Expresar nuestro más enérgico repudio por el editorial publicado por el Diario La Nación el día 23 de noviembre de 2015 titulado "No más Venganza", por el cual se sostiene la teoría de los dos demonios durante la última dictadura militar y se califica a la política de Memoria, Verdad y Justicia llevada a cabo por los últimos tres gobiernos democráticos como venganza.

Señor presidente:

El día 23 de Noviembre de 2015 el diario La Nación publica un editorial titulado No más Venganza en el cual se reivindica la teoría de los dos demonios, se critica la política de Derechos Humanos llevada a cabo por los últimos 3 gobiernos democráticos como un acto de Venganza y plantea "sepultar" estas políticas para siempre.

El proceso de Memoria, Verdad y Justicia que lleva más de tres décadas, tiene entre sus orígenes la lucha del movimiento de derechos humanos de nuestro país.

La decisión de anular las llamadas "leyes del perdón" o "leyes de la impunidad" fue una de las primeras políticas sobre las necesidades de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner. Atendiendo a los momentos históricos de reparación histórica respecto de los hechos delictivos aberrantes que habían sucedido durante los golpes de estado.

Fue así que el año 2003, la Cámara de Diputados declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y luego, en el año 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación proclamó la inconstitucionalidad de esas leyes, dando paso así a la reapertura de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad. Adunado a que posteriormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los indultos concedidos por el ex presidente Carlos Menem, lo cual quitó la última traba legal a la realización de los juicios.

Uno de los resultados más destacable de esta política de derechos humanos es la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, el conocimiento de la verdad sobre la acción criminal del Estado, las acciones activas para la recuperación de la verdadera identidad de los cientos de niños y niñas apropiados durante la dictadura cívico militar, y la recuperación de sitios de la memoria y su señalización en el marco de acciones activas para que las nuevas generaciones sepan que sucedió, entre otras.

Más de una década después de aquella decisión histórica del 2003, ha permitido más de 437 genocidas condenados y son 118 los jóvenes que recuperaron su identidad.

Asimismo, desenmascarar el rol del Estado terrorista, como basamento del modelo de expoliación económica, destrucción del aparato productivo y endeudamiento externo para la dependencia, reflejada en la complicidad civil y los beneficios palpables que los grupos económicos concentrados y transnacionales recibieron durante ese periodo, desarticula la interpretación impulsada por la teoría de los dos demonios, su mirada ahistórica y descomprometida de ese periodo.

Todo ello, ha significado que nuestro país se convierta en una experiencia única y un ejemplo mundial en materia de derechos humanos.

Sin embargo, a lo largo de todos estos años de avance se han encontrado obstáculos, reticencias y nuevas formas de eludir el accionar judicial: desde connivencias en la justicia federal en las provincias, amedrentamiento de víctimas, familiares y testigos, ayuda para la evasión de condenados, hasta situaciones que parecieran menores como falta de organización para los debates orales, pero que cumplen con el objetivo de que no se produzcan los juicios.

Hemos mantenido la intención de avanzar en estos juicios al refrendar la decisión política emitiendo dictamen en esta Cámara respecto de una declaración en la que reafirmamos: "la obligación del Estado de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad para conocer la verdad de los hechos y condenar a todos los responsables civiles y militares; (...) y el deber del Estado de mantener vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como garantía de no repetición en nuestra sociedad."

Iniciativa impulsada por el bloque del Frente para la Victoria y acompañado por diputados y diputadas de distintos bloques, entre ellos los de la UCR, el PRO, el Frente Renovador, el Socialismo, el FIT y el GEN.

Los legisladores del Frente para la Victoria repudiamos la editorial del diario La Nación en todos sus términos, seguimos sosteniendo que todos y cada uno de los responsables del terrorismo de estado, rindan cuentas ante la justicia y paguen con cárcel efectiva y común por los crímenes que cometieron.

Tergiversar la historia, colocar a las víctimas como victimarios, amedrentar a testigos, sobrevivientes y luchadores por los derechos humanos es y ha sido parte de la toma de posición que los medios hegemónicos han impulsado durante estos doce años.

La editorial se presenta nuevamente como un pliego de condiciones frente a una transición democrática a horas de un proceso electoral reñido. Atenta contra los organismos de derechos humanos y del conjunto del pueblo argentino que espera pacientemente que la justicia actúe a casi cuarenta años de los crímenes más aberrantes de la historia contemporánea argentina

Tal vez debamos interpretar que existe preocupación del matutino por la continuidad de las causas vinculadas a la responsabilidad civil en los delitos de lesa humanidad entre los cuales se encuentra el propietario del diario La Nación.

Toda esta labor e iniciativa de los tres poderes del Estado, ha tenido un solo objetivo: el de acceder a la justicia, y hacer viable la voz del Pueblo que aún sigue gritando "Nunca Más". Siendo de vital importancia que la sociedad, y nosotros como representantes de su voluntad, nos expresemos frente a semejante publicación y reivindiquemos las políticas de DDHH llevadas a cabo durante estos últimos 12 años. Y es por lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.