1º Repudiar la VENTA efectuada por el Intendente del Partido de San Isidro -Provincia de Buenos Aires- a una empresa privada para su afectación de un proyecto inmobiliario del predio ubicado entre las calles Colectora Panamericana, Thames, Tupac Amaru y Rivera en la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro donde funciono un centro clandestino de detención del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) durante la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976.

2º Expresar el desagrado de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION con la falta de compromiso por parte de los organismos públicos competentes en la preservación del predio individualizado en el punto 1º de la presente y en el diseño y ejecución de políticas concretas de memoria histórica sobre el mismo.

Señor presidente:

Durante la política genocida de persecución criminal llevada adelante por la dictadura militar que asolo a nuestra patria a partir del 24 de marzo de 1976, funciono en el predio ubicado entre las calles Colectora Panamericana, Thames, Tupac Amaru y Rivera en la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro un centro clandestino de detención del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) conforme surge de diversos antecedentes recopilados en su momento por la CONADEP e incorporados en sendas causas judiciales.

En efecto, en el chalet que existía en el lugar (demolido en 1983), se conocía como "la casa del SIN" o "casa del Comandante" constituía el centro de torturas utilizado por el Servicio de Inteligencia Naval como paso previo a la internación de prisioneros en la ESMA.

Dicho predio, fue transferido por el Estado Nacional a la Municipalidad de San Isidro.

Desde entonces, diversas organizaciones sociales y vecinales, solicitaron al Municipio acciones públicas claras y contundentes a los efectos de la preservación del predio. No solo por el recuerdo histórico de las victimas, sino también para preservar el lugar de comisión de crímenes horrendos.

Incluso, estudiantes de la Escuela Media Nº 6 de San Isidro, solicitaron al señor Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse, una autorización para pintar un mural alusivo a los dolorosos acontecimientos que allí se produjeron, como parte de un proyecto más amplio de investigación que desarrollaron, bajo supervisión docente.

Sin embargo, en forma coincidente con su falta de compromiso con la política de derechos humanos en general, el Intendente Posse no solo se abstuvo de tomar medida conservatoria alguna, sino que VENDIO el predio a una empresa privada, para la construcción de un proyecto inmobiliario, sin tener en cuenta el reclamo de vecinos, entidades vecinales y asociaciones de derechos humanos.

Cabe señalar, que tampoco el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires dio cumplimiento a la Ley Provincial 13584, del 30 de noviembre de 2006, que dispone, en su artículo 1º que el "Poder Ejecutivo deberá arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar", debiendo colocar placas identificatorias en dichos lugares (artículo 2º)