Expresar beneplácito por el otorgamiento del título de "Doctor Honoris Causa" de la Universidad Nacional de San Martín, al magistrado español Dr. Baltasar Garzón Real, realizado el día 30 de mayo de 2013, en la sede de dicha universidad.

Señor presidente:

El Dr. Baltasar Garzón Real es un referente en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos a nivel mundial y por su participación en la investigación y juzgamiento de crímenes perpetrados en Latinoamérica por distintos gobiernos militares, durante las décadas de los '70 y '80.

Con la República Argentina estableció un vínculo particular, dado que investigó crímenes cometidos contra ciudadanos españoles por parte de la dictadura militar que ejerció el gobierno de facto en nuestro país entre 1976 y 1983.

Es innegable el aporte realizado por el juez Garzón al fortalecimiento de la doctrina que sustenta el Principio de Jurisdicción Internacional en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. La noción de "crímenes de lesa humanidad" es una figura nueva en el derecho penal; esencialmente señala aquellos delitos que no prescriben y no pueden ser amnistiados ni indultados. El Principio de Jurisdicción Internacional es el que permite juzgar aquellos crímenes en más de 125 países, sin importar su jurisdicción.

La actuación de Baltasar Garzón en el terreno de los Derechos Humanos le ha valido premios y distinciones de numerosas instituciones y de las más altas casas de estudio, en su país y en el mundo. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén (España) y por más de veinte universidades en el extranjero. [Entre los principales premios recibidos se destacan el "Premio de la Asociación de Derechos Humanos" de España y el "Premio Internacional Paz y Solidaridad" de la Fundación Ignis Ardens de Roma.

Este año, la Universidad Nacional de San Martín, decidió entregarle su máxima distinción con el título Honoris Causa. En los fundamentos de la resolución del rectorado se señala "su profundo compromiso con la justicia, su incansable lucha por la causa de los derechos humanos, y su fecunda trayectoria profesional y académica".

El rector de la UNSAM, Carlos Ruta, encabezó la ceremonia y presentó los argumento por los que se decidió homenajear a Garzón: "Esta distinción, la mayor que puede dar una universidad, es a la vida, la lucha y la entrega por la justicia", remarcó Ruta y agregó: "La Universidad es una trampa si no está destinada a crear justicia. Porque la justicia es futuro". Además, el Rector señaló que "la Universidad será justa en la medida en que, tal como dijo el gran pensador alemán Adorno, la preeminencia no sea sobre el conocimiento sino sobre la realidad. Y no cualquier realidad: la que viven los explotados, los marginados y los desposeídos".

Por su parte, el Dr. Baltasar Garzón destacó que Argentina es pionera en la lucha por la justicia en derechos humanos, porque además de juzgar a los represores, "está empezando a juzgar la complicidad civil; aquellos que apoyaron, ayudaron y aprovecharon la imposición de un dictadura y un genocidio. No sólo eso, hoy en este país está en pie la única posibilidad que queda de que haya alguna sanción al genocidio español, gracias a la causa que se lleva a cabo aquí".

La destacada labor del Juez Baltasar Garzón en el campo de los Derechos Humanos ha traspasado las fronteras y repercutido en América Latina, promoviendo con énfasis la aplicación de la doctrina de la jurisdicción universal e impulsando procesos de judicialización contra los crímenes cometidos por las dictaduras en los años '70 y '80.

Fue reconocido internacionalmente por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la humanidad, basándose en el informe de la Comisión Chilena de la Verdad (1990-1991) y en el caso "Caravana de la Muerte" instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.

En relación a nuestro país, Garzón, en ejercicio de su jurisdicción, levantó cargos de genocidio contra represores argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura de 1976-1983. Cabe señalar al respecto que durante mucho tiempo las investigaciones de estos mismos crímenes realizadas en Argentina fueron silenciadas con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, derogadas en el gobierno de Nestor Kirchen, en 2003.

En el año 1996 el Juez Garzón hizo lugar a una denuncia por genocidio contra militares argentinos presentada por Carlos Castresana, miembro de la Unión Progresista de Fiscales españoles. De esta manera, las voces de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y sociales, encontraron en España un lugar donde ser escuchadas.

El resultado de ese proceso llegó en abril de 2005, cuando la Audiencia Nacional de España condenó al represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión, siendo ésta la primera condena penal a un militar argentino en el extranjero. El juicio dejó no sólo una marca en la historia judicial universal, sino también abrió el camino para conocer en detalle el plan sistemático que se aplicó en la ESMA para secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos argentinos. Esta actuación del magistrado español hizo efectivo el valor de la doctrina de la Justicia Universal. Así Garzón dejó en claro que los derechos humanos están vigentes en cualquier tiempo y lugar.

En el año 2008 el Juez Garzón comenzó a recabar información del Gobierno español, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir de la victoria franquista en la Guerra Civil Española. El 16 de octubre del 2008, Garzón emitió el primer auto declarándose competente y justificando su intención de investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Francisco Franco, instruyendo la apertura de diecinueve fosas comunes diseminadas en todo el país, entre ellas en la que se supone se encuentra enterrado el poeta Federico García Lorca.

La decisión de declararse competente contó con la oposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que interpuso recurso de apelación ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Posteriormente, el Pleno declaró la incompetencia de Garzón en este caso por catorce votos contra tres.

En el año 2009, abogados defensores de unas personas detenidas por corrupción financiera, presentaron una causa contra Baltasar Garzón, argumentando que se había excedido en su autoridad judicial y había ordenado intervenciones telefónicas, lo que constituía una violación de las garantías constitucionales.

En 2012, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del Reino de España dictó sentencia en el marco de la anterior causa (Nº 20716/2009), destituyendo de su cargo a Garzón y condenándolo a once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares.

En todo el mundo surgieron manifestaciones de solidaridad con el magistrado español y contra el fallo condenatorio, el cual es interpretado como una forma de persecución política.

Actualmente, Baltasar Garzón ejerce como asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y preside el Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) bajo el auspicio de la UNESCO.

Dado que la trayectoria del Dr. Baltasar Garzón representa la importancia que tiene el rol de los jueces frente a las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, cuando estos funcionarios se comprometen con el modelo de justicia basado en la la verdad y la memoria, es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de Resolución.