Declarar su beneplácito por la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal de declarar delito de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible, la apropiación de hijos de desaparecidos y la supresión de su identidad mediante la falsificación de sus documentos, hechos ocurridos durante la última dictadura militar.

Señor presidente:

Una vez más queremos expresar nuestra satisfacción ante un hecho que no sólo implica la recuperación de parte de nuestra historia sino que también implica que no queden impunes los hechos más aberrantes que nos pueden ocurrir como ciudadanos de esta Nación. Nos estamos refiriendo al robo de los hijos nacidos en cautiverio de las detenidas-desaparecidas, durante la última y sangrienta dictadura militar.

Hace unos días la Cámara Nacional de Casación Penal sostuvo que el "robo" de hijos de desaparecidos y la supresión de su identidad mediante la falsificación de sus documentos, deben ser considerados delitos de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben.

Por todos es conocido el hecho de que el 24 de marzo 1976 las Fuerzas Armadas usurparon por medio de un golpe de estado el gobierno constitucional. El régimen militar, que se autodenominó "Proceso de Reorganización Nacional", llevó adelante una política de terror. Se ejerció la represión política que afectó a 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales, quienes pasaron a tener la figura del "desaparecido", y que fueron sometidas a la privación de su libertad, la tortura y la posterior desaparición.

Muchas de las mujeres secuestradas que estaban embarazadas fueron llevadas a distintos Centros Clandestinos de Detención utilizados como maternidades clandestinas. Allí parían en situaciones infrahumanas y luego sus hijos les eran arrancados para ser utilizados como botines de guerra: los propios militares y otros integrantes de las fuerzas de seguridad en complicidad con civiles se los apropiaban, los vendían, los regalaban.

La labor de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo permitió encarar una de las tareas más difíciles: buscar a sus nietos, a los hijos de sus hijos desaparecidos. Esta labor rindió sus frutos con los años de lucha y persistencia, ya han sido recuperados 99 de aquellos niños y todavía hay cientos que esperan recurar su identidad y la verdad.

Esta lucha y esta pelea constante de las Abuelas junto a muchos que las apoyaron durante todas estas décadas, permitieron encontrar las huellas y las pruebas que demostraron que además del plan de exterminio implementado por la dictadura, también existió un plan sistemático de apropiación de los hijos de los detenidos desaparecidos. De allí la importancia del fallo que rescatamos y ponderamos en este proyecto, ya que permite establecer que el crimen de la apropiación de los bebés en la dictadura se sigue cometiendo en la actualidad y por lo tanto no prescribe, permitiendo así que la búsqueda de justicia tenga un nuevo aire para castigar a todos los culpables.

Abuelas de Plaza de Mayo señalan entre sus principios: "Trabajamos por nuestros nietos -hoy hombres y mujeres-, por nuestros bisnietos -que también ven violado su derecho a la identidad-, y por todos los niños de las futuras generaciones, para preservar sus raíces y su historia, pilares fundamentales de toda identidad". Entendemos que este fallo de la Cámara de Casación Penal es un reconocimiento a ese trabajo y abre nuevas oportunidad para sentar definitivamente a los responsables en el banquillo de los acusados.

Por los motivos expuestos, Señor Presidente, y con la firme convicción de que los crímenes de la dictadura no deben quedar impunes, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.