Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, informe a ésta H. Cámara de Diputados de la Nación, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y demás organismos competentes en la materia, acerca de los siguientes puntos vinculados a la designación del ex juez español Dr. Baltasar Garzón Real, condenado en su país por prevaricato y escuchas ilegales de sus procesados, en el cargo extra escalafonario de Coordinador de Asesoramiento Internacional en Materia de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, con rango y jerarquía de subsecretario.

1.- Especificar las razones de oportunidad, mérito y conveniencia consideradas al momento de dictarse el decreto 2319/2012 que designó al Dr Garzón Real, como coordinador de asesoramiento en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con rango de subsecretario de Estado.

2.- Establecer si se han analizado los requisitos de idoneidad exigidos por el art. 16 de la Constitución Nacional y ley 22.140, habida cuenta de la situación judicial del Dr. Garzón Real quien en España fue removido de su cargo de Juez de la Audiencia Nacional, inhabilitado por 11 años para ejercer la judicatura (hasta el 1 de mayo de 2021) y condenado por la comisión de delitos de prevaricato y escuchas ilegales, con sentencia definitiva del Tribunal Supremo, pasada en autoridad de cosa juzgada.

3.- De igual manera, expresar si se tuvieron presentes la condena e inhabilitación del doctor Garzón Real para designársele como presidente ad honórem del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh), con acuerdo de la Unesco, en representación de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

Señor presidente:

Ya se conocía que Baltasar Garzón tiene un empleo público en la Argentina desde 2012, concretamente como asesor en una comisión de Derechos Humanos de ésta Cámara. Pero este martes 14 de octubre ha salido a la luz que, además, el juez condenado en España ha sido fichado, también en 2012, por la mismísima presidenta Cristina Fernández en la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo.

Lo ha nombrado "coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos" para promover la "justicia universal" con rango y salario de subsecretario de Estado, según descubrió el matutino La Nación. Por ese alto cargo Garzón cobra del erario público 72.000 pesos, equivalente a 6.343 euros al cambio oficial. Aunque el ex juez asegura que sólo percibe 47.800 pesos, o sea 4.211 euros.

El matutino resaltó que la colocación de Garzón en la plantilla estatal dela Argentina se produjo pese a que ha sido "condenado judicialmente en España" a 11 años de inhabilitación como juez y 2.500 euros de multa, con "sentencia definitiva del Tribunal Supremo"

Esa aparente contradicción, según dijo el constitucionalista doctor Daniel Sabsay al diario, infringe el artículo 16 de la Constitución argentina, así como el requisito de idoneidad exigido por la ley 22.140 que regula la función pública. Garzón, sin embargo, se ha defendido por escrito según el artículo periodístico. "Puedo ocupar cualquier función pública salvo la de juez, temporalmente. Un cargo como el que ostento lo podría desempeñar en cualquier país, también en España".

"Sigo siendo juez, cuando concluya la condena me puedo reincorporar en forma inmediata" a la Audiencia Nacional española, sostuvo el ex magistrado. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo español también fijó la "pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores".

En 2012 la presidente doctora Cristina Fernández, en el inicio de su mensaje de apertura de sesiones a la Asamblea Legislativa, saludó a Garzón, que seguía la ceremonia sentado en un palco. "Usted nos honra con su presencia" elogió y le reconoció "su defensa de los derechos humanos, que es uno de nuestros puntales como proyecto de país".

Entonces los ministros, legisladores y público se pusieron de pie y ovacionaron al ex juez, expulsado de la carrera judicial en España por haber

ordenado escuchas de conversaciones entre los acusados de corrupción en el caso Gürtel y sus abogados.

Es sabido que una cosa es escuchar a los imputados y otra muy diferente sus conversaciones con sus defensores. Esto último viola el derecho de defensa y torna nulo el procedimiento.

Garzón goza de cierta popularidad porque en los años ´90 quebró la impunidad, investigando en Madrid la dictadura de la 'guerra sucia' que causó miles de desaparecidos de 1976 a 1983, invocando la doctrina de la Justicia Universal. Así, procesó al miembro de la Armada Adolfo Scilingo, que confesó haber arrojado vivos al mar a 30 prisioneros políticos en los tétricos 'vuelos de la muerte'. El ex capitán de corbeta cumple condena en la prisión de Alcalá Meco. También extraditó a otro piloto naval, Miguel Cavallo, ahora purgando prisión perpetua en Buenos Aires.

La devolución de favores de la Argentina incluyó además un "hábeas corpus" a favor de Garzón en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en Estrasburgo, Francia, con la intención de que esa corte impugne el juicio al magistrado en el Tribunal Supremo de Madrid.

El "hábeas corpus" es una institución jurídica que se remonta a principios del siglo XIV durante el reinado de Eduardo I en Inglaterra, cuando empezaron las exigencias a una monarquía de que informe sobre la situación de algún súbdito con la libertad restringida.

Además, organismos de Derechos Humanos y abogados admiradores de Garzón radicaron el 14 de abril de 2010 - aniversario de la Segunda República- una querella penal por los crímenes del franquismo en el juzgado federal número uno de Buenos Aires.

La titular de ese juzgado, María Romilda Servini de Cubría, viene impulsando esa causa penal y en julio pasado viajó a España para recoger testimonios de las víctimas del franquismo, en la embajada argentina (Fuentes: diarios La Nación, El Mundo de Madrid, Urgente24.com, Infobae y Boletín Oficial de la República Argentina).

No puedo ocultar que me causó profunda simpatía cuando Garzón procesó al ex dictador chileno Augusto Pinochet. No obstante, más allá de regocijos y afinidades, no resulta admisible - a la luz del principio de idoneidad - que una persona condenada firmemente en su país tenga en el nuestro un alto reconocimiento designándosele con un cargo retribuido con un grueso estipendio.

Por todo lo expuesto, ante la evidente ilegalidad en la designación del ciudadano español Baltasar Garzón Real, como subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional, en contraposición a lo dispuesto por el art. 16 de la C.N. y

ley 22.140, ya que el 9 de febrero de 2012, recibió una condena firme por prevaricato y escuchas telefónicas ilegales de sus procesados que violaron el derecho a defensa en juicio. La pena fue de 11 años de inhabilitación para ejercer el cargo de magistrado en el Reino de España y la "incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales", es que solicito se apruebe el presente pedido de informes.