Solicitar al Dr. Claudio Presman, Interventor en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), a que comparezca a la comisión de Derechos humanos y Ga-rantías de esta Honorable Cámara a efectos de que informe sobre los ejes de gestión articula-dos en función de pretextos discriminatorios y ámbitos donde se produce la discriminación desarrollados en su gestión; y de que se expida sobre el reciente informe final de la auditoría realizada al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, aprobado por el Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación el 5 de septiembre pasado.

Señor presidente:

La AGN ha emitido el informe final de la auditoría realizada al Instituto Nacional contra la Discrimina-ción, la Xenofobia y el Racismo, aprobado por el Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación el 5 de septiembre pasado.

A continuación, queremos compartir las conclusiones generales a las que arribaron.

Dada la información valiosa y crítica que este informe contiene, nos vemos empujados a solicitar a esta comisión a que, en lo más brevemente posible, constituya a la misma para evaluar las conclusiones arribadas, así como la totalidad del informe mismo; y para que por un lado, se llame al actual director interventor de INADI a expresarse al respecto, y por el otro, para pensar colectivamente salidas alter-nativas que saquen a esa valiosa institución del lugar de postergación e ineficacia en el que se encuen-tra desde el año 2011 a la fecha.

CONCLUSIONES DEL EL INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA REALIZADA AL INSTITUTO NACIONAL CON-TRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO:

El INADI es la principal autoridad del país en materia de lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo. Fue creado como un organismo plural, conducido por representantes de distintos Ministerios Nacionales y de las organizaciones de la sociedad civil que se abocan a esta temática, con el fin de desarrollar políticas públicas antidiscriminatorias.

La intervención del organismo, sostenida sucesivamente desde 2011 hasta la actualidad, no ha permiti-do el funcionamiento de los órganos de dirección y consultivos previstos en su ley de creación. A su vez, la intervención desdibujó el perfil participativo previsto en la estructura definida por su ley de creación.

La planificación operativa del INADI se basa en ejes de gestión articulados en función de pretextos dis-criminatorios y ámbitos donde se produce la discriminación. Sin embargo, no se plantean relaciones entre ellos. A su vez, los ejes fueron modificados de un año a otro y no se priorizaron acciones a im-plementar a nivel nacional. Esto contribuye a que la gestión del INADI se focalice en la respuesta a de-mandas puntuales y a sucesos de impacto mediático. En particular, se ven afectadas las acciones de capacitación, que no se insertan en una planificación definida.

El carácter reactivo de la gestión, sumado a la centralización de sus tareas en la CABA, dificultan el cumplimiento de los objetivos del INADI, especialmente en lo que refiere a la federalización de su ges-tión. Este aspecto es fundamental, dado que la discriminación es una práctica que atraviesa a toda la sociedad. Tal como lo establece el documento “Hacia un Plan Nacional Contra la Discriminación” (De-creto 1086/05), toda política contra la discriminación debe tener un alcance federal. No obstante, la accesibilidad al organismo es dispar e inequitativa. En consecuencia, es vital el fortalecimiento y jerar-quización de las Delegaciones provinciales y la planificación y ejecución de políticas públicas activas y concretas que prevean su inserción territorial. En este sentido, el INADI subutiliza herramientas de ges-tión relevantes ya desarrolladas: no utiliza el Mapa de la Discriminación para planificar acciones de promoción y no se basa en el documento aprobado por Decreto 1086/05 para realizar una planificación estratégica actualizada y sus planificaciones operativas anuales.

La actualización del Mapa de la Discriminación constituiría una herramienta de diagnóstico esencial para el diseño de políticas públicas a nivel federal, regional, provincial y local. Para ello, es imprescindi-ble la articulación con otras áreas del Estado y garantizar la ejecución efectiva de las políticas públicas.

Las limitaciones en la federalización de la gestión se acentúan por la falta de recursos materiales y hu-manos del INADI. Este factor también incide en la demora en la emisión de dictámenes. Los retrasos expresan la dificultad de procesar el volumen de denuncias que recibe el Instituto en todo el país. En los dictámenes, el INADI se expide acerca de la existencia o no de actos discriminatorios en las situaciones denunciadas, por lo cual las demoras en el pronunciamiento del organismo repercuten en las posibili-dades de reparar los daños producidos a las víctimas.

Por otra parte, es importante destacar la dificultad del acceso a información completa, clara, actuali-zada y confiable sobre la gestión del organismo. Esto repercute no sólo en la transparencia del orga-nismo hacia la sociedad, sino también en el plano interno, ya que dificulta la toma de decisiones y el seguimiento de la gestión. El INADI no cuenta con información precisa acerca de la cantidad de denun-cias recibidas por año y por tipo, no lleva un registro sistematizado de las acciones de promoción ni de las consultas recibidas, el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil está desactualizado y la pági-na web del organismo fue modificada con los distintos cambios de gestión sin preservar la memoria institucional del INADI.

Finalmente, se advierte que el Poder Ejecutivo Nacional no ha incluido en el Informe Voluntario Nacio-nal elaborado en julio de 2017 la meta ODS 10.2) Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición, por lo cual no estableció indicadores para su cumpli-miento. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en sus observaciones finales sobre los informes periódicos 21º a 23º combinados de la Argentina, recomendó al Estado que adopte las medidas necesarias para alcanzar los ODS.

En este link se puede hallar el informe completo: https://www.agn.gov.ar/informes/auditoria-de-gestion-ambiental-sobre-la-proteccion-y-promocion-de-los-derechos-colectivos

Por lo expuesto solicitamos el tratamiento y aprobación de este proyecto.