El más enérgico repudio a las declaraciones del titular de la Aduana, Juan José Goméz Centurión, quién afirmó, desconociendo burdamente el informe efectuado por la CONADEP y los innumerables pronunciamientos judiciales al respecto, que durante la última Dictadura Cívico Militar “no existió un plan sistemático para desaparecer personas”, efectuadas durante el programa televisivo “Debo decirle”, emitido el 29 de enero del corriente año por el canal América. Ante la gravedad de los dichos, que evidentemente pretenden demoler las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sostenidas por el Estado Argentino, se solicita al Poder Ejecutivo la inmediata remoción del mencionado funcionario del cargo que ocupa en el Gobierno Nacional.

Señor presidente:

En un nuevo episodio de lo que podría denominarse la saga del Gobierno para demoler la Memoria, que ya ha incluido declaraciones desafortunadas de funcionarios que desempolvan argumentos que minimizan, niegan o reivindican los aborrecibles crímenes de la última dictadura cívico militar, hasta la frustrada pretensión de convertir en móvil el feriado del 24 de marzo, ahora es Juan José Gómez Centurión, titular de la Aduana, quien vuelve a la carga afirmando que la última dictadura cívico militar no ejecutó “un plan sistemático para desaparecer personas”.

La afirmación del funcionario del Poder Ejecutivo, que niega lo que ha quedado indubitablemente probado tanto en sede judicial como por medio del valioso informe que oportunamente efectuó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y atenta contra las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia que sostiene el Estado Nacional, resultan agraviantes para las víctimas del terrorismo de Estado y lesivas para la democracia.

Aparece como muy preocupante la proliferación de hechos y declaraciones de altos funcionarios del gobierno cuestionando las políticas de estado de reflexión y rotunda condena al horror supremo que implementó la dictadura, como si se estuviera en presencia de un plan sistemático para sepultar el ejercicio de la memoria colectiva.

Los avances que nuestra democracia supo conseguir en la materia, con mojones fundamentales como el juicio a las Juntas; la nulidad de las leyes de impunidad; los juicios a los represores, torturadores y apropiadores; así como el juzgamiento de los cómplices civiles del horror, no pueden detenerse por el sesgo ideológico de un gobierno que no parece ser otra cosa que la mano de obra de muchos de los mismos grupos dominantes que impulsaron, sostuvieron, justificaron, encubrieron y se beneficiaron con aquella feroz, perversa y sangrienta dictadura.

Si bien el gobierno pretende enmarcar las declaraciones de Gómez Centurión como opiniones personales que no lo atañen, el compromiso rotundo de la democracia, sin medias tintas, con el NUNCA MÁS, que tan bien resume el clamor popular para impedir que las aberraciones perpetradas por la dictadura vuelvan a ocurrir, impone la inmediata remoción del funcionario de su cargo.

Por los argumentos expuestos, con el convencimiento de que el Poder Legislativo no puede permanecer indiferente ante semejante embestida contra la Memoria y los Derechos Humanos, solicito a las Legisladoras y a los Legisladores que componen esta Honorable Cámara que acompañen con su voto la presente iniciativa.