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DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 411
Jefe SRA. CARBALLO LLOSA MARIANA A.
Miércoles 14.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2411 Internos 2411/2470
cdhygarantias@hcdn.gov.ar
PROYECTO DE LEY
Expediente: 5044-D-2017
Sumario: RATIFIQUESE LA "CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACION E INTOLERANCIA", ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS EN LA ANTIGUA, GUATEMALA, EL 5 DE JUNIO DE 2013. OTORGASE JERARQUIA CONSTITUCIONAL.
Fecha: 19/09/2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 129
RATIFICACIÓN DE LA «CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA» – JERARQUÍA CONSTITU-CIONAL
ARTICULO 1º.— Ratificase la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA, cuyo texto —que figura en el Anexo I—, fue adop-tado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en La Antigua, Guate-mala, el día 5 de junio de 2013, y firmado por nuestro país el día 7 de junio de 2013.
ARTICULO 2º.— Otórgase jerarquía constitucional en los términos y condiciones del art. 75, inc. 22, de la Constitución de la Nación Argentina a la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CON-TRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA, ratificada por el artículo 1º de esta ley.
ARTICULO 3º.— Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En junio del año 2013 la Asamblea General de la Organización de Estados Ameri-canos (OEA) presentó la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Into-lerancia, el primer tratado de derechos humanos que reconoce explícitamente la orientación sexual y la identidad o expresión de género —entre muchos otros— como pretextos discriminatorios.
A la brevedad, nuestro país —junto a Brasil, Uruguay y Ecuador— firmó dicha convención, en un acto que muestra el claro compromiso de la Argentina con la defensa y promo-ción de los Derechos Humanos en los ámbitos internacionales.
A lo largo de sus veintidós artículos la convención define el concepto general de discriminación y enumera, aunque en forma no taxativa, pretextos discriminatorios (también co-nocidos como categorías o clasificaciones sospechosas) como la «nacionalidad, edad, sexo, orienta-ción sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políti-cas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, carac-terística genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica inca-pacitante o cualquier otra».
Además, puntualiza en lo que denomina la «discriminación indirecta» (que po-dríamos también denominar «implícita», es decir, aquella que surge de acciones y disposiciones aparentemente neutrales pero que de hecho resultan discriminatorias) y la «discriminación múlti-ple» (también conocida como «discriminación cruzada», en referencia a la situación en que concu-rren varios pretextos discriminatorios), a la vez que establece que las «acciones afirmativas» no se consideran discriminatorias (de hecho deben ser impulsadas por los Estados parte).
A su vez, la convención define la «intolerancia» como «el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos». Esto viene a reforzar la protección contra, por ejemplo, los llamados «insultos discriminatorios», no siempre entendidos propiamente como actos discriminatorios por las diferentes legislaciones. Cabe destacar que quie-nes aquí proponemos esta ratificación entendemos que la definición de acto discriminatorio es suficiente para cubrir incluso estas situaciones, pero en cualquier caso compartimos la convicción de que una mayor y más explícita protección contra la discriminación, la estigmatización y la vio-lencia es siempre algo para destacar.
Luego la Convención enumera las obligaciones de los Estados, entre las cuales se destaca la obligación de sancionar la promoción pública o privada de la discriminación, incluido su financiamiento, así como la violencia; el agravamiento de penas para todos los delitos motivados explícitamente en pretextos discriminatorios; la aplicación de acciones afirmativas y políticas pú-blicas que promuevan el trato equitativo y digno; el compromiso de que las políticas públicas y la legislación no discriminen, teniendo especialmente en cuenta las políticas en materia de seguri-dad; entre otras.
Cabe destacar que las políticas que promueve la Convención guardan gran simili-tud con las propuestas hechas por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y la Mesa Nacional por la Igualdad, junto a tantas otras organizaciones de derechos humanos, en el proyecto de ley para una nueva Ley contra la Discriminación, presentado por pri-mera vez al Congreso en mayo del año 2013, bajo el expediente 4395-D-2013, con las firmas de las diputadas Araceli Ferreyra y Adela Segarra y el diputado Facundo Moyano.
Entendemos que para continuar con el compromiso que la Argentina viene te-niendo hacia dentro y fuera de sus fronteras en la lucha contra toda forma de discriminación, es tiempo de que este Congreso ratifique la Convención Interamericana contra toda forma de Discri-minación e Intolerancia para que su vigencia eleve aún más el piso de protección de los derechos humanos de todas las personas que habitamos el territorio argentino.
Además, y teniendo en cuenta que dicha Convención aborda la cuestión de la dis-criminación de una manera amplia y sin precedentes hasta la fecha, para seguir en el camino de ampliación de derechos y lucha contra la discriminación en todas sus formas que nuestro país viene llevando adelante, consideramos imprescindible otorgarle jerarquía constitucional, mediante el voto de dos tercios de los miembros de cada cámara, haciendo uso del mecanismo previsto en el art. 75, inc. 22, de nuestra Constitución.
La jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos es una herra-mienta que surge de la reforma constitucional del año 1994, y de la que los/as argenti-nos/asdamos cuenta con orgullo en el mundo cada vez que tenemos oportunidad de hablar de esta materia, ya que se trata de un instrumento que vino a elevar el piso de derechos y garantías que nuestra cons-titución establece y ha sido, sin dudas, una de las principales herramientas jurídicas con las que el Poder Ejecutivo, los/as legisladores/as, los/as funcionarios/as judiciales y del Ministerio Público, y sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, hemos contado para lograr los innumerables avances y la enorme ampliación de derechos que vivimos en los últimos años.
Sin duda el rango constitucional para esta convención será, para todas y todos, una importante herramienta para seguir construyendo una Argentina sin discriminación, más igualita-ria en su diversidad.
Por todo esto, solicitamos la aprobación de este proyecto de ley.
ANEXO
ANEXO I
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA
LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN,
CONSIDERANDO que la dignidad inherente a toda persona humana y la igualdad entre los seres humanos son principios básicos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
REAFIRMANDO el compromiso determinado de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos con la erradicación total e incondicional de toda forma de discriminación e intolerancia, y la convicción de que tales actitudes discriminatorias representan la negación de valores universales como los derechos inalienables e inviolables de la persona humana y de los propósitos y principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Social de las Américas, la Carta Democrática Interamericana, la De-claración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal sobre el Genoma Hu-mano y los Derechos Humanos;
RECONOCIENDO la obligación de adoptar medidas en el ámbito nacional y regional para fomen-tar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y grupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psí-quico incapacitante o cualquier otra condición social;
CONVENCIDOS de que los principios de la igualdad y de la no discriminación entre los seres humanos son conceptos democráticos dinámicos que propician el fomento de la igualdad jurídica efectiva y presuponen el deber del Estado de adoptar medidas especiales en favor de los derechos de los individuos o grupos que son víctimas de discriminación e intolerancia, en cualquier esfera de actividad, sea privada o pública, a fin de promover condiciones equitativas de igualdad de opor-tunidades y combatir la discriminación e intolerancia en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales;
TENIENDO EN CUENTA que las víctimas de discriminación e intolerancia en las Américas son, entre otros, los migrantes, los refugiados y desplazados y sus familiares, así como otros grupos y minorías sexuales, culturales, religiosas y lingüísticas afectados por tales manifestaciones;
CONVENCIDOS de que ciertas personas y grupos son objeto de formas múltiples o agravadas de discriminación e intolerancia motivadas por una combinación de factores como sexo, edad, orien-tación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infec-tocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapaci-tante o cualquier otra condición social, así como otros reconocidos en instrumentos internaciona-les;
CONSTERNADOS por el aumento general, en diversas partes del mundo, de los casos de intole-rancia y violencia motivados por el antisemitismo, la cristianofobia y la islamofobia, así como contra miembros de otras comunidades religiosas, incluidas las de origen africano;
RECONOCIENDO que la coexistencia pacífica entre las religiones en sociedades pluralistas y Es-ta-dos democráticos se fundamenta en el respeto a la igualdad y a la no discriminación entre las religiones, y en la clara separación entre las leyes del Estado y los preceptos religiosos;
TENIENDO EN CUENTA que una sociedad pluralista y democrática debe respetar la identidad cultural, lingüística, religiosa, de género y sexual de toda persona, que pertenezca o no a una mi-noría, y crear las condiciones que le permitan expresar, preservar y desarrollar su identidad;
CONSIDERANDO que es preciso tener en cuenta la experiencia individual y colectiva de la dis-criminación e intolerancia para combatir la exclusión y marginación por motivos de género, edad, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectoconta-giosa estigmatizada, característica genética, deficiencia, sufrimiento psíquico incapacitante o cual-quier otra condición social, así como otros motivos reconocidos en instrumentos internacionales, y para proteger el plan de vida de individuos y comunidades en riesgo de ser segregados y margina-dos;
ALARMADOS por el aumento de los delitos de odio cometidos por motivos de sexo, religión, orientación sexual, deficiencia y otras condiciones sociales; y
SUBRAYANDO el papel fundamental de la educación en el fomento del respeto a los derechos humanos, de la igualdad, de la no discriminación y de la tolerancia,
ACUERDAN lo siguiente:
CAPÍTULO I
Definiciones
ARTICULO 1
Para los efectos de esta Convención:
1. Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes.
La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cual-quier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición mi-gratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica gené-tica, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.
2. Discriminación indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una dispo-sición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico, o los pone en desventaja, a me-nos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.
3. Discriminación múltiple o agravada es cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada, de forma concomitante, en dos o más de los motivos mencionados en el artículo 1.1 u otros reconocidos en instrumentos internacionales que tenga por objetivo o efecto anular o limi-tar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos hu-manos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, en cualquier ámbito de la vida pública o privada.
4. No constituyen discriminación las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y liber-tades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de al-canzados sus objetivos.
5. Intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.
CAPÍTULO II
Derechos Protegidos
ARTICULO 2
Todo ser humano es igual ante la ley y tiene derecho a igual protección contra toda forma de dis-criminación e intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o privada.
ARTICULO 3
Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en sus leyes nacionales y en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, tanto a nivel in-dividual como colectivo.
CAPÍTULO III
Deberes del Estado
ARTICULO 4
Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus nor-mas constitucionales y con las disposiciones de esta Convención, todos los actos y manifestacio-nes de discriminación e intolerancia, incluyendo:
i. El apoyo privado o público a actividades discriminatorias o que promuevan la intolerancia, in-cluido su financiamiento.
ii. La publicación, circulación o diseminación, por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la Internet, de cualquier material que:
a) defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia;
b) apruebe, justifique o defienda actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad, según se definen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realiza-ción de tales actos.
iii. La violencia motivada por cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.
iv. Actos delictivos en los que intencionalmente se elige la propiedad de la víctima debido a cual-quiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.
v. Cualquier acción represiva fundamentada en cualquiera de los criterios enunciados en el artícu-lo 1.1, en vez de basarse en el comportamiento de un individuo o en información objetiva que lo identifique como una persona involucrada en actividades delictivas.
vi. La restricción, de manera irracional o indebida, del ejercicio de los derechos individuales de propiedad, administración y disposición de bienes de cualquier tipo en función de cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.
vii. Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia aplicada a las personas con base en su condición de víctima de discriminación múltiple o agravada, cuyo objetivo o resultado sea anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades fundamentales, así como su protección, en igualdad de condiciones.
viii. Cualquier restricción discriminatoria del goce de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales y regionales aplicables y en la jurisprudencia de las cortes interna-cionales y regionales de derechos humanos, en especial los aplicables a las minorías o grupos en condiciones de vulnerabilidad y sujetos a discriminación.
ix. Cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.
x. La elaboración y la utilización de contenidos, métodos o herramientas pedagógicos que repro-duzcan estereotipos o preconceptos en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.
xi. La denegación al acceso a la educación pública o privada, así como a becas de estudio o pro-gramas de financiamiento de la educación, en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.
xii. La denegación del acceso a cualquiera de los derechos sociales, económicos y culturales, en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.
xiii. La realización de investigaciones o la aplicación de los resultados de investigaciones sobre el genoma humano, en particular en los campos de la biología, la genética y la medicina, destinadas a la selección de personas o a la clonación de seres humanos, que prevalezcan sobre el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, generando cualquier forma de discriminación basada en las características genéticas.
xiv. La restricción o limitación basada en algunos de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención, del derecho de todas las personas a acceder o usar sosteniblemente el agua, los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecológicos que forman parte del patrimonio natural de cada Estado, protegido por los instrumentos internacionales pertinentes y por su propia legislación nacional.
xv. La restricción del ingreso a lugares públicos o privados con acceso al público por las causales recogidas en el artículo 1.1 de la presente Convención.
ARTICULO 5
Los Estados Partes se comprometen a adoptar las políticas especiales y acciones afirmativas para garantizar el goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de personas o grupos que sean sujetos de discriminación o intolerancia con el objetivo de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para estas personas o grupos. Tales medidas o políticas no serán consideradas discriminatorias ni incompatibles con el objeto o intención de esta Convención, no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos, y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado su objetivo.
ARTICULO 6
Los Estados Partes se comprometen a formular y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas, de conformidad con el alcance de esta Convención, entre ellas, políticas de tipo educativo, medidas de carácter laboral o social, o de cualquier otra índole de promoción, y la difusión de la legislación sobre la materia por todos los medios posibles, incluida cualquier forma y medio de comunicación masiva e Internet.
ARTICULO 7
Los Estados Partes se comprometen a adoptar la legislación que defina y prohíba claramente la discriminación y la intolerancia, aplicable a todas las autoridades públicas, así como a todas las personas naturales o físicas, y jurídicas, tanto en el sector público como privado, en especial en las áreas de empleo, participación en organizaciones profesionales, educación, capacitación, vivienda, salud, protección social, ejercicio de la actividad económica, acceso a los servicios públicos, entre otros; y a derogar o modificar toda legislación que constituya o dé lugar a discriminación e intole-rancia.
ARTICULO 8
Los Estados Partes se comprometen a garantizar que la adopción de medidas de cualquier tipo, incluidas aquellas en materia de seguridad, no discriminen directa ni indirectamente a personas o grupos de personas por ninguno de los criterios mencionados en el artículo 1.1 de esta Conven-ción.
ARTICULO 9
Los Estados Partes se comprometen a asegurar que sus sistemas políticos y legales reflejen apro-piadamente la diversidad dentro de sus sociedades a fin de atender las necesidades legítimas de todos los sectores de la población, de conformidad con el alcance de esta Convención.
ARTICULO 10
Los Estados Partes se comprometen a asegurar a las víctimas del racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia un trato equitativo y no discriminatorio, la igualdad de acceso al sistema de justicia, procesos ágiles y eficaces, y una justa reparación en el ámbito civil o penal, según corresponda.
ARTICULO 11
Los Estados Partes se comprometen a considerar como agravantes aquellos actos que conlleven una discriminación múltiple o actos de intolerancia, es decir, cuando cualquier distinción, exclu-sión o restricción se base en dos o más de los criterios enunciados en los artículos 1.1 y 1.3 de esta Convención.
ARTICULO 12
Los Estados Partes se comprometen a llevar adelante estudios sobre la naturaleza, causas y mani-festaciones del racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia en sus respecti-vos países, tanto en los ámbitos local, regional como nacional, y a recolectar, compilar y difundir datos sobre la situación de los grupos o individuos que son víctimas del racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia.
ARTICULO 13
Los Estados Partes se comprometen, de conformidad con su normativa interna, a establecer o de-signar una institución nacional que será responsable de dar seguimiento al cumplimiento de la presente Convención, lo cual será comunicado a la Secretaría General de la OEA.
ARTICULO 14
Los Estados Partes se comprometen a promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias, así como a ejecutar programas destinados a cumplir los objetivos de la presente Convención.
CAPÍTULO IV
Mecanismos de protección y seguimiento de la Convención
ARTICULO 15
Con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de los compromisos adquiridos por los Estados Partes en la presente Convención:
i. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la presente Convención por un Estado Parte. Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto y Reglamento de la Comisión.
ii. Los Estados Partes podrán formular consultas a la Comisión en cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación de la presente Convención. Asimismo, podrán solicitar a la Comisión asesora-miento y cooperación técnica para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones de la presente Convención. La Comisión, dentro de sus posibilidades, les brindará asesoramiento y asistencia cuando le sean solicitados.
iii. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obli-gatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Conven-ción. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto y Reglamento de la Corte.
iv. Se establecerá un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, el cual será confor-mado por un experto nombrado por cada Estado Parte quien ejercerá sus funciones en forma inde-pendiente y cuyo cometido será monitorear los compromisos asumidos en esta Convención. El Comité también se encargará de dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados que sean parte de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia.
El Comité quedará establecido cuando entre en vigor la primera de las Convenciones y su primera reunión será convocada por la Secretaría General de la OEA tan pronto se haya recibido el décimo instrumento de ratificación de cualquiera de las convenciones. La primera reunión del Comité será celebrada en la sede de la Organización, tres meses después de haber sido convocada, para decla-rarse constituido, aprobar su Reglamento y su metodología de trabajo, así como para elegir sus autoridades. Dicha reunión será presidida por el representante del país que deposite el primer ins-trumento de ratificación de la Convención con la que se establezca el Comité.
v. El Comité será el foro para el intercambio de ideas y experiencias, así como para examinar el progreso realizado por los Estados Partes en la aplicación de la presente Convención y cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimento derivado de la misma. Dicho Comi-té podrá formular recomendaciones a los Estados Partes para que adopten las medidas del caso. A tales efectos, los Estados Partes se comprometen a presentar un informe al Comité dentro del año de haberse realizado la primera reunión, con relación al cumplimiento de las obligaciones conteni-das en la presente Convención. Los informes que presenten los Estados Partes al Comité deberán contener, además, datos y estadísticas desagregados de los grupos en condiciones de vulnerabili-dad. De allí en adelante, los Estados Partes presentarán informes cada cuatro años. La Secretaría General de la OEA brindará al Comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funcio-nes.
CAPITULO V
Disposiciones generales
ARTICULO 16. Interpretación
1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado en el sentido de restrin-gir o limitar la legislación interna de los Estados Partes que ofrezca protecciones y garantías igua-les o mayores a las establecidas en la Convención.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado en el sentido de restrin-gir o limitar las convenciones internacionales sobre derechos humanos que ofrezcan protecciones iguales o mayores en esta materia.
ARTICULO 17. Depósito
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y por-tugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
ARTICULO 18. Firma y ratificación
1. La presente Convención está abierta a la firma y ratificación por parte de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Después de que entre en vigor, todos los Estados que no la hayan firmado estarán en posibilidad de adherirse a la Convención.
2. Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
ARTICULO 19. Reservas
Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de su firma, ratificación o adhesión, siempre que no sean incompatibles con el objeto y fin de la Convención y versen sobre una o más de sus disposiciones específicas.
ARTICULO 20. Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión de la Convención en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
2. Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la Convención después de que haya sido deposita-do el segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.
ARTICULO 21. Denuncia
La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la Organi-zación de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para dicho Estado, permaneciendo en vigor para los demás Estados Partes. La denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones impuestas por la presente Convención en relación con toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que la denuncia haya entrado en vigor.
ARTICULO 22. Protocolos adicionales
Cualquier Estado Parte podrá someter a consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente otros derechos en el régimen de protección de la misma. Cada protocolo adicional debe fijar las modalidades de su entrada en vigor y se aplicará solamente entre los Esta-dos Partes del mismo.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CARLOTTO, REMO GERARDO | BUENOS AIRES | PERONISMO PARA LA VICTORIA |
| GROSSO, LEONARDO | BUENOS AIRES | PERONISMO PARA LA VICTORIA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |
| DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS |