 721/2016 el Presidente de la Nación delega en el Ministro de Defensa la designación del personal militar en los cargos correspondientes a la conducción superior del Estado Mayor Conjunto y de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, con excepción de los Jefes de dichos Estados Mayores, el Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto y el Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación; la designación del Auditor general y del Auditor general Adjunto de las Fuerzas Armadas, la disposición de los retiros y bajas obligatorios de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, la disposición de altas y ceses de oficiales y suboficiales para prestar servicios en situación de retiro y la resolución de los recursos presentados por los oficiales superiores contra resoluciones de los Jefes Estados Mayores Generales como definitiva y última instancia.

En tanto delega en el Jefe del Estado Mayor conjunto la designación de los oficiales destinados en las Fuerzas Armadas –con excepción de aquellos cargos que constituyan la conducción superior -, la designación de los suboficiales destinados en dicho Organismo Militar, la aplicación de las calificaciones de egreso de los cursos conjuntos y el otorgamiento de títulos correspondientes y designación de los agentes civiles en su jurisdicción y autorización de sus cambios de destino.

Este Decreto Nº 721/2016 da marcha atrás a la disposición tomada en 1984 por el Presidente Raúl Alfonsín, y mantenida por todos los gobiernos hasta la fecha, para restar autonomía a los militares y dejar en manos de los políticos elegidos democráticamente las decisiones vinculadas con la órbita castrense.

El decreto Nº 436/1984 firmado en 1984 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, concentraba las facultades otorgadas por la Constitución que lo nombran Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y que solo compartía algunas de ellas con el Ministro de Defensa.

Contrariamente, con la firma del Decreto Nº 721/2016, algunas de esas facultades pasan a depender también del Jefe del Estado Mayor del Ejército quitando la injerencia que tenía el Ministro de Defensa en el nombramiento de oficiales retirados para las tareas de formación militar; las instancias de apelación no dependen más del Ministerio sino del Jefe del Estado Mayor, es decir, que la instancia de apelación puede llegar a ser el propio denunciado; las cuestiones procesales también pasan a depender de los mismos militares.

La medida adoptada en 1984 se enmarcó en un proceso de consolidación y profundización de la democracia que estuvo acompañado por la reforma al código de Justicia Militar, la Ley de Defensa de la Democracia, entre otras.

Nuestra historia nos ha enseñado que las Fuerzas Militares deben estar subordinadas al poder civil por lo tanto, es necesario mantener el control civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para garantizar una política de Estado enmarcada en los pilares de Memoria, Verdad y Justicia.

El último 24 de marzo, al conmemorar 40 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, asistimos a innumerables actos organizados en todo el país en donde se expresó el repudio a lo sucedido entonces y se reafirmó el compromiso público para que el Nunca Más sea una realidad.

Millones de argentinos nos movilizamos en las calles para decir que medidas como éstas no deben ser tomadas nunca más en nuestro país.

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de Resolución.