Art. 1°: Deróguese el DNU 432/97.

Art. 2°: Se establece que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, son de carácter universal, no atadas a los bienes o ingresos familiares.

Art. 3°: El monto de la pensión no contributiva por invalidez y por vejez debe ser como mínimo el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil.

Art. 4°: Restituir a partir de la vigencia de la presente ley, las pensiones no contributivas que fueron dadas de baja por las resoluciones administrativas del Ministerio de Desarrollo de la Nación, debiendo ser actualizadas conforme lo establece el art. 2°. Y el pago retroactivo de los meses que hayan perdido de cobrar los pensionados beneficiados.

Señor presidente:

La decisión del Ministerio de Desarrollo de la Nación de dar de baja a más de 170 mil pensiones no contributivas, aplicando el DNU 432/97, ha significado un ataque criminal sobre las personas con discapacidad en momentos de una fuerte crisis económica y social, que los hace aún más vulnerables.

En el DNU 432/97, en el Anexo 1, como Normas Reglamentarias para el otorgamiento de pensiones, del Capítulo 1, el macrismo utilizó el requisito h) No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia. Cuando estas pensiones deben ser de carácter universal e irrestrictas.

El gobierno busca generar una opinión pública hostil a los beneficiarios de estas pensiones, justificando excesos en la concesión de las mismas, pero lo que busca es tener una cobertura social al recorte del gasto público. Las bajas se hicieron sin realizar estudios socio-ambientales para determinar las condiciones de vida, no se tomó contacto con las personas afectadas ni siquiera se le dio aviso de la resolución (los perjudicados se enteraron cuando fueron a cobrar).

Profundiza la línea de conceptualizar derechos bajo asistencialismo estatal. Esto responde a una demanda de las corporaciones empresariales de nuestro país que pretenden recuperar su tasa de ganancia a costa de las mayorías populares. Todo esto mientras a los empresarios de la soja, de la minería y del agro se les redujo las retenciones y se mantienen numerosos subsidios patronales. Como también el pago serial de la fraudulenta deuda externa y el sistema de especulación financiera a costa del patrimonio nacional.

Esta medida forma parte de un conjunto de recortes sociales impuestos por el Gobierno para cumplir con las metas de reducción del déficit fiscal exigidas por el capital financiero para habilitar el endeudamiento externo, colocando a los trabajadores y a los sectores más pobres como las víctimas “privilegiadas” del ajuste. Pero esta "reducción del déficit" no alcanza ni a los pulpos mineros, ni a los del agro ni a los diputados, que acaban de aplicarse un aumento a las ya abultadas dietas.

El enorme repudio social a esta medida demuestra que el pueblo trabajador tiene reservas para resistir el ajuste. Se ha expresado en concentraciones de los afectados frente a las legislaturas provinciales como en Mendoza, en un enorme rechazo en las redes sociales y en la concentración del 15 de junio producida en Buenos Aires, en la zona del Obelisco.

Este decreto reglamentario del año 1997 debe ser derogado en forma inmediata. Le permite poseer un poder arbitrario al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a la hora de entregar o anular las pensiones no contributivas, en una clara violación de la legislación que tiene rango constitucional, como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad a la que nuestro país adhirió a través de la ley 26.378 en el año 2006. De la cual se desprende que el Estado reconozca a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y deba garantizar las pensiones no contributivas por invalidez.

Conforme a la ley nacional 25.689 el cupo laboral para personas con discapacidad es del 4%, sin embargo, ante esta Cámara, el Jefe de Gabinete Marcos Peña informó que actualmente existe un 0,91% en el Estado nacional.

Esta medida criminal, de recorte de pensiones a la discapacidad, se une a otras medidas criminales, como el recorte de medicamentos y prestaciones sobre los jubilados. Forma parte de un ataque de conjunto a las condiciones de vida y laborales de las mayorías populares. Por eso, junto con este proyecto, convocamos al pueblo a manifestar el rechazo absoluto a este ajuste, que los diputados firmantes acompañaremos adentro y fuera de la Cámara.