Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que instruya a la Sra. Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Dra. Carolina Stanley, que ordene la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez dadas de baja y/o suspendidas desde el inicio de su mandato sin resolución administrativa firme; y que se abstenga de realizar actos administrativos de baja y/o suspensión sobre dichas pensiones hasta obtener resolución firme.

Señor presidente:

A través del presente proyecto de declaración se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que instruya a la Sra. Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Dra. Carolina Stanley, que ordene la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez dadas de baja y/o suspendidas desde el inicio de su mandato sin resolución administrativa firme; y que se abstenga de realizar actos administrativos de baja y/o suspensión sobre dichas pensiones hasta obtener resolución firme.

Esta iniciativa se hace eco de cientos de noticias periodísticas que dan cuenta de la grave y acuciante situación que se encuentran viviendo cientos de personas que se encontraban percibiendo una “pensión por invalidez” y de un día para otro, sin explicación alguna, dejaron de percibirla. Cabe subrayar, que no existió aviso previo, pedido de aclaración de situación patrimonial y/o actualización de datos personales y que en muchísimos casos se produce la baja de la pensión no contributiva sin resolución firme, a través de mecanismos irregulares y arbitrarios o sea avasallando lisa y llanamente el derecho de defensa de los beneficiarios.

Quienes perciben dichas pensiones se trata de ciudadanos que se encuentran imposibilitados, ya sea parcial o totalmente, de trabajar y en situación de vulnerabilidad social y con el agravante que en muchísimos casos, dicha pensión era el único medio sustento con el que contaban los damnificados.

Este cuerpo no puede desconocer esta medida que afecta los sectores más vulnerables de la sociedad, violando los derechos de las personas con discapacidad, en clara contradicción con tratados internacionales, leyes nacionales y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificados por el Estado Argentino.

Siguiendo este orden de ideas, resulta preciso destacar que desde el año 2003 hasta fines de 2014 se entregaron 1.610.615 pensiones no contributivas, siendo las mismas un derecho para aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad social, sin amparo previsional o no contributivo, que no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y que no tengan parientes obligados a proporcionarles alimentos – o que, teniéndolos se encuentren impedidos de poder hacerlo.

De acuerdo a un informe de CEPA – Centro de Economía Política Argentina – titulado “PROpensión: los pensionados, ajustados”: “Se han registrado en la primera parte de 2017 una creciente cantidad de bajas y suspensiones unilaterales sin derecho a defensa. Se observa que a la fecha representan más de 83.000 casos. Concretamente, entre enero y los primeros días de junio de 2017 se produjeron 5.713 bajas de pensiones hacia las madres de 7 hijos que se suman a 5.714 suspensiones del mismo rubro. Asimismo, hubo 19.215 bajas en pensiones por invalidez que se agregan a las 52.491 suspensiones del mismo tipo. En total, son un total de 83.133 entre bajas y suspensiones”. No se puede agregar mucho más…los números hablan por sí solos…

Con la adopción de políticas como la quita masiva de las pensiones no contributivas por incapacidad, resulta evidente que nos encontramos frente a un “cambio de paradigma” en cuanto a los derechos que le asisten a los ciudadanos más vulnerables por parte de la actual Administración, quién evidentemente, orienta su política de cobertura social en claro perjuicio de los sectores más desprotegidos.

Por los motivos expuestos, es que solicito a los señores diputados que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.