La Cámara de Diputados de la Nación solicita al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de los organismos correspondientes, disponga las acciones necesarias a fin de dejar sin efecto las medidas adoptadas a través de las cuales se dejaron sin efecto pensiones por discapacidad.

Señor presidente:

A través de diversos medios de comunicación y del reclamo de damnificados hemos accedido a información que el ministerio de Desarrollo Social eliminó en lo que va del año unas 170.000 pensiones por discapacidad, existiendo además una demora de un año para acceder a un nuevo certificado de discapacidad y más de 180 mil expedientes abiertos esperando la aprobación.

El ministerio de Desarrollo Social amparándose en el decreto 432 de 1997 del gobierno de Carlos Menem en 1997, comenzó a dar de baja pensiones graciables a personas con ‘invalidez’. El decreto, firmado en el marco del fuerte recorte en las prestaciones sociales que caracterizó al menemismo establecía condiciones restrictivas para el otorgamiento de pensiones por discapacidad. El gobierno de Macri lo aplica contradiciendo lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.

Hemos escuchado con sorpresa e indignación las expresiones del presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino quien en un medio de comunicación señaló: “Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, reconoce el funcionario y da un ejemplo: “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.

Repudiamos dichas expresiones y la aplicación de esta medida injusta y carente de toda sensibilidad social, solicitando a mis pares que acompañen en la aprobación de este proyecto.