Expresar su preocupación ante la Resolución 1149-E/2017 que aprueba el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T., que el día 30 de octubre el Ministerio de Seguridad oficializó y fu publicado en el Boletín Oficial del mismo día, en el cual se expresan las modalidades de actuación policial frente a las detenciones de personas de la diversidad sexual.

Señor presidente:

Esta resolución genera preocupación y alerta frente a un contexto de aumento de la violencia institucional y represión de la protesta social. Más de 100 organizaciones que integran la FALGBT (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans), se manifestaron de igual forma, a través, de una carta publicada en su página oficial y en diversos medios de comunicación. En el comunicado se advierte que la publicación de este Protocolo tiene relación con la proximidad de la XXVI Marcha del Orgullo que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en numerosas ciudades del país, bajo las consignas: "Basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para defender los derechos conquistados" durante todo en el mes de noviembre.

Asimismo la Federación considera "que si las fuerzas de seguridad efectivamente respetaran y cumplieran las leyes vigentes y los derechos humanos -en general- y la Ley de Identidad de Género -en particular-, no tendría razón de existir este Protocolo" en tanto que, también razonan que "las fuerzas de seguridad no respetan las leyes vigentes” estimando que “no esté de más reforzarlas con un Protocolo Específico” pero hubiera sido importante que “el texto fuera elaborado y consensuado con las organizaciones de la diversidad sexual y referentes en el tema".

Por otra parte, las fuerzas de seguridad contaban con un protocolo realizado en el 2011, el cual fue consensuado con las organizaciones de la comunidad LGBT, resulta sospechoso que se revise y publique este nuevo protocolo, que deja sin efecto al anterior sin ninguna consulta con estas organizaciones.

Si bien es positivo que el protocolo incluya la formación en diversidad, que también se incluía con el protocolo anterior, la falta de articulación y reunión con las organizaciones y referentes expresa claramente que ésta medida no refleja las demandas del colectivo, sino que manifiesta un maquillaje del gobierno, el cual no tuvo ninguna respuesta respecto de los graves hechos ocurridos en la Estación Constitución, en los cuales la Policía demostró violencia y discriminación explícitas, como en similares hechos que ocurren cotidianamente en distintos puntos del país.

Un ejemplo de esto se encuentra en el Anexo I, en el punto Generalidad (párrafo 4): “Queda totalmente prohibido todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión”, sobre esto la Federación infiere si estarían habilitados para generar dolores y sufrimientos leves o moderados. Y si es así, la pregunta que cabe es: ¿cuáles serían estos a diferencia de los otros?".

Otro ejemplo que las organizaciones remarcan como discriminatorio es que "las intervenciones relacionadas con las personas LGBT las tenga que hacer solamente personal femenino. Esto expresa un profundo desconocimiento de la población LGBT y de la diversidad sexual en general. Es innecesario que una mujer haga una requisa a un hombre trans, bisexual o gay. Si bien podríamos empezar a cuestionar la necesidad de distinciones de género en estas cuestiones, en el contexto actual que necesariamente una mujer sea la que tenga que intervenir ante la presencia de un hombre trans, bisexual o gay puede ser violatorio de la identidad de género de estas personas."

Este protocolo demuestra la falta de conocimiento sobre la base de derechos y avances de la sociedad argentina, el lenguaje y la terminología utilizada remite al siglo pasado, se utilizan palabras como "pudor" que connota las mismas prácticas represivas y criminalizantes sin tener en cuenta las leyes y derechos logrados en nuestra democracia.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de resolución.