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DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 411
Jefe SRA. CARBALLO LLOSA MARIANA A.
Miércoles 14.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2411 Internos 2411/2470
cdhygarantias@hcdn.gov.ar
- LEGISLACION PENAL
- DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS
Reunión del día 27/05/2021
- INFORMATIVA
INVITADOS
- comité nacional de la tortura
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Damos comienzo a la reunión informativa conjunta de las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos y Garantías, presidida por el diputado nacional Hugo Yasky.
El objetivo de este encuentro es escuchar a los miembros del Comité Nacional de Prevención de la Tortura aquí presentes. Tres de ellos harán uso de la palabra y el resto de los comisionados estará conectado, a fin de compartir las recomendaciones acerca de todo el trabajo que ha venido haciendo el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, creado por la ley 26.827. Dichos miembros harán una especial mención especial a las personas privadas de la libertad en el marco de procesos penales.
Desde la Comisión de Legislación Penal venimos trabajando en lograr una mirada y un abordaje integral, en este caso en el terreno de lo punitivo y de la política criminal, por lo que consideramos importante realizar esta reunión en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, ya que entendemos que los derechos humanos son una política de Estado y no una opción para los gobiernos. Por ello es que este doble anclaje para esta temática era fundamental para nosotros.
Asimismo, nos pareció importante convocar al Ministerio de Justicia, a través de su área competente, a cargo de María Laura Garrigós. Nuestra querida "Malala", quien es subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Sistema Penitenciario Nacional, está aquí presente para trabajar en conjunto y dar a conocer los diagnósticos institucionales de dicho sistema, como también las políticas en procura de los estándares creados para su monitoreo. Algunos de los temas a abordar serán el cupo carcelario, las condiciones de ejecución de la pena y las respuestas internas frente a situaciones de violencia dentro de los penales, entre otros.
Sabemos que el Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de modificación de la ley de ejecución penal, actualmente en tratamiento en el Senado de la Nación. Nos parece interesante aprovechar esta instancia para escuchar acerca de dicho proyecto e ir avanzando, por lo menos, de manera informativa. Creemos que este puede ser un buen marco para ello.
En igual sentido, nos enorgullece que Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, esté aquí presente. Ella completará el abordaje del tema, además de aportar una perspectiva de su tarea en la asistencia a las personas privadas de la libertad, recomendaciones legislativas que orientan la política de caracterización, ejecución de la pena y prisión preventiva, así como los aspectos relevantes sobre investigaciones de casos de tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, o de torturas, especialmente en contexto de pandemia.
Dicho esto, en primer lugar, hará uso de la palabra el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Hugo Yasky. Luego, harán uso de la palabra la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, Marcela Campagnoli; el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, el exsenador Juan Manuel Irrazábal; la diputada nacional mandato cumplido y hoy comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Diana Conti; el doctor Gustavo Palmieri; la doctora Garrigós; la doctora Stella Maris Martínez; por último, el doctor Guillermo Todarello, defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.
Quiero recordar a los oradores que contarán con diez minutos para su exposición. Un minuto antes de que se cumpla el tiempo, iré dando aviso para que puedan finalizar su exposición. Luego de las exposiciones, habrá preguntas por parte de los diputados de ambas comisiones.
Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías.
El objetivo de este encuentro es escuchar a los miembros del Comité Nacional de Prevención de la Tortura aquí presentes. Tres de ellos harán uso de la palabra y el resto de los comisionados estará conectado, a fin de compartir las recomendaciones acerca de todo el trabajo que ha venido haciendo el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, creado por la ley 26.827. Dichos miembros harán una especial mención especial a las personas privadas de la libertad en el marco de procesos penales.
Desde la Comisión de Legislación Penal venimos trabajando en lograr una mirada y un abordaje integral, en este caso en el terreno de lo punitivo y de la política criminal, por lo que consideramos importante realizar esta reunión en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, ya que entendemos que los derechos humanos son una política de Estado y no una opción para los gobiernos. Por ello es que este doble anclaje para esta temática era fundamental para nosotros.
Asimismo, nos pareció importante convocar al Ministerio de Justicia, a través de su área competente, a cargo de María Laura Garrigós. Nuestra querida "Malala", quien es subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Sistema Penitenciario Nacional, está aquí presente para trabajar en conjunto y dar a conocer los diagnósticos institucionales de dicho sistema, como también las políticas en procura de los estándares creados para su monitoreo. Algunos de los temas a abordar serán el cupo carcelario, las condiciones de ejecución de la pena y las respuestas internas frente a situaciones de violencia dentro de los penales, entre otros.
Sabemos que el Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de modificación de la ley de ejecución penal, actualmente en tratamiento en el Senado de la Nación. Nos parece interesante aprovechar esta instancia para escuchar acerca de dicho proyecto e ir avanzando, por lo menos, de manera informativa. Creemos que este puede ser un buen marco para ello.
En igual sentido, nos enorgullece que Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, esté aquí presente. Ella completará el abordaje del tema, además de aportar una perspectiva de su tarea en la asistencia a las personas privadas de la libertad, recomendaciones legislativas que orientan la política de caracterización, ejecución de la pena y prisión preventiva, así como los aspectos relevantes sobre investigaciones de casos de tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, o de torturas, especialmente en contexto de pandemia.
Dicho esto, en primer lugar, hará uso de la palabra el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Hugo Yasky. Luego, harán uso de la palabra la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, Marcela Campagnoli; el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, el exsenador Juan Manuel Irrazábal; la diputada nacional mandato cumplido y hoy comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Diana Conti; el doctor Gustavo Palmieri; la doctora Garrigós; la doctora Stella Maris Martínez; por último, el doctor Guillermo Todarello, defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.
Quiero recordar a los oradores que contarán con diez minutos para su exposición. Un minuto antes de que se cumpla el tiempo, iré dando aviso para que puedan finalizar su exposición. Luego de las exposiciones, habrá preguntas por parte de los diputados de ambas comisiones.
Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías.
SR. YASKY Buenas tardes a los diputados y diputadas. Es un honor recibir en esta reunión conjunta a las comisionadas y a los comisionados del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, uno de los orgullos que puede exhibir nuestro país en materia de avance en política de derechos humanos.
Asimismo, saludo a María Laura Garrigós y a la compañera Stella Maris Martínez. Para nosotros es muy importante la oportunidad que tendremos ahora de escucharlas.
En nuestra comisión estamos tratando un proyecto de ley al que le ponemos muchas expectativas; casualmente, ayer tuvimos una nueva reunión por este tema. Se trata de un proyecto que busca resolver el gravísimo problema de la violencia institucional. Entiendo que los aportes de hoy nos servirán mucho a quienes somos miembros de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías.
Agradezco esta posibilidad. Es un gusto poder escucharlos y escucharlas.
Asimismo, saludo a María Laura Garrigós y a la compañera Stella Maris Martínez. Para nosotros es muy importante la oportunidad que tendremos ahora de escucharlas.
En nuestra comisión estamos tratando un proyecto de ley al que le ponemos muchas expectativas; casualmente, ayer tuvimos una nueva reunión por este tema. Se trata de un proyecto que busca resolver el gravísimo problema de la violencia institucional. Entiendo que los aportes de hoy nos servirán mucho a quienes somos miembros de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías.
Agradezco esta posibilidad. Es un gusto poder escucharlos y escucharlas.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra Marcela Campagnoli, vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal.
SRA. CAMPAGNOLI Agradezco la presencia de los todos los expositores, porque cada uno de ellos resulta muy interesante.
Como recién bien manifestara Hugo Yasky, en las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Seguridad Interior estamos tratando un proyecto sobre violencia institucional. Por ello, está muy bueno poner en agenda un tema tan importante y urgente, como lo son las condiciones de detención de aquellos privados de la libertad en nuestro país.
En marzo del corriente año presenté un pedido de acceso a la información al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, a fin de poder obtener información sobre lo realizado durante el 2020 y el 2021 respecto de acciones e inspecciones en cárceles y comisarías, como así también de denuncias y casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros temas. Por lo tanto, celebro que hoy podamos tener presentes a estos expositores para obtener mayor información.
Las condiciones carcelarias es un tema que vengo trabajando prácticamente desde que asumí mi banca. Respecto de esta temática, hemos hecho una muy provechosa jornada en el Auditorio de la Cámara, a mediados de 2019, junto a referentes tales como la defensora Stella Maris Martínez; el juez Gustavo Hornos, como presidente del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias; el defensor Mario Coriolano; y representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre otros.
Luego, en julio de aquel año, presentamos un proyecto de ley -adaptando un proyecto de Norma Morandini- que establece un régimen de estándares mínimos sobre condiciones de habitabilidad y cupos de alojamiento en establecimientos penitenciarios.
Si bien estamos hablando de derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional, considero que resulta necesario definir y establecer qué se entiende por "cupo carcelario" y cuáles son las condiciones de habitabilidad adecuadas para que el Estado no incurra en un trato cruel, inhumano o degradante. Creo que no es posible avanzar en una solución de fondo sobre la sobrepoblación y el hacinamiento si nuestra legislación no institucionaliza este tipo de estándares. Nos gustaría poder tener la opinión del comité respecto de este proyecto también.
Obviamente, además de este proyecto, hay otros temas a debatir que han surgido a raíz de distintas reuniones de trabajo realizadas. Me refiero a la modificación del tipo penal de tortura en consonancia con la Convención Contra la Tortura, así como su federalización; al respecto, desde la Coalición Cívica tenemos algunos proyectos presentados. Asimismo, la inclusión social y laboral de aquellos que ya cumplieron una condena, así como la transición entre la privación de la libertad y la libertad en general. Por último, medidas alternativas a la prisión y modificaciones a la ley orgánica del servicio penitenciario en pos de avanzar en una agencia no militarizada.
Otro tema que me preocupa, y que ayer se trató en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, es la posibilidad y mecanismos para denuncias de torturas y malos tratos dentro del sistema y la posibilidad, desde el Estado, de proteger a víctimas y a testigos de estos delitos.
Celebro esta reunión y creo que serán muy útiles cada una de las exposiciones que escucharemos. Seguiremos trabajando en conjunto.
Como recién bien manifestara Hugo Yasky, en las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Seguridad Interior estamos tratando un proyecto sobre violencia institucional. Por ello, está muy bueno poner en agenda un tema tan importante y urgente, como lo son las condiciones de detención de aquellos privados de la libertad en nuestro país.
En marzo del corriente año presenté un pedido de acceso a la información al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, a fin de poder obtener información sobre lo realizado durante el 2020 y el 2021 respecto de acciones e inspecciones en cárceles y comisarías, como así también de denuncias y casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros temas. Por lo tanto, celebro que hoy podamos tener presentes a estos expositores para obtener mayor información.
Las condiciones carcelarias es un tema que vengo trabajando prácticamente desde que asumí mi banca. Respecto de esta temática, hemos hecho una muy provechosa jornada en el Auditorio de la Cámara, a mediados de 2019, junto a referentes tales como la defensora Stella Maris Martínez; el juez Gustavo Hornos, como presidente del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias; el defensor Mario Coriolano; y representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre otros.
Luego, en julio de aquel año, presentamos un proyecto de ley -adaptando un proyecto de Norma Morandini- que establece un régimen de estándares mínimos sobre condiciones de habitabilidad y cupos de alojamiento en establecimientos penitenciarios.
Si bien estamos hablando de derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional, considero que resulta necesario definir y establecer qué se entiende por "cupo carcelario" y cuáles son las condiciones de habitabilidad adecuadas para que el Estado no incurra en un trato cruel, inhumano o degradante. Creo que no es posible avanzar en una solución de fondo sobre la sobrepoblación y el hacinamiento si nuestra legislación no institucionaliza este tipo de estándares. Nos gustaría poder tener la opinión del comité respecto de este proyecto también.
Obviamente, además de este proyecto, hay otros temas a debatir que han surgido a raíz de distintas reuniones de trabajo realizadas. Me refiero a la modificación del tipo penal de tortura en consonancia con la Convención Contra la Tortura, así como su federalización; al respecto, desde la Coalición Cívica tenemos algunos proyectos presentados. Asimismo, la inclusión social y laboral de aquellos que ya cumplieron una condena, así como la transición entre la privación de la libertad y la libertad en general. Por último, medidas alternativas a la prisión y modificaciones a la ley orgánica del servicio penitenciario en pos de avanzar en una agencia no militarizada.
Otro tema que me preocupa, y que ayer se trató en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, es la posibilidad y mecanismos para denuncias de torturas y malos tratos dentro del sistema y la posibilidad, desde el Estado, de proteger a víctimas y a testigos de estos delitos.
Celebro esta reunión y creo que serán muy útiles cada una de las exposiciones que escucharemos. Seguiremos trabajando en conjunto.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, doctor Juan Manuel Irrazábal.
Querido Juanchi: te damos la bienvenida. Tal como manifestara Hugo Yasky, estamos muy contentos de que estén acá. Quiero destacar el gran trabajo que ha hecho el Comité durante todo este tiempo, a partir de su creación y de que ustedes han asumido. Ya que están aquí conectados, felicito también el trabajo de todos los comisionados.
Querido Juanchi: te damos la bienvenida. Tal como manifestara Hugo Yasky, estamos muy contentos de que estén acá. Quiero destacar el gran trabajo que ha hecho el Comité durante todo este tiempo, a partir de su creación y de que ustedes han asumido. Ya que están aquí conectados, felicito también el trabajo de todos los comisionados.
SR. IRRAZÁBAL Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de cada uno de sus integrantes y del equipo técnico y profesional, agradecemos esta posibilidad que nos da el Congreso de la Nación de compartir un espacio de diálogo, donde podemos brindar nuestro aporte en la génesis del proceso normativo argentino, que es el que determina, en definitiva, el funcionamiento del sistema en su conjunto.
Para nosotros es muy importante este espacio. Sabrán ustedes que fuimos creados por ley del Congreso de la Nación, en cumplimiento de compromisos del Estado argentino.
Estamos en el tercer año de nuestro mandato, apenas asumimos nos dimos la tarea de cumplir con esa misión exigente -pero apasionante y muy amplia- que nos obliga a monitorear, a inspeccionar y a recorrer todos los lugares de encierro habilitados por el Estado de la República Argentina. Obviamente, los lugares de encierro por cuestiones penales, pero también lugares de encierro habilitados por el Estado para atención de personas adultas mayores, centros de recuperación de adicciones, centros de minoridad y también centros en donde se atienden situaciones que tienen que ver con la salud mental.
En el marco de nuestro inicio de tareas, nosotros recorrimos el país cumpliendo con la importante misión de inspeccionar y monitorear los lugares de encierro, tanto del sistema federal como de las jurisdicciones provinciales. En cada uno de esos lugares y rincones que recorrimos -sitios que muchas veces imaginamos, pero que hay que conocerlos- fuimos recabando las vivencias, las experiencias y no solo los testimonios de las personas que allí transitan parte de su existencia. Eso fue fortaleciendo nuestras convicciones, pero ampliando también nuestra agenda de trabajo.
Con la tarea de inspeccionar y monitorear fuimos dándonos la organización interna, y al tercer año de mandato podemos decir que, con la conformación de la Secretaría Ejecutiva -para la cual fue seleccionado Alan Iud a través de un concurso de antecedentes y oposición-, estamos en condiciones de decirle al Congreso de la Nación que tenemos un equipo técnico profesional a la altura de la exigencia del mandato y que nos acompaña eficientemente.
Más allá de inspeccionar, de monitorear y de sugerir recomendaciones a los responsables de cada una de las áreas y de las jurisdicciones del país, nosotros tratamos de conformar el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que es el más importante de los objetivos estratégicos que tenemos en nuestra materia.
En este Sistema Nacional de Prevención de la Tortura pretendemos que interactúen las autoridades de gobierno, los entes públicos y las organizaciones de la sociedad civil que comparten compromisos de prevenir tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en el peor de los grados, la tortura.
En definitiva, en esa tarea nosotros podemos decirles a ustedes, señores diputados y señoras diputadas, que al tercer año de mandato tenemos la posibilidad de aportar nuestra visión en este momento -en el proceso de formación de las leyes- y también nuestra mirada que, de alguna manera, proyecta esas vivencias, esas experiencias y esos testimonios que fuimos recogiendo a lo largo y a lo ancho del país.
En esta etapa de pandemia, y reducidas las posibilidades de traslado, agudizamos el ingenio para fortalecer los vínculos con autoridades provinciales, con las organizaciones de la sociedad civil de cada una de las provincias y también con el ámbito institucional de cada uno de los poderes del Estado involucrados en esta problemática.
Hemos venido firmando convenios de cooperación y complementación con distintos actores del sistema: con jueces de ejecución penal y con otros actores importantísimos que tenemos que integrar en el objetivo compartido que no solamente tiene que ver con cumplir compromisos internacionales, mandatos constitucionales y mandatos legales, sino también con este gran objetivo de mejorar la conciencia social y la convivencia social en la República Argentina.
Les quiero decir que valoramos enormemente esta posibilidad que nos dan; nos van a representar los comisionados Diana Conti y Gustavo Palmieri.
Estamos trabajando en cada uno de los temas que planteó la diputada que me precedió en el uso de la palabra, como por ejemplo la ley de cupos. Hemos intercambiado importantes conceptos con la Defensora General de la Nación, también con la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, tanto en materia de cupo como en otros temas que se plantearon aquí previamente, y queremos seguir trabajando con el Congreso de la Nación.
Queremos seguir abriendo este espacio, no solo porque fuimos creados en su ámbito, y porque año a año le hacemos llegar nuestro informe anual, sino porque consideramos que es fundamental que en el proceso de formación de las leyes se establezca -en el espíritu y en la letra de la ley- de qué manera queremos que funcione el sistema. Porque el sistema, en definitiva y en democracia, se perfecciona con leyes que se cumplen y que lo hacen en función de la defensa de intereses sociales y también de los intereses y la dignidad de cada una de las personas que participan de estas sociedades.
De ahí la importancia que dimos a cada una de nuestras participaciones en el Congreso, y en particular, a la que hemos sido convocados en el día de hoy.
Quiero decirles también que a esta altura de nuestro mandato venimos intercambiando experiencias con mecanismos de otros países de América Latina, y también de Europa. Al día de hoy podemos intercambiar estas experiencias no solamente porque conocemos gran parte de lo que sucede en nuestro país -si no conocemos todo- y queremos seguir conociéndolo, sino también porque queremos poner en valor las buenas prácticas que encontramos en muchos lugares de encierro, a lo largo y a lo ancho del país.
Son buenas prácticas que tienen que ver con mejorar las condiciones de socialización de los lugares de encierro y las posibilidades de inserción social de las personas que están en situación de encierro, trabajando con cooperativas de liberados y también con cooperativas de familiares. He visto que, al aprender oficios y egresar de su situación de detención, encuentran en las cooperativas el primer lugar donde se los recibe y se los contiene. Este aspecto que remarco, lo digo porque, además de encontrar problemas, vamos rescatando las posibles soluciones y las buenas prácticas que, sistematizadas, pueden ir abriendo un camino distinto.
En ese sentido, la firma del convenio con cada uno de los actores del sistema nacional nos hace pensar también en la posibilidad de hacer realidad en la Argentina un sistema internacional -pero a nivel latinoamericano- de prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, cooperando y complementando en otros países con mecanismos similares al nuestro.
Finalmente, quiero decirles que parte de nuestro mandato es que cada una de las provincias de la Argentina tenga un mecanismo provincial de prevención de la tortura. Venimos trabajando fuertemente en ello, hemos firmado convenios de capacitación con varias provincias argentinas y también hemos firmado compromisos de creación de estos comités locales. En algunos lugares, están en curso de gestación; en otros, todavía no existe ni siquiera la ley y estamos trabajando para sancionarla, y en otros, resta que termine de conformarse este mecanismo.
El Sistema Nacional de Prevención de la Tortura se estatuye, se fortalece y se consolida con la interacción de los mecanismos locales, el mecanismo nacional, la sociedad civil y, por supuesto, los responsables institucionales del Estado en sus tres poderes. Interactuamos mucho con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por cuestiones que atañen elementalmente a nuestro mandato, pero para nosotros es muy importante el diálogo, el intercambio y los acuerdos estratégicos que podamos lograr en conjunto con el Poder Legislativo, que es, en definitiva, el que determina las condiciones de funcionamiento del sistema, con un marco normativo que nos permite funcionar de la manera que soñamos y queremos que se realice.
Muchísimas gracias; voy a ceder el uso de la palabra para que mis comisionados queridos, que me acompañan, traten con cada uno de ustedes los temas que presentarán.
Un saludo especial a la Defensora General de la Nación, quien siempre nos inspira y nos fortalece. A veces nos llama la atención para ver de qué manera podemos mejorar nuestro funcionamiento -lo tomamos con el mejor de los ánimos-, y también a Malala, con quien venimos trabajando muy bien.
Le agradezco al Congreso de la Nación que, en esta etapa, nos da los recursos suficientes para que también podamos fortalecer sectores, organizaciones y actores de la sociedad civil que forman parte insustituible de este sistema.
Para nosotros es muy importante este espacio. Sabrán ustedes que fuimos creados por ley del Congreso de la Nación, en cumplimiento de compromisos del Estado argentino.
Estamos en el tercer año de nuestro mandato, apenas asumimos nos dimos la tarea de cumplir con esa misión exigente -pero apasionante y muy amplia- que nos obliga a monitorear, a inspeccionar y a recorrer todos los lugares de encierro habilitados por el Estado de la República Argentina. Obviamente, los lugares de encierro por cuestiones penales, pero también lugares de encierro habilitados por el Estado para atención de personas adultas mayores, centros de recuperación de adicciones, centros de minoridad y también centros en donde se atienden situaciones que tienen que ver con la salud mental.
En el marco de nuestro inicio de tareas, nosotros recorrimos el país cumpliendo con la importante misión de inspeccionar y monitorear los lugares de encierro, tanto del sistema federal como de las jurisdicciones provinciales. En cada uno de esos lugares y rincones que recorrimos -sitios que muchas veces imaginamos, pero que hay que conocerlos- fuimos recabando las vivencias, las experiencias y no solo los testimonios de las personas que allí transitan parte de su existencia. Eso fue fortaleciendo nuestras convicciones, pero ampliando también nuestra agenda de trabajo.
Con la tarea de inspeccionar y monitorear fuimos dándonos la organización interna, y al tercer año de mandato podemos decir que, con la conformación de la Secretaría Ejecutiva -para la cual fue seleccionado Alan Iud a través de un concurso de antecedentes y oposición-, estamos en condiciones de decirle al Congreso de la Nación que tenemos un equipo técnico profesional a la altura de la exigencia del mandato y que nos acompaña eficientemente.
Más allá de inspeccionar, de monitorear y de sugerir recomendaciones a los responsables de cada una de las áreas y de las jurisdicciones del país, nosotros tratamos de conformar el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que es el más importante de los objetivos estratégicos que tenemos en nuestra materia.
En este Sistema Nacional de Prevención de la Tortura pretendemos que interactúen las autoridades de gobierno, los entes públicos y las organizaciones de la sociedad civil que comparten compromisos de prevenir tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en el peor de los grados, la tortura.
En definitiva, en esa tarea nosotros podemos decirles a ustedes, señores diputados y señoras diputadas, que al tercer año de mandato tenemos la posibilidad de aportar nuestra visión en este momento -en el proceso de formación de las leyes- y también nuestra mirada que, de alguna manera, proyecta esas vivencias, esas experiencias y esos testimonios que fuimos recogiendo a lo largo y a lo ancho del país.
En esta etapa de pandemia, y reducidas las posibilidades de traslado, agudizamos el ingenio para fortalecer los vínculos con autoridades provinciales, con las organizaciones de la sociedad civil de cada una de las provincias y también con el ámbito institucional de cada uno de los poderes del Estado involucrados en esta problemática.
Hemos venido firmando convenios de cooperación y complementación con distintos actores del sistema: con jueces de ejecución penal y con otros actores importantísimos que tenemos que integrar en el objetivo compartido que no solamente tiene que ver con cumplir compromisos internacionales, mandatos constitucionales y mandatos legales, sino también con este gran objetivo de mejorar la conciencia social y la convivencia social en la República Argentina.
Les quiero decir que valoramos enormemente esta posibilidad que nos dan; nos van a representar los comisionados Diana Conti y Gustavo Palmieri.
Estamos trabajando en cada uno de los temas que planteó la diputada que me precedió en el uso de la palabra, como por ejemplo la ley de cupos. Hemos intercambiado importantes conceptos con la Defensora General de la Nación, también con la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, tanto en materia de cupo como en otros temas que se plantearon aquí previamente, y queremos seguir trabajando con el Congreso de la Nación.
Queremos seguir abriendo este espacio, no solo porque fuimos creados en su ámbito, y porque año a año le hacemos llegar nuestro informe anual, sino porque consideramos que es fundamental que en el proceso de formación de las leyes se establezca -en el espíritu y en la letra de la ley- de qué manera queremos que funcione el sistema. Porque el sistema, en definitiva y en democracia, se perfecciona con leyes que se cumplen y que lo hacen en función de la defensa de intereses sociales y también de los intereses y la dignidad de cada una de las personas que participan de estas sociedades.
De ahí la importancia que dimos a cada una de nuestras participaciones en el Congreso, y en particular, a la que hemos sido convocados en el día de hoy.
Quiero decirles también que a esta altura de nuestro mandato venimos intercambiando experiencias con mecanismos de otros países de América Latina, y también de Europa. Al día de hoy podemos intercambiar estas experiencias no solamente porque conocemos gran parte de lo que sucede en nuestro país -si no conocemos todo- y queremos seguir conociéndolo, sino también porque queremos poner en valor las buenas prácticas que encontramos en muchos lugares de encierro, a lo largo y a lo ancho del país.
Son buenas prácticas que tienen que ver con mejorar las condiciones de socialización de los lugares de encierro y las posibilidades de inserción social de las personas que están en situación de encierro, trabajando con cooperativas de liberados y también con cooperativas de familiares. He visto que, al aprender oficios y egresar de su situación de detención, encuentran en las cooperativas el primer lugar donde se los recibe y se los contiene. Este aspecto que remarco, lo digo porque, además de encontrar problemas, vamos rescatando las posibles soluciones y las buenas prácticas que, sistematizadas, pueden ir abriendo un camino distinto.
En ese sentido, la firma del convenio con cada uno de los actores del sistema nacional nos hace pensar también en la posibilidad de hacer realidad en la Argentina un sistema internacional -pero a nivel latinoamericano- de prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, cooperando y complementando en otros países con mecanismos similares al nuestro.
Finalmente, quiero decirles que parte de nuestro mandato es que cada una de las provincias de la Argentina tenga un mecanismo provincial de prevención de la tortura. Venimos trabajando fuertemente en ello, hemos firmado convenios de capacitación con varias provincias argentinas y también hemos firmado compromisos de creación de estos comités locales. En algunos lugares, están en curso de gestación; en otros, todavía no existe ni siquiera la ley y estamos trabajando para sancionarla, y en otros, resta que termine de conformarse este mecanismo.
El Sistema Nacional de Prevención de la Tortura se estatuye, se fortalece y se consolida con la interacción de los mecanismos locales, el mecanismo nacional, la sociedad civil y, por supuesto, los responsables institucionales del Estado en sus tres poderes. Interactuamos mucho con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por cuestiones que atañen elementalmente a nuestro mandato, pero para nosotros es muy importante el diálogo, el intercambio y los acuerdos estratégicos que podamos lograr en conjunto con el Poder Legislativo, que es, en definitiva, el que determina las condiciones de funcionamiento del sistema, con un marco normativo que nos permite funcionar de la manera que soñamos y queremos que se realice.
Muchísimas gracias; voy a ceder el uso de la palabra para que mis comisionados queridos, que me acompañan, traten con cada uno de ustedes los temas que presentarán.
Un saludo especial a la Defensora General de la Nación, quien siempre nos inspira y nos fortalece. A veces nos llama la atención para ver de qué manera podemos mejorar nuestro funcionamiento -lo tomamos con el mejor de los ánimos-, y también a Malala, con quien venimos trabajando muy bien.
Le agradezco al Congreso de la Nación que, en esta etapa, nos da los recursos suficientes para que también podamos fortalecer sectores, organizaciones y actores de la sociedad civil que forman parte insustituible de este sistema.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra una amiga, una compañera, una persona que nos ha enseñado muchísimo en esta Cámara de Diputados, la diputada mandato cumplido, y ahora comisionada, doctora Diana Conti.
SRA. CONTI Buenas tardes a todos y a todas, realmente es un placer compartir con todos ustedes las experiencias de esta nueva tarea que venimos cumpliendo por cuarto año.
Le aclaro al señor presidente que, si bien hace tres años que él ejerce ese rol, el comité tiene cuatro años.
Es el último de nuestros mandatos, y si bien al principio teníamos algún miedo -incluso hubo dimisiones de comisionados, la tarea es ardua y la ley de creación nos impone tareas que parecían faraónicas-, estoy segura de que vamos a terminar el mandato y vamos a ser un orgullo para el Congreso de la Nación, que en definitiva es quien nos ha honrado con este cargo.
Voy a completar las premisas lanzadas por Juan Irrazábal, dándole un poco más de precisión a su contenido.
Por un lado, el Comité -que comenzó con 12 o 13 comisionados, sin ninguna estructura, oficina ni nada- tenía que cumplir con esta tarea de control y prevención de la tortura en todo ámbito público y privado, nacional, provincial y municipal, así como constituir un sistema de prevención de la tortura, conjuntamente también con la sociedad civil. Además, debía generar indicadores claros mediante un Registro Nacional de Tortura y de ONG capacitadas para monitorear lugares de encierro, y hacer informes anuales.
La pandemia, más que paralizar, creo que fructificó los esfuerzos realizados para ir consolidando un Comité con estructura propia, con un secretario de prestigio como Alan Iud, que fue elegido por concurso. Todavía no tenemos el SAF -lo estamos tramitando en el Ejecutivo-, pero tenemos una Dirección de Administración, una Dirección de Litigios, una Dirección de Mecanismos Locales y Relación con otras Organizaciones, una Comisión de Comunicación -en la que recientemente hemos nombrado a un periodista de prestigio, nacional, popular y militante, como Martín García, que nos está permitiendo generar convenios para que el Comité tenga una difusión mayor-, una Dirección de Políticas de Prevención, una Dirección de Temas Internacionales y una Dirección de Legales.
Los trece comisionados iniciales -ahora somos menos, porque se han producido vacantes- hemos consolidado un equipo técnico de lujo, donde los comisionados terminamos tomando las directrices de últimas decisiones de carácter político -no político-partidario-, es decir, de política institucional. Estamos monitoreados por el propio equipo de personas que día a día laboran basadas en sus convicciones en materia de derechos humanos.
Asimismo, tenemos un mecanismo de trabajo mediante monitoreos in situ, aunque pueden ser por otros medios ya que la pandemia nos obligó a explorar otras maneras. Con esos monitoreos hacemos un informe y actuamos al estilo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como nos lo manda la ley. El informe en principio es confidencial; se manda a la autoridad encargada del monitoreo, con recomendaciones y señalamientos, y esa autoridad tiene vías para contestarnos y subsanar lo que nosotros vimos como incorrecto. En caso de que no lo haga, y pasado un plazo, a manera de sanción, ese informe es publicado. No se hace antes.
También tenemos otra manera de actuar. Por lo general, nos manejamos con recomendaciones: en 2020 hicimos veinte recomendaciones, mientras que este año hicimos dos, y también participamos de una opinión consultiva en la Comisión Interamericana.
En 2020, la Recomendación 1 fue decir cuáles debían ser las medidas en lugares de encierro ante la pandemia, cómo la restricción a mayores derechos que esto iba a provocar -privación de visitas, de comunicaciones, de talleres, de educación y de salud- debía ser mitigado en los lugares de encierro.
La Recomendación 2 fue un llamado a reducir la población en encierro, es decir, pedirle al Poder Judicial que se registrara quiénes estaban encerrados con factores de riesgo y se procediera con medidas alternativas. La agenda que planteó la doctora Campagnoli -es un gusto estar aquí con ella- es la que el Comité tiene por delante, por lo que exhortamos a que se dictara la prisión domiciliaria.
Saben que en la Argentina la prisión preventiva es una pena anticipada: el 50 por ciento de los encerrados en todos los sistemas penitenciarios de la Argentina está con prisión preventiva, con plazos mucho más largos que los razonables. Esto produce un hacinamiento que facilita la tortura, el maltrato y el trato inhumano, y la pandemia visibilizó ese hacinamiento.
Pese a ello, ustedes saben que, ante esta posibilidad -por el fallo de la Cámara de Casación de Provincia de Buenos Aires, que exhorta a la reducción de la población penitenciaria-, hubo una campaña mediática ante la opinión pública totalmente adversa.
La Recomendación 4 de 2020 fue para las fuerzas policiales ante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, porque detectábamos abuso policial. Por lo tanto, exhortamos al buen trato y que por supuesto en el momento de la aprehensión de un ser humano sea considerado ya un caso que cae bajo nuestra órbita y competencia.
La Recomendación 5 fue para exhortar nuevamente a la reducción de población privada de libertad en cárceles y comisarías.
La Recomendación 6 fue para pedir medidas de comunicación en los penales y las comisarías para las personas privadas de su libertad. Piensen que las visitas fueron restringidas y que no en todos los sistemas penitenciarios se permite el uso de celulares. Además, la comunicación por internet está restringida porque hay pocas computadoras en las cárceles. Ya la interventora del Servicio Penitenciario Federal contará -supongo- los esfuerzos que ha hecho para intentar que la comunicación sea más fluida.
La Recomendación 20 exhortó a la creación de los mecanismos locales en las provincias, que son muchas las que no lo tienen, y hubo otra más -la número 10- respecto de comunicación de las personas privadas de libertad.
Este año hicimos dos recomendaciones, una para favorecer la instalación de videocámaras en lugares de detención como modo de control de la actividad del carcelero -digámoslo entre comillas-, y luego, en la número 2, exhortamos a la vacunación de la población de riesgo que está en encierro en cárceles y comisarías, cuestión que Malala Garrigós va a comentar. No se difunden mucho los niveles de vacunación, aunque se trabajó con los Ministerios de Salud y de Justicia, porque también hay una campaña adversa, por parte incluso de periodistas con alto rating, que dicen que los presos no deberían ser vacunados, lo cual es horroroso pero cierto. Por eso, los cambios culturales a generar por el Congreso Nacional, por el Comité de Prevención de la Tortura y por las áreas ejecutivas que tienen incumbencia en la materia, siguen siendo una lucha de años, que hoy está vigente y debemos continuar.
Ante la Comisión Interamericana hicimos un aporte respecto de las mujeres presas con hijos y de las personas trans, que consideramos que son grupos vulnerables, más allá de lo vulnerables que ya son todas las personas privadas de libertad.
¿Cómo hacemos para fortalecer el sistema de prevención de la tortura, que estamos obligados a generar en todo el país? Firmamos convenios con universidades, con ONG y con los ministerios de las distintas de provincias. Estamos alquilando oficinas -y a punto de inaugurarlas- frente al Consejo de la Magistratura; los muebles que las van a hacer operativas fueron adquiridos a cooperativas de ex presos y de familiares de presos, que los han fabricado.
Nosotros queremos favorecer este tipo de trabajo y abrir los lugares de encierro. El hecho de que la sociedad civil penetre el encierro es la mejor forma de prevenir la tortura.
Lo que voy a comentar a continuación puede ser muy útil para quienes están trabajando en las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías, esta última presidida por el compañero Yasky.
Nosotros tenemos un convenio con el CELS, (Andes) y el OPCAT por el registro de tortura. Esa tarea se está haciendo conjuntamente con el trabajo interno del Comité, que tiene por ley la obligación de crear un Registro Nacional de Torturas. Hay registros parciales previos en la Argentina -de la Comisión Provincial de la Memoria en la provincia de Buenos Aires, el Instituto Armani, etcétera-, pero todos somos muy celosos de guardar su material, por lo que estamos tratando de generar las mismas reglas de construcción de los registros, dejar que cada uno los siga teniendo y generar un futuro registro único.
Para eso estamos por firmar un convenio con el Conicet para que nos ayude a crear el registro de torturas y generar nuestro sistema de datos en donde quede un backup permanente para las futuras generaciones.
Respecto del cupo carcelario, estamos participando sobre todo en el hábeas corpus que generó el doctor Rafecas, casi como un amicus curiae. Gustavo Palmieri se va a referir al proyecto al que aludió la doctora Campagnoli, pero es un tema de permanente preocupación y creemos que el Congreso tiene allí un trabajo que hacer.
Durante 2018, el Comité inspeccionó en forma presencial y profunda a las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Esos informes se hicieron públicos. En el 2009 nos abocamos a Neuquén y Tucumán, y en 2020 recorrimos otra vez Tucumán, CABA y nuevamente la provincia de Buenos Aires. Hicimos inspecciones profundas en Mendoza, y dos veces en Formosa, de cabo a rabo, de punta a punta. Hemos aprobado ayer el informe sobre Formosa, se lo estamos remitiendo a las autoridades gubernamentales y veremos cuándo lo podemos hacer público, pero no por ahora. En este período de pandemia estamos viendo de qué manera podemos monitorear a distancia, dado que hemos frenado un poquito las visitas presenciales.
El Consejo Federal de Derechos Humanos, dirigido por el presidente del Comité, es preexistente a la creación de este último. Mantenemos las obligaciones legales, nos reunimos permanentemente y nos nutrimos. Los intercambios con los comités de las provincias son muy interesantes, y además, cuando se trata de una provincia con un comité local, a nosotros nos ayuda porque nos permite enterarnos de una situación, generar datos y también pedirles que vayan a ver determinadas situaciones.
En uso de nuestras facultades, propusimos a este Consejo Federal la designación de un comité en la provincia de Buenos Aires, porque es la más poblada en cuanto a gente en libertad, así como privada de ella; así, el Consejo Federal nombró, como mecanismo local, a la Comisión Provincial de la Memoria, una entidad de prestigio con una trayectoria insoslayable y con la que trabajamos mancomunadamente. De otra manera, no hubiera sido posible tener un monitoreo sobre lugares de encierro en mi querida provincia bonaerense.
Por último, en cuanto a los proyectos en trámite en la Comisión de Legislación Penal, me equivoqué cuando me referí a un proyecto de la diputada Macha sobre mediación en la aplicación de sanciones disciplinarias a personas privadas de libertad, pues era de la diputada Lospennato. No recuerdo si el proyecto que envió el Ejecutivo, que está en el Senado, tiene prevista una etapa de mediación. A nuestro gusto, es un anteproyecto muy bueno el que mandó el Ejecutivo, pero me parece que se le puede hacer llegar al Senado esta propuesta de la diputada Lospennato para que, si es útil -yo creo que lo es-, el Senado ya dé una media sanción que la incluya.
Otros proyectos, como los de las diputadas Camaño -a quien es un gusto verla aquí- y Caselles, entre otros, en general son restrictivos de las salidas transitorias. El Comité tiene una mirada de no restricción de la privación de libertad en la ley 24.660. Es una norma vieja, pero sobre la que se trabajó mucho de la mano de Marcos Salt, Stella Maris Martínez y Malala, y prevé un régimen de prisionización con etapas y posibilidades de interactuación con el mundo externo por parte de la persona privada de libertad. Creo que eso es muy útil y hay que respetarlo por más que tengamos prensa en contra.
Hay un proyecto para que el peculio de las personas privadas de libertad se use para reparar a las víctimas. Me parece que hicimos leyes de reparación de las víctimas, y también en la ley contra la violencia institucional se está trabajando respecto de un sistema de reparación a las víctimas. El peculio de las personas privadas de libertad es mejor que quede para los fines para los que fue creado.
En relación con el proyecto de las diputadas Macha, Álvarez Rodríguez y otras sobre responsabilidad parental, les voy a ser sincera: no lo leí, porque me parece que excede el ámbito de esta comisión y es muy amplio, pero seguramente sería bueno analizarlo.
En cuanto a los proyectos de los diputados Najul y Pérez Araujo, para establecer penas de prisión domiciliaria para mujeres gestantes, siempre vamos a estar a favor de esas cuestiones.
Por su parte, la diputada Brawer ha propuesto la prisión domiciliaria para personas privadas de libertad que tienen responsabilidad en el cuidado de otras. Me parece bueno.
Por su parte, hay proyectos de los diputados Petri, Camaño, Gaillard y Schlereth respecto de la emergencia sanitaria. No haría leyes específicas en este ámbito por la emergencia sanitaria, sino que me inclinaría más por modificaciones o leyes que generen formas de luchar contra el delito hacia el futuro, pero de la manera en que lo propuso la doctora Campagnoli.
Estoy con muchas ganas de seguir trabajando. Es muy importante esta posibilidad de intercambio, y espero que este sea el puntapié inicial.
Quedo a su disposición, como siempre, para nutrirnos mutuamente con proyectos de ley y con ideas renovadoras, y para luchar por ese cambio cultural hacia una Argentina que incluya a todas y a todos.
Le aclaro al señor presidente que, si bien hace tres años que él ejerce ese rol, el comité tiene cuatro años.
Es el último de nuestros mandatos, y si bien al principio teníamos algún miedo -incluso hubo dimisiones de comisionados, la tarea es ardua y la ley de creación nos impone tareas que parecían faraónicas-, estoy segura de que vamos a terminar el mandato y vamos a ser un orgullo para el Congreso de la Nación, que en definitiva es quien nos ha honrado con este cargo.
Voy a completar las premisas lanzadas por Juan Irrazábal, dándole un poco más de precisión a su contenido.
Por un lado, el Comité -que comenzó con 12 o 13 comisionados, sin ninguna estructura, oficina ni nada- tenía que cumplir con esta tarea de control y prevención de la tortura en todo ámbito público y privado, nacional, provincial y municipal, así como constituir un sistema de prevención de la tortura, conjuntamente también con la sociedad civil. Además, debía generar indicadores claros mediante un Registro Nacional de Tortura y de ONG capacitadas para monitorear lugares de encierro, y hacer informes anuales.
La pandemia, más que paralizar, creo que fructificó los esfuerzos realizados para ir consolidando un Comité con estructura propia, con un secretario de prestigio como Alan Iud, que fue elegido por concurso. Todavía no tenemos el SAF -lo estamos tramitando en el Ejecutivo-, pero tenemos una Dirección de Administración, una Dirección de Litigios, una Dirección de Mecanismos Locales y Relación con otras Organizaciones, una Comisión de Comunicación -en la que recientemente hemos nombrado a un periodista de prestigio, nacional, popular y militante, como Martín García, que nos está permitiendo generar convenios para que el Comité tenga una difusión mayor-, una Dirección de Políticas de Prevención, una Dirección de Temas Internacionales y una Dirección de Legales.
Los trece comisionados iniciales -ahora somos menos, porque se han producido vacantes- hemos consolidado un equipo técnico de lujo, donde los comisionados terminamos tomando las directrices de últimas decisiones de carácter político -no político-partidario-, es decir, de política institucional. Estamos monitoreados por el propio equipo de personas que día a día laboran basadas en sus convicciones en materia de derechos humanos.
Asimismo, tenemos un mecanismo de trabajo mediante monitoreos in situ, aunque pueden ser por otros medios ya que la pandemia nos obligó a explorar otras maneras. Con esos monitoreos hacemos un informe y actuamos al estilo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como nos lo manda la ley. El informe en principio es confidencial; se manda a la autoridad encargada del monitoreo, con recomendaciones y señalamientos, y esa autoridad tiene vías para contestarnos y subsanar lo que nosotros vimos como incorrecto. En caso de que no lo haga, y pasado un plazo, a manera de sanción, ese informe es publicado. No se hace antes.
También tenemos otra manera de actuar. Por lo general, nos manejamos con recomendaciones: en 2020 hicimos veinte recomendaciones, mientras que este año hicimos dos, y también participamos de una opinión consultiva en la Comisión Interamericana.
En 2020, la Recomendación 1 fue decir cuáles debían ser las medidas en lugares de encierro ante la pandemia, cómo la restricción a mayores derechos que esto iba a provocar -privación de visitas, de comunicaciones, de talleres, de educación y de salud- debía ser mitigado en los lugares de encierro.
La Recomendación 2 fue un llamado a reducir la población en encierro, es decir, pedirle al Poder Judicial que se registrara quiénes estaban encerrados con factores de riesgo y se procediera con medidas alternativas. La agenda que planteó la doctora Campagnoli -es un gusto estar aquí con ella- es la que el Comité tiene por delante, por lo que exhortamos a que se dictara la prisión domiciliaria.
Saben que en la Argentina la prisión preventiva es una pena anticipada: el 50 por ciento de los encerrados en todos los sistemas penitenciarios de la Argentina está con prisión preventiva, con plazos mucho más largos que los razonables. Esto produce un hacinamiento que facilita la tortura, el maltrato y el trato inhumano, y la pandemia visibilizó ese hacinamiento.
Pese a ello, ustedes saben que, ante esta posibilidad -por el fallo de la Cámara de Casación de Provincia de Buenos Aires, que exhorta a la reducción de la población penitenciaria-, hubo una campaña mediática ante la opinión pública totalmente adversa.
La Recomendación 4 de 2020 fue para las fuerzas policiales ante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, porque detectábamos abuso policial. Por lo tanto, exhortamos al buen trato y que por supuesto en el momento de la aprehensión de un ser humano sea considerado ya un caso que cae bajo nuestra órbita y competencia.
La Recomendación 5 fue para exhortar nuevamente a la reducción de población privada de libertad en cárceles y comisarías.
La Recomendación 6 fue para pedir medidas de comunicación en los penales y las comisarías para las personas privadas de su libertad. Piensen que las visitas fueron restringidas y que no en todos los sistemas penitenciarios se permite el uso de celulares. Además, la comunicación por internet está restringida porque hay pocas computadoras en las cárceles. Ya la interventora del Servicio Penitenciario Federal contará -supongo- los esfuerzos que ha hecho para intentar que la comunicación sea más fluida.
La Recomendación 20 exhortó a la creación de los mecanismos locales en las provincias, que son muchas las que no lo tienen, y hubo otra más -la número 10- respecto de comunicación de las personas privadas de libertad.
Este año hicimos dos recomendaciones, una para favorecer la instalación de videocámaras en lugares de detención como modo de control de la actividad del carcelero -digámoslo entre comillas-, y luego, en la número 2, exhortamos a la vacunación de la población de riesgo que está en encierro en cárceles y comisarías, cuestión que Malala Garrigós va a comentar. No se difunden mucho los niveles de vacunación, aunque se trabajó con los Ministerios de Salud y de Justicia, porque también hay una campaña adversa, por parte incluso de periodistas con alto rating, que dicen que los presos no deberían ser vacunados, lo cual es horroroso pero cierto. Por eso, los cambios culturales a generar por el Congreso Nacional, por el Comité de Prevención de la Tortura y por las áreas ejecutivas que tienen incumbencia en la materia, siguen siendo una lucha de años, que hoy está vigente y debemos continuar.
Ante la Comisión Interamericana hicimos un aporte respecto de las mujeres presas con hijos y de las personas trans, que consideramos que son grupos vulnerables, más allá de lo vulnerables que ya son todas las personas privadas de libertad.
¿Cómo hacemos para fortalecer el sistema de prevención de la tortura, que estamos obligados a generar en todo el país? Firmamos convenios con universidades, con ONG y con los ministerios de las distintas de provincias. Estamos alquilando oficinas -y a punto de inaugurarlas- frente al Consejo de la Magistratura; los muebles que las van a hacer operativas fueron adquiridos a cooperativas de ex presos y de familiares de presos, que los han fabricado.
Nosotros queremos favorecer este tipo de trabajo y abrir los lugares de encierro. El hecho de que la sociedad civil penetre el encierro es la mejor forma de prevenir la tortura.
Lo que voy a comentar a continuación puede ser muy útil para quienes están trabajando en las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías, esta última presidida por el compañero Yasky.
Nosotros tenemos un convenio con el CELS, (Andes) y el OPCAT por el registro de tortura. Esa tarea se está haciendo conjuntamente con el trabajo interno del Comité, que tiene por ley la obligación de crear un Registro Nacional de Torturas. Hay registros parciales previos en la Argentina -de la Comisión Provincial de la Memoria en la provincia de Buenos Aires, el Instituto Armani, etcétera-, pero todos somos muy celosos de guardar su material, por lo que estamos tratando de generar las mismas reglas de construcción de los registros, dejar que cada uno los siga teniendo y generar un futuro registro único.
Para eso estamos por firmar un convenio con el Conicet para que nos ayude a crear el registro de torturas y generar nuestro sistema de datos en donde quede un backup permanente para las futuras generaciones.
Respecto del cupo carcelario, estamos participando sobre todo en el hábeas corpus que generó el doctor Rafecas, casi como un amicus curiae. Gustavo Palmieri se va a referir al proyecto al que aludió la doctora Campagnoli, pero es un tema de permanente preocupación y creemos que el Congreso tiene allí un trabajo que hacer.
Durante 2018, el Comité inspeccionó en forma presencial y profunda a las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Esos informes se hicieron públicos. En el 2009 nos abocamos a Neuquén y Tucumán, y en 2020 recorrimos otra vez Tucumán, CABA y nuevamente la provincia de Buenos Aires. Hicimos inspecciones profundas en Mendoza, y dos veces en Formosa, de cabo a rabo, de punta a punta. Hemos aprobado ayer el informe sobre Formosa, se lo estamos remitiendo a las autoridades gubernamentales y veremos cuándo lo podemos hacer público, pero no por ahora. En este período de pandemia estamos viendo de qué manera podemos monitorear a distancia, dado que hemos frenado un poquito las visitas presenciales.
El Consejo Federal de Derechos Humanos, dirigido por el presidente del Comité, es preexistente a la creación de este último. Mantenemos las obligaciones legales, nos reunimos permanentemente y nos nutrimos. Los intercambios con los comités de las provincias son muy interesantes, y además, cuando se trata de una provincia con un comité local, a nosotros nos ayuda porque nos permite enterarnos de una situación, generar datos y también pedirles que vayan a ver determinadas situaciones.
En uso de nuestras facultades, propusimos a este Consejo Federal la designación de un comité en la provincia de Buenos Aires, porque es la más poblada en cuanto a gente en libertad, así como privada de ella; así, el Consejo Federal nombró, como mecanismo local, a la Comisión Provincial de la Memoria, una entidad de prestigio con una trayectoria insoslayable y con la que trabajamos mancomunadamente. De otra manera, no hubiera sido posible tener un monitoreo sobre lugares de encierro en mi querida provincia bonaerense.
Por último, en cuanto a los proyectos en trámite en la Comisión de Legislación Penal, me equivoqué cuando me referí a un proyecto de la diputada Macha sobre mediación en la aplicación de sanciones disciplinarias a personas privadas de libertad, pues era de la diputada Lospennato. No recuerdo si el proyecto que envió el Ejecutivo, que está en el Senado, tiene prevista una etapa de mediación. A nuestro gusto, es un anteproyecto muy bueno el que mandó el Ejecutivo, pero me parece que se le puede hacer llegar al Senado esta propuesta de la diputada Lospennato para que, si es útil -yo creo que lo es-, el Senado ya dé una media sanción que la incluya.
Otros proyectos, como los de las diputadas Camaño -a quien es un gusto verla aquí- y Caselles, entre otros, en general son restrictivos de las salidas transitorias. El Comité tiene una mirada de no restricción de la privación de libertad en la ley 24.660. Es una norma vieja, pero sobre la que se trabajó mucho de la mano de Marcos Salt, Stella Maris Martínez y Malala, y prevé un régimen de prisionización con etapas y posibilidades de interactuación con el mundo externo por parte de la persona privada de libertad. Creo que eso es muy útil y hay que respetarlo por más que tengamos prensa en contra.
Hay un proyecto para que el peculio de las personas privadas de libertad se use para reparar a las víctimas. Me parece que hicimos leyes de reparación de las víctimas, y también en la ley contra la violencia institucional se está trabajando respecto de un sistema de reparación a las víctimas. El peculio de las personas privadas de libertad es mejor que quede para los fines para los que fue creado.
En relación con el proyecto de las diputadas Macha, Álvarez Rodríguez y otras sobre responsabilidad parental, les voy a ser sincera: no lo leí, porque me parece que excede el ámbito de esta comisión y es muy amplio, pero seguramente sería bueno analizarlo.
En cuanto a los proyectos de los diputados Najul y Pérez Araujo, para establecer penas de prisión domiciliaria para mujeres gestantes, siempre vamos a estar a favor de esas cuestiones.
Por su parte, la diputada Brawer ha propuesto la prisión domiciliaria para personas privadas de libertad que tienen responsabilidad en el cuidado de otras. Me parece bueno.
Por su parte, hay proyectos de los diputados Petri, Camaño, Gaillard y Schlereth respecto de la emergencia sanitaria. No haría leyes específicas en este ámbito por la emergencia sanitaria, sino que me inclinaría más por modificaciones o leyes que generen formas de luchar contra el delito hacia el futuro, pero de la manera en que lo propuso la doctora Campagnoli.
Estoy con muchas ganas de seguir trabajando. Es muy importante esta posibilidad de intercambio, y espero que este sea el puntapié inicial.
Quedo a su disposición, como siempre, para nutrirnos mutuamente con proyectos de ley y con ideas renovadoras, y para luchar por ese cambio cultural hacia una Argentina que incluya a todas y a todos.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Creo que lo que nos motivó a hacer esta reunión es justamente el debate en el ámbito del Congreso del tema carcelario, así como de los demás lugares de encierro y sus condiciones. A estos temas se le da un tratamiento en la prensa, pero los legisladores tenemos la obligación de analizarlos en profundidad y con todas las aristas para promover ese cambio cultural del que hablaba Diana. Se construye una opinión pública desde el sentido común, pero tiene que ver con lo que realmente necesitamos en cuanto a los derechos de las personas privadas de la libertad. En el Congreso debemos poner luz sobre este tipo de cuestiones y luego formar opinión sobre estos temas sin que la coyuntura nos marque hacia dónde tenemos que ir o qué tenemos que opinar sobre esta temática.
Tiene la palabra el doctor Gustavo Palmieri.
Tiene la palabra el doctor Gustavo Palmieri.
SR. PALMIERI Muy buenas tardes y, como dijeron mis colegas, muchas gracias por la invitación.
Me referiré a algunos aspectos que tienen que ver con las acciones que también nosotros llevamos a cabo, como planteaba Diana Conti, y que más bien influyen o tienen como destinatario directo el aspecto legislativo. Las acciones legislativas son decisiones que se vinculan con lo que nosotros observamos en el trabajo en las provincias, con los comités locales, con las organizaciones sociales y con todos los que integran aquello que la ley crea como el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
Seguramente, hay algunas menciones de los proyectos señalados por el señor diputado Yasky y por la señora diputada Campagnoli. Como no pude ingresar antes por problemas técnicos, no llegué a escuchar si la señora diputada Gaillard mencionó algún otro proyecto. Eventualmente, esa cuestión quedará para el momento de las preguntas.
Hay algunas situaciones concretas que nosotros claramente observamos en estos trabajos, que tienen que ver con torturas y malos tratos, y hay leyes que se ocupan de ese tema. Hugo Yasky mencionó la ley sobre prevención de la violencia institucional. Hemos sido invitados a una reunión de comisión -que, en principio, se realizará la semana que viene- para referirnos a ese proyecto sobre el que también hemos trabajado.
Por otra parte, hemos visto situaciones que claramente son graves en algunas circunstancias. Incluso en el contexto de pandemia, hubo distintas protestas en unidades penitenciarias -algo que no se veía desde hace unos años- vinculadas con el uso de armas de fuego por parte de funcionarios penitenciarios, que terminaron con la vida o con lesiones muy graves de personas privadas de su libertad. Además, hay situaciones de violencia sexual. Sobre esto hemos trabajado con la defensora general y probablemente ella también lo mencione.
Preguntaron sobre el proyecto de tortura. En este sentido, nosotros hemos trabajado desde el comienzo en distintos seminarios, tratando de unificar los proyectos que existen sobre modificación del tipo de tortura y otros delitos asociados. Lo hicimos viendo cómo estaba funcionando la jurisprudencia, cómo se estaban investigando los casos y cuál era el mejor tipo que podía servir para las investigaciones, así que podemos hacerles llegar ese trabajo que hicimos con los distintos autores y autoras, en términos de tratar de unificar una propuesta considerando los mejores aspectos que tenían las distintas soluciones.
Por su parte, el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y su relator siempre nos plantean que la Argentina tiene que modificar esto. Lo cierto es que quieren que lo hagamos al estilo del sistema de Naciones Unidas. La Argentina también está en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y tiene algunas diferencias. Por eso, nos pareció importante entrar en diálogo con las recomendaciones que nos hacen los órganos de Naciones Unidas y plantear cómo tenemos que hacerlo. Ese es un tema que la Argentina debe abordar.
Pero, además de estos planteos específicos que tienen que ver con situaciones puntuales -o repetidas, como malos tratos o torturas-, es claro que una de las cuestiones que vemos en forma generalizada tiene que ver con algo que mencionó la señora diputada Campagnoli en relación con el hacinamiento y la sobrepoblación, que es diferente en las distintas jurisdicciones. Esto existe en algunas unidades -no en todas-, y en otras existe un nivel generalizado en relación con los estándares internacionales, pero también con los nacionales. Estos se definen por debajo de ciertos estándares mínimos, que son los que se trabajan cuando hay sobrepoblación. Cabe aclarar que no estamos hablando de violaciones a las condiciones deseables, sino que, cuando uno habla de que está superado el cupo, se refiere a condiciones mínimas. Entonces, los estándares en cuanto a las condiciones de malos tratos se empiezan a definir precisamente por debajo de las condiciones mínimas.
Además, cuando uno dice que hay un 20 por ciento de sobrepoblación, no se refiere solamente a ese porcentaje en esas condiciones, sino que se trata de algo que afecta a un conjunto más grande. De hecho, hay provincias que tienen entre un 30 y un 40 por ciento de sobrepoblación, con la dificultad que es calcularlo. Eso implica que, en general, todas las personas que están detenidas están en situaciones de trato cruel, inhumano o degradante, y uno lo ve en distintas formas de afectación, algunas muy muy graves. Sobre esta cuestión existen varias iniciativas que se están tratando en esta Cámara, algunas de las cuales fueron mencionados por mi compañera, Diana Conti.
A raíz de la aprobación de distintos proyectos, en los últimos años se produjo un gran crecimiento de la población penitenciaria. Es decir que creció el número de personas privadas de su libertad, tanto por la extensión de las penas máximas como por la disposición del cumplimiento efectivo de penas mínimas y, al mismo tiempo, por la prohibición de medidas graduales de liberación asociadas a lo que era la progresión de la pena. Es decir que se cerraron esas medidas: las salidas alternativas, las libertades condicionales para ciertos delitos, y para las penas chicas o más cortas, también se empezó a impedir legislativamente que pudieran ser, por ejemplo, modificadas por trabajos comunitarios.
A todo ello se suman el proceso de flagrancia, que tiene una tendencia al encarcelamiento, y algo que se observó en distintas jurisdicciones -aunque no todavía en la federal-, que tiene que ver con el incremento del encarcelamiento que genera el sistema acusatorio. Eso se vio en casi toda Latinoamérica y también en las provincias que lo implementaron.
Hubo otros delitos que crecieron particularmente en términos de encarcelamiento, independientemente de las estadísticas. Me refiero, en primer lugar, a los encarcelamientos por las cuestiones asociadas a la violencia de género; en segundo término, por los delitos contemplados en la ley 23.737, tanto a nivel general como en cuanto a la desfederalización. En 2005 se dio la posibilidad de que las provincias tomaran la competencia del narcomenudeo, y desde ese momento empezó a haber un crecimiento general en términos de las tasas, mucho más alto que la tasa general.
Durante las primeras décadas de este siglo, la Argentina tenía una tasa de personas privadas de su libertad de entre 150 y 170 cada 100.000 habitantes. Entre 2015 y 2019, esa tasa creció a 223 cada 100.000 habitantes solamente para el tema de estupefacientes, cuestión sobre la cual también existen proyectos que fueron tratados en esta comisión y en otras específicas. Pero el incremento de la tasa fue aún mayor: en 2015, que en virtud de esa ley era de 19 personas detenidas cada 100.000 habitantes, la tasa pasó a 37 personas cada 100.000 habitantes.
La mayoría se relaciona también con algunas cuestiones de género, porque esta ley tiene un impacto particular en las mujeres y también muestra cuál es el perfil, es decir, en qué lugar se da el corte de las personas que son detenidas en términos de las distintas figuras que contempla la norma, por ejemplo, el caso de las "mulas" y el traslado. Muchas son detenidas por estar acompañando a sus maridos en las acciones que la ley define como delitos. En este sentido, los delitos que establece la norma tienen que ver con el trabajo, con la venta en los barrios, etcétera. Eso es lo que también en las cárceles muchas veces se define como prisión por el vínculo. ¿Qué cosas se pueden trabajar, cómo o cuáles puntoss? Ese es un aspecto importante de ver en esa línea.
Por otra parte, la Argentina -seguramente la defensora también se referirá a esto- está condenada por la prisión perpetua para menores de edad. La legislación permite que la pena máxima sea de 50 años y, al mismo tiempo, sin ninguna salida anticipada. Es decir, son penas de 50 años de cumplimiento efectivo.
Para los estándares internacionales -porque ya hay precedentes en tribunales europeos y también en algunos dictámenes del sistema interamericano- es probable que en algún momento eso también tenga implicancias. Al haber imposibilidad de resocialización -que es lo que dice la convención americana sobre la finalidad de la pena-, esa situación se va a considerar un trato inhumano, una pena cruel. Es difícil pensar esto frente a una pena de 50 años de cumplimiento efectivo, sin ninguna posibilidad de resocialización.
En ese punto en particular, en relación con cuál es el crecimiento de la tasa, algo que había planteado al principio de la pandemia era que había una reducción en los ingresos y un incremento en determinadas salidas. Algunas de esas salidas estaban relacionadas con la pandemia, pero ese número se estabilizó hacia finales del año pasado, e inclusive los egresos se redujeron en comparación con lo anterior, situación que hace suponer que la tasa continuará incrementándose.
Respecto de algunas cuestiones que en particular tienen que ver con jurisdicciones, hay una situación bastante preocupante en la Ciudad de Buenos Aires, en la Justicia Nacional, que se puede prever hacia el futuro o habría que ver cómo se desarrolla, que va a ser algo así como el primer sistema de justicia, pero que al mismo tiempo no tenga un sistema penitenciario.
Además, gran parte del control del incremento de la población penitenciaria depende de que el gobierno es responsable no solo de la aplicación sino también del control y del cumplimiento de las medidas. Hay un límite a ese encarcelamiento y aún no está claro si las jurisdicciones serán las mismas o diferentes.
Al respecto, el Congreso Nacional deberá analizar las áreas de competencia común y la transferencia entre el Estado federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tema también ha tenido repercusión en las comisarías de la provincia de Buenos Aires.
Pasando a considerar los proyectos sobre las formas de regular, controlar y revertir el incremento de ingresos, debemos analizar el tema planteado por la diputada Campagnoli, relativo a garantizar que las condiciones de encarcelamiento sean adecuadas, estudiar qué ocurre cuando no lo son y cuáles son los distintos niveles de gravedad.
Es importante destacar que no estamos hablando de condiciones deseables, sino de condiciones mínimas. De todos modos, en algún momento tendríamos que plantear un estándar de condiciones deseables.
Sabemos que la ley de cupo regula el modelo a seguir y deberíamos analizar en cuánto estamos por debajo del mínimo. La última vez que la Argentina emitió una resolución en temas relativos al sistema federal fue en 2008. Incluso, algunos puntos fueron cuestionados con el argumento de que los estándares fijados por el Ministerio de Justicia de la Nación estaban muy por debajo de los mínimos.
Por otro lado, es importante definir la autoridad de aplicación, porque una parte depende de la administración. De acuerdo con lo establecido en la ley -como bien decía Diana Conti- el comité nacional debe fijar los criterios. Al respecto, hemos emitido una recomendación sobre los puntos que consideramos más urgentes: los estándares mínimos de las condiciones de capacidad de alojamiento en los establecimientos penitenciarios. Arribamos a dicha recomendación luego de haber estudiado dictámenes internacionales, trabajos de universidades, resoluciones judiciales nacionales, etcétera. Ahora debemos definir cómo llevarla a la práctica en función de la capacidad de cada lugar -que está fijada por la autoridad de administración- y cómo controlar al momento de realizar las inspecciones.
Otro problema importante que se ha generado a partir del incremento de la población carcelaria es que los sistemas penitenciarios no pueden funcionar como un todo indiviso. Es decir, el hecho de que estén juntas las personas condenadas a veinte años de prisión con las condenadas a tres meses -independientemente de si le corresponda o no prisión efectiva- genera muchísimos problemas. Tal vez la doctora Garrigós pueda referirse a ese punto, al menos en lo concerniente al sistema federal.
Sobre el particular, la Corte Interamericana está fijando los criterios a aplicar cuando se superan los cupos, sobre todo en los casos de las personas que están cumpliendo condenas y deberían salir no solo porque las penas son ilegales, sino también desproporcionadas.
La realidad es que está habilitado fijar penas de tres meses de prisión ya que no hay estándares internacionales que no lo permitan, pero el asunto es en qué condiciones. Si no, queda desproporcionado en términos del reproche aplicado. Específicamente, en el caso de Urso Branco la Corte fue muy clara acerca de la necesidad de reducir la población penitenciaria.
Así como lo planteó la diputada Campagnoli, es importante que una ley de cupos esté acompañada de indicaciones sobre cómo deben actuar los jueces ante esas situaciones. En general, una ley de cupos está acompañada de otra ley relativa a cómo proceder antes de que el cupo sea superado. Sería importante que los legisladores dieran indicaciones a los jueces sobre cómo proceder ante situaciones donde los tribunales superiores de la Argentina no toman decisiones porque simplemente plantean el punto y no avanzan.
Paso a darles un ejemplo, la semana pasada la Corte Suprema falló en esa línea para que la Corte de la provincia de Buenos Aires lo hiciera en el caso Verbitsky. También hay casos similares en los Tribunales de Casación de la provincia de Buenos Aires sobre las comisarías y en la Corte de Tucumán sobre las comisarías y el sistema penitenciario tucumano. Entonces, se necesita una regulación en términos de cuáles son los grupos, cómo separarlos y por dónde empezar. A veces la solución es analizar qué persona puede esperar una pena si no hay lugar para su efectivo cumplimiento o en qué medida se puede avanzar si no hay lugar para la ejecución. Entiendo que hay que esclarecer esas cuestiones.
Ahora no estamos hablando de racionalidad del sistema, sino que intentamos mostrarles lo que vemos en cada visita. Obviamente todos conocen las condiciones inhumanas en las que muchas personas están privadas de su libertad en la República Argentina.
Estos son los proyectos en debate. Estoy a disposición para responder las preguntas que deseen formular.
Nuevamente, aprovecho la oportunidad para agradecer la invitación y el apoyo brindado por el Congreso a este comité que, si bien es independiente, es un órgano de control en el ámbito del Poder Legislativo.
Me referiré a algunos aspectos que tienen que ver con las acciones que también nosotros llevamos a cabo, como planteaba Diana Conti, y que más bien influyen o tienen como destinatario directo el aspecto legislativo. Las acciones legislativas son decisiones que se vinculan con lo que nosotros observamos en el trabajo en las provincias, con los comités locales, con las organizaciones sociales y con todos los que integran aquello que la ley crea como el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
Seguramente, hay algunas menciones de los proyectos señalados por el señor diputado Yasky y por la señora diputada Campagnoli. Como no pude ingresar antes por problemas técnicos, no llegué a escuchar si la señora diputada Gaillard mencionó algún otro proyecto. Eventualmente, esa cuestión quedará para el momento de las preguntas.
Hay algunas situaciones concretas que nosotros claramente observamos en estos trabajos, que tienen que ver con torturas y malos tratos, y hay leyes que se ocupan de ese tema. Hugo Yasky mencionó la ley sobre prevención de la violencia institucional. Hemos sido invitados a una reunión de comisión -que, en principio, se realizará la semana que viene- para referirnos a ese proyecto sobre el que también hemos trabajado.
Por otra parte, hemos visto situaciones que claramente son graves en algunas circunstancias. Incluso en el contexto de pandemia, hubo distintas protestas en unidades penitenciarias -algo que no se veía desde hace unos años- vinculadas con el uso de armas de fuego por parte de funcionarios penitenciarios, que terminaron con la vida o con lesiones muy graves de personas privadas de su libertad. Además, hay situaciones de violencia sexual. Sobre esto hemos trabajado con la defensora general y probablemente ella también lo mencione.
Preguntaron sobre el proyecto de tortura. En este sentido, nosotros hemos trabajado desde el comienzo en distintos seminarios, tratando de unificar los proyectos que existen sobre modificación del tipo de tortura y otros delitos asociados. Lo hicimos viendo cómo estaba funcionando la jurisprudencia, cómo se estaban investigando los casos y cuál era el mejor tipo que podía servir para las investigaciones, así que podemos hacerles llegar ese trabajo que hicimos con los distintos autores y autoras, en términos de tratar de unificar una propuesta considerando los mejores aspectos que tenían las distintas soluciones.
Por su parte, el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y su relator siempre nos plantean que la Argentina tiene que modificar esto. Lo cierto es que quieren que lo hagamos al estilo del sistema de Naciones Unidas. La Argentina también está en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y tiene algunas diferencias. Por eso, nos pareció importante entrar en diálogo con las recomendaciones que nos hacen los órganos de Naciones Unidas y plantear cómo tenemos que hacerlo. Ese es un tema que la Argentina debe abordar.
Pero, además de estos planteos específicos que tienen que ver con situaciones puntuales -o repetidas, como malos tratos o torturas-, es claro que una de las cuestiones que vemos en forma generalizada tiene que ver con algo que mencionó la señora diputada Campagnoli en relación con el hacinamiento y la sobrepoblación, que es diferente en las distintas jurisdicciones. Esto existe en algunas unidades -no en todas-, y en otras existe un nivel generalizado en relación con los estándares internacionales, pero también con los nacionales. Estos se definen por debajo de ciertos estándares mínimos, que son los que se trabajan cuando hay sobrepoblación. Cabe aclarar que no estamos hablando de violaciones a las condiciones deseables, sino que, cuando uno habla de que está superado el cupo, se refiere a condiciones mínimas. Entonces, los estándares en cuanto a las condiciones de malos tratos se empiezan a definir precisamente por debajo de las condiciones mínimas.
Además, cuando uno dice que hay un 20 por ciento de sobrepoblación, no se refiere solamente a ese porcentaje en esas condiciones, sino que se trata de algo que afecta a un conjunto más grande. De hecho, hay provincias que tienen entre un 30 y un 40 por ciento de sobrepoblación, con la dificultad que es calcularlo. Eso implica que, en general, todas las personas que están detenidas están en situaciones de trato cruel, inhumano o degradante, y uno lo ve en distintas formas de afectación, algunas muy muy graves. Sobre esta cuestión existen varias iniciativas que se están tratando en esta Cámara, algunas de las cuales fueron mencionados por mi compañera, Diana Conti.
A raíz de la aprobación de distintos proyectos, en los últimos años se produjo un gran crecimiento de la población penitenciaria. Es decir que creció el número de personas privadas de su libertad, tanto por la extensión de las penas máximas como por la disposición del cumplimiento efectivo de penas mínimas y, al mismo tiempo, por la prohibición de medidas graduales de liberación asociadas a lo que era la progresión de la pena. Es decir que se cerraron esas medidas: las salidas alternativas, las libertades condicionales para ciertos delitos, y para las penas chicas o más cortas, también se empezó a impedir legislativamente que pudieran ser, por ejemplo, modificadas por trabajos comunitarios.
A todo ello se suman el proceso de flagrancia, que tiene una tendencia al encarcelamiento, y algo que se observó en distintas jurisdicciones -aunque no todavía en la federal-, que tiene que ver con el incremento del encarcelamiento que genera el sistema acusatorio. Eso se vio en casi toda Latinoamérica y también en las provincias que lo implementaron.
Hubo otros delitos que crecieron particularmente en términos de encarcelamiento, independientemente de las estadísticas. Me refiero, en primer lugar, a los encarcelamientos por las cuestiones asociadas a la violencia de género; en segundo término, por los delitos contemplados en la ley 23.737, tanto a nivel general como en cuanto a la desfederalización. En 2005 se dio la posibilidad de que las provincias tomaran la competencia del narcomenudeo, y desde ese momento empezó a haber un crecimiento general en términos de las tasas, mucho más alto que la tasa general.
Durante las primeras décadas de este siglo, la Argentina tenía una tasa de personas privadas de su libertad de entre 150 y 170 cada 100.000 habitantes. Entre 2015 y 2019, esa tasa creció a 223 cada 100.000 habitantes solamente para el tema de estupefacientes, cuestión sobre la cual también existen proyectos que fueron tratados en esta comisión y en otras específicas. Pero el incremento de la tasa fue aún mayor: en 2015, que en virtud de esa ley era de 19 personas detenidas cada 100.000 habitantes, la tasa pasó a 37 personas cada 100.000 habitantes.
La mayoría se relaciona también con algunas cuestiones de género, porque esta ley tiene un impacto particular en las mujeres y también muestra cuál es el perfil, es decir, en qué lugar se da el corte de las personas que son detenidas en términos de las distintas figuras que contempla la norma, por ejemplo, el caso de las "mulas" y el traslado. Muchas son detenidas por estar acompañando a sus maridos en las acciones que la ley define como delitos. En este sentido, los delitos que establece la norma tienen que ver con el trabajo, con la venta en los barrios, etcétera. Eso es lo que también en las cárceles muchas veces se define como prisión por el vínculo. ¿Qué cosas se pueden trabajar, cómo o cuáles puntoss? Ese es un aspecto importante de ver en esa línea.
Por otra parte, la Argentina -seguramente la defensora también se referirá a esto- está condenada por la prisión perpetua para menores de edad. La legislación permite que la pena máxima sea de 50 años y, al mismo tiempo, sin ninguna salida anticipada. Es decir, son penas de 50 años de cumplimiento efectivo.
Para los estándares internacionales -porque ya hay precedentes en tribunales europeos y también en algunos dictámenes del sistema interamericano- es probable que en algún momento eso también tenga implicancias. Al haber imposibilidad de resocialización -que es lo que dice la convención americana sobre la finalidad de la pena-, esa situación se va a considerar un trato inhumano, una pena cruel. Es difícil pensar esto frente a una pena de 50 años de cumplimiento efectivo, sin ninguna posibilidad de resocialización.
En ese punto en particular, en relación con cuál es el crecimiento de la tasa, algo que había planteado al principio de la pandemia era que había una reducción en los ingresos y un incremento en determinadas salidas. Algunas de esas salidas estaban relacionadas con la pandemia, pero ese número se estabilizó hacia finales del año pasado, e inclusive los egresos se redujeron en comparación con lo anterior, situación que hace suponer que la tasa continuará incrementándose.
Respecto de algunas cuestiones que en particular tienen que ver con jurisdicciones, hay una situación bastante preocupante en la Ciudad de Buenos Aires, en la Justicia Nacional, que se puede prever hacia el futuro o habría que ver cómo se desarrolla, que va a ser algo así como el primer sistema de justicia, pero que al mismo tiempo no tenga un sistema penitenciario.
Además, gran parte del control del incremento de la población penitenciaria depende de que el gobierno es responsable no solo de la aplicación sino también del control y del cumplimiento de las medidas. Hay un límite a ese encarcelamiento y aún no está claro si las jurisdicciones serán las mismas o diferentes.
Al respecto, el Congreso Nacional deberá analizar las áreas de competencia común y la transferencia entre el Estado federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tema también ha tenido repercusión en las comisarías de la provincia de Buenos Aires.
Pasando a considerar los proyectos sobre las formas de regular, controlar y revertir el incremento de ingresos, debemos analizar el tema planteado por la diputada Campagnoli, relativo a garantizar que las condiciones de encarcelamiento sean adecuadas, estudiar qué ocurre cuando no lo son y cuáles son los distintos niveles de gravedad.
Es importante destacar que no estamos hablando de condiciones deseables, sino de condiciones mínimas. De todos modos, en algún momento tendríamos que plantear un estándar de condiciones deseables.
Sabemos que la ley de cupo regula el modelo a seguir y deberíamos analizar en cuánto estamos por debajo del mínimo. La última vez que la Argentina emitió una resolución en temas relativos al sistema federal fue en 2008. Incluso, algunos puntos fueron cuestionados con el argumento de que los estándares fijados por el Ministerio de Justicia de la Nación estaban muy por debajo de los mínimos.
Por otro lado, es importante definir la autoridad de aplicación, porque una parte depende de la administración. De acuerdo con lo establecido en la ley -como bien decía Diana Conti- el comité nacional debe fijar los criterios. Al respecto, hemos emitido una recomendación sobre los puntos que consideramos más urgentes: los estándares mínimos de las condiciones de capacidad de alojamiento en los establecimientos penitenciarios. Arribamos a dicha recomendación luego de haber estudiado dictámenes internacionales, trabajos de universidades, resoluciones judiciales nacionales, etcétera. Ahora debemos definir cómo llevarla a la práctica en función de la capacidad de cada lugar -que está fijada por la autoridad de administración- y cómo controlar al momento de realizar las inspecciones.
Otro problema importante que se ha generado a partir del incremento de la población carcelaria es que los sistemas penitenciarios no pueden funcionar como un todo indiviso. Es decir, el hecho de que estén juntas las personas condenadas a veinte años de prisión con las condenadas a tres meses -independientemente de si le corresponda o no prisión efectiva- genera muchísimos problemas. Tal vez la doctora Garrigós pueda referirse a ese punto, al menos en lo concerniente al sistema federal.
Sobre el particular, la Corte Interamericana está fijando los criterios a aplicar cuando se superan los cupos, sobre todo en los casos de las personas que están cumpliendo condenas y deberían salir no solo porque las penas son ilegales, sino también desproporcionadas.
La realidad es que está habilitado fijar penas de tres meses de prisión ya que no hay estándares internacionales que no lo permitan, pero el asunto es en qué condiciones. Si no, queda desproporcionado en términos del reproche aplicado. Específicamente, en el caso de Urso Branco la Corte fue muy clara acerca de la necesidad de reducir la población penitenciaria.
Así como lo planteó la diputada Campagnoli, es importante que una ley de cupos esté acompañada de indicaciones sobre cómo deben actuar los jueces ante esas situaciones. En general, una ley de cupos está acompañada de otra ley relativa a cómo proceder antes de que el cupo sea superado. Sería importante que los legisladores dieran indicaciones a los jueces sobre cómo proceder ante situaciones donde los tribunales superiores de la Argentina no toman decisiones porque simplemente plantean el punto y no avanzan.
Paso a darles un ejemplo, la semana pasada la Corte Suprema falló en esa línea para que la Corte de la provincia de Buenos Aires lo hiciera en el caso Verbitsky. También hay casos similares en los Tribunales de Casación de la provincia de Buenos Aires sobre las comisarías y en la Corte de Tucumán sobre las comisarías y el sistema penitenciario tucumano. Entonces, se necesita una regulación en términos de cuáles son los grupos, cómo separarlos y por dónde empezar. A veces la solución es analizar qué persona puede esperar una pena si no hay lugar para su efectivo cumplimiento o en qué medida se puede avanzar si no hay lugar para la ejecución. Entiendo que hay que esclarecer esas cuestiones.
Ahora no estamos hablando de racionalidad del sistema, sino que intentamos mostrarles lo que vemos en cada visita. Obviamente todos conocen las condiciones inhumanas en las que muchas personas están privadas de su libertad en la República Argentina.
Estos son los proyectos en debate. Estoy a disposición para responder las preguntas que deseen formular.
Nuevamente, aprovecho la oportunidad para agradecer la invitación y el apoyo brindado por el Congreso a este comité que, si bien es independiente, es un órgano de control en el ámbito del Poder Legislativo.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra la señora María Laura Garrigós, subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación e interventora del Servicio Penitenciario Federal.
SRA. GARRIGÓS Señora presidenta: gracias por recibirme en esta comisión y darme la oportunidad de presentarles el panorama que enfrentamos. De todos modos, los comisionados del comité ya hicieron una descripción bastante eficaz y acertada de los problemas cotidianos.
Creo que los señores diputados deberían saber que desde que asumí el cargo de subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del servicio, he trabajado prácticamente de la mano de Diana Conti; Gustavo Palmieri; Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura; la defensora General de la Nación; y Guillermo Todarello, de la Comisión de Cárceles, todavía me persigue bastante. Él se ríe, pero es cierto lo que digo.
Ellos me llaman por teléfono y me dicen: "¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con lo otro?" En esos casos, tengo que salir corriendo porque el servicio penitenciario tiene una gama de problemas que van desde las canillas rotas hasta el trato que reciben las personas que deben cuidar.
Empecemos por los números. En la actualidad el Servicio Penitenciario Federal aloja a 11.470 personas en sus dependencias, mientras que debería alojar a 2.344 más que están en dependencias de otros servicios penitenciarios provinciales por los que el Estado nacional paga alquiler.
A veces, las personas alojadas en los distintos servicios penitenciarios no reciben el mismo trato debido a que algunas provincias adhieren a la ley de ejecución de la pena y otras se rigen por otros sistemas. Por ejemplo, Córdoba aplica un sistema diferente en el interior de sus penales. Entonces, las personas alojadas en las unidades cordobesas no son tratadas como las que están en La Pampa, por ejemplo.
Específicamente, en el caso de La Pampa, como la provincia no tiene servicio penitenciario, los pampeanos detenidos por la justicia ordinaria están alojados en las dependencias del Servicio Penitenciario Federal y la provincia paga alquiler por el alojamiento de esas personas.
Por otro lado, hay aproximadamente 1.300 personas alojadas en las fuerzas de seguridad -tales como Gendarmería, PSA, Prefectura y Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- que están esperando cupo para ingresar al Servicio Penitenciario Federal. Esas personas alojadas en las dependencias de las fuerzas de seguridad no reciben ningún tratamiento y están en las condiciones que pueden brindarles.
Hace tres o cuatro días, en un diario de gran circulación se publicaron fotografías que reflejan lo que ocurre en las comisarías y alcaidías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tampoco cuenta con servicio penitenciario propio.
Cuando me refiero a estos hechos, lo primero que me preguntan es si no se están construyendo cárceles. Pero lo cierto es que las cárceles no se construyen de un día para el otro, no es algo tan sencillo. De cualquier manera, cerca de la ciudad de Mercedes se está construyendo el futuro Complejo Penitenciario Federal Agote que contará con 1.152 plazas -luego hablaremos del cupo-. Esa obra tiene un avance del 45 por ciento, por lo que le falta más de un año para ponerla en uso.
En Coronda, provincia de Santa Fe, se está construyendo un complejo para 450 plazas con un avance del 60 por ciento. En Cuyo se está construyendo un complejo de 356 plazas, donde las unidades a disposición cuentan con camas dobles, por lo que cuando entreguen esta obra cuyo avance es del 90 por ciento, tendré que bajar las camas dobles. Por esto, no cuento todas estas plazas.
A través de un convenio que firmó el gobierno anterior, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió un adelanto del gobierno nacional para construir un complejo de 2.200 plazas en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, que tendría que haber sido terminado en noviembre del año pasado, momento en que se detuvo la construcción. Si bien esta obra está muy avanzada, todavía no se encuentra en condiciones de ser habitada porque ni siquiera tiene el cerco perimetral y le faltan las rejas. Tampoco es algo viable en el plazo inmediato.
Nuestra subsecretaría junto a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia ha redactado una disposición, que todavía está pendiente de la firma del señor ministro, sobre cuáles debieran ser los cupos de las unidades del Servicio Penitenciario Federal. No entendemos al cupo por los metros cuadrados para las personas, sino por la necesidad del lugar para las camas, la educación, el trabajo, la recreación y las instalaciones sanitarias y médicas necesarias, de acuerdo a la cantidad de personas. Esto es lo que, básicamente, entendemos que debería satisfacerse cuando hablamos de cupo.
De manera paralela y hablando de cupo, hay un habeas corpus terminado y con sentencia en contra del Servicio Penitenciario Federal en la Justicia Federal de Morón, por el que las plazas de Marcos Paz deben reducirse de más de dos mil a 1.883 plazas. Estamos avanzando en este proceso. No nos estamos agrandando sino que nos estamos achicando. Entonces, el problema de la gente alojada en dependencias policiales o de otras fuerzas de seguridad no mejorará; probablemente empeorará en camino de obedecer estas sentencias firmes.
Otro habeas corpus con sentencia firme del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora nos obliga a bajar las camas dobles que tenemos en el complejo de Ezeiza. Estamos incumpliendo con esto y estamos poniendo más camas dobles, a partir de esta semana, por una disposición donde explicamos la extrema necesidad de contar con mayor espacio de aislamiento para ingresar mayor cantidad de gente de las comisarías de CABA y reducir -contabilizadas ayer- de 660 a 300 personas; esta era la cantidad de personas que había entre abril y junio del año pasado, cuando la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires inició una acción de habeas corpus en favor de las personas alojadas en esas comisarías. En una mesa de diálogo permanente, nos comprometimos a aliviar esta superpoblación.
Debo aclarar que de las 11.400 personas alojadas a disposición del Servicio Penitenciario Federal, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano -es decir complejo CABA, Ezeiza y Marcos Paz- tenemos alojadas aproximadamente 6.400 personas. Este número es dinámico porque se modifica a cada hora todos los días. Más del 50 por ciento del grueso total de las personas presas del país entero están acá, en el conurbano bonaerense y CABA. La Ciudad de Buenos Aires nos provee la mayor cantidad de personas con necesidad de ingresar al Sistema Penitenciario porque esto no solo abarca la competencia de la Justicia Federal, sino también la de la Justicia Nacional, que es la Justicia que más personas detiene.
Ahora vamos a hablar de las detenciones. A partir de la modificación de la ley de flagrancia, rápidamente se llega a sentencias condenatorias por delitos de poca lesividad, porque los delitos flagrantes no son los vaciamientos de empresas, sino que suelen ser arrebatos y delitos que ocurren en el ámbito público en general y que son de muy fácil investigación porque, si no, exceden al marco de la ley de flagrancia. Los términos de la ley de flagrancia llevan a que las personas involucradas en estos hechos rápidamente lleguen a tener un antecedente condenatorio.
La segunda vez que el sistema penal los atrapa y quedan involucrados en una segunda causa penal, la sentencia condenatoria ya no podrá ser de ejecución condicional, sino que será de efectivo cumplimiento. De la mano de esto, como son hechos de baja lesividad, tienen penas muy cortas. Hemos tenido condenados a quince días, a dos meses y a cuatro meses de prisión.
Se trata de personas que son condenadas a períodos de prisión muy corta, que ya no tienen prisión preventiva. Tal como dijo la exdiputada Conti, el 50 por ciento de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal están con prisión preventiva. Pero estas personas ingresan a unidades de condenados -no pueden estar mezcladas con gente que está con prisión preventiva-, donde hay gente que a lo mejor tiene condenas a 5, 6, 7, 15 o 20 años de prisión y están teniendo buena conducta y avanzando en la progresividad de la pena. Esas personas que no tienen posibilidad de avanzar con ninguna progresividad de la pena -no se le puede aplicar el tratamiento penitenciario dado que no dan los tiempos- provocan discordia, incidentes y problemas con la población carcelaria.
Por esa razón, sería interesante que se pensara en alguna modalidad nueva para las penas de prisión cortas, que son un simple castigo y no sirven para ofrecer ninguna herramienta a las personas privadas de la libertad. Además, entorpecen la vida del resto de la población carcelaria. A su vez, no cumplen con las obligaciones que debemos asumir constitucionalmente en materia de aplicación de pena de prisión.
En ese camino, habría que pensar que en 2017, cuando se modificó la ley de ejecución penitenciaria, se modificó el artículo 35 de la ley que habla de la posibilidad de semilibertad. El inciso f) de ese artículo -el último- decía que se podía conceder arresto domiciliario, semilibertad o detención alternativa para las personas con una pena de menos de seis meses. Paralelamente, el artículo 50 de la ley -que no ha sido modificado y todavía está vigente- dice que a las personas incluidas en la situación del inciso f) del artículo 35 se les puede cambiar la pena de prisión por tareas comunitarias.
El artículo 50 está vigente y alude a un inciso que hoy no existe más en la ley de ejecución, por lo que habría que reverlo, y es misión de esta comisión hacer esta tarea. Me refiero a estudiar esa incoherencia que hoy mantiene la norma, que nos ha impedido contar con una alternativa para estas situaciones que desbarajustan todo el sistema penitenciario.
Pero además se debe pensar que si eliminamos las posibilidades de salidas transitorias, las libertades condicionales, la posibilidad de modificar la aplicación de la pena o la sanción por trabajo comunitario, también estamos eliminando todos los incentivos para que las personas quieran progresar en el régimen progresivo de la Ley de Ejecución Penal. Entonces, todo el tratamiento que se les está ofreciendo no tiene la zanahoria delante como para que la persona se aboque y se dedique a eso.
En tal sentido, el trabajo de los gabinetes criminológicos es muchísimo más complicado hoy de lo que era antes de la modificación de la Ley de Ejecución Penal. En el camino, por medio de un convenio que firmamos con el Conicet, hemos iniciado un trabajo para resignificar el tratamiento penitenciario y por ejemplo, eliminamos la exigencia de arrepentimiento porque consideramos que, en todo caso, el arrepentimiento corresponde al fuero íntimo de las personas.
En general, la necesidad de que el ámbito privado de las personas no sea materia de preocupación estatal impide constitucionalmente exigir a la persona que se arrepienta. Es decir, podemos ofrecerle otra forma de vivir, que cuente con los medios necesarios para elegir la forma de vivir que quiera, pero no podemos imponerle que sea un buen samaritano; este punto no es obligación del Estado.
Además, es improbable saber cuán exitosos somos o no en esto, sería adivinar o actuar prejuiciosamente, que es lo que suele ocurrir. La gente tiende a ser prejuiciosa y a informar negativamente porque desconfía, sobre la base del delito que cometió o por el hecho de estar detenido.
La lógica que se trasunta en las noticias periodísticas a la que aludían quienes me precedieron en el uso de la palabra, no escapa a los prejuicios con los que nos desarrollamos aun dentro del ámbito penitenciario.
Otro punto que quisiera destacar, que hemos trabajado junto con la Defensoría General, es el proyecto mencionado por la señora diputada Gaillard al inicio de la reunión. Se trata de un proyecto que modifica la Ley de Ejecución Penitenciaria, sobre la base de un litigio que tiene veinte años de existencia y que fue iniciado por la doctora Martínez -la Defensoría General de la Nación, digamos-, a raíz de los problemas de falta de constitucionalidad, por falta de debido proceso, en el sistema sancionatorio de faltas al interior del servicio penitenciario.
En dicho litigio el afectado fue el señor Lynn y llegó a convertirse en caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-por eso llama el caso Lynn; no ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero si lo hiciera, es decir, si no obtuviéramos la modificación de la Ley de Ejecución Penal por vía de este proyecto, probablemente ella sancionaría a la Argentina por el incumplimiento del debido proceso en esta materia.
En ese sentido, quisiera ponerlos un poco al tanto. Se trata de un proyecto de disciplina y convivencia, porque no es solamente el problema de la disciplina sino también el de sostener un sistema de convivencia, que tal como lo hace la ley, divide las sanciones en leves, medias y graves.
Además, la iniciativa establece una nueva descripción de los hechos graves, que tenían una descripción un poco laxa y daba lugar a múltiples interpretaciones -actualmente, nos atenemos a un principio de legalidad mucho más estricto; en ese sentido, establece que previo a convertirse en sanciones, las faltas medias y leves pueden transitar una etapa de reparación o de restauración, a través de comités que se arman en las unidades.
Por otra parte, el consejo disciplinario deja de ser la autoridad disciplinaria última que va imponer la sanción. Es decir, ya no será más el director de la unidad, sino que se convierte en un consejo integrado por tres personas del mismo rango, porque como el servicio penitenciario tiene una estructura jerárquica piramidal, si uno tiene un poco más de rango que los otros no sería un consejo. Por lo tanto, deben ser tres personas del mismo rango y por lo menos uno de ellos debe ser abogado.
Cabe señalar que el proceso cumple con todas las garantías del debido proceso. La persona tiene derecho a ofrecer prueba y testigos y a conocer a los testigos que hay en su contra.
Finalmente, en el sistema recursivo se introduce un recurso con carácter suspensivo que eventualmente podría llegar a cambiar y convertirse en un efecto devolutivo, es decir, de efectivo cumplimiento, a solicitud de la comisión sancionadora ante el juez. En ese caso el juez tiene que avisar inmediatamente a la defensa.
Asimismo, se fijan cuáles pueden ser las sanciones, resguardando que no se vean afectados los derechos inalienables de la persona. Por ejemplo, se prohíbe aplicar sanciones que afecten a los menores alojados con las madres.
Además se permite, excepcionalmente y bajo determinadas condiciones, una sanción colectiva y un aislamiento colectivo solo por veinticuatro horas con control judicial y con solicitud de prórroga solo por otras veinticuatro horas, siempre con autorización judicial.
Considero que se trata de un avance importante y seguramente la doctora Martínez se referirá a ello porque es la artífice de este proyecto.
Otra cosa que hemos hecho, de la mano de las sanciones que recibió la Argentina por parte de la Corte, es un protocolo específico para traslados. Nuestro país está condenado en el caso López, que llevó treinta años de trámite hasta conseguir sentencia condenatoria en el ámbito internacional y está relacionado con la imposibilidad de trasladar detenidos de un lugar a otro, impidiéndoles de esta manera el contacto con su familia.
Por esa razón, a raíz del caso López, en el protocolo de traslados que elaboramos y que todavía no tiene forma de proyecto de ley, hemos establecido las condiciones en que las personas pueden ser trasladadas, siempre que estén de acuerdo, y con posibilidad de recurrir la disposición de traslado.
Por otra parte, en un hábeas corpus importante relacionado con la cárcel de Ezeiza que tramitó ante los juzgados de Lomas de Zamora -que están vinculados con el complejo de Ezeiza-, se estableció un régimen de licencias laborales para las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal -ya que todas trabajan-, respetando las licencias por maternidad y por estudio, además de autorizar las licencias básicas de la Ley de Contrato de Trabajo, articulando esto con la situación especial de la persona privada de libertad; por ejemplo, la licencia del día de visita está justificada sin importar qué día sea y ese día la persona no tiene obligación de trabajar.
Debo decir que en la actualidad el Servicio Penitenciario Federal enfrenta aproximadamente quinientas causas de habeas corpus, entre ellas, la que mencionaron que tramita ante el juzgado del doctor Rafecas. Actualmente, allí se está realizando una pericia que todavía no está concluida a causa de la pandemia, para establecer lo que debería ser el cupo del complejo CABA-Devoto.
En relación con la pandemia -y aquí vienen otras cuestiones- al principio, cuando el aislamiento era total, las visitas se suspendieron totalmente. Luego pasamos al ASPO, que coincidía con el día de la madre y se habilitó la visita de una persona por interno. Posteriormente, para Navidad, se habilitaron visitas de dos personas por interno, con el objeto de mantener de alguna manera el control de la eventual propagación del virus. En su momento, no tuvimos grandes problemas.
T.9 Ahora, a raíz de la última situación que estamos atravesando, en estos nueve días, se han suspendido nuevamente las visitas.
Todo esto se trabajó en los comités de convivencia de cada una de las unidades y se explicó cuáles eran los problemas. En general, la población penitenciaria estuvo de acuerdo, porque prefieren tener control sobre la posibilidad de que ingresen personas, con el riesgo que esto significa para ellos y para sus familiares también.
De la mano de esto se está siguiendo un protocolo que, en realidad, debo decir que es un protocolo que se desarrolla en todos los servicios penitenciarios de la República Argentina, pero también en Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Europa.
No ingresa nadie a la población general de los servicios penitenciarios sin haber pasado por catorce días de aislamiento, a efectos de establecer si presenta o no síntomas de COVID-19. Es por eso que no se puede recibir de golpe a toda la población que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene en sus comisarías, porque sencillamente no tenemos seiscientos lugares de aislamiento. Cuando este aislamiento llega a buen término, sin que la persona haya desarrollado síntomas de COVID-19, se la pasa a la población general y, entonces, quedan lugares para volver a recibir personas por otros catorce días.
Para hacer los aislamientos tuvimos que desalojar pabellones. Esto lleva a que si bien hoy, por la cantidad de plaza que tenemos y de acuerdo con el informe de 2008 al que aludía el doctor Palmieri el servicio penitenciario no estaría excedido de cupo, en realidad, ante la necesidad de tener lugares vacíos para aislamiento, la gente no está gozando de los metros que debiera gozar y de las instalaciones que debiera tener.
Otra de las cuestiones que nos trajo la pandemia fue la virtualidad, porque obviamente se suspendieron las clases. Así que recientemente hemos adquirido por vía de licitación unas novecientas computadoras, que estamos repartiendo en esta semana. Vamos a tener doscientas sesenta aulas virtuales. Como ese es el número de aulas que tenemos, todas serán virtuales. Vamos a incrementar la cantidad de computadoras que tendremos para videoconferencias, videovisitas y relaciones con los juzgados y los defensores de cada una de las personas privadas de libertad. De todos modos, ya estamos pidiendo más computadoras porque no nos alcanzan y necesitaremos más.
La virtualidad nos permitirá hacer una oferta educativa más interesante, sobre todo en las unidades que están en las provincias, porque la Universidad de Buenos Aires no nos cobra nada y otras universidades sí nos cobran. Así que vamos a explotar a la UBA todo lo que podamos. La gente que se ocupa de tener la relación con nosotros ya lo sabe.
Muchas gracias. Quedo a disposición para responder las preguntas que sean necesarias.
Creo que los señores diputados deberían saber que desde que asumí el cargo de subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del servicio, he trabajado prácticamente de la mano de Diana Conti; Gustavo Palmieri; Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura; la defensora General de la Nación; y Guillermo Todarello, de la Comisión de Cárceles, todavía me persigue bastante. Él se ríe, pero es cierto lo que digo.
Ellos me llaman por teléfono y me dicen: "¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con lo otro?" En esos casos, tengo que salir corriendo porque el servicio penitenciario tiene una gama de problemas que van desde las canillas rotas hasta el trato que reciben las personas que deben cuidar.
Empecemos por los números. En la actualidad el Servicio Penitenciario Federal aloja a 11.470 personas en sus dependencias, mientras que debería alojar a 2.344 más que están en dependencias de otros servicios penitenciarios provinciales por los que el Estado nacional paga alquiler.
A veces, las personas alojadas en los distintos servicios penitenciarios no reciben el mismo trato debido a que algunas provincias adhieren a la ley de ejecución de la pena y otras se rigen por otros sistemas. Por ejemplo, Córdoba aplica un sistema diferente en el interior de sus penales. Entonces, las personas alojadas en las unidades cordobesas no son tratadas como las que están en La Pampa, por ejemplo.
Específicamente, en el caso de La Pampa, como la provincia no tiene servicio penitenciario, los pampeanos detenidos por la justicia ordinaria están alojados en las dependencias del Servicio Penitenciario Federal y la provincia paga alquiler por el alojamiento de esas personas.
Por otro lado, hay aproximadamente 1.300 personas alojadas en las fuerzas de seguridad -tales como Gendarmería, PSA, Prefectura y Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- que están esperando cupo para ingresar al Servicio Penitenciario Federal. Esas personas alojadas en las dependencias de las fuerzas de seguridad no reciben ningún tratamiento y están en las condiciones que pueden brindarles.
Hace tres o cuatro días, en un diario de gran circulación se publicaron fotografías que reflejan lo que ocurre en las comisarías y alcaidías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tampoco cuenta con servicio penitenciario propio.
Cuando me refiero a estos hechos, lo primero que me preguntan es si no se están construyendo cárceles. Pero lo cierto es que las cárceles no se construyen de un día para el otro, no es algo tan sencillo. De cualquier manera, cerca de la ciudad de Mercedes se está construyendo el futuro Complejo Penitenciario Federal Agote que contará con 1.152 plazas -luego hablaremos del cupo-. Esa obra tiene un avance del 45 por ciento, por lo que le falta más de un año para ponerla en uso.
En Coronda, provincia de Santa Fe, se está construyendo un complejo para 450 plazas con un avance del 60 por ciento. En Cuyo se está construyendo un complejo de 356 plazas, donde las unidades a disposición cuentan con camas dobles, por lo que cuando entreguen esta obra cuyo avance es del 90 por ciento, tendré que bajar las camas dobles. Por esto, no cuento todas estas plazas.
A través de un convenio que firmó el gobierno anterior, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió un adelanto del gobierno nacional para construir un complejo de 2.200 plazas en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, que tendría que haber sido terminado en noviembre del año pasado, momento en que se detuvo la construcción. Si bien esta obra está muy avanzada, todavía no se encuentra en condiciones de ser habitada porque ni siquiera tiene el cerco perimetral y le faltan las rejas. Tampoco es algo viable en el plazo inmediato.
Nuestra subsecretaría junto a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia ha redactado una disposición, que todavía está pendiente de la firma del señor ministro, sobre cuáles debieran ser los cupos de las unidades del Servicio Penitenciario Federal. No entendemos al cupo por los metros cuadrados para las personas, sino por la necesidad del lugar para las camas, la educación, el trabajo, la recreación y las instalaciones sanitarias y médicas necesarias, de acuerdo a la cantidad de personas. Esto es lo que, básicamente, entendemos que debería satisfacerse cuando hablamos de cupo.
De manera paralela y hablando de cupo, hay un habeas corpus terminado y con sentencia en contra del Servicio Penitenciario Federal en la Justicia Federal de Morón, por el que las plazas de Marcos Paz deben reducirse de más de dos mil a 1.883 plazas. Estamos avanzando en este proceso. No nos estamos agrandando sino que nos estamos achicando. Entonces, el problema de la gente alojada en dependencias policiales o de otras fuerzas de seguridad no mejorará; probablemente empeorará en camino de obedecer estas sentencias firmes.
Otro habeas corpus con sentencia firme del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora nos obliga a bajar las camas dobles que tenemos en el complejo de Ezeiza. Estamos incumpliendo con esto y estamos poniendo más camas dobles, a partir de esta semana, por una disposición donde explicamos la extrema necesidad de contar con mayor espacio de aislamiento para ingresar mayor cantidad de gente de las comisarías de CABA y reducir -contabilizadas ayer- de 660 a 300 personas; esta era la cantidad de personas que había entre abril y junio del año pasado, cuando la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires inició una acción de habeas corpus en favor de las personas alojadas en esas comisarías. En una mesa de diálogo permanente, nos comprometimos a aliviar esta superpoblación.
Debo aclarar que de las 11.400 personas alojadas a disposición del Servicio Penitenciario Federal, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano -es decir complejo CABA, Ezeiza y Marcos Paz- tenemos alojadas aproximadamente 6.400 personas. Este número es dinámico porque se modifica a cada hora todos los días. Más del 50 por ciento del grueso total de las personas presas del país entero están acá, en el conurbano bonaerense y CABA. La Ciudad de Buenos Aires nos provee la mayor cantidad de personas con necesidad de ingresar al Sistema Penitenciario porque esto no solo abarca la competencia de la Justicia Federal, sino también la de la Justicia Nacional, que es la Justicia que más personas detiene.
Ahora vamos a hablar de las detenciones. A partir de la modificación de la ley de flagrancia, rápidamente se llega a sentencias condenatorias por delitos de poca lesividad, porque los delitos flagrantes no son los vaciamientos de empresas, sino que suelen ser arrebatos y delitos que ocurren en el ámbito público en general y que son de muy fácil investigación porque, si no, exceden al marco de la ley de flagrancia. Los términos de la ley de flagrancia llevan a que las personas involucradas en estos hechos rápidamente lleguen a tener un antecedente condenatorio.
La segunda vez que el sistema penal los atrapa y quedan involucrados en una segunda causa penal, la sentencia condenatoria ya no podrá ser de ejecución condicional, sino que será de efectivo cumplimiento. De la mano de esto, como son hechos de baja lesividad, tienen penas muy cortas. Hemos tenido condenados a quince días, a dos meses y a cuatro meses de prisión.
Se trata de personas que son condenadas a períodos de prisión muy corta, que ya no tienen prisión preventiva. Tal como dijo la exdiputada Conti, el 50 por ciento de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal están con prisión preventiva. Pero estas personas ingresan a unidades de condenados -no pueden estar mezcladas con gente que está con prisión preventiva-, donde hay gente que a lo mejor tiene condenas a 5, 6, 7, 15 o 20 años de prisión y están teniendo buena conducta y avanzando en la progresividad de la pena. Esas personas que no tienen posibilidad de avanzar con ninguna progresividad de la pena -no se le puede aplicar el tratamiento penitenciario dado que no dan los tiempos- provocan discordia, incidentes y problemas con la población carcelaria.
Por esa razón, sería interesante que se pensara en alguna modalidad nueva para las penas de prisión cortas, que son un simple castigo y no sirven para ofrecer ninguna herramienta a las personas privadas de la libertad. Además, entorpecen la vida del resto de la población carcelaria. A su vez, no cumplen con las obligaciones que debemos asumir constitucionalmente en materia de aplicación de pena de prisión.
En ese camino, habría que pensar que en 2017, cuando se modificó la ley de ejecución penitenciaria, se modificó el artículo 35 de la ley que habla de la posibilidad de semilibertad. El inciso f) de ese artículo -el último- decía que se podía conceder arresto domiciliario, semilibertad o detención alternativa para las personas con una pena de menos de seis meses. Paralelamente, el artículo 50 de la ley -que no ha sido modificado y todavía está vigente- dice que a las personas incluidas en la situación del inciso f) del artículo 35 se les puede cambiar la pena de prisión por tareas comunitarias.
El artículo 50 está vigente y alude a un inciso que hoy no existe más en la ley de ejecución, por lo que habría que reverlo, y es misión de esta comisión hacer esta tarea. Me refiero a estudiar esa incoherencia que hoy mantiene la norma, que nos ha impedido contar con una alternativa para estas situaciones que desbarajustan todo el sistema penitenciario.
Pero además se debe pensar que si eliminamos las posibilidades de salidas transitorias, las libertades condicionales, la posibilidad de modificar la aplicación de la pena o la sanción por trabajo comunitario, también estamos eliminando todos los incentivos para que las personas quieran progresar en el régimen progresivo de la Ley de Ejecución Penal. Entonces, todo el tratamiento que se les está ofreciendo no tiene la zanahoria delante como para que la persona se aboque y se dedique a eso.
En tal sentido, el trabajo de los gabinetes criminológicos es muchísimo más complicado hoy de lo que era antes de la modificación de la Ley de Ejecución Penal. En el camino, por medio de un convenio que firmamos con el Conicet, hemos iniciado un trabajo para resignificar el tratamiento penitenciario y por ejemplo, eliminamos la exigencia de arrepentimiento porque consideramos que, en todo caso, el arrepentimiento corresponde al fuero íntimo de las personas.
En general, la necesidad de que el ámbito privado de las personas no sea materia de preocupación estatal impide constitucionalmente exigir a la persona que se arrepienta. Es decir, podemos ofrecerle otra forma de vivir, que cuente con los medios necesarios para elegir la forma de vivir que quiera, pero no podemos imponerle que sea un buen samaritano; este punto no es obligación del Estado.
Además, es improbable saber cuán exitosos somos o no en esto, sería adivinar o actuar prejuiciosamente, que es lo que suele ocurrir. La gente tiende a ser prejuiciosa y a informar negativamente porque desconfía, sobre la base del delito que cometió o por el hecho de estar detenido.
La lógica que se trasunta en las noticias periodísticas a la que aludían quienes me precedieron en el uso de la palabra, no escapa a los prejuicios con los que nos desarrollamos aun dentro del ámbito penitenciario.
Otro punto que quisiera destacar, que hemos trabajado junto con la Defensoría General, es el proyecto mencionado por la señora diputada Gaillard al inicio de la reunión. Se trata de un proyecto que modifica la Ley de Ejecución Penitenciaria, sobre la base de un litigio que tiene veinte años de existencia y que fue iniciado por la doctora Martínez -la Defensoría General de la Nación, digamos-, a raíz de los problemas de falta de constitucionalidad, por falta de debido proceso, en el sistema sancionatorio de faltas al interior del servicio penitenciario.
En dicho litigio el afectado fue el señor Lynn y llegó a convertirse en caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-por eso llama el caso Lynn; no ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero si lo hiciera, es decir, si no obtuviéramos la modificación de la Ley de Ejecución Penal por vía de este proyecto, probablemente ella sancionaría a la Argentina por el incumplimiento del debido proceso en esta materia.
En ese sentido, quisiera ponerlos un poco al tanto. Se trata de un proyecto de disciplina y convivencia, porque no es solamente el problema de la disciplina sino también el de sostener un sistema de convivencia, que tal como lo hace la ley, divide las sanciones en leves, medias y graves.
Además, la iniciativa establece una nueva descripción de los hechos graves, que tenían una descripción un poco laxa y daba lugar a múltiples interpretaciones -actualmente, nos atenemos a un principio de legalidad mucho más estricto; en ese sentido, establece que previo a convertirse en sanciones, las faltas medias y leves pueden transitar una etapa de reparación o de restauración, a través de comités que se arman en las unidades.
Por otra parte, el consejo disciplinario deja de ser la autoridad disciplinaria última que va imponer la sanción. Es decir, ya no será más el director de la unidad, sino que se convierte en un consejo integrado por tres personas del mismo rango, porque como el servicio penitenciario tiene una estructura jerárquica piramidal, si uno tiene un poco más de rango que los otros no sería un consejo. Por lo tanto, deben ser tres personas del mismo rango y por lo menos uno de ellos debe ser abogado.
Cabe señalar que el proceso cumple con todas las garantías del debido proceso. La persona tiene derecho a ofrecer prueba y testigos y a conocer a los testigos que hay en su contra.
Finalmente, en el sistema recursivo se introduce un recurso con carácter suspensivo que eventualmente podría llegar a cambiar y convertirse en un efecto devolutivo, es decir, de efectivo cumplimiento, a solicitud de la comisión sancionadora ante el juez. En ese caso el juez tiene que avisar inmediatamente a la defensa.
Asimismo, se fijan cuáles pueden ser las sanciones, resguardando que no se vean afectados los derechos inalienables de la persona. Por ejemplo, se prohíbe aplicar sanciones que afecten a los menores alojados con las madres.
Además se permite, excepcionalmente y bajo determinadas condiciones, una sanción colectiva y un aislamiento colectivo solo por veinticuatro horas con control judicial y con solicitud de prórroga solo por otras veinticuatro horas, siempre con autorización judicial.
Considero que se trata de un avance importante y seguramente la doctora Martínez se referirá a ello porque es la artífice de este proyecto.
Otra cosa que hemos hecho, de la mano de las sanciones que recibió la Argentina por parte de la Corte, es un protocolo específico para traslados. Nuestro país está condenado en el caso López, que llevó treinta años de trámite hasta conseguir sentencia condenatoria en el ámbito internacional y está relacionado con la imposibilidad de trasladar detenidos de un lugar a otro, impidiéndoles de esta manera el contacto con su familia.
Por esa razón, a raíz del caso López, en el protocolo de traslados que elaboramos y que todavía no tiene forma de proyecto de ley, hemos establecido las condiciones en que las personas pueden ser trasladadas, siempre que estén de acuerdo, y con posibilidad de recurrir la disposición de traslado.
Por otra parte, en un hábeas corpus importante relacionado con la cárcel de Ezeiza que tramitó ante los juzgados de Lomas de Zamora -que están vinculados con el complejo de Ezeiza-, se estableció un régimen de licencias laborales para las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal -ya que todas trabajan-, respetando las licencias por maternidad y por estudio, además de autorizar las licencias básicas de la Ley de Contrato de Trabajo, articulando esto con la situación especial de la persona privada de libertad; por ejemplo, la licencia del día de visita está justificada sin importar qué día sea y ese día la persona no tiene obligación de trabajar.
Debo decir que en la actualidad el Servicio Penitenciario Federal enfrenta aproximadamente quinientas causas de habeas corpus, entre ellas, la que mencionaron que tramita ante el juzgado del doctor Rafecas. Actualmente, allí se está realizando una pericia que todavía no está concluida a causa de la pandemia, para establecer lo que debería ser el cupo del complejo CABA-Devoto.
En relación con la pandemia -y aquí vienen otras cuestiones- al principio, cuando el aislamiento era total, las visitas se suspendieron totalmente. Luego pasamos al ASPO, que coincidía con el día de la madre y se habilitó la visita de una persona por interno. Posteriormente, para Navidad, se habilitaron visitas de dos personas por interno, con el objeto de mantener de alguna manera el control de la eventual propagación del virus. En su momento, no tuvimos grandes problemas.
T.9 Ahora, a raíz de la última situación que estamos atravesando, en estos nueve días, se han suspendido nuevamente las visitas.
Todo esto se trabajó en los comités de convivencia de cada una de las unidades y se explicó cuáles eran los problemas. En general, la población penitenciaria estuvo de acuerdo, porque prefieren tener control sobre la posibilidad de que ingresen personas, con el riesgo que esto significa para ellos y para sus familiares también.
De la mano de esto se está siguiendo un protocolo que, en realidad, debo decir que es un protocolo que se desarrolla en todos los servicios penitenciarios de la República Argentina, pero también en Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Europa.
No ingresa nadie a la población general de los servicios penitenciarios sin haber pasado por catorce días de aislamiento, a efectos de establecer si presenta o no síntomas de COVID-19. Es por eso que no se puede recibir de golpe a toda la población que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene en sus comisarías, porque sencillamente no tenemos seiscientos lugares de aislamiento. Cuando este aislamiento llega a buen término, sin que la persona haya desarrollado síntomas de COVID-19, se la pasa a la población general y, entonces, quedan lugares para volver a recibir personas por otros catorce días.
Para hacer los aislamientos tuvimos que desalojar pabellones. Esto lleva a que si bien hoy, por la cantidad de plaza que tenemos y de acuerdo con el informe de 2008 al que aludía el doctor Palmieri el servicio penitenciario no estaría excedido de cupo, en realidad, ante la necesidad de tener lugares vacíos para aislamiento, la gente no está gozando de los metros que debiera gozar y de las instalaciones que debiera tener.
Otra de las cuestiones que nos trajo la pandemia fue la virtualidad, porque obviamente se suspendieron las clases. Así que recientemente hemos adquirido por vía de licitación unas novecientas computadoras, que estamos repartiendo en esta semana. Vamos a tener doscientas sesenta aulas virtuales. Como ese es el número de aulas que tenemos, todas serán virtuales. Vamos a incrementar la cantidad de computadoras que tendremos para videoconferencias, videovisitas y relaciones con los juzgados y los defensores de cada una de las personas privadas de libertad. De todos modos, ya estamos pidiendo más computadoras porque no nos alcanzan y necesitaremos más.
La virtualidad nos permitirá hacer una oferta educativa más interesante, sobre todo en las unidades que están en las provincias, porque la Universidad de Buenos Aires no nos cobra nada y otras universidades sí nos cobran. Así que vamos a explotar a la UBA todo lo que podamos. La gente que se ocupa de tener la relación con nosotros ya lo sabe.
Muchas gracias. Quedo a disposición para responder las preguntas que sean necesarias.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Muchas gracias, doctora Garrigós. Su intervención ha sido muy interesante.
Tiene la palabra la señora defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez. Es un placer y un honor que esté con nosotros en esta comisión.
Tiene la palabra la señora defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez. Es un placer y un honor que esté con nosotros en esta comisión.
SRA. MARTÍNEZ Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y, especialmente, con los miembros del Comité contra la Tortura; también, por supuesto, con la doctora Garrigós. Con todos ellos y todas ellas hemos estado trabajando durante este último tiempo de manera muy intensa.
En principio, voy a retomar un concepto de la doctora Garrigós, porque ella ha explicado claramente una problemática gravísima que es una insensatez, como son las penas de muy corta duración.
Aquí tenemos que explicar que la ley 27.375, del año 2017, tuvo, como dijo la doctora Garrigós, el efecto de suprimir todo tipo de alternativas y de libertad condicional para un número importante de delitos. Quizás los señores diputados y las señoras diputadas pueden creer que es correcto que algunos de esos delitos no tengan una alternativa.
Yo estoy en contra porque como bien dijo la doctora Garrigós esto es muy difícil, ya que quita estímulos a las personas que están privadas de libertad para mejorar y trabajar, porque saben que hagan lo que hagan tendrán que cumplir su pena hasta el último día, con el agravante de que sí o sí van a salir en libertad. Aunque no se les dé la libertad condicional, van a salir menos formados, capacitados y estimulados para el afuera, pero finalmente van a salir porque nosotros no tenemos penas perpetuas efectivas. Entonces, es necesario revisar este tema.
Además hay que hacerlo debido a que su aplicación automática -como se está haciendo ahora- genera graves injusticias, porque se lo aplica al narcotraficante -que es uno de los supuestos-, pero también a la pobre "mula", que es más víctima que victimaria.
Por lo tanto, esta reforma de la ley 24.660 merece un estudio profundo. Pero entiendo que los señores diputados y las señoras diputadas estimen que esto merece un estudio y una reflexión. Les pido que no lo olviden porque es muy importante. Además, es un absurdo: para que la gente pueda entrar a la cárcel a cumplir su condena, primero otra gente tiene que salir, porque si no admitimos salidas y seguimos enviando gente no hay ningún sistema penitenciario que soporte algo así. Esto es lo que está pasando en este momento.
A ello se suma, como bien dijo la doctora Garrigós, el hecho de que la flagrancia ha aumentado mucho el número de personas condenadas. Los jueces -esto también hay que decirlo-, ya sea por la influencia mediática o por sus propias convicciones, cada vez se muestran más renuentes a utilizar las alternativas. En algunos casos están dados todos los supuestos para que se aplique una pena alternativa y se use la pulsera para control, pero en algunas oportunidades los jueces -a veces, explicándolo y en otras ocasiones por motivos que ni ellos mismos entienden- son sumamente renuentes a aplicar alternativas.
Sin embargo, a esto se suma que la ley que mencioné antes, además, suprimió la posibilidad de que las penas muy cortas -estamos hablando de menos de seis meses-sean reemplazadas por semidetención o por prisión discontinua, dos mecanismos que a su vez podrían ser reemplazados por arresto domiciliario con obligación de tareas comunitarias.
Esto genera un doble efecto: primero, le mandan al servicio penitenciario a una persona que va a estar un tiempo corto y, como bien dijo la doctora Garrigós, solo sirve para generar conflicto al interior de la unidad, no introyecta ninguna buena práctica y no se la puede capacitar ni educar, por lo que todo es negativo.
A su vez, muchas veces, aun cuando esa persona haya cometido un delito, estaba inserta en el mercado laboral, ya sea de manera legal o semilegal; probablemente fuera en el mercado informal, pero no vivía del robo porque suelen ser robos pequeños e insignificantes. Cuando nos damos cuenta de qué cosa robó nos damos cuenta de que seguramente de eso no vive, porque además, como suelen ser delincuentes bastante fracasados y no exitosos, no es que roben tanto como para auto subsistir. Normalmente tienen otro trabajo, formal o informal.
Se lo detiene. Un juez -en este momento los jueces no son precisamente muy bondadosos- impone una pena de dos, tres o cuatro meses, o bien, de quince días. Ahí ya nos damos cuenta de que la condena no puede haber sido por un delito que implique un alto grado de peligrosidad. Entonces, lo mandamos a la cárcel para nada, para terminar de desocializarlo. Pierde el trabajo que tenía -formal o informal-, sale en libertad, ¿y qué va a hacer?
Es decir, es una medida que solo trae problemas para el servicio penitenciario y que frustra la mínima posibilidad de que esa persona, mediante el arresto domiciliario y el trabajo comunitario, pueda cambiar su mentalidad y reinsertarse socialmente. En cambio, garantizamos que vamos a tener un futuro delincuente.
Por favor, les pido ambas cosas: que se tomen el trabajo de revisar la ley 27.375, que reformó la ley 24.660, privando en un número grande de delitos de todos los beneficios, y revisen si realmente se justifica que se prive para todo tipo de delitos y que sea esto de manera automática.
Aclaro que hay varios jueces, sobre todo federales y del interior, que ya han declarado la inconstitucionalidad de la norma. Lamentablemente, Casación no ha estado de acuerdo, salvo en algunos casos donde ha desistido el fiscal y se ha mantenido esa inconstitucionalidad.
Me parece mucho más urgente que se suprima esta reforma que llevó a que las penas muy cortas se apliquen de manera efectiva y no se tenga ninguna alternativa. Como bien dijo la doctora Garrigós, por más que ella lo explicó de manera muy acabada, sí hay sobrepoblación.
El otro día, tuvimos una conferencia y el conferencista señaló que la Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Italia diciéndole que ya no son tres metros cuadrados los que se reclaman, sino nueve. Es decir, cómo se va a reír la pobre doctora Garrigós si le digo que ahora no tiene que pensar en tres metros cuadrados por interno, sino en nueve. Esto es imposible.
A ello se suma que hay entre 600 y 750 presos -hoy son seiscientos sesenta- privados de la libertad en comisarías y alcaldías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no están preparadas para una permanencia prolongada.
Fíjense que se juntan penas cortas de cumplimiento efectivo, jueces estrictos que podrían ofrecer alternativas pero no las aplican y comisarías y alcaldías que no están preparadas para alojar por un tiempo prolongado a personas que estén acusadas de delitos.
Entonces, ¿qué ocurre? Ya tenemos denuncias de condiciones inadecuadas que ahora, cuando venga el invierno van a tornar más grave la situación porque no son lugares preparados para una instancia prolongada. A ello se suma que ya estamos detectando casos de violencia institucional porque el personal no está preparado, no son guardiacárceles. A esto debe sumarse que los lugares tampoco están preparados para alojar esa cantidad de gente.
Entonces, estamos frente a un conflicto: se le dice a la doctora Garrigós que los aloje en las unidades del Servicio Penitenciario, pero ellas no tienen más lugar.
Aquí debemos comenzar a pensar si necesariamente tenemos que tener tantas personas privadas de la libertad o si no hay que hacer un criterio mucho más riguroso para definir quiénes necesitan sí o sí esa privación de libertad.
Hay quienes no creen en absoluto esto, pero admitamos el beneficio de la duda, de que una instancia carcelaria para determinadas personas puede llegar a ser resocializadora, pero debe tener determinadas condiciones.
También es un tema aparte lo que señaló la doctora Garrigós y que mencionó alguno de los comisionados. Me refiero a las personas que están alojadas en Gendarmería, en Prefectura y en las cárceles provinciales. Allí tampoco se aplican los parámetros que fija la Ley de Ejecución Federal, pero ocurren claras violaciones a los derechos humanos.
En este momento tenemos ante la Corte una denuncia -a la que hizo referencia el doctor Palmieri- por una violación de una interna en un destacamento de Gendarmería. Ese caso protagonizado por un oficial de Gendarmería, el juez de Primera Instancia lo trabajó. Luego el tribunal oral lo absolvió porque dijo que la señora privada de libertad había prestado su consentimiento a tener sexo con un oficial. Fue a Casación, que mantuvo ese criterio. En este momento está en la Corte.
Más allá de que esto es exagerado, este tipo de situaciones se favorecen al alojar a personas privadas de libertad o condenadas en ámbitos que no están destinados a ese fin y con personal que de ninguna manera fue formado para encargarse de la supervisión de los privados de libertad. Además, tampoco cuentan con mecanismos para enseñarles a trabajar o para educar.
En este panorama tengo que mencionar con sumo beneplácito el acuerdo al que hemos llegado. Se trata de una solución amistosa de una causa que nosotros llevamos hace muchos años al sistema interamericano, que es la causa Lynn. Voy a ser muy breve, pero permíteme en un minuto contar cómo fue el caso.
Lynn era una persona que estaba privada de su libertad en una cárcel del sur. Estaba estudiando y tenía salidas transitorias. Esto generaba una animadversión muy fuerte en el director de esa cárcel. Cuando uno de los días Lynn volvió el director le dijo que tenía olor a alcohol. Él le dijo que no, que de ninguna manera y que lo perseguía.
El director, que fue el único testigo del supuesto olor a alcohol, lo sancionó. ¿Qué significa esta sanción? Que los presos pierden todos los beneficios de los que estaban disfrutando. Por ende, Lynn no solo fue sancionado, sino que además perdió la posibilidad de salir al exterior y continuar sus estudios.
Este es el caso que llevamos hasta el sistema interamericano y en virtud del cual hemos llegado a este acuerdo, a una solución amistosa. Todavía falta que ustedes sancionen la ley, porque de lo contrario nos quedaremos sin solución amistosa.
Sinceramente, más allá de que se puede discutir, nosotros pretendíamos más. Este es el producto. Si ustedes me preguntan si es la norma perfecta debo decirles que no lo es porque es producto de una solución amistosa, es todo aquello que se pudo obtener. Directamente pretendíamos que no hubiera un tribunal y que las sanciones no las aplique el Servicio Penitenciario, pero entendemos que es lo que se pudo lograr.
Además, también estamos muy de acuerdo con el sistema de recursos, la distinción y la incorporación de otros sistemas alternativos y restaurativos.
Eso es muy importante y estamos totalmente de acuerdo. ¿Se hubiera podido lograr más? Creo no. Considero que el Servicio Penitenciario y los cuerpos técnicos de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios junto con la doctora Garrigós han hecho un trabajo excelente. Por eso, para nosotros sería muy importante que esa ley se sancione.
Tenemos la confianza -no absoluta- de que si no se sanciona la ley y tenemos que terminar en el sistema interamericano, es muy probable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado argentino.
Esto no tiene mucho sentido porque una vez que lo condena nosotros igual tenemos que pasar por el mismo proceso para lograr que esa condena se haga efectiva.
A mí no me gusta que condenen al Estado. Cumplo mi obligación y cuando lo tengo que denunciar, lo hago, pero no me gusta que nos condenen.
Por otra parte, resulta claro que luego hay que hacer un trabajo muy duro para que una vez que esté condenado el Estado esa condena se cumpla. Por eso, les pido que estudien el proyecto cuando les llegue a ustedes porque ingresó por el Senado, pero que la miren inserta en este contexto.
No sé si tengo que mencionar alguna otra cosa; no quiero aburrirlos. Me parece muy importante que hayan hecho esta reunión porque muchas veces nosotros sentimos -y voy a ser sincera- que se sancionan las leyes y no nos escuchan. Nos parece que nosotros podemos explicar cosas desde la falta del contacto estrecho con la problemática de todos los días. En otras palabras, por más que sean personas muy formadas y tengan asesores excelentes, falta algo.
Por eso, me parece muy importante que nos citen y escuchen. Estamos dispuestos a venir todas las veces que sean necesarias para explicar, dar ejemplos e inclusive traer estadísticas, porque esto no es más que la realidad que vemos todos los días.
Asimismo, es fundamental que se realice un análisis teniendo en cuenta que de esta manera no se logra un sistema más eficiente. Por el contrario, el sistema se debilita a través de la incorporación de medidas tales como la exclusión de la posibilidad de alternativas para las penas cortas que nadie, ni el servicio penitenciario ni los defensores, puede ver de manera positiva. Por eso, reitero el agradecimiento.
Si lo permite la señora presidenta, quisiera que haga uso de la palabra el doctor Guillermo Todarello, porque es quien persigue a la doctora Garrigós de Rébori, como ella misma dijo. (Risas.) Es el defensor ante la Cámara Federal de Casación Penal y cotitular de la Comisión de Cárceles; es decir que monitorea día a día la situación de las unidades carcelarias. Dejaré que realice su intervención y, si quiere, que también haga algún comentario sobre el tema de la pandemia.
En principio, voy a retomar un concepto de la doctora Garrigós, porque ella ha explicado claramente una problemática gravísima que es una insensatez, como son las penas de muy corta duración.
Aquí tenemos que explicar que la ley 27.375, del año 2017, tuvo, como dijo la doctora Garrigós, el efecto de suprimir todo tipo de alternativas y de libertad condicional para un número importante de delitos. Quizás los señores diputados y las señoras diputadas pueden creer que es correcto que algunos de esos delitos no tengan una alternativa.
Yo estoy en contra porque como bien dijo la doctora Garrigós esto es muy difícil, ya que quita estímulos a las personas que están privadas de libertad para mejorar y trabajar, porque saben que hagan lo que hagan tendrán que cumplir su pena hasta el último día, con el agravante de que sí o sí van a salir en libertad. Aunque no se les dé la libertad condicional, van a salir menos formados, capacitados y estimulados para el afuera, pero finalmente van a salir porque nosotros no tenemos penas perpetuas efectivas. Entonces, es necesario revisar este tema.
Además hay que hacerlo debido a que su aplicación automática -como se está haciendo ahora- genera graves injusticias, porque se lo aplica al narcotraficante -que es uno de los supuestos-, pero también a la pobre "mula", que es más víctima que victimaria.
Por lo tanto, esta reforma de la ley 24.660 merece un estudio profundo. Pero entiendo que los señores diputados y las señoras diputadas estimen que esto merece un estudio y una reflexión. Les pido que no lo olviden porque es muy importante. Además, es un absurdo: para que la gente pueda entrar a la cárcel a cumplir su condena, primero otra gente tiene que salir, porque si no admitimos salidas y seguimos enviando gente no hay ningún sistema penitenciario que soporte algo así. Esto es lo que está pasando en este momento.
A ello se suma, como bien dijo la doctora Garrigós, el hecho de que la flagrancia ha aumentado mucho el número de personas condenadas. Los jueces -esto también hay que decirlo-, ya sea por la influencia mediática o por sus propias convicciones, cada vez se muestran más renuentes a utilizar las alternativas. En algunos casos están dados todos los supuestos para que se aplique una pena alternativa y se use la pulsera para control, pero en algunas oportunidades los jueces -a veces, explicándolo y en otras ocasiones por motivos que ni ellos mismos entienden- son sumamente renuentes a aplicar alternativas.
Sin embargo, a esto se suma que la ley que mencioné antes, además, suprimió la posibilidad de que las penas muy cortas -estamos hablando de menos de seis meses-sean reemplazadas por semidetención o por prisión discontinua, dos mecanismos que a su vez podrían ser reemplazados por arresto domiciliario con obligación de tareas comunitarias.
Esto genera un doble efecto: primero, le mandan al servicio penitenciario a una persona que va a estar un tiempo corto y, como bien dijo la doctora Garrigós, solo sirve para generar conflicto al interior de la unidad, no introyecta ninguna buena práctica y no se la puede capacitar ni educar, por lo que todo es negativo.
A su vez, muchas veces, aun cuando esa persona haya cometido un delito, estaba inserta en el mercado laboral, ya sea de manera legal o semilegal; probablemente fuera en el mercado informal, pero no vivía del robo porque suelen ser robos pequeños e insignificantes. Cuando nos damos cuenta de qué cosa robó nos damos cuenta de que seguramente de eso no vive, porque además, como suelen ser delincuentes bastante fracasados y no exitosos, no es que roben tanto como para auto subsistir. Normalmente tienen otro trabajo, formal o informal.
Se lo detiene. Un juez -en este momento los jueces no son precisamente muy bondadosos- impone una pena de dos, tres o cuatro meses, o bien, de quince días. Ahí ya nos damos cuenta de que la condena no puede haber sido por un delito que implique un alto grado de peligrosidad. Entonces, lo mandamos a la cárcel para nada, para terminar de desocializarlo. Pierde el trabajo que tenía -formal o informal-, sale en libertad, ¿y qué va a hacer?
Es decir, es una medida que solo trae problemas para el servicio penitenciario y que frustra la mínima posibilidad de que esa persona, mediante el arresto domiciliario y el trabajo comunitario, pueda cambiar su mentalidad y reinsertarse socialmente. En cambio, garantizamos que vamos a tener un futuro delincuente.
Por favor, les pido ambas cosas: que se tomen el trabajo de revisar la ley 27.375, que reformó la ley 24.660, privando en un número grande de delitos de todos los beneficios, y revisen si realmente se justifica que se prive para todo tipo de delitos y que sea esto de manera automática.
Aclaro que hay varios jueces, sobre todo federales y del interior, que ya han declarado la inconstitucionalidad de la norma. Lamentablemente, Casación no ha estado de acuerdo, salvo en algunos casos donde ha desistido el fiscal y se ha mantenido esa inconstitucionalidad.
Me parece mucho más urgente que se suprima esta reforma que llevó a que las penas muy cortas se apliquen de manera efectiva y no se tenga ninguna alternativa. Como bien dijo la doctora Garrigós, por más que ella lo explicó de manera muy acabada, sí hay sobrepoblación.
El otro día, tuvimos una conferencia y el conferencista señaló que la Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Italia diciéndole que ya no son tres metros cuadrados los que se reclaman, sino nueve. Es decir, cómo se va a reír la pobre doctora Garrigós si le digo que ahora no tiene que pensar en tres metros cuadrados por interno, sino en nueve. Esto es imposible.
A ello se suma que hay entre 600 y 750 presos -hoy son seiscientos sesenta- privados de la libertad en comisarías y alcaldías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no están preparadas para una permanencia prolongada.
Fíjense que se juntan penas cortas de cumplimiento efectivo, jueces estrictos que podrían ofrecer alternativas pero no las aplican y comisarías y alcaldías que no están preparadas para alojar por un tiempo prolongado a personas que estén acusadas de delitos.
Entonces, ¿qué ocurre? Ya tenemos denuncias de condiciones inadecuadas que ahora, cuando venga el invierno van a tornar más grave la situación porque no son lugares preparados para una instancia prolongada. A ello se suma que ya estamos detectando casos de violencia institucional porque el personal no está preparado, no son guardiacárceles. A esto debe sumarse que los lugares tampoco están preparados para alojar esa cantidad de gente.
Entonces, estamos frente a un conflicto: se le dice a la doctora Garrigós que los aloje en las unidades del Servicio Penitenciario, pero ellas no tienen más lugar.
Aquí debemos comenzar a pensar si necesariamente tenemos que tener tantas personas privadas de la libertad o si no hay que hacer un criterio mucho más riguroso para definir quiénes necesitan sí o sí esa privación de libertad.
Hay quienes no creen en absoluto esto, pero admitamos el beneficio de la duda, de que una instancia carcelaria para determinadas personas puede llegar a ser resocializadora, pero debe tener determinadas condiciones.
También es un tema aparte lo que señaló la doctora Garrigós y que mencionó alguno de los comisionados. Me refiero a las personas que están alojadas en Gendarmería, en Prefectura y en las cárceles provinciales. Allí tampoco se aplican los parámetros que fija la Ley de Ejecución Federal, pero ocurren claras violaciones a los derechos humanos.
En este momento tenemos ante la Corte una denuncia -a la que hizo referencia el doctor Palmieri- por una violación de una interna en un destacamento de Gendarmería. Ese caso protagonizado por un oficial de Gendarmería, el juez de Primera Instancia lo trabajó. Luego el tribunal oral lo absolvió porque dijo que la señora privada de libertad había prestado su consentimiento a tener sexo con un oficial. Fue a Casación, que mantuvo ese criterio. En este momento está en la Corte.
Más allá de que esto es exagerado, este tipo de situaciones se favorecen al alojar a personas privadas de libertad o condenadas en ámbitos que no están destinados a ese fin y con personal que de ninguna manera fue formado para encargarse de la supervisión de los privados de libertad. Además, tampoco cuentan con mecanismos para enseñarles a trabajar o para educar.
En este panorama tengo que mencionar con sumo beneplácito el acuerdo al que hemos llegado. Se trata de una solución amistosa de una causa que nosotros llevamos hace muchos años al sistema interamericano, que es la causa Lynn. Voy a ser muy breve, pero permíteme en un minuto contar cómo fue el caso.
Lynn era una persona que estaba privada de su libertad en una cárcel del sur. Estaba estudiando y tenía salidas transitorias. Esto generaba una animadversión muy fuerte en el director de esa cárcel. Cuando uno de los días Lynn volvió el director le dijo que tenía olor a alcohol. Él le dijo que no, que de ninguna manera y que lo perseguía.
El director, que fue el único testigo del supuesto olor a alcohol, lo sancionó. ¿Qué significa esta sanción? Que los presos pierden todos los beneficios de los que estaban disfrutando. Por ende, Lynn no solo fue sancionado, sino que además perdió la posibilidad de salir al exterior y continuar sus estudios.
Este es el caso que llevamos hasta el sistema interamericano y en virtud del cual hemos llegado a este acuerdo, a una solución amistosa. Todavía falta que ustedes sancionen la ley, porque de lo contrario nos quedaremos sin solución amistosa.
Sinceramente, más allá de que se puede discutir, nosotros pretendíamos más. Este es el producto. Si ustedes me preguntan si es la norma perfecta debo decirles que no lo es porque es producto de una solución amistosa, es todo aquello que se pudo obtener. Directamente pretendíamos que no hubiera un tribunal y que las sanciones no las aplique el Servicio Penitenciario, pero entendemos que es lo que se pudo lograr.
Además, también estamos muy de acuerdo con el sistema de recursos, la distinción y la incorporación de otros sistemas alternativos y restaurativos.
Eso es muy importante y estamos totalmente de acuerdo. ¿Se hubiera podido lograr más? Creo no. Considero que el Servicio Penitenciario y los cuerpos técnicos de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios junto con la doctora Garrigós han hecho un trabajo excelente. Por eso, para nosotros sería muy importante que esa ley se sancione.
Tenemos la confianza -no absoluta- de que si no se sanciona la ley y tenemos que terminar en el sistema interamericano, es muy probable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado argentino.
Esto no tiene mucho sentido porque una vez que lo condena nosotros igual tenemos que pasar por el mismo proceso para lograr que esa condena se haga efectiva.
A mí no me gusta que condenen al Estado. Cumplo mi obligación y cuando lo tengo que denunciar, lo hago, pero no me gusta que nos condenen.
Por otra parte, resulta claro que luego hay que hacer un trabajo muy duro para que una vez que esté condenado el Estado esa condena se cumpla. Por eso, les pido que estudien el proyecto cuando les llegue a ustedes porque ingresó por el Senado, pero que la miren inserta en este contexto.
No sé si tengo que mencionar alguna otra cosa; no quiero aburrirlos. Me parece muy importante que hayan hecho esta reunión porque muchas veces nosotros sentimos -y voy a ser sincera- que se sancionan las leyes y no nos escuchan. Nos parece que nosotros podemos explicar cosas desde la falta del contacto estrecho con la problemática de todos los días. En otras palabras, por más que sean personas muy formadas y tengan asesores excelentes, falta algo.
Por eso, me parece muy importante que nos citen y escuchen. Estamos dispuestos a venir todas las veces que sean necesarias para explicar, dar ejemplos e inclusive traer estadísticas, porque esto no es más que la realidad que vemos todos los días.
Asimismo, es fundamental que se realice un análisis teniendo en cuenta que de esta manera no se logra un sistema más eficiente. Por el contrario, el sistema se debilita a través de la incorporación de medidas tales como la exclusión de la posibilidad de alternativas para las penas cortas que nadie, ni el servicio penitenciario ni los defensores, puede ver de manera positiva. Por eso, reitero el agradecimiento.
Si lo permite la señora presidenta, quisiera que haga uso de la palabra el doctor Guillermo Todarello, porque es quien persigue a la doctora Garrigós de Rébori, como ella misma dijo. (Risas.) Es el defensor ante la Cámara Federal de Casación Penal y cotitular de la Comisión de Cárceles; es decir que monitorea día a día la situación de las unidades carcelarias. Dejaré que realice su intervención y, si quiere, que también haga algún comentario sobre el tema de la pandemia.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Para nosotros, es un placer escuchar este análisis que, además, es muy esclarecedor.
Tal como le manifesté a la doctora Garrigós de Rébori, nos preparamos para el tratamiento de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, cuya modificación se ha puntualizado como necesaria. Si bien todavía no ingresó a la Cámara de Diputados, sabemos que será en un tiempo breve. Este debate enmarca el tema, y nos desasnó de numerosas cuestiones que nos tocará abordar.
A continuación, realizará su intervención el último expositor, y luego harán uso de la palabra las diputadas Ana Carla Carrizo y María Soledad Carrizo, quienes están anotadas en la lista de oradores.
Tiene la palabra el doctor Guillermo Todarello, defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.
Tal como le manifesté a la doctora Garrigós de Rébori, nos preparamos para el tratamiento de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, cuya modificación se ha puntualizado como necesaria. Si bien todavía no ingresó a la Cámara de Diputados, sabemos que será en un tiempo breve. Este debate enmarca el tema, y nos desasnó de numerosas cuestiones que nos tocará abordar.
A continuación, realizará su intervención el último expositor, y luego harán uso de la palabra las diputadas Ana Carla Carrizo y María Soledad Carrizo, quienes están anotadas en la lista de oradores.
Tiene la palabra el doctor Guillermo Todarello, defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.
SR. TODARELLO Señora presidenta: es un placer y un honor participar de esta reunión. Agradezco profundamente la invitación.
Quiero ser concreto, porque considero que ya se ha tratado la gran mayoría de las cuestiones que se vinculan a esta temática en particular.
Formo parte de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y quiero señalar que una de las características de este grupo de trabajo es que cuenta con diversos cotitulares a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Es decir que en cada una de las provincias hay cotitulares que representan a la Comisión de Cárceles. En mi opinión, ese detalle es muy importante, porque nos permite tener una visión global de cada complejo penitenciario.
Me parece relevante dejar a disposición de cada legislador el trabajo de la Comisión de Cárceles, en relación con cualquier tipo de informe o estadística que hayamos realizado o que sea posible generar, con las características, números y temáticas que se han planteado aquí y que pueden necesitar.
Incluso, la información que se pueda compartir de todos los hábeas corpus que se mencionaron en la tarde de hoy, ya sea el que se tramita ante el juzgado federal de Rafecas o todos aquellos que se encuentran en las jurisdicciones de Lomas de Zamora, de Morón, etcétera. Tenemos la información correspondiente, que puede ser útil para tomar decisiones en el ámbito legislativo.
Se ha hablado de la sobrepoblación carcelaria, del hacinamiento que ello genera y de la violación de derechos que produce. Por supuesto que, si desde hace décadas venimos arrastrando esa problemática, desde el año pasado la pandemia la ha agravado.
Todos los problemas que se vinculan con la deficiencia en la generación y el tratamiento de la salud, la falta de trabajo y de educación, las malas condiciones carcelarias y el aumento de la violencia institucional sufren un incremento por el tema del COVID-19. En ese sentido, estamos tratando de generar trabajo y realizamos la mejor actuación posible, ya que vemos limitado nuestro ingreso para los monitoreos por estas cuestiones sanitarias. De allí que todo lo que tiene que ver con las videoconferencias y la atención telefónica ha cobrado una relevancia superior.
Reitero que los informes que hemos generado quedan a disposición de los legisladores, de las legisladoras y de sus colaboradores, para que puedan ser consultados.
Tal como mencionaron la defensora general y el propio Gustavo Palmieri respecto de la ley de cupo, a esta altura es imprescindible contar con una norma de esa naturaleza. Por supuesto que no se trata, tal como se ha informado, de un número que resista cada una de las unidades, sino de las condiciones que requiere una unidad en particular.
También resulta necesaria la modificación de la ley 24.660, dadas las características que ya ha mencionado la defensora y que no tiene sentido que yo reitere.
En este breve espacio, quiero mencionar dos temas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido planteando y ofreciendo a los países, para tratar de mitigar los efectos de la sobrepoblación y el hacinamiento.
En casi todos los países del mundo -organizados como los conocemos-, el servicio penitenciario acepta mecánicamente a todas las personas que les remite el Poder Judicial. Se trata de una aceptación sin ningún tipo de análisis, del cumplimiento de una orden proveniente de otro poder del Estado; me refiero al Ejecutivo, porque el Servicio Penitenciario Federal depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
Ahora bien, se discute si esa recepción mecánica debiera estar regulada. El Servicio Penitenciario Federal tendría que contar con la reglamentación legislativa correspondiente que le permita decir al Poder Judicial lo siguiente: nos remite esta cantidad de internos, pero nosotros no podemos ingresarlos sin antes comunicarles que las condiciones en las cuales estarán alojados no permiten garantizar un piso mínimo de respeto por los derechos humanos.
Esa comunicación debiera ser informada no solamente al juez que remite a estas personas para su detención, sino también a las partes -el fiscal y las defensas- para que se realicen los planteos correspondientes.
De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo del Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho referido a la sobrepoblación carcelaria en Brasil, ha establecido una reglamentación en ese sentido: cuando el servicio dice que puede recibir internos hasta determinado punto, y que si sigue cumpliendo órdenes judiciales vulnerará las garantías y los derechos básicos, emergen determinadas herramientas que permiten que el juez designe quiénes son las personas que esperarán cupo en una situación de arresto domiciliario con las garantías correspondientes, como puede ser una pulsera electrónica, una tobillera, la custodia, etcétera.
Además de este sistema, también me parece que es imprescindible pensar en un mecanismo de compensación. Todos los presentes sabemos que la cárcel, de la manera que está organizada, no garantiza adecuadamente los derechos de las personas privadas de libertad. Sin embargo, ellas siguen cumpliendo la pena en las condiciones que están previstas legalmente y que, en la actualidad, a mi criterio tienen un nivel de gravedad inconstitucional.
La ley 24.660 reformada, tal como lo ha explicado la defensora general, priva a esas personas del acceso al régimen de progresividad, sin tener la posibilidad de acceder no solamente a la libertad condicional, sino a las salidas transitorias, la libertad asistida, etcétera.
Ahora bien, si una persona cumple su pena en un estado de privación de libertad en el cual no se le pudo garantizar adecuadamente el acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a condiciones dignas de alojamiento y se la expuso a la violencia institucional y a irregularidades en el cumplimiento de las visitas familiares, todo eso debe ser compensado.
El Estado tiene la obligación de compensar, y existen diversos mecanismos para ello como, por ejemplo, el acceso a algún tipo de régimen como la libertad asistida o el arresto domiciliario. Existe jurisprudencia que se ha aplicado en casos de tormentos, tal como sucedió en el fallo Núñez. Reitero que existe jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ha aplicado un sistema de compensación.
Me parece importante que se piense en un proyecto que regule y normativice esa compensación, tal como lo aconseja y recomienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dar al Servicio Penitenciario Federal la potestad para que pueda comunicar formalmente al Poder Judicial cuándo no puede recibir en condiciones adecuadas a una persona privada de la libertad y desarrollar un mecanismo de compensaciones, son dos herramientas que comienzan a ser imprescindibles en un sistema que desborda de personas privadas de libertad y que no concibe otro camino que el de seguir hacinando, empujando y metiendo más personas en las cárceles. De esta manera, no solamente se vulneran los derechos de las personas privadas de libertad, sino que también se afecta a las víctimas y a la sociedad en general, que está esperando que la cárcel cumpla una función social para que quienes cometieron delitos puedan ser reinsertadas a través de dos pilares básicos: el trabajo y la educación. Si no se puede garantizar eso, lejos de ser un beneficio para la sociedad es un perjuicio en toda su dimensión.
Agradezco profundamente el espacio, y pongo a disposición de diputados, diputadas y colaboradores todas las herramientas de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación que puedan serles útiles.
Quiero ser concreto, porque considero que ya se ha tratado la gran mayoría de las cuestiones que se vinculan a esta temática en particular.
Formo parte de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y quiero señalar que una de las características de este grupo de trabajo es que cuenta con diversos cotitulares a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Es decir que en cada una de las provincias hay cotitulares que representan a la Comisión de Cárceles. En mi opinión, ese detalle es muy importante, porque nos permite tener una visión global de cada complejo penitenciario.
Me parece relevante dejar a disposición de cada legislador el trabajo de la Comisión de Cárceles, en relación con cualquier tipo de informe o estadística que hayamos realizado o que sea posible generar, con las características, números y temáticas que se han planteado aquí y que pueden necesitar.
Incluso, la información que se pueda compartir de todos los hábeas corpus que se mencionaron en la tarde de hoy, ya sea el que se tramita ante el juzgado federal de Rafecas o todos aquellos que se encuentran en las jurisdicciones de Lomas de Zamora, de Morón, etcétera. Tenemos la información correspondiente, que puede ser útil para tomar decisiones en el ámbito legislativo.
Se ha hablado de la sobrepoblación carcelaria, del hacinamiento que ello genera y de la violación de derechos que produce. Por supuesto que, si desde hace décadas venimos arrastrando esa problemática, desde el año pasado la pandemia la ha agravado.
Todos los problemas que se vinculan con la deficiencia en la generación y el tratamiento de la salud, la falta de trabajo y de educación, las malas condiciones carcelarias y el aumento de la violencia institucional sufren un incremento por el tema del COVID-19. En ese sentido, estamos tratando de generar trabajo y realizamos la mejor actuación posible, ya que vemos limitado nuestro ingreso para los monitoreos por estas cuestiones sanitarias. De allí que todo lo que tiene que ver con las videoconferencias y la atención telefónica ha cobrado una relevancia superior.
Reitero que los informes que hemos generado quedan a disposición de los legisladores, de las legisladoras y de sus colaboradores, para que puedan ser consultados.
Tal como mencionaron la defensora general y el propio Gustavo Palmieri respecto de la ley de cupo, a esta altura es imprescindible contar con una norma de esa naturaleza. Por supuesto que no se trata, tal como se ha informado, de un número que resista cada una de las unidades, sino de las condiciones que requiere una unidad en particular.
También resulta necesaria la modificación de la ley 24.660, dadas las características que ya ha mencionado la defensora y que no tiene sentido que yo reitere.
En este breve espacio, quiero mencionar dos temas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido planteando y ofreciendo a los países, para tratar de mitigar los efectos de la sobrepoblación y el hacinamiento.
En casi todos los países del mundo -organizados como los conocemos-, el servicio penitenciario acepta mecánicamente a todas las personas que les remite el Poder Judicial. Se trata de una aceptación sin ningún tipo de análisis, del cumplimiento de una orden proveniente de otro poder del Estado; me refiero al Ejecutivo, porque el Servicio Penitenciario Federal depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
Ahora bien, se discute si esa recepción mecánica debiera estar regulada. El Servicio Penitenciario Federal tendría que contar con la reglamentación legislativa correspondiente que le permita decir al Poder Judicial lo siguiente: nos remite esta cantidad de internos, pero nosotros no podemos ingresarlos sin antes comunicarles que las condiciones en las cuales estarán alojados no permiten garantizar un piso mínimo de respeto por los derechos humanos.
Esa comunicación debiera ser informada no solamente al juez que remite a estas personas para su detención, sino también a las partes -el fiscal y las defensas- para que se realicen los planteos correspondientes.
De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo del Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho referido a la sobrepoblación carcelaria en Brasil, ha establecido una reglamentación en ese sentido: cuando el servicio dice que puede recibir internos hasta determinado punto, y que si sigue cumpliendo órdenes judiciales vulnerará las garantías y los derechos básicos, emergen determinadas herramientas que permiten que el juez designe quiénes son las personas que esperarán cupo en una situación de arresto domiciliario con las garantías correspondientes, como puede ser una pulsera electrónica, una tobillera, la custodia, etcétera.
Además de este sistema, también me parece que es imprescindible pensar en un mecanismo de compensación. Todos los presentes sabemos que la cárcel, de la manera que está organizada, no garantiza adecuadamente los derechos de las personas privadas de libertad. Sin embargo, ellas siguen cumpliendo la pena en las condiciones que están previstas legalmente y que, en la actualidad, a mi criterio tienen un nivel de gravedad inconstitucional.
La ley 24.660 reformada, tal como lo ha explicado la defensora general, priva a esas personas del acceso al régimen de progresividad, sin tener la posibilidad de acceder no solamente a la libertad condicional, sino a las salidas transitorias, la libertad asistida, etcétera.
Ahora bien, si una persona cumple su pena en un estado de privación de libertad en el cual no se le pudo garantizar adecuadamente el acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a condiciones dignas de alojamiento y se la expuso a la violencia institucional y a irregularidades en el cumplimiento de las visitas familiares, todo eso debe ser compensado.
El Estado tiene la obligación de compensar, y existen diversos mecanismos para ello como, por ejemplo, el acceso a algún tipo de régimen como la libertad asistida o el arresto domiciliario. Existe jurisprudencia que se ha aplicado en casos de tormentos, tal como sucedió en el fallo Núñez. Reitero que existe jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ha aplicado un sistema de compensación.
Me parece importante que se piense en un proyecto que regule y normativice esa compensación, tal como lo aconseja y recomienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dar al Servicio Penitenciario Federal la potestad para que pueda comunicar formalmente al Poder Judicial cuándo no puede recibir en condiciones adecuadas a una persona privada de la libertad y desarrollar un mecanismo de compensaciones, son dos herramientas que comienzan a ser imprescindibles en un sistema que desborda de personas privadas de libertad y que no concibe otro camino que el de seguir hacinando, empujando y metiendo más personas en las cárceles. De esta manera, no solamente se vulneran los derechos de las personas privadas de libertad, sino que también se afecta a las víctimas y a la sociedad en general, que está esperando que la cárcel cumpla una función social para que quienes cometieron delitos puedan ser reinsertadas a través de dos pilares básicos: el trabajo y la educación. Si no se puede garantizar eso, lejos de ser un beneficio para la sociedad es un perjuicio en toda su dimensión.
Agradezco profundamente el espacio, y pongo a disposición de diputados, diputadas y colaboradores todas las herramientas de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación que puedan serles útiles.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Muchas gracias, señor Todarello.
Han sido muy buenas todas las exposiciones porque brindaron un panorama muy completo.
Tiene la palabra la señora diputada Ana Carla Carrizo.
Han sido muy buenas todas las exposiciones porque brindaron un panorama muy completo.
Tiene la palabra la señora diputada Ana Carla Carrizo.
SRA. CARRIZO (A.C.) Señora presidenta: agradezco la visita de todos los funcionarios. Ha sido muy interesante poder encontrar este espacio de diálogo entre quienes tienen la tarea de controlar, como la Defensoría General de la Nación y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Sin lugar a duda, es un placer volver a escuchar a Diana Conti, quien era colega cuando yo iniciaba mi carrera parlamentaria y fue una excelente compañera.
Por otro lado, me gustó mucho el cierre de la exposición del doctor Todarello porque la pregunta que formulo es básicamente para los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que está llevando adelante una experiencia de construcción institucional novedosa desde hace cuatro años.
De la sanción de la ley 26.827, por la que se crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pasaron nueve años. En ese tiempo se sucedieron tres presidencias. Sin embargo, tenemos una nacionalización incompleta, porque el escenario que debemos considerar es el de la población carcelaria de todas las provincias; no solamente a aquellos que tienen conflictos con la ley penal federal. Este panorama me interpela justamente sobre esta especie de nacionalización incompleta y mínima en nueve años y un problema de implementación estatal muy fuerte.
El artículo 2° de esa ley establece que sus disposiciones son de orden público. Es decir que obliga a las provincias respecto de su aplicación.
Pero resulta que, en nueve años, solamente el 20 por ciento de las provincias -o sea, cinco- tiene ley propia y mecanismos locales; siete cuentan con una ley, pero no con mecanismos -salvo una, que tiene mecanismos, pero no ley y es la provincia de Buenos Aires, como dijo Diana Conti-, y once no poseen mecanismos ni ley: Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Chubut y Santa Cruz.
Es difícil que podamos exigir a las provincias cuando, en nueve años, que es el tiempo de implementación que lleva la ley, el 80 por ciento no ha cumplido con los parámetros nacionales legales y operativos.
Entonces, me interpela la idea de que tenemos excelentes normas. Sé que nueve años, para un proceso es un tiempo corto; aunque puede ser mucho, dependiendo ello de las prioridades de cada país.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, como herramienta de control y de exigencia con sus recomendaciones y demás, me parece poderosísima; pero, no deja de arrojar un diagnóstico con sabor amargo, porque si el 80 por ciento de las provincias argentinas no adhirió -o, si lo hizo, no tiene los mecanismos-, quiere decir que la nacionalización es mínima.
Entonces, ¿cuáles son esos problemas que ponen en evidencia la ausencia de capacidad estatal para nacionalizar?
Es muy interesante la mirada de la subsecretaria y también de la defensora, pero no deja de ser una mirada acotada, obviamente, por un problema estructural que tenemos desde hace veintisiete años: el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad. Ahí hay un sesgo informativo, porque esa Justicia comprende todos los delitos. Sin embargo, las personas que tenemos que proteger con las herramientas de la ley 27.827 son aquellas privadas de la libertad en todas las provincias del país.
¿Cómo podemos hacer más operativa la norma y ayudar al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura a efectos de que esas once provincias que no tienen ley ni mecanismos realmente puedan avanzar? Sobre todo, en pandemia, porque también ha sido un problema para la Comisión de Derechos Humanos y Garantías tener un diagnóstico concreto. Obviamente, nosotros canalizamos los casos y los instalamos; pero, me parece que no ha estado esa exigencia con parámetros nacionales mínimos para saber dónde se cumple y dónde no.
De todas maneras, me parece importante la idea de que existe una nacionalización fallida. Por eso, considero fundamental una devolución de parte de nuestros invitados.
Sin lugar a duda, es un placer volver a escuchar a Diana Conti, quien era colega cuando yo iniciaba mi carrera parlamentaria y fue una excelente compañera.
Por otro lado, me gustó mucho el cierre de la exposición del doctor Todarello porque la pregunta que formulo es básicamente para los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que está llevando adelante una experiencia de construcción institucional novedosa desde hace cuatro años.
De la sanción de la ley 26.827, por la que se crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pasaron nueve años. En ese tiempo se sucedieron tres presidencias. Sin embargo, tenemos una nacionalización incompleta, porque el escenario que debemos considerar es el de la población carcelaria de todas las provincias; no solamente a aquellos que tienen conflictos con la ley penal federal. Este panorama me interpela justamente sobre esta especie de nacionalización incompleta y mínima en nueve años y un problema de implementación estatal muy fuerte.
El artículo 2° de esa ley establece que sus disposiciones son de orden público. Es decir que obliga a las provincias respecto de su aplicación.
Pero resulta que, en nueve años, solamente el 20 por ciento de las provincias -o sea, cinco- tiene ley propia y mecanismos locales; siete cuentan con una ley, pero no con mecanismos -salvo una, que tiene mecanismos, pero no ley y es la provincia de Buenos Aires, como dijo Diana Conti-, y once no poseen mecanismos ni ley: Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Chubut y Santa Cruz.
Es difícil que podamos exigir a las provincias cuando, en nueve años, que es el tiempo de implementación que lleva la ley, el 80 por ciento no ha cumplido con los parámetros nacionales legales y operativos.
Entonces, me interpela la idea de que tenemos excelentes normas. Sé que nueve años, para un proceso es un tiempo corto; aunque puede ser mucho, dependiendo ello de las prioridades de cada país.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, como herramienta de control y de exigencia con sus recomendaciones y demás, me parece poderosísima; pero, no deja de arrojar un diagnóstico con sabor amargo, porque si el 80 por ciento de las provincias argentinas no adhirió -o, si lo hizo, no tiene los mecanismos-, quiere decir que la nacionalización es mínima.
Entonces, ¿cuáles son esos problemas que ponen en evidencia la ausencia de capacidad estatal para nacionalizar?
Es muy interesante la mirada de la subsecretaria y también de la defensora, pero no deja de ser una mirada acotada, obviamente, por un problema estructural que tenemos desde hace veintisiete años: el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad. Ahí hay un sesgo informativo, porque esa Justicia comprende todos los delitos. Sin embargo, las personas que tenemos que proteger con las herramientas de la ley 27.827 son aquellas privadas de la libertad en todas las provincias del país.
¿Cómo podemos hacer más operativa la norma y ayudar al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura a efectos de que esas once provincias que no tienen ley ni mecanismos realmente puedan avanzar? Sobre todo, en pandemia, porque también ha sido un problema para la Comisión de Derechos Humanos y Garantías tener un diagnóstico concreto. Obviamente, nosotros canalizamos los casos y los instalamos; pero, me parece que no ha estado esa exigencia con parámetros nacionales mínimos para saber dónde se cumple y dónde no.
De todas maneras, me parece importante la idea de que existe una nacionalización fallida. Por eso, considero fundamental una devolución de parte de nuestros invitados.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra la señora Diana Conti.
SRA. CONTI Señora presidenta: primero, saludo a la diputada Carla Carrizo.
Quizás después el doctor Gustavo Palmieri quiera completar la idea, pero puedo decir que la ley tiene nueve años y nuestro comité, cuatro. Ciertas provincias contaban con mecanismos locales de prevención previo a que existiéramos nosotros. La del Neuquén, por ejemplo, tuvo uno y luego dejó de tenerlo. De hecho, alguna diputada -o exdiputada- lo integró.
Por eso insistía en que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura debía tener visibilidad, para que lo que digamos importe y los gobiernos provinciales estén interesados en disponer de un mecanismo que les permita ver que el trabajo en materia de prevención no es solamente de denuncia, sino que puede ser colaborativo y que lleva a un crecimiento de la dignidad humana del conjunto de la sociedad.
Normalmente, uno apela a legisladores nacionales o provinciales para que en sus jurisdicciones insistan en la creación del mecanismo; así vamos avanzando.
Josefina Ignacio, que está aquí presente, también es comisionada; representa a las ONG, fue votada por el Congreso y pone un ahínco especial en la parte sur de La Pampa, Neuquén, etcétera para que los mecanismos se creen.
Tenemos dividida la territorialidad, sobre todo en pandemia. En ese sentido, se va a firmar un convenio con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Catamarca, que mostró interés en contar con una ley y un mecanismo, y estamos haciendo trabajos de capacitación, también conveniados, en San Juan. De a poco, las provincias van avanzando.
Ya dije que, por ley, el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura puede designar, a propuesta del Comité Nacional, un mecanismo local. Previendo entonces un mayor retardo e inacción de las provincias en sancionar su ley y desarrollar un mecanismo, estamos haciendo un relevamiento, provincia por provincia, de organismos no gubernamentales -o públicos, pero independientes- que se dediquen y puedan tener la experticia como para cumplir la tarea de monitoreo que exige la norma.
En muchas provincias estamos haciendo reuniones con todos esos organismos, sean gubernamentales o no gubernamentales. En general, las secretarías de derechos humanos participan para ver si se tiende una red provincial; de esa manera, en algún momento se podría proponer al Consejo que, en tal provincia, hay un grupo de actores que deben ser designados para desarrollar el mecanismo local, por más incomodidad que pueda causar a un gobierno provincial que sea desde un ámbito nacional que se cumple con la obligación legal.
Por eso, creo que la colaboración que puede brindar el Congreso, en parte la está dando.
El proyecto de ley de prevención de la violencia institucional, en tratamiento en la Comisión de Seguridad Interior junto con la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, tiene una especial preocupación en los mecanismos locales. Por ahora, Gustavo Palmieri es quien está interactuando hasta que nos reunamos definitivamente. O sea que sabemos que el Congreso está interesado en que los mecanismos locales existan.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, permanentemente reitera y exhorta a la creación de mecanismos locales. Creo que se debe difundir la necesidad de que las provincias tengan su mecanismo local y quitarles el miedo.
Cuando nosotros empezamos a inspeccionar in situ, nos costaba entrar a los lugares de encierro. Pienso que al ver una práctica exigente -no es que no exigimos, sino que intentamos que haya comprensión, y se produzca el cambio de normas y de actitudes por parte de las autoridades públicas y privadas en los lugares de encierro para así prevenir la tortura-, se va generando un vínculo de confianza en el que uno puede trabajar cumpliendo la obligación que el Estado argentino asumió cuando firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.
Quizás después el doctor Gustavo Palmieri quiera completar la idea, pero puedo decir que la ley tiene nueve años y nuestro comité, cuatro. Ciertas provincias contaban con mecanismos locales de prevención previo a que existiéramos nosotros. La del Neuquén, por ejemplo, tuvo uno y luego dejó de tenerlo. De hecho, alguna diputada -o exdiputada- lo integró.
Por eso insistía en que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura debía tener visibilidad, para que lo que digamos importe y los gobiernos provinciales estén interesados en disponer de un mecanismo que les permita ver que el trabajo en materia de prevención no es solamente de denuncia, sino que puede ser colaborativo y que lleva a un crecimiento de la dignidad humana del conjunto de la sociedad.
Normalmente, uno apela a legisladores nacionales o provinciales para que en sus jurisdicciones insistan en la creación del mecanismo; así vamos avanzando.
Josefina Ignacio, que está aquí presente, también es comisionada; representa a las ONG, fue votada por el Congreso y pone un ahínco especial en la parte sur de La Pampa, Neuquén, etcétera para que los mecanismos se creen.
Tenemos dividida la territorialidad, sobre todo en pandemia. En ese sentido, se va a firmar un convenio con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Catamarca, que mostró interés en contar con una ley y un mecanismo, y estamos haciendo trabajos de capacitación, también conveniados, en San Juan. De a poco, las provincias van avanzando.
Ya dije que, por ley, el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura puede designar, a propuesta del Comité Nacional, un mecanismo local. Previendo entonces un mayor retardo e inacción de las provincias en sancionar su ley y desarrollar un mecanismo, estamos haciendo un relevamiento, provincia por provincia, de organismos no gubernamentales -o públicos, pero independientes- que se dediquen y puedan tener la experticia como para cumplir la tarea de monitoreo que exige la norma.
En muchas provincias estamos haciendo reuniones con todos esos organismos, sean gubernamentales o no gubernamentales. En general, las secretarías de derechos humanos participan para ver si se tiende una red provincial; de esa manera, en algún momento se podría proponer al Consejo que, en tal provincia, hay un grupo de actores que deben ser designados para desarrollar el mecanismo local, por más incomodidad que pueda causar a un gobierno provincial que sea desde un ámbito nacional que se cumple con la obligación legal.
Por eso, creo que la colaboración que puede brindar el Congreso, en parte la está dando.
El proyecto de ley de prevención de la violencia institucional, en tratamiento en la Comisión de Seguridad Interior junto con la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, tiene una especial preocupación en los mecanismos locales. Por ahora, Gustavo Palmieri es quien está interactuando hasta que nos reunamos definitivamente. O sea que sabemos que el Congreso está interesado en que los mecanismos locales existan.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, permanentemente reitera y exhorta a la creación de mecanismos locales. Creo que se debe difundir la necesidad de que las provincias tengan su mecanismo local y quitarles el miedo.
Cuando nosotros empezamos a inspeccionar in situ, nos costaba entrar a los lugares de encierro. Pienso que al ver una práctica exigente -no es que no exigimos, sino que intentamos que haya comprensión, y se produzca el cambio de normas y de actitudes por parte de las autoridades públicas y privadas en los lugares de encierro para así prevenir la tortura-, se va generando un vínculo de confianza en el que uno puede trabajar cumpliendo la obligación que el Estado argentino asumió cuando firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Gracias, comisionada Conti.
Quiero hablar de mi provincia. Si bien en Entre Ríos ya tenemos la ley, todavía no se ha constituido ni conformado un mecanismo local. El comité nacional ha participado de las reuniones entre los organismos y el gobierno provincial para que efectivamente se conforme.
Esa es la situación de mi provincia; creo que cada una tiene una situación particular. Me parece que la visibilidad del trabajo que viene haciendo el comité nacional ayudará también a que se constituya y conforme en cada una de las provincias.
Si les parece bien, luego de que hagan uso de la palabra los restantes diputados anotados, se responderán todas las preguntas juntas. Me parece que así será más expeditivo.
A continuación, tiene la palabra la señora diputada Josefina González; luego, la señora diputada María Soledad Carrizo.
Quiero hablar de mi provincia. Si bien en Entre Ríos ya tenemos la ley, todavía no se ha constituido ni conformado un mecanismo local. El comité nacional ha participado de las reuniones entre los organismos y el gobierno provincial para que efectivamente se conforme.
Esa es la situación de mi provincia; creo que cada una tiene una situación particular. Me parece que la visibilidad del trabajo que viene haciendo el comité nacional ayudará también a que se constituya y conforme en cada una de las provincias.
Si les parece bien, luego de que hagan uso de la palabra los restantes diputados anotados, se responderán todas las preguntas juntas. Me parece que así será más expeditivo.
A continuación, tiene la palabra la señora diputada Josefina González; luego, la señora diputada María Soledad Carrizo.
SRA. GONZÁLEZ Señora presidenta: en primer lugar, quiero agradecer a todos los expositores. Es muy importante contar con datos puesto que, si no se tiene acceso a ellos, se puede tener una idea equivocada de algunas cuestiones.
Particularmente quiero preguntar acerca de algo que siempre fue muy esperado por la provincia de Santa Fe. Me refiero a la creación de una cárcel federal. Hoy todos nuestros detenidos tienen que ser alojados fuera de la provincia, con lo que eso implica.
La doctora Garrigós de Rébori dijo que la obra de Coronda está más o menos en un 60 por ciento y que tendría pensadas unas cuatrocientas cincuenta plazas. Quiero saber más o menos cuánto tiempo piensan que falta para terminar la cárcel o si tienen información al respecto.
Por otro lado, me temo que son pocas cuatrocientas cincuenta plazas para toda la provincia de Santa Fe, sobre todo siendo Rosario parte de esa jurisdicción. ¿Hay algún tipo de proyecto o mirada para hacer que esas plazas crezcan? La verdad es que, insisto, me parece que no serán suficientes.
Ya tenemos una provincia con muchas denuncias de violencia institucional y quiero pensar que podemos evitar que crezcan.
Particularmente quiero preguntar acerca de algo que siempre fue muy esperado por la provincia de Santa Fe. Me refiero a la creación de una cárcel federal. Hoy todos nuestros detenidos tienen que ser alojados fuera de la provincia, con lo que eso implica.
La doctora Garrigós de Rébori dijo que la obra de Coronda está más o menos en un 60 por ciento y que tendría pensadas unas cuatrocientas cincuenta plazas. Quiero saber más o menos cuánto tiempo piensan que falta para terminar la cárcel o si tienen información al respecto.
Por otro lado, me temo que son pocas cuatrocientas cincuenta plazas para toda la provincia de Santa Fe, sobre todo siendo Rosario parte de esa jurisdicción. ¿Hay algún tipo de proyecto o mirada para hacer que esas plazas crezcan? La verdad es que, insisto, me parece que no serán suficientes.
Ya tenemos una provincia con muchas denuncias de violencia institucional y quiero pensar que podemos evitar que crezcan.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra la señora diputada María Soledad Carrizo.
SRA. CARRIZO (M.S.) Señora presidenta: quiero saludarla a usted, a mis colegas, a los miembros del comité y demás funcionarios. Esta ha sido una jornada muy enriquecedora. Hemos podido nutrirnos de muchos datos e información que claramente hacen que nos comprometamos a trabajar sobre esta problemática.
En lo personal, luego de haber podido leer el informe elaborado por este comité, este año tomé la decisión de interiorizarme acerca de esta cuestión, sobre todo en relación con la situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario en las unidades provinciales. Lo hice mirando especialmente a mi provincia, Córdoba, ya que de los informes surgen distintas cuestiones muy preocupantes.
Entendemos que este tema no ha sido preocupación del gobierno de la provincia de Córdoba. Por eso, luego de haber estudiado y profundizado esta cuestión -sobre todo cuando se denuncian sanciones informales por parte de los internos, falta de adecuación de la provincia en los estándares de habitabilidad y regulación de toda la capacidad funcional, sumada a la ausencia de un mecanismo local de prevención, muertes de etiología dudosa, suicidios y el tema del complejo Esperanza en donde se alojan niños, niñas y adolescentes-, quiero preguntarles si tienen información formal acerca de si el gobierno de la provincia ha asumido algún compromiso a fin de cumplimentar un programa en ese sentido aunque, seguramente, no será de un día para el otro.
En lo personal, quiero saber si han tenido alguna respuesta formal ante semejante informe realizado.
En lo personal, luego de haber podido leer el informe elaborado por este comité, este año tomé la decisión de interiorizarme acerca de esta cuestión, sobre todo en relación con la situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario en las unidades provinciales. Lo hice mirando especialmente a mi provincia, Córdoba, ya que de los informes surgen distintas cuestiones muy preocupantes.
Entendemos que este tema no ha sido preocupación del gobierno de la provincia de Córdoba. Por eso, luego de haber estudiado y profundizado esta cuestión -sobre todo cuando se denuncian sanciones informales por parte de los internos, falta de adecuación de la provincia en los estándares de habitabilidad y regulación de toda la capacidad funcional, sumada a la ausencia de un mecanismo local de prevención, muertes de etiología dudosa, suicidios y el tema del complejo Esperanza en donde se alojan niños, niñas y adolescentes-, quiero preguntarles si tienen información formal acerca de si el gobierno de la provincia ha asumido algún compromiso a fin de cumplimentar un programa en ese sentido aunque, seguramente, no será de un día para el otro.
En lo personal, quiero saber si han tenido alguna respuesta formal ante semejante informe realizado.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra la señora diputada Mara Brawer. Luego, continuará en el uso de la palabra la señora diputada Mariana Stilman. Por último, hará el cierre el señor diputado Yasky.
SRA. BRAWER Señora presidenta: quiero agradecer a todas y todos los expositores por su clara exposición y, fundamentalmente, porque escuchándolos se advierte una importantísima articulación entre los distintos organismos. Creo que eso es muy importante para el desarrollo de cualquier política pública.
La querida Diana Conti comentó que el comité está
trabajando con universidades y ONG en relación con las mujeres privadas de la libertad que tienen hijos. Quiero preguntar si también han sido incluidas aquellas mujeres que tienen hijos y se encuentran privadas de libertad, pero con prisión domiciliaria. Conocemos bien la dificultosa situación en que muchas de estas mujeres se encuentran, solas con sus niños y encerradas en sus casas. Sabemos de todos los inconvenientes que muchas veces hacen más gravosa la crianza de esos niños.
En el mismo sentido, quiero preguntar a la doctora Garrigós de Rébori sobre las políticas en relación con este tema.
La querida Diana Conti comentó que el comité está
trabajando con universidades y ONG en relación con las mujeres privadas de la libertad que tienen hijos. Quiero preguntar si también han sido incluidas aquellas mujeres que tienen hijos y se encuentran privadas de libertad, pero con prisión domiciliaria. Conocemos bien la dificultosa situación en que muchas de estas mujeres se encuentran, solas con sus niños y encerradas en sus casas. Sabemos de todos los inconvenientes que muchas veces hacen más gravosa la crianza de esos niños.
En el mismo sentido, quiero preguntar a la doctora Garrigós de Rébori sobre las políticas en relación con este tema.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra la señora diputada Stilman. Luego, los invitados contestarán las preguntas formuladas.
SRA. STILMAN Señora presidenta: quiero agradecer a todos. La verdad es que han sido muy interesantes las exposiciones de todas y todos.
Quiero hacer hincapié en algo sobre lo que ya se adelantó la diputada Carla Carrizo acerca de los mecanismos locales.
Luego de este accionar que tienen planificado implementar para lograr finalmente los mecanismos locales en las provincias que faltan, quiero saber si tienen previsto algún tipo de monitoreo a posteriori. Me refiero a un seguimiento para garantizar que esos mecanismos cumplan con los estándares de autonomía, de financiamiento y de personal capacitado y útil en las distintas ramas de conocimiento.
En cuanto a la exposición de la comisionada Conti, quien señaló que ayer habían aprobado el informe respecto de la provincia de Formosa, quiero recordar que en febrero interpuse un acceso a la información pública que fue contestado parcialmente en marzo.
La comisionada señaló que se hicieron distintas acciones, se comunicaron y se remitieron notas con funcionarios judiciales, organizaciones civiles y demás.
Justamente estaba esperando el resultado de ese trabajo a partir de este informe. Como Diana Conti dijo que todavía no sabía cuándo se iba a publicar, quiero preguntar de qué depende eso. En caso de que dependa de un plazo, me gustaría saber cuándo, más o menos, se calcula que va a ser.
Quiero hacer hincapié en algo sobre lo que ya se adelantó la diputada Carla Carrizo acerca de los mecanismos locales.
Luego de este accionar que tienen planificado implementar para lograr finalmente los mecanismos locales en las provincias que faltan, quiero saber si tienen previsto algún tipo de monitoreo a posteriori. Me refiero a un seguimiento para garantizar que esos mecanismos cumplan con los estándares de autonomía, de financiamiento y de personal capacitado y útil en las distintas ramas de conocimiento.
En cuanto a la exposición de la comisionada Conti, quien señaló que ayer habían aprobado el informe respecto de la provincia de Formosa, quiero recordar que en febrero interpuse un acceso a la información pública que fue contestado parcialmente en marzo.
La comisionada señaló que se hicieron distintas acciones, se comunicaron y se remitieron notas con funcionarios judiciales, organizaciones civiles y demás.
Justamente estaba esperando el resultado de ese trabajo a partir de este informe. Como Diana Conti dijo que todavía no sabía cuándo se iba a publicar, quiero preguntar de qué depende eso. En caso de que dependa de un plazo, me gustaría saber cuándo, más o menos, se calcula que va a ser.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra la señora diputada María Rosa Martínez.
SRA. MARTÍNEZ (M. R.) Señora presidenta: muchas gracias a todas y a cada una de ustedes. Esta reunión y este informe son sumamente importantes, y están íntimamente entrelazados con lo que debatimos ayer sobre la ley de eliminación de la violencia institucional.
Quisiera preguntarle a Diana Conti qué evaluación han hecho sobre las acciones del Comité para la Prevención de la Tortura, porque ayer tuvimos los testimonios de las Madres del Dolor, que fueron desgarradores. Vamos a acompañar sus reclamos y seguramente vamos a apelar a ustedes para que también sean parte de los mismos.
La otra pregunta es qué evaluación tiene Naciones Unidas sobre nuestro accionar como país en este comité.
Quisiera preguntarle a Diana Conti qué evaluación han hecho sobre las acciones del Comité para la Prevención de la Tortura, porque ayer tuvimos los testimonios de las Madres del Dolor, que fueron desgarradores. Vamos a acompañar sus reclamos y seguramente vamos a apelar a ustedes para que también sean parte de los mismos.
La otra pregunta es qué evaluación tiene Naciones Unidas sobre nuestro accionar como país en este comité.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Gracias, diputada Martínez.
Voy a resumir las preguntas que hicieron hasta el momento. Josefina González preguntó sobre la cárcel de Coronda, en Santa Fe; Soledad Carrizo, sobre la situación en Córdoba; Mara Brawer, sobre la ley que regula la prisión domiciliaria de las mujeres y sus cuidados y limitaciones; Mariana Stilman, sobre el tema de monitoreo, y María Rosa Martínez, sobre el tema de Naciones Unidas.
Tiene la palabra la señora María Laura Garrigós.
Voy a resumir las preguntas que hicieron hasta el momento. Josefina González preguntó sobre la cárcel de Coronda, en Santa Fe; Soledad Carrizo, sobre la situación en Córdoba; Mara Brawer, sobre la ley que regula la prisión domiciliaria de las mujeres y sus cuidados y limitaciones; Mariana Stilman, sobre el tema de monitoreo, y María Rosa Martínez, sobre el tema de Naciones Unidas.
Tiene la palabra la señora María Laura Garrigós.
SRA. GARRIGÓS Permítanme que omita los aspectos que tienen que ver específicamente con el comité. De hecho, Diana me está diciendo que ella se va a hacer cargo de esas preguntas.
La cárcel de Coronda no va a estar terminada antes de mitad del año que viene, porque en pandemia todas las construcciones han ido mucho más lento. Y sí: se puede ampliar. Todas las unidades tienen terrenos alrededor para hacer otros módulos, aunque esa es una inversión que no está prevista por ahora.
Entre tanto, lo que sí hay para ofrecer a Santa Fe -y ya estuvimos hablando con el ministro Sukerman al respecto- es la provisión de más pulseras. Santa Fe ha hecho un convenio con el Ministerio de Justicia por el que se proveen 400 dispositivos de control electrónico. Hasta el momento se han entregado 113, mientras que en uso tienen 64. Así que ese número podría ampliarse. Si fuera así, se ampliaría a todos los que lo precisaran. Lo cierto es que la narcocriminalidad, que es lo que le toca al Servicio Penitenciario Federal de Santa Fe -ya que la Justicia de Santa Fe se ocupa de los demás delitos-, detecta a mucha gente de escasa significancia penal y de escasa importancia en las organizaciones delictivas. Estas personas podrían estar tranquilamente en situación de arresto domiciliario con un dispositivo de control electrónico.
Hablando de dispositivos de control electrónico, es importante destacar -ya que esto no se dijo- que cuando el Servicio Penitenciario, al comienzo de la pandemia, hizo la lista de aquellas personas de riesgo que podían acceder a arresto domiciliario, las primeras en tenerse en cuenta fueron las mujeres. En el número global de detenidos, las mujeres son alrededor del 5 por ciento, mientras que entre los que obtuvieron arresto domiciliario a raíz de la pandemia, son el 33 por ciento. Las primeras, naturalmente, fueron las madres con hijos. En realidad, en el interior del Servicio Penitenciario hoy hay tres madres y cuatro chicos. Me corrijo: no es así, porque la última nena salió la semana pasada. Entonces, son dos madres con dos chicos y dos embarazadas.
Es decir que estamos prácticamente bien en este sentido.
El Servicio Penitenciario no se puede ocupar de las personas que están con arresto domiciliario. Esto no lo permite la ley. Quienes se ocupan de las personas que están con arresto domiciliario cuando tienen puesto un dispositivo electrónico son los equipos de la Dirección de Control Electrónico. Si no tienen dispositivo electrónico, se ocupan los patronatos de liberados o los dispositivos de control que haya en las provincias. Esto se hace por convenio. Pero no puede ser la fuerza de seguridad la que haga este control.
La cárcel de Coronda no va a estar terminada antes de mitad del año que viene, porque en pandemia todas las construcciones han ido mucho más lento. Y sí: se puede ampliar. Todas las unidades tienen terrenos alrededor para hacer otros módulos, aunque esa es una inversión que no está prevista por ahora.
Entre tanto, lo que sí hay para ofrecer a Santa Fe -y ya estuvimos hablando con el ministro Sukerman al respecto- es la provisión de más pulseras. Santa Fe ha hecho un convenio con el Ministerio de Justicia por el que se proveen 400 dispositivos de control electrónico. Hasta el momento se han entregado 113, mientras que en uso tienen 64. Así que ese número podría ampliarse. Si fuera así, se ampliaría a todos los que lo precisaran. Lo cierto es que la narcocriminalidad, que es lo que le toca al Servicio Penitenciario Federal de Santa Fe -ya que la Justicia de Santa Fe se ocupa de los demás delitos-, detecta a mucha gente de escasa significancia penal y de escasa importancia en las organizaciones delictivas. Estas personas podrían estar tranquilamente en situación de arresto domiciliario con un dispositivo de control electrónico.
Hablando de dispositivos de control electrónico, es importante destacar -ya que esto no se dijo- que cuando el Servicio Penitenciario, al comienzo de la pandemia, hizo la lista de aquellas personas de riesgo que podían acceder a arresto domiciliario, las primeras en tenerse en cuenta fueron las mujeres. En el número global de detenidos, las mujeres son alrededor del 5 por ciento, mientras que entre los que obtuvieron arresto domiciliario a raíz de la pandemia, son el 33 por ciento. Las primeras, naturalmente, fueron las madres con hijos. En realidad, en el interior del Servicio Penitenciario hoy hay tres madres y cuatro chicos. Me corrijo: no es así, porque la última nena salió la semana pasada. Entonces, son dos madres con dos chicos y dos embarazadas.
Es decir que estamos prácticamente bien en este sentido.
El Servicio Penitenciario no se puede ocupar de las personas que están con arresto domiciliario. Esto no lo permite la ley. Quienes se ocupan de las personas que están con arresto domiciliario cuando tienen puesto un dispositivo electrónico son los equipos de la Dirección de Control Electrónico. Si no tienen dispositivo electrónico, se ocupan los patronatos de liberados o los dispositivos de control que haya en las provincias. Esto se hace por convenio. Pero no puede ser la fuerza de seguridad la que haga este control.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Antes de darle la palabra a Diana Conti, quisiera referirme a la pregunta de la diputada Brawer. Si mal no entendí, ella dijo que muchas veces nosotros estamos promoviendo el tema de que las mujeres con hijos tengan prisión domiciliaria sin saber hasta dónde esa modalidad no es una limitante cuando la mujer está sola para llevar adelante la tarea de cuidado y educación de los niños.
Tiene la palabra la señora diputada mandato cumplido Diana Conti.
Tiene la palabra la señora diputada mandato cumplido Diana Conti.
SRA. CONTI Sobre la última pregunta, formulada por la diputada María Rosa Martínez, se va a explayar el comisionado Gustavo Palmieri.
Yo anoté las preguntas que se hicieron. La diputada Soledad Carrizo aludió especialmente a la situación de Córdoba. Es verdad que es una provincia que no tiene un mecanismo local de prevención de la tortura. Sin embargo, como dije al principio, fue una de las provincias inspeccionadas en el primer año de nuestra actuación. Fíjense que elegimos tres provincias con gobernaciones de color político diferente, justamente para que no haya ningún prejuicio al respecto.
Bouwer es la cárcel de hombres y mujeres en Córdoba y aloja a más de 5.000 personas. La verdad que es impresionante. Allí se fue dando una serie de suicidios, sobre todo de personas trans. Es muy notoria esa cuestión.
El Complejo Esperanza ha tenido sus problemas respecto del tema de los niños. Incluso, encontramos en el Centro de Distribución del Registro de Personas Detenidas a niños que no deberían estar mezclados con adultos. Eso es lo que recuerdo del informe de Córdoba, que es público. La diputada puede acceder a él desde nuestra web.
En cuanto a la provincia de Córdoba, mantuvimos con las autoridades de entonces y con las actuales una interacción permanente. Por ejemplo, hablamos con el secretario de Derechos Humanos, el doctor Calixto Angulo; con el ministro de la Corte Suprema de Córdoba, su padre Luis Angulo; y con el doctor López, que es el ministro actual. Nunca jamás escamotearon un pedido de informes ni eludieron la corrección de la inspección carcelaria en la provincia. Hasta ahí es lo que yo recuerdo.
Con respecto al tema de las mujeres con hijos en prisión domiciliaria que planteó Mara Brawer, quiero decir que nos preocupa, pero la prisionización y la privación de la libertad están por encima de este tipo de preocupaciones. El tema lo estuvimos trabajando, pero si tenés material al respecto podemos interactuar, Mara. Eso sí: yo ya dije al principio que tu proyecto de ley sobre el tema me parece que merece que la comisión le dé andamiaje, porque es muy interesante.
La diputada Mariana Stilman preguntó cuál es la suerte de seguimiento que nosotros hacemos sobre los mecanismos locales, las leyes que los crean y la independencia. Justamente, porque vimos que había tantas provincias sin mecanismos locales -esto lo hicimos incluso interactuando con el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas-, preferimos que cada provincia intentara la mejor ley posible, pero que la ley salga.
El seguimiento y la interactuación con los mecanismos locales son permanentes. Por ejemplo, el Consejo de Mecanismos Locales que preside Juanchi Irrazábal se reúne dos veces al año. Pero la interactuación diaria con los mecanismos locales, tanto por lo que sucede respecto de la tarea, como de los problemas internos -que los tienen: su dependencia de los Ejecutivos, etcétera-, están en tratamiento permanente por parte de nosotros, que tratamos que cada vez más apliquen mecanismos con mayor integración de la sociedad civil, mayor grado de autonomía, etcétera. Inclusive, en algunos casos hemos sostenido económicamente con nuestros recursos a algún comisionado de alguna provincia que no le daba emolumentos, hasta que eso se solucionó.
El informe sobre Formosa es el mecanismo que marca la ley. El informe se traslada a las autoridades de la provincia. Éstas tienen veinte días para contestarlo. Luego de ese tiempo se lo publica, incluyendo la respuesta de la provincia. No es sólo lo que nosotros vemos sino el conjunto del trabajo mancomunado.
Cuando ustedes hacen pedidos de informes están usando la ley de acceso a la información pública, porque no lo hacen mediante un trámite legislativo, es decir, pasando por las distintas comisiones de la Cámara. Nosotros lo estuvimos pensando y llegamos a la conclusión de que lo íbamos a responder igual. Tanto la ley de acceso a la información pública como nuestra norma cuentan con los mismos criterios de confidencialidad. Entonces, cuando no son completos es porque antes de violar la confidencialidad nosotros preferimos que ustedes nos vuelvan a preguntar. Pero tengan la seguridad de que este comité es plural, cuenta con representación parlamentaria de todos los bloques, están presentes las organizaciones no gubernamentales, dos representantes de los mecanismos locales y el Procurador Penitenciario. El lugar de la Secretaría de Derechos Humanos quedó vacante.
Nuestra actuación tiene una sola guía, que son las normas internacionales de prevención de la tortura, y el objetivo es que los tratos crueles e inhumanos queden desterrados de la Argentina. Nosotros respetamos el liderazgo argentino, desde Alfonsín en adelante, en materia de derechos humanos.
Le voy a pedir al doctor Gustavo Palmieri que complete algunos conceptos.
Yo anoté las preguntas que se hicieron. La diputada Soledad Carrizo aludió especialmente a la situación de Córdoba. Es verdad que es una provincia que no tiene un mecanismo local de prevención de la tortura. Sin embargo, como dije al principio, fue una de las provincias inspeccionadas en el primer año de nuestra actuación. Fíjense que elegimos tres provincias con gobernaciones de color político diferente, justamente para que no haya ningún prejuicio al respecto.
Bouwer es la cárcel de hombres y mujeres en Córdoba y aloja a más de 5.000 personas. La verdad que es impresionante. Allí se fue dando una serie de suicidios, sobre todo de personas trans. Es muy notoria esa cuestión.
El Complejo Esperanza ha tenido sus problemas respecto del tema de los niños. Incluso, encontramos en el Centro de Distribución del Registro de Personas Detenidas a niños que no deberían estar mezclados con adultos. Eso es lo que recuerdo del informe de Córdoba, que es público. La diputada puede acceder a él desde nuestra web.
En cuanto a la provincia de Córdoba, mantuvimos con las autoridades de entonces y con las actuales una interacción permanente. Por ejemplo, hablamos con el secretario de Derechos Humanos, el doctor Calixto Angulo; con el ministro de la Corte Suprema de Córdoba, su padre Luis Angulo; y con el doctor López, que es el ministro actual. Nunca jamás escamotearon un pedido de informes ni eludieron la corrección de la inspección carcelaria en la provincia. Hasta ahí es lo que yo recuerdo.
Con respecto al tema de las mujeres con hijos en prisión domiciliaria que planteó Mara Brawer, quiero decir que nos preocupa, pero la prisionización y la privación de la libertad están por encima de este tipo de preocupaciones. El tema lo estuvimos trabajando, pero si tenés material al respecto podemos interactuar, Mara. Eso sí: yo ya dije al principio que tu proyecto de ley sobre el tema me parece que merece que la comisión le dé andamiaje, porque es muy interesante.
La diputada Mariana Stilman preguntó cuál es la suerte de seguimiento que nosotros hacemos sobre los mecanismos locales, las leyes que los crean y la independencia. Justamente, porque vimos que había tantas provincias sin mecanismos locales -esto lo hicimos incluso interactuando con el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas-, preferimos que cada provincia intentara la mejor ley posible, pero que la ley salga.
El seguimiento y la interactuación con los mecanismos locales son permanentes. Por ejemplo, el Consejo de Mecanismos Locales que preside Juanchi Irrazábal se reúne dos veces al año. Pero la interactuación diaria con los mecanismos locales, tanto por lo que sucede respecto de la tarea, como de los problemas internos -que los tienen: su dependencia de los Ejecutivos, etcétera-, están en tratamiento permanente por parte de nosotros, que tratamos que cada vez más apliquen mecanismos con mayor integración de la sociedad civil, mayor grado de autonomía, etcétera. Inclusive, en algunos casos hemos sostenido económicamente con nuestros recursos a algún comisionado de alguna provincia que no le daba emolumentos, hasta que eso se solucionó.
El informe sobre Formosa es el mecanismo que marca la ley. El informe se traslada a las autoridades de la provincia. Éstas tienen veinte días para contestarlo. Luego de ese tiempo se lo publica, incluyendo la respuesta de la provincia. No es sólo lo que nosotros vemos sino el conjunto del trabajo mancomunado.
Cuando ustedes hacen pedidos de informes están usando la ley de acceso a la información pública, porque no lo hacen mediante un trámite legislativo, es decir, pasando por las distintas comisiones de la Cámara. Nosotros lo estuvimos pensando y llegamos a la conclusión de que lo íbamos a responder igual. Tanto la ley de acceso a la información pública como nuestra norma cuentan con los mismos criterios de confidencialidad. Entonces, cuando no son completos es porque antes de violar la confidencialidad nosotros preferimos que ustedes nos vuelvan a preguntar. Pero tengan la seguridad de que este comité es plural, cuenta con representación parlamentaria de todos los bloques, están presentes las organizaciones no gubernamentales, dos representantes de los mecanismos locales y el Procurador Penitenciario. El lugar de la Secretaría de Derechos Humanos quedó vacante.
Nuestra actuación tiene una sola guía, que son las normas internacionales de prevención de la tortura, y el objetivo es que los tratos crueles e inhumanos queden desterrados de la Argentina. Nosotros respetamos el liderazgo argentino, desde Alfonsín en adelante, en materia de derechos humanos.
Le voy a pedir al doctor Gustavo Palmieri que complete algunos conceptos.
SR. PALMIERI Simplemente me quería referir brevemente a las preguntas que se formularon acerca de la prevención. Nos parece que es fundamental realizar políticas en esa línea pues todas nuestras recomendaciones siguen ese camino. Al mismo tiempo, existe un acompañamiento a las víctimas en la investigación.
Voy a contestar algunas preguntas que se vinculan con el ámbito internacional; en primer lugar, la relativa a la obligación de hacer un registro. La ley de creación del sistema nacional de prevención de la tortura también incluye cuestiones de violencia institucional. De hecho, estamos obligados internacionalmente a hacerlo. Cada vez que vienen el relator, representantes del CAT y de los sistemas de Naciones Unidas sobre tortura y violencia institucional, señalan que no tenemos esos registros.
Por otra parte, el registro de prevención no es sólo de denuncias, porque si no, es cuando el hecho ya ocurrió. Los registros de prevención tienen que ver con hechos, es decir, cantidad de detenidos, detenciones que no tienen nada que ver con control judicial -que existen-, cantidad de personas que son heridas o muertas por la policía, aun cuando esa situación pueda ser en legítima defensa o en cumplimiento del deber. Son mecanismos de prevención que permiten ver otras situaciones con una especie de mapa general.
Ha sido -y el sistema federal es un ejemplo en eso- la cantidad de personas fallecidas bajo custodia un ejemplo importante para saber en qué unidades estaba habiendo más hechos de violencia, aun cuando no se trataban de situaciones violentas.
Esos son datos que sirven para la prevención y por eso estamos llevando adelante un plan de ampliación de ese registro. Por ello, considero que es interesante coordinar este tipo de trabajos.
Creemos que el acompañamiento a las víctimas es muy importante. Argentina tiene una tradición muy importante en el acompañamiento a las víctimas de delitos de lesa humanidad a partir del Centro Ulloa, pero es muy débil en cuanto al acompañamiento social, psicosocial y jurídico a las víctimas de situaciones de violencia institucional.
Voy a mencionar un ejemplo para ver cómo puede estar en la ley y qué tipo de estándares se pueden incluir. En el sistema penitenciario los lugares de castigo y de prevención son los mismos. O sea, el lugar adonde a uno o a una lo mandan -ya sea que esté castigado o si tienen que cuidarlo- es el mismo. No está pensado un sistema de prevención de personas que tienen que ser cuidadas o especialmente protegidas en el sistema penitenciario. Entonces, ¿qué pasaría si denuncian situaciones de tortura? Esa también es una obligación que tenemos en términos internacionales.
Hay distintas cuestiones de evaluación internacional. Hay una evaluación hacia nosotros. De hecho, el SPT -el Subcomité para la Prevención de la Tortura- nos tiene que evaluar como comité nacional al igual que lo debe hacer sobre los mecanismos provinciales, porque la evaluación es hacia el sistema. En general, trabajamos en forma conjunta. Hay un momento de evaluación que es cuando hacen las visitas al país. Se trata de una evaluación que refuerza los mecanismos. Justo cuando estaban haciendo una visita al país -marzo del año pasado- comenzaron las restricciones por la pandemia. Entonces, el comité, que acababa de llegar, dado que no se podía hacer ninguna visita y no podían tener reuniones, decidió suspender la visita y volver más adelante. Sin embargo, estamos en constante trabajo con ellos e intercambiando opiniones. Inclusive, nos consultan -como a otros mecanismos- cuando tienen que emitir resoluciones generales. Estamos muy atentos porque tenemos una obligación de cumplimiento de las recomendaciones que ellos hacen, de todo el sistema de Naciones Unidas y, en particular, el que tiene que ver con prevención de la tortura.
Voy a contestar algunas preguntas que se vinculan con el ámbito internacional; en primer lugar, la relativa a la obligación de hacer un registro. La ley de creación del sistema nacional de prevención de la tortura también incluye cuestiones de violencia institucional. De hecho, estamos obligados internacionalmente a hacerlo. Cada vez que vienen el relator, representantes del CAT y de los sistemas de Naciones Unidas sobre tortura y violencia institucional, señalan que no tenemos esos registros.
Por otra parte, el registro de prevención no es sólo de denuncias, porque si no, es cuando el hecho ya ocurrió. Los registros de prevención tienen que ver con hechos, es decir, cantidad de detenidos, detenciones que no tienen nada que ver con control judicial -que existen-, cantidad de personas que son heridas o muertas por la policía, aun cuando esa situación pueda ser en legítima defensa o en cumplimiento del deber. Son mecanismos de prevención que permiten ver otras situaciones con una especie de mapa general.
Ha sido -y el sistema federal es un ejemplo en eso- la cantidad de personas fallecidas bajo custodia un ejemplo importante para saber en qué unidades estaba habiendo más hechos de violencia, aun cuando no se trataban de situaciones violentas.
Esos son datos que sirven para la prevención y por eso estamos llevando adelante un plan de ampliación de ese registro. Por ello, considero que es interesante coordinar este tipo de trabajos.
Creemos que el acompañamiento a las víctimas es muy importante. Argentina tiene una tradición muy importante en el acompañamiento a las víctimas de delitos de lesa humanidad a partir del Centro Ulloa, pero es muy débil en cuanto al acompañamiento social, psicosocial y jurídico a las víctimas de situaciones de violencia institucional.
Voy a mencionar un ejemplo para ver cómo puede estar en la ley y qué tipo de estándares se pueden incluir. En el sistema penitenciario los lugares de castigo y de prevención son los mismos. O sea, el lugar adonde a uno o a una lo mandan -ya sea que esté castigado o si tienen que cuidarlo- es el mismo. No está pensado un sistema de prevención de personas que tienen que ser cuidadas o especialmente protegidas en el sistema penitenciario. Entonces, ¿qué pasaría si denuncian situaciones de tortura? Esa también es una obligación que tenemos en términos internacionales.
Hay distintas cuestiones de evaluación internacional. Hay una evaluación hacia nosotros. De hecho, el SPT -el Subcomité para la Prevención de la Tortura- nos tiene que evaluar como comité nacional al igual que lo debe hacer sobre los mecanismos provinciales, porque la evaluación es hacia el sistema. En general, trabajamos en forma conjunta. Hay un momento de evaluación que es cuando hacen las visitas al país. Se trata de una evaluación que refuerza los mecanismos. Justo cuando estaban haciendo una visita al país -marzo del año pasado- comenzaron las restricciones por la pandemia. Entonces, el comité, que acababa de llegar, dado que no se podía hacer ninguna visita y no podían tener reuniones, decidió suspender la visita y volver más adelante. Sin embargo, estamos en constante trabajo con ellos e intercambiando opiniones. Inclusive, nos consultan -como a otros mecanismos- cuando tienen que emitir resoluciones generales. Estamos muy atentos porque tenemos una obligación de cumplimiento de las recomendaciones que ellos hacen, de todo el sistema de Naciones Unidas y, en particular, el que tiene que ver con prevención de la tortura.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Gracias, Gustavo. Creo que están todas las preguntas respondidas.
Tuvimos una buena reunión y las exposiciones fueron muy claras.
Desde la Comisión de Legislación Penal comenzamos el año pasado a trabajar con asesores los distintos proyectos que tenían que ver con prisión domiciliaria. Seguramente se los estaremos enviando y también seguiremos consultando a Stella Maris y a Malala, y por supuesto al comité, para que ustedes nos manden sus aportes para trabajar teniendo en cuenta la realidad que perciben en el terreno todos los días.
Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, diputado Hugo Yasky, quien cerrará esta reunión.
Tuvimos una buena reunión y las exposiciones fueron muy claras.
Desde la Comisión de Legislación Penal comenzamos el año pasado a trabajar con asesores los distintos proyectos que tenían que ver con prisión domiciliaria. Seguramente se los estaremos enviando y también seguiremos consultando a Stella Maris y a Malala, y por supuesto al comité, para que ustedes nos manden sus aportes para trabajar teniendo en cuenta la realidad que perciben en el terreno todos los días.
Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, diputado Hugo Yasky, quien cerrará esta reunión.
SR. YASKY Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero manifestar que el contenido y los aportes que han hecho han sido extraordinarios. Pensaba qué importante sería que una reunión así -con los aportes que han hecho- se pudiera hacer con los que tienen en sus manos la difusión pública, es decir, la tarea periodística. Qué importante sería empezar a romper la construcción de un discurso que criminaliza y que, de alguna manera, orienta un pensamiento en el sentido que las cárceles son un lugar de castigo y no de socialización. Me parece que tenemos mucha tarea por delante. Es quizás el lugar donde más se notan las consecuencias de la desigualdad, la pobreza, el desamparo y la ausencia de las políticas públicas. Y creo que la tarea de ustedes es extraordinaria.
A mí me conmovió escuchar el compromiso que tienen con la defensa de las mujeres y los hombres privados de la libertad. Y nos comprometemos, junto con lo que afirmaba la señora diputada Gaillard, a partir de la tarea que tenemos por delante. La semana que viene nos veremos nuevamente y será un gusto seguir escuchándolos.
La verdad que los felicito porque hay compromiso, pasión y, sobre todo, conciencia social y solidaria en lo que hacen.
En primer lugar, quiero manifestar que el contenido y los aportes que han hecho han sido extraordinarios. Pensaba qué importante sería que una reunión así -con los aportes que han hecho- se pudiera hacer con los que tienen en sus manos la difusión pública, es decir, la tarea periodística. Qué importante sería empezar a romper la construcción de un discurso que criminaliza y que, de alguna manera, orienta un pensamiento en el sentido que las cárceles son un lugar de castigo y no de socialización. Me parece que tenemos mucha tarea por delante. Es quizás el lugar donde más se notan las consecuencias de la desigualdad, la pobreza, el desamparo y la ausencia de las políticas públicas. Y creo que la tarea de ustedes es extraordinaria.
A mí me conmovió escuchar el compromiso que tienen con la defensa de las mujeres y los hombres privados de la libertad. Y nos comprometemos, junto con lo que afirmaba la señora diputada Gaillard, a partir de la tarea que tenemos por delante. La semana que viene nos veremos nuevamente y será un gusto seguir escuchándolos.
La verdad que los felicito porque hay compromiso, pasión y, sobre todo, conciencia social y solidaria en lo que hacen.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Muchísimas gracias.
No habiendo más temas que tratar, damos por finalizada la reunión.
No habiendo más temas que tratar, damos por finalizada la reunión.