Su preocupación ante la quita de más de 70.000 pensiones no graciables a personas con discapacidad por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el mes de junio.

Señor presidente:

En el transcurso de esta semana ha sido noticia a través de diversos medios, portales de noticias y reclamos de familiares, que durante este mes hubo una baja masiva de al menos 70.000 pensiones no contributivas. De acuerdo a lo informado se utilizó una interpretación regresiva del Decreto Reglamentario -N° 432/1997- del gobierno de Carlos Menem para justificar la quita.

Consideramos que este enfoque se encuentra errado de rumbo, dado que no se tiene en cuenta la incorporación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional y la reconoce que las personas con discapacidad son plenos sujetos de derechos, por lo cual las pensiones no deben ser sopesadas con los ingresos familiares sino que son un derecho de ellos.

Asimismo, desde nuestro punto de vista, utilizar el discurso de derechos para cercenar derechos es un ejercicio de cinismo, cuando se ejerce desde la función de gobierno es un peligroso antecedente de hipocresía institucional.

En la Argentina, 5 millones de personas son discapacitadas, representando un 12,9% de la población de acuerdo al informe “Población con dificultad o limitación permanente” producido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en base a los datos del Censo 2010.

Por otra parte, desde el Estado se encuentra el incumplimiento del Cupo Laboral para personas con discapacidad establecido por la ley nacional N° Ley 22.431, que actualmente se encuentra en un 0,95% contra el 4% exigible por la ley de acuerdo a la último informe del Jefe de Gabinete en esta casa.

Consideramos que dadas las dificultades que atraviesan día a día las personas con discapacidad y sus familias, es necesario que se revea y revierta esta situación.

Por último, nos preocupa la premisa esbozada por el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, al afirmar que dieron “de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, reconoce el funcionario y da un ejemplo: “una persona con Síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, dado que al menos la misma es falaz, si tenemos en cuenta que actualmente en el país el nivel de desempleo es de 9,2% de acuerdo a la última medición del INDEC, que la población con discapacidad posee uno de las más altas tasas de desocupación dado que existen reticencias por parte del sector privado para su contratación y que sin medidas sólidas del estado como el cumplimiento del cupo o promoción de empleo de esas personas, es imposible para la persona con discapacidad poder obtener el empleo y es desentender sus funciones como estado garante de derechos.

Creo que esta declaración, como postura institucional, contribuye como llamado a atención al riesgo que la vocación economicista avance cercenando derechos adquiridos.

Por estos motivos, solicito al Cuerpo que considere este proyecto de declaración y lo acompañe con su voto favorable.