Expresar que la H. Cámara de Diputados de la Nación vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, señalizara como “Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado”, en el marco de la Ley 26.691., a las instalaciones que pertenecieron al Ingenio Santa Lucía y que funcionario como Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio en la localidad de Monteros, provincia de Tucumán, durante el denominado “Operativo Independencia” que tuvo lugar entre los años 1975 y 1983.

Señor presidente:

El Terrorismo de Estado que asoló al país durante la última dictadura cívico-militar, implementó un plan de exterminio tendiente a secuestrar, torturar y desaparecer a todo militante político, social, sindical, como a cualquier ciudadano o ciudadana que opusiera resistencia o simplemente denuncie el accionar criminal del gobierno de facto.

Dicho plan de exterminio, que determinó el secuestro y desaparición de treinta mil argentinos y argentinas, vería en la constitución de los llamados Centros Clandestinos de Detención, la estructura necesaria para desarrollar su accionar represivo a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

A partir del Decreto 261/75 del gobierno constitucional de Isabel Martinez, la provincia de Tucumán se convirtió en el laboratorio de ensayo de lo que después la dictadura de Jorge Rafael Videla implementaría en todo el país: La instalación de Centros Clandestinos que permitiesen el alojamiento de los secuestrados, su tortura y en la mayoría de los casos, su exterminio.

De esta manera, y tras determinar con el decreto 261 que “EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO PROCEDERA A EJECUTAR LAS OPERACIONES MILITARES QUE SEAN NECESARIAS A EFECTOS DE NEUTRALIZAR Y/O ANIQUILAR EL ACCIONAR DE LOS ELEMENTOS SUBVERSIVOS QUE ACTUAN EN LA PROVINCIA DE TUCUMAN”, comienza a ejecutarse lo que las Fuerzas Armadas denominaron como “Operativo Independencia”.

El mismo funcionó como un dispositivo de ocupación militar que si bien afectó a todo Tucumán, tuvo su centro en el sudoeste de la provincia, desde San Pablo hasta Juan Bautista Alberdi y desde la zona de Pedemonte hasta las sierras del Aconquija.

Fue en la Localidad de Santa Lucía, en el Departamento de Monteros, donde se desarrollaron las primeras acciones del Operativo Independencia con la ocupación del pueblo y la toma del ex Ingenio Santa Lucía. Según testimonios de los mismo vecinos tres mil efectivos del Ejército Argentino, cientos de camiones y jeeps se desplegaron en el pueblo, tomando las instalaciones del ex Ingenio, talando los frutales de las quintas para armar el centro de operaciones de la Fuerza de Combate Aconquija (en la actual plaza) y colocando una malla metálica a lo largo de la avenida Libertador impidiendo, de esta manera, la visión a los pobladores.

La instalación hacia fines del Siglo XIX del Ingenio Santa Lucía dio origen a la fundación del pueblo el 7 de Noviembre de 1882. Es bajo su entorno e influencia que el pueblo de Santa Lucía fue desarrollándose. Así, luego de creado el Ingenio, empezaron a tener lugar las primeras viviendas, el hospital, la iglesia y la escuela.

La localidad fue progresando hasta fines del año 1966 donde, tras el decreto-ley 16.926 y la intervención militar de la Dictadura de Juan Carlos Onganía, el Ingenio Santa Lucía, conjuntamente con otros diez ingenios azucareros, se vio obligado a cerrar sus puertas y dejar de producir. El resultado final de este proceso fue desastroso para toda la provincia. La eliminación de entre 40.000 a 50.000 puestos de trabajo solo en la agro-industria azucarera, la emigración de más de 200.000 personas a otras provincias y la profundización del proceso de concentración monopolista de la industria azucarera, dieron paso a una tenaz resistencia de los pequeños y medianos productores cañeros, agrupados principalmente en la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) y de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA).

Perseguir y desmantelar la lucha de los trabajadores y trabajadoras del azúcar fue el verdadero objetivo del “Operativo Independencia” que comenzó a operar casi una década después del cierre de los Ingenios Azucareros y se extendió durante toda la dictadura cívico-militar hasta el año 1983.

La provincia de Tucumán fue entonces concebida como un gran campo de concentración. Al día de la fecha se han podido identificar 61 ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio siendo el ex Ingenio Santa Lucía el primero en todo el Territorio Nacional.

Son muchísimos los testimonios por parte de pobladores y sobrevivientes que dan cuenta del funcionamiento del Centro Clandestino “Santa Lucía”. Incluso la Justicia tucumana ya realizó dos inspecciones oculares, en septiembre del 2013 durante el juicio por la megacausa Jefatura II – Arsenales y en junio del 2014 por la causa del Operativo Independencia que hoy se sustancia en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

La Ley 26.691 de “Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria” fue aprobada por el Honorable Congreso de la Nación y publicada en el Boletín Oficial el 29 de Junio del año 2011.

En ella se declara “Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado… a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983” y obliga al Poder Ejecutivo Nacional a “la preservación de todos los Sitios a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país”.

Hasta la actualidad, la información que consta en la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, creada en 2014 bajo la Secretaría de Derechos Humanos a raíz de la reglamentación de la ley 26.691, los Ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio suman 762 a lo largo y ancho del país.

Siendo el ex Ingenio Santa Lucía el primer lugar donde se emplazó el primero de estos centros de exterminio y cumpliéndose el pasado 22 de Agosto 50 años del decreto-ley 16.926 que permitió la intervención militar y el cierre del mismo, es necesario que esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación pueda declarar la sólida intensión de señalizar este Sitio de Memoria emblemático de una época que nunca más queremos volver a vivir, pero que necesariamente debemos preservar para la Memoria y la reflexión de la generaciones futuras.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a los señores Diputados y Diputadas que acompañen este proyecto de Declaración.