Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que a través del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara, las siguientes cuestiones vinculadas a la baja de pensiones no contributivas por discapacidad:

1) Especifique cuáles han sido las razones que motivaron la decisión por parte del Poder Ejecutivo de efectivizar la baja de todas las pensiones no contributivas en cabeza de personas con discapacidad.

2) Indique el número de personas con discapacidad que han dejado de percibir la pensión pensiones no contributivas por discapacidad a partir del 10 de diciembre del 2015 y hasta la fecha.

3) Cual es en número la cantidad de bajas que se procesaron hasta la fecha y cuántas han sido restablecidas.

4) Explique cómo será el sistema para la restitución del beneficio a las personas que han dejado de cobrar la pensión no contributivas por discapacidad y en qué plazo máximo se efectivizará el mismo.

5) Acompañe copia de documentación relacionada con el pedido de informes.

Señor presidente:

En los últimos días se ha hecho de público conocimiento que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la Dra. Carolina Stanley, ha tomado la decisión de proceder a dar la baja de pensiones no contributivas otorgadas a personas con discapacidad. Esta decisión se sustenta bajo el decreto 432/1997 creado durante el gobierno del ex presidente Carlos Saúl Menen, en el cual se reglamenta el otorgamiento de pensiones, a la vejez y por invalidez.

Según publica el diario Clarín, el gobierno nacional comenzó con la quita de ayudas sociales a beneficiarios cuyos cónyuges ya percibían una pensión o jubilación, incluida si es la mínima; a personas con discapacidad, cuyo tutor perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, $ 21.000 o a quienes posean un auto.

Cabe destacar que las personas que han sufrido estas bajas no han sido notificadas y no han recibido ninguna intimación previa a la suspensión de este beneficio, lo cual reviste mayor gravedad en virtud que los beneficiarios no pudieron prever la falta de ese ingreso.

En este sentido, es necesario resaltar que la decisión adoptada no cumple con lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en sus fundamentos reconoce que “la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad “.

En la misma convención se establece asimismo que “los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional”.

Mayor preocupación ha generado lo manifestado por la Jefa de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Lic. Alejandra Cedrola, quien aseguró públicamente que son 70.000 las pensiones a personas con capacidades diferentes que fueron suspendidas en lo que va del año y que la revisión de las mismas no significará una reposición garantizada del beneficio quitado.

Las pensiones no contributivas fueron pensadas para atender contingencias de quienes no cuentan con recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar. Desde su creación, la Comisión Nacional de Pensiones gestionó las pensiones a la vejez, por invalidez y para las madres de siete o más hijos, en carácter de derecho para quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad social.

En lo que va de este año, se eliminaron 5.713 pensiones a madres con más de siete hijos y se suspendieron otras 5.714, se dieron de baja 19.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491. El total fueron 83.133 pensiones eliminadas o suspendidas solo por estos dos conceptos y esto se debe al endurecimiento en las condiciones para al acceso a este derecho para los más vulnerables, resultando en la mayoría de los casos que las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario del programa se enteró al ir a cobrar la pensión.

Lo llamativo incluso es que Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no avisa previamente ni pide precedentes para aclarar la situación patrimonial, desmontando progresivamente a través de su gestión los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado, lo cual agrava los problemas entre los sectores más desprotegidos.

Creemos que este es un nuevo atropello y avasallamiento sobre los derechos de las personas que más necesitan de la ayuda de un estado presente, mostrando una cara realmente despiadada y desconsiderada por parte del gobierno nacional que como legisladores no podemos permitir que se materialice.

Por todo lo expuesto es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.