Manifestar preocupación ante la promulgación del Decreto Nacional 698/17, que establece la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, constituyéndola en un ente inscripto “en el Plan Nacional de Discapacidad, que absorbe a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que dependía del Ministerio de Desarrollo Social”, sin establecer de forma clara y expresa cómo ese organismo de autoridad superior prevé los mecanismos ni modalidades de participación activa en las decisiones de política pública referidas a los derechos de las personas con discapacidad, la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las mismas, por parte de las organizaciones que representan las personas con Discapacidad, tal como dispone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene jerarquía constitucional.

Señor presidente:

Mediante la Ley 27.044 el Congreso Nacional otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta Convención, entre las obligaciones generales que define para los Estados parte, establece en su artículo 4° inciso 3 que: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representen”:

El día 6 de septiembre de 2017 en Boletín Oficial de la República Argentina fue publicado el Decreto 698/17, que establece la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad.

En dicho Decreto no se explicitan los mecanismos que el nuevo organismo dispone para la participación activa de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en la toma de decisiones sobre política de discapacidad, ni en su ejecución, ni en su evaluación y seguimiento. Tampoco explicita la inclusión activa de los ámbitos de participación pre-existentes, en el funcionamiento de dicha Agencia, ni el presupuesto que será destinado a la institución.

Pero preocupa aún más, que las organizaciones de personas con discapacidad reunidas en diversos colectivos expresan no haber sido consultadas en la decisión de creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, tornando la medida en una violación a la norma de jerarquía constitucional arriba citada. Según la información disponible, no han sido consultados ni el Comité Asesor de la CONADIS, ni el Comité Ejecutivo del COFEDIS, ni FAICA, ni FAS, ni ASAM, ni APAdeA, ni ASDRA, ni APEBI, entre otras.

Por lo expuesto, y dado el carácter constitucional de la norma que en principio estaría violada, esta Cámara de Diputados resuelve expresar su gran preocupación y exigir resolver la situación con la premura que se merece.

Por lo manifestado, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto